Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3478/2006 de 03 de Mayo de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 03 de Mayo de 2007
  • Núm. Resolución: 00/3478/2006

Resumen

En los bienes de equipo importados con aplicación de los beneficios previstos en las Islas Canarias contemplados en el Reglamento CE (del Consejo) nº 704/02 y, de la misma forma que para las mercancías que estén sujetas a un "destino especial en sentido técnico", resulta determinante a efectos de aplicación del correspondiente régimen de suspensión que las mercancías estén sujetas a un uso específico, destino final o especial. La concurrencia de los requisitos procedimentales de declaración y solicitud y los de cumplimiento de aplicación efectiva de las mercancías a ese uso específico, destino final o especial, aparece como necesaria para poder disfrutar del beneficio de suspensión arancelaria recogido en el Reglamento del Consejo 704/2002, lo que en el caso concreto se ha incumplido por la entidad. Por tanto, procede el devengo de la deuda aduanera tal como entendió la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 3 de mayo de 2007, en la reclamación económico-administrativa que, en segunda instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesta por la entidad ..., S.L. C.I.F. ... con domicilio a efectos de notificaciones en ..., y en su nombre y representación D. ..., con poder acreditado en el expediente, contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de fecha 30 de Junio de 2.006, que desestimó la reclamación interpuesta por la recurrente contra el acuerdo dictado en fecha 5 de Abril de 2.005 por el Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación Especial de la A.E.A.T. de ..., por el que se practicó liquidación por el concepto de Aduanas Tarifa Exterior Común, período 2002-2003, por un importe total de 268.331,34 €.

                                                         ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO: En fecha 16 de Febrero de 2.005 la Unidad Regional de Aduanas de la Delegación Especial de ... incoó a la entidad ..., S.L. un acta modelo A02 (de disconformidad) nº ..., por el concepto Tarifa Exterior Comunidad período 2002-2003, formulándose propuesta de liquidación definitiva por importe de 268.331,34 €.

        SEGUNDO: En la misma fecha del acta se emitió por la Inspección actuaria el preceptivo informe ampliatorio en el que se recogían tanto los elementos de hecho como los fundamentos de derecho de dicha propuesta. Así se hacía constar que el hecho que dio lugar a la actuación objeto de reclamación económico administrativa fue el de comprobación del uso final de los bienes de equipo importados con aplicación de los beneficios previstos en el Reglamento CE (Del Consejo) n° 704 /2002.

En el expediente remitido se hacía referencia por la Administración a la importación por el interesado en los años de 2002 y 2003 de vehículos (de los definidos en la partida 8704 incluida en el Anexo II del Reglamento) y al hecho de que los vehículos fueron vendidos, en un período inferior a 24 meses desde su despacho a libre práctica, a personas o entidades respecto de las que no consta que tuvieran el carácter de agentes económicos, ni que realizaran actividades industriales o comerciales, es decir, a personas físicas o jurídicas que ni figuran dadas de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de actividades económicas ni declaran rendimientos por actividades empresariales o profesionales, por lo cual se concluye en que los bienes no han recibido el destino especial previsto en el Reglamento.

         Se indicaba, asimismo, la falta de presentación de solicitud alguna para el reconocimiento del beneficio, (aunque se destaca expresamente por la Administración actuante que, a los efectos de comprobar si los vehículos han recibido el destino especial, no se ha tomado en cuenta la falta de autorización para la cesión a terceros de la mercancía sujeta a destino especial que ya, de por sí, supondría otro incumplimiento de las condiciones del régimen).

        TERCERO: La entidad interesada formuló las alegaciones que tuvo por conveniente mediante escrito presentado en fecha 15 de Marzo de 2.005.

        CUARTO: En fecha 5 de Abril de 2.005, el Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de ... dictó acuerdo practicando liquidación definitiva confirmando íntegramente la propuesta contenida en el acta incoada.

