Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3481/1998 de 26 de Octubre de 2001

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 26 de Octubre de 2001
  • Núm. Resolución: 00/3481/1998

Resumen

No procede la suspensión de las actuaciones administrativas prevista en el artículo 77.6 de la LGT, porque la falta de retención e ingreso sólo se tipificó como delito contra la Hacienda Pública con posterioridad a los ejercicios examinados (1991 y 1992).

Descripción


ANTECEDENTES DE HECHO 


        PRIMERO: La Oficina Nacional de Inspección, con fecha                1997 formalizó a la sociedad hoy reclamante acta modelo A02, número             , firmada en disconformidad. En ella se hacía constar que la contabilidad y registros obligatorios presentan anomalías sustanciales, según se desprende de las Diligencias Previas        del Juzgado de Instrucción nº      
      de                  , al haberse encontrado durante el registro efectuado por la Guardia Civil documentación acreditativa de operaciones no contabilizadas; estas diligencias previas se incoaron como consecuencia de la denuncia formulada ante la Guardia Civil por un antiguo trabajador de la empresa y, en comprobación de aquélla, dicho Instituto, previa autorización judicial, realizó una diligencia de entrada y registro en la sede social de la empresa, hallando y ocupando varios archivadores con documentación acreditativa de las operaciones "en negro" y anotaciones de gastos en concepto de nóminas; la empresa, a requerimiento del Juzgado, aportó listados complementarios justificativos de nóminas de 1991 y 1992. Se indica en el acta también que, según Diligencia  nº 1, el mandatario de la empresa, a preguntas de la Inspección, manifestó que la mayor cantidad entregada a los trabajadores consta en la contabilidad intervenida por el Juez. En consecuencia -siguen manifestando los actuarios- el Inspector Jefe del Equipo nº    , mediante la oportuna autorización y al amparo del artículo 112.3 de la Ley General Tributaria, se dirigió al Ilmº. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº    de                   , a fin de obtener los datos con transcendencia tributaria en relación con las retribuciones del personal de la empresa. A la vista de todo ello se proponía regularizar la situación tributaria de la interesada, mediante la correspondiente liquidación comprensiva de cuota, intereses de demora y sanción por infracción calificada de grave, equivalente al 115 por 100 de la cuota. Se acompañan al Acta los listados de trabajadores con las retribuciones complementarias de cada uno y el cálculo de la respectiva retención. En el Informe complementario se cita el del Servicio Jurídico del Estado, de 3 de diciembre de 1996, en el sentido de que en este caso no es de aplicación el artículo 77.6 de la Ley General Tributaria (abstención de seguir el procedimiento), porque todos los ejercicios liquidados son anteriores a la Ley Orgánica 6/1995 que introdujo, entre los delitos contra la Hacienda Pública, la elusión del pago de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener, y en consecuencia no estamos ante un posible delito contra la Hacienda Pública. En sus alegaciones al Acta, la empresa mantuvo -según había hecho ya durante las comprobaciones inspectoras- la prejudicialidad penal sobre los hechos determinantes de la propuesta de liquidación.

        SEGUNDO: Como consecuencia de la referida acta y una vez formuladas alegaciones, el Inspector Jefe dictó liquidación en términos confirmatorios de la propuesta formulada por el actuario, a excepción de una rectificación en el cálculo de los intereses de demora, con lo que el importe total de la deuda tributaria quedó determinado en 950.674.773 pesetas (5.713.670,22 euros); la sanción asciende al 115 por 100 de la cuota (mínimo de 75 puntos porcentuales más otros 40, suma de 20, 10 y 10 puntos, en función del mínimo establecido como criterio de graduación en caso: a) de medios fraudulentos en la comisión de la infracción, b) ocultación de los datos necesarios para determinar la deuda tributaria, c) resistencia, negativa u obstrucción); se aplicó el régimen establecido en la modificación de la Ley General Tributaria según la Ley 25/1995, por ser más favorable para la obligada tributaria. Esta liquidación, fue notificada a su destinataria el            de 1998.

