Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/353/2004 de 31 de Mayo de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 31 de Mayo de 2006
  • Núm. Resolución: 00/353/2004

Resumen

El plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, respecto de las actuaciones inspectoras iniciadas antes de la entrada en vigor de la Ley 1/1998, es el de cinco años establecidos en la normativa anterior a la citada Ley, ya que el periodo de inactividad de la Administración tributaria concluyó antes del 1 de enero de 1999, y no el de cuatro años que sostiene la resolución del TEAR impugnada mediante el recurso de alzada para la unificación de criterio.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 31 de mayo de 2006 en el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio interpuesto ante este Tribunal Económico Administrativo Central por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT contra la resolución dictada el 31 de octubre del 2003 por el Tribunal Regional de ... en la reclamación numero ..., que anuló la liquidación girada a cargo de ..., S.A. por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al cuarto trimestre de 1993 y que había dado lugar a una deuda tributaria de 139.942,18 euros, al estimar que a la fecha del acuerdo impugnado había ya prescrito la acción administrativa para liquidar la deuda.
                                                
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con objeto de comprobar la situación tributaria de ..., S.A. se iniciaron las actuaciones inspectoras mediante acuerdo de fecha 31 de julio de 1998, que le fue notificado al interesado el 14 de septiembre del mismo año. Como resultado de estas actuaciones se formalizó el 26 de marzo de 1999 el Acta de disconformidad A-02 nº ... en la que se proponía la liquidación de una deuda tributaria de 23.340.294 pesetas (140.277,99 €), como consecuencia de no haberse declarado las ventas en diciembre de 1993 de cinco locales comerciales por las que el interesado, en su condición de vendedor y sujeto pasivo del impuesto, había repercutido el impuesto correspondiente al comprador de aquellos. Como consecuencia de este acta, preparado el informe complementario y tramitado en forma el expediente, se dictó el 19 de abril de 1999 el acuerdo definitivo de liquidación que confirmó la propuesta.

Igualmente se instruyó el correspondiente expediente sancionador en relación con los hechos regularizados en la liquidación, que dieron lugar a un acuerdo sancionador de fecha 20 de abril del mismo año 1999 que calificó la conducta como constitutiva de infracción grave e impuso una multa de 19.312.500 pesetas (116.070,46 €).

Interpuesto en su momento recurso de reposición contra estos actos fue desestimado.

SEGUNDO.- Contra la resolución del recurso de reposición se interpuso reclamación en única instancia ante el Tribunal Regional de ... reiterando los motivos de oposición ya denunciados en la fase anterior, es decir, la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria por el transcurso de cuatro años, la caducidad del expediente, y la no conformidad a derecho en cuanto al fondo del asunto.

        No hay copia en el expediente remitido del escrito de interposición de la reclamación, ni de las alegaciones del interesado, por lo que no se puede saber si se impugnó únicamente la liquidación o también el acuerdo sancionador. En cualquier caso del texto de la resolución se deduce que el acto impugnado en ella era exclusivamente el acuerdo de liquidación de 19 de abril de 1999.

TERCERO.- Se ha puesto de manifiesto el expediente al interesado en la primera instancia de esta reclamación, quien presentó sus alegaciones el 22 de julio del 2004.
                                                 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este Tribunal Central es competente para conocer de este recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, interpuesto contra una resolución no susceptible de recurso ordinario de alzada y por persona legitimada para hacerlo, todo de conformidad con lo que establece el artículo 126 del RPREA aprobado por RD 391/1996 aplicable a este procedimiento. El Director del Departamento recurrente solicita que se declare como doctrina "que el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, respecto de las actuaciones inspectoras iniciadas antes de la entrada en vigor de la Ley 1/1998 el 1 de enero de 1999, es el de cinco años establecidos en la normativa anterior a la citada ley", y todo con el alcance que establece el párrafo 7 del artículo citado del Reglamento de procedimiento, al decir que "La resolución que se dicte respetara la situación jurídica particular derivada de la resolución que se recurra y unificara el criterio".