        QUINTO: Contra dicho acuerdo, notificado en fecha 12 de abril de 2.005, la entidad interesada interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... mediante escrito presentado en fecha 10 de Mayo de 2.005. Cumplido el trámite de puesta de manifiesto del expediente la entidad formuló, en fecha 13 de Octubre de 2.005, escrito de alegaciones en el que se manifestaba en particular, que en las operaciones de importación realizadas, a las que se refirió el acta y la posterior liquidación, se cumple con las exigencias y previsiones contenidas en el Reglamento 704/2002 y que la propia Administración se está apartando de sus actuaciones previas, en las que la aceptación de la suspensión del arancel para casos similares se producía sin mayores problemas en su aplicación práctica, sin reconocer la obligación de presentar solicitud y sin que tampoco la Administración la exigiera.

SEXTO: El Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., en su sesión de fecha 30 de Junio de 2.006, acordó desestimar la reclamación planteada.

SÉPTIMO: Contra dicho fallo, notificado en fecha 30 de Agosto de 2.006, la entidad interesada interpuso recurso de alzada ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, mediante escrito presentado en fecha 29 de Septiembre de 2.006, en la Oficina de Correos de ..., dirigida al Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... para su remisión a este Tribunal, en el que en esencia reiteraba las alegaciones ya formuladas ante el tribunal de instancia.  

                                                      FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.-
Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que son presupuesto para la admisión a trámite del presente recurso de alzada ordinario en el que se plantea la cuestión relativa a determinar si resulta o no ajustada a Derecho la Resolución dictada en primera instancia, en fecha 30 de Junio de 2.006, por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ...

        SEGUNDO.- En primer lugar, y en relación con la cuestión planteada debe tenerse en cuenta que el acuerdo liquidatorio que ha dado lugar al presente expediente se dictó sobre la base de las facultades de control a posteriori previstas en la normativa nacional y comunitaria y, en particular, del artículo 221.3 del Reglamento de la Comunidad Europea 2913/1992, en el que se recoge, concretamente en el fundamento tercero, el núcleo determinante de su actuación de liquidación, señalando específicamente lo siguiente: "El artículo 1.5 del Reglamento CE 704/2002 establece que "desde el 1 de enero de 2002 a 31 de diciembre de 2011, los derechos de arancel aduanero común aplicables a las importaciones en las islas Canarias de materias primas, piezas y componentes utilizados para la transformación y mantenimiento industrial enumerados en el anexo III se suspenderán íntegramente. Este beneficio fiscal está condicionado al destino final de las mercancías importadas con independencia de la naturaleza de las mismas ya que el artículo 2.2 del mismo Reglamento establece expresamente que "las suspensiones de derechos mencionados a los apartados 4 y 5 del artículo 1 estarán sujetas a su uso final de conformidad con los artículos 21 y, 82 del reglamento CEE n° 2913/1992 del consejo y a los controles previstos en las disposiciones de aplicación comunitaria para esos artículos".

        TERCERO.- La situación de las Islas Canarias en el ámbito de la C.E. es una situación hoy por hoy especial, de tránsito que va desde una situación extraña a la C.E.E. a una situación inclusiva aunque con modulaciones, debidas a las características que le son propias. En este punto, deben destacarse las diversas consideraciones de las Instancias Comunitarias en orden a realizar dicho tránsito de un modo armonizado e integrador y evitando, en determinados aspectos, cambios drásticos que pudieran suponer trastornos perjudiciales. En este tránsito figura el cambio a la aplicación progresiva del Arancel Aduanero Común.

El hecho de tener esta Región características especiales que dan lugar a su calificación como "Región Ultraperiférica", fue tomado en cuenta por la Comunidad Europea y dio lugar a la aprobación del Reglamento (1911/91) CEE, que ya señalaba en sus preliminares lo siguiente: "Considerando que la integración de las Islas Canarias en el conjunto de las políticas comunes requiere un proceso progresivo durante un período transitorio adecuado sin perjuicio de las medidas particulares dirigidas a tener en cuenta los condicionamientos específicos debidos a la lejanía y la insularidad de las Canarias, así corno a su régimen económico y fiscal histórico; que estas medidas deberán ser objeto de un programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad de las Islas Canarias que deberá adoptarse en aplicación del presente Reglamento".