        TERCERO: No conforme con la expresada liquidación, el sujeto pasivo formuló contra la misma reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico Administrativo Central mediante escrito presentado el                 de 1998. En sus alegaciones, interpuestas el                 del mismo año, la empresa manifiesta que aportó los listados completos de las nóminas mensuales de 1991 y 1992 sólo en términos de defensa, que según la acusación particular los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida, que en el Informe de la Guardia Civil se manifiesta, en relación con las nóminas y salarios, que en la documentación incautada no aparecen personas físicas ni documentos firmados por la percepción de tales cantidades, y que sobre tal base la Inspección levanta un Acta basada en un escrito presentado por la empresa en el ejercicio de su derecho de defensa en un proceso penal. Cita en apoyo de su tesis el artículo 10.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 77.6 de la Ley General Tributaria.

        CUARTO: La Sala Cuarta de este Tribunal, en sesión de               de 1998 y como resolución de la solicitud de suspensión en pieza separada, acordó admitirla a trámite con efectos de                   de 1998, mientras que en sesión celebrada el                 de 1999 resolvió declarar la suspensión exclusivamente en cuanto a las sanciones tributarias incluidas en el acuerdo impugnado, denegándola en lo relativo a cuotas e intereses de demora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 


        PRIMERO: Concurren los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto de la admisión a trámite de esta reclamación, en que se plantea si es procedente que la Administración tributaria se abstenga, en el caso planteado, de seguir el procedimiento administrativo iniciado mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme.

        SEGUNDO:
El artículo 77.6 de la Ley General Tributaria (redacción según la Ley 25/1995) establece que "En los supuestos en que la Administración tributaria estime que las infracciones pudieran ser constitutivas de delitos contra la Hacienda Pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal". La liquidación discutida se refiere a las retenciones que procedía realizar e ingresar en el Tesoro como consecuencia de retribuciones del personal de la empresa satisfechas durante 1991 y 1992, períodos durante los cuales, según se razona por la Oficina gestora, no constituía delito contra la Hacienda Pública el incumplimiento de dicha obligación de retener e ingresar. Es la Ley Orgánica 6/1995 la que introdujo este tipo penal al modificar el Título VI del libro II del Código Penal ("Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social"); el artículo 349 pasaba a añadir el supuesto del que eludiera el pago de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener, junto a la conducta, ya tipificada por el Código Penal vigente en 1991 y 1992, consistente en defraudar a la Hacienda eludiendo el pago de tributos o disfrutando indebidamente de beneficios fiscales, en cuantía superior a la fijada. Es decir, que en los años 1991 y 1992, la conducta sancionada en este expediente no estaba tipificada como delito contra la Hacienda Pública y en consecuencia no es de aplicación el artículo 77.6 de la Ley General Tributaria, como la interesada pretende.

        TERCERO: En consecuencia, procede seguir el procedimiento administrativo iniciado y confirmar la liquidación.      

        EL TRIBUNAL CENTRAL, en SALA, en la reclamación interpuesta en única instancia por                             , contra liquidación practicada por la Oficina Nacional de Inspección con fecha                 de 1998 (Expediente número            ), referente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), ejercicios 1991 y 1992,  ACUERDA: Su desestimación.

Delitos contra la Hacienda Pública
Recibo de salarios
Diligencias previas
Intereses de demora
Actuación administrativa
Deuda tributaria
Sede actividad económica
Autorización judicial
Mandatario
Abstención
Prejudicialidad penal
Liquidación provisional del impuesto
Comisiones
Ocultación
Sentencia firme
Delito de apropiación indebida
Persona física
Derecho de defensa
Sanciones tributarias
Culpa
Archivo de actuaciones
Obligación de retener
Tipo penal
Pago de impuestos
Beneficios fiscales
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Retenciones IRPF

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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