SEGUNDO.- En relación con los problemas de derecho temporal planteados como consecuencia de la modificación de los plazos de prescripción del artículo 64 de la LGT de 1963 introducida por la Ley 1/98 que, en este punto, entró en vigor el 1 de enero de 1999, cita el Tribunal Regional como fundamento de la resolución recurrida, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre del 2001, dictada en recurso de casación en interés de ley y que sentó la siguiente doctrina legal: "Si el momento en que se cierra el periodo temporal durante el que ha estado inactiva la Administración tributaria es posterior al 1 de enero de 1999, el plazo prescriptivo aplicable es el de 4 años (aunque el dies a quo del citado periodo sea anterior a la indicada fecha) y el instituto de la prescripción se rige por lo determinado en los nuevos artículos 24 de la Ley 1/1998 y 64 de la LGT. Y, a sensu contrario, si el mencionado periodo temporal de inactividad administrativa ha concluido antes del 1 de enero de 1999, el plazo prescriptivo aplicable será el anteriormente vigente de 5 años y el régimen imperante es el existente antes de la citada Ley 1/1998. En ambos casos, sin perjuicio de que la interrupción de la prescripción, en su caso, con anterioridad a la indicada fecha del 1 de enero de 1999, genere los efectos previstos en la normativa entonces vigente".

         Doctrina que, esta sentencia, considera aplicable a todos los derechos y acciones a que se refiere el artículo 64 de la LGT, al añadir a continuación: "No otra cosa es lo expresado o querido expresar por el RD 136/2000 y por la sentencia de instancia con la frase "con independencia de la fecha en que se hubieren realizado los correspondientes hechos imponibles, cometido las infracciones o efectuado los ingresos indebidos" (frase que, por lo ya dicho, no encierra ni pretende encerrar una retroactividad radical)"; y que ha sido reiterada en otras del mismo Tribunal Supremo de fechas 3, 17 y 24 de mayo y 29 de noviembre, todas del año 2005.

        Pese a la claridad de los párrafos anteriores estos se interpretan en la resolución impugnada en el sentido de que "el mencionado plazo de prescripción de cuatro años también se aplicará cuando las actuaciones inspectoras se hubieren cerrado después del 1 de enero de 1999, es decir, si antes del 1 de enero de 1999 se vio interrumpida la prescripción que venía ganando el contribuyente, regirá a partir de esa citada fecha, el plazo de 4 y no de 5 años. durante el que ha estado inactiva la administración tributaria". Y concluye que "A tenor de las actuaciones obrantes en el expediente se aprecia la existencia de un periodo inicial de prescripción cuyo "dies a quo" era el 30 de enero de 1994 (ultimo día para la presentación de la declaración del Impuesto sobre el valor añadido del ejercicio 1993, 4º trimestre), que se vio interrumpido por el inicio de las actuaciones inspectoras cerca del sujeto pasivo, circunstancia ésta que tuvo lugar en fecha 31 de julio de 1998 (artículo 66.1.a LGT), esto es, antes del transcurso del plazo de cinco años, pero después de cuatro.  ..... se encontraba prescrito desde el día 1 de enero de 1999 al haber transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años".

        El texto de la sentencia del Tribunal Supremo, citada, es suficientemente claro como para concluir, como así lo ha hecho este Tribunal Central en numerosas ocasiones, que habiéndose interrumpido la prescripción antes del 1 de enero de 1999 y concluido el que se llama en la sentencia periodo temporal de inactividad administrativa, con la notificación del comienzo de las actuaciones inspectoras, que en este caso tuvo lugar el 14 de septiembre de 1998, esta interrupción produjo sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la LGT de 1963 antes de la modificación introducida por la Ley 1/98 en la que el plazo de prescripción era de cinco años y en ese momento no se había producido la prescripción del derecho