Las consideraciones señaladas y otras expuestas en los preliminares del Texto articulado, se tradujeron en diversas especialidades, algunas de ellas con temporalidad ya prevista y recogidas en el propio Reglamento 1911/91 y otras de posterior desarrollo. Entre las primeras se encuentra la aplicación progresiva del Arancel Aduanero Común.

CUARTO.- De acuerdo con lo anterior, el Reglamento 1605/92 del Consejo determinó la introducción progresiva del Arancel aduanero común en las Islas Canaria según lo previsto en el Programa de Acciones Específicas para Canarias o "POSEICAN". Este Reglamento 1605/92 suspendió temporalmente los derechos autónomos del A.A.C. en la importación de determinados productos en las Islas Canarias. Con suspensión total durante los primeros cinco años del período transitorio, fue reexaminado al final de dicho plazo. Por su parte el Reglamento 3012/95 prorrogó el sistema hasta marzo de 1996 y el Reglamento 527/96 fijó el calendario de aplicación progresiva del A.A.C. a partir del 1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2000. En octubre y noviembre de 2000, las autoridades españolas pidieron que se prorrogaran por otro período de 10 años las medidas del Arancel Aduanero Común (AAC) para las Islas Canarias, introducidas en primer lugar por el Reglamento (CEE) n° 1911/91. A resultas de lo anterior, el período de aplicación de las medidas arancelarias se prolongó por un año, mediante los Reglamentos (CE) n° 1105/2001 (de 30 de mayo de 2001) y por el cual se modifica el Reglamento (CE) n° 1911/91; el n° 1106/2001, también de 30 de mayo de 2001, y por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del A.A.C. para la importación de determinados productos de la pesca en las Islas Canarias; y del Reglamento (CE) n° 527/96 por el que suspenden temporalmente los derechos autónomos del Arancel Aduanero Común y por el que se introducen progresivamente los derechos del Arancel Aduanero Común en la importación de determinados productos industriales en las Islas Canarias.

Por último, en el año 2002, el Reglamento 704/2002 del Consejo, de 25 de marzo de 2002, previó el mantenimiento de las suspensiones arancelarias distinguiendo entre bienes de consumo final (anexo l), bienes de equipo para uso comercial e industrial (anexo II) y materias primas, piezas y componentes utilizados para la transformación y el mantenimiento industrial (anexo III).

QUINTO.- En lo referente a la adopción de medidas arancelarias específicas, ya en 1992 se tuvieron en cuenta las dificultades particulares de un sector determinado de la producción local -destinada al consumo interior o turístico-, con vistas al mantenimiento de una exención equivalente a la aplicada antes de la entrada en vigor del Reglamento (CEE) n° 1911/91, así como para permitir el acceso a determinados bienes de consumo final.

Por lo señalado antes, el artículo 1, al establecer la suspensión arancelaria, establece en el n° 2 que la suspensión contemplada en el apartado 1 se concederá exclusivamente a los productos destinados al mercado interior canario, y en el nº 3 que las autoridades competentes españolas adoptarán las disposiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas previstas en el apartado 2, conforme a las disposiciones comunitarias pertinentes en materia de destinos especiales, y en particular la percepción de los derechos del arancel a aduanero común si los productos en cuestión son reexpedidos hacia los demás partes del territorio aduanero de la Comunidad.

El deseo de conseguir una mejora integral, que se propuso con la aprobación del Reglamento 1911/91 CEE previó, pues, la posibilidad de que se produjeran efectos indeseados o que no se alcancen, por las circunstancias que fueren, los efectos deseados; es por ello por lo que se estableció la posibilidad de adopción de medidas específicas, y otras medidas correctoras y que son las previstas en el artículo 8 del Reglamento 1911/91 que dispone "La Comisión adoptará las medidas adecuadas con el fin de evitar cualquier movimiento especulativo o desviación de trafico como consecuencia de la modificación del régimen de intercambio aplicable en las Islas Canarias". Se establece así una medida de corrección general que, en su caso, habría de adoptarse si la desviación por ejemplo se produjera tanto en sentido favorable como en sentido contrario al tráfico con las Islas Canarias, siendo también medidas que habrán de adoptarse (previa comprobación del desvío o la especulación) por la Comisión.

SEXTO.- El artículo 1 apartado 5 del Reglamento 704/2002 establece, lo siguiente: "5. Del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2011, los derechos del arancel aduanero común aplicables a las importaciones en las Islas Canarias de materias primas, piezas y componentes utilizados para la transformación y el mantenimiento industrial enumerados en el anexo III se suspenderán íntegramente".

La Dependencia Regional de Aduanas de ... entendió que el beneficio fiscal estaba condicionado al destino final de las mercancías importadas, con independencia de naturaleza de las mismas, y ello por la previsión del artículo 2 apartado 2 del mismo Reglamento y entiende que el "uso final" a que se refiere el punto dos, no puede ser otro que el contemplado en el propio número 5 del artículo 1 anterior, esto es, "transformación y el mantenimiento industrial".

Por su parte el artículo 2 del Reglamento señala concretamente que: "1. Las autoridades españolas competentes tomarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del artículo 1. Dichas autoridades informarán a la Comisión de las medidas aplicadas antes del 1 de julio de 2002. 2. Las suspensiones de derechos mencionadas en los apartados 4 y 5 del artículo 1 estarán sujetas a su uso final, de conformidad con los artículos 21 y 82 del Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, y a los controles previstos en las disposiciones de aplicación comunitarias para esos artículos".

El punto 2 del artículo 2, menciona los apartados cuarto y quinto del artículo 1, y los artículos 21 y 82 del Reglamento 2913/92. Así, el Artículo 21 indicado, integrado en el TITULO II Elementos en que se basa la aplicación de los derechos de importación o de exportación y demás medidas previstas en el marco de los intercambios de mercancías del CAPITULO PRIMERO Arancel aduanero de las Comunidades Europeas y clasificación arancelaria de las mercancías, señala lo siguiente: Artículo 21. "1. El tratamiento arancelario favorable del que pueden beneficiarse determinadas mercancías debido a su naturaleza o a su destino especial estará supeditado a unas condiciones determinadas según el procedimiento del Comité. Cuando se exija una autorización, se aplicarán los artículos 86 y 87. 2. A efectos del apartado 1, se entenderá por tratamiento arancelario favorable, cualquier reducción o suspensión, incluso en el marco de un contingente arancelario, de un derecho de importación definido en el número 10 del artículo 4º".

En este sentido, de la propia redacción del artículo 21, se desprende que aparece la referencia del tratamiento arancelario favorable debido a una doble posibilidad: "beneficio arancelario debido a su naturaleza" y "beneficio arancelario debido a su destino especial". El mismo artículo indica la supeditación a unas condiciones determinadas según el procedimiento del Comité e implica también que cuando se exija una autorización se aplicarán los artículos 86 y 87.

Pues bien, los artículos 86 y 87 citados tienen su campo de actuación propio precisamente en los regímenes de suspensión, así, tal y como señala el artículo 84 que establece: "1. En los artículos 85 a 90: a) Los términos régimen de suspensión, cuando sean utilizados para mercancías no comunitarias designarán los siguientes regímenes: - El tránsito externo. - El depósito aduanero. - El perfeccionamiento activo en forma de sistema de suspensión. - La transformación bajo control aduanero, y - La importación temporal. b) Los términos régimen aduanero económico se entenderán referidos a los siguientes regímenes: - El depósito aduanero. - El perfeccionamiento activo.- La transformación bajo control aduanero. - La importación temporal, y El perfeccionamiento pasivo".

        SÉPTIMO.- Pues bien en las consideraciones que anteceden al articulado del Reglamento 704/2002, se hace referencia expresa a las dificultades del sector industrial en Canarias y ello como una referencia que si bien no es exclusiva, si que es determinante en un conjunto de las que se manifiestan como especialmente motivadoras de la prórroga de un sistema de beneficios.

A los efectos que nos ocupan, el conjunto de beneficios arancelarios prorrogados aparece como un elemento integrante de un sistema completo que partiendo de unos supuestos de hecho, es decir de una circunstancias territoriales y sociales concretamente consideradas, se establecen para atender a ciertas finalidades que son, en definitiva finalidades de equiparación ciudadana y territorial. Por ello y con objeto de lograr tal equiparación es por lo que atendía a las importaciones (con referencia expresa en algunos casos a bienes muy específicos) que se realizaran en Canarias y consideraba la necesidad de una permanencia temporal mínima de lo importado en algunos supuestos y establecía un plazo de régimen beneficiado.

Las motivaciones y consideraciones señaladas anteriormente y el hecho de la prórroga son las que determinan la exigencia de justificación de aplicación industrial de las mercancías.

En consecuencia y en base a todo lo anteriormente razonado es al propio interesado al que le corresponde hacer la solicitud del beneficio y la declaración de aplicación del bien a la finalidad considerada por la norma, dado que de no darse estas fórmulas de aseguramiento, podrían las mercancías ser adquiridas también por particulares, sin que se produjera en consecuencia el uso comercial o industrial que fue determinante para el establecimiento del sistema de beneficios, y ello con independencia del control efectivo final de la realidad de aplicación, cuyo resultado podrá dar lugar, a la adopción de las medidas administrativas de reacción.

        OCTAVO.- Consecuentemente, y de la misma forma que en el caso de las mercancías que estén sujetas a un "destino especial" en sentido técnico estricto, la aplicación de las mismas a ese uso específico, destino final, ó especial, resulta determinante a efectos de aplicación el correspondiente "régimen de suspensión".

La concurrencia de los requisitos procedimentales de declaración y solicitud y los de cumplimiento de aplicación efectiva de las mercancías a ese uso específico, destino final, o especial aparece como necesaria para poder disfrutar del beneficio de suspensión arancelaria recogido en el reglamento del Consejo 704 /2002, produciéndose en otro caso el devengo de la deuda aduanera en el supuesto de no atender a esa aplicación.

Por último, corresponde a las Autoridades Aduaneras el control de la efectividad de la importación de los bienes para el mercado interior canario, del seguimiento general de las operaciones, y de la aplicación de los bienes a las finalidades y usos considerados por la norma, y todo ello sin perjuicio de comunicar las posibilidades de desviación a las que antes se aludió, para la corrección si se diese el caso, de tales desviaciones si ello procediese, tal y como se previeron en el artículo 8 del Reglamento 1911/91.

Pues bien, en el presente caso teniendo en cuenta que del examen del expediente no resulta justificación alguna de que se haya producido la concreta aplicación de los bienes importados a la "actividad de transformación o industrial" determinante de la posibilidad de aplicación del beneficio previsto, debe a juicio de este Tribunal desestimarse la pretensión de la entidad recurrente al no haberse cumplido por la entidad los requisitos necesarios para poder disfrutar del beneficio de suspensión arancelaria recogido en el Reglamento del Consejo 704 /2002, produciéndose por tanto el devengo de la deuda aduanera tal como entendió la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de ... debiéndose confirmar la liquidación practicada.

        EN CONSECUENCIA,

        Este TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en la reclamación económico-administrativa interpuesta por la entidad ..., S.L. contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de fecha 30 de Junio de 2.006, que desestimó la reclamación interpuesta por la recurrente contra el acuerdo dictado en fecha 5 de Abril de 2.005 por el Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación Especial de la A.E.A.T. de ..., por el que se practicó liquidación por el concepto de Aduanas Tarifa Exterior Común, período 2002-2003, por un importe total de 268.331,34 €; ACUERDA: 1º.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto; y 2º.- Confirmar la Resolución recurrida y la liquidación practicada.

Mercancías
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Importaciones de bienes
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Mercancías no comunitarias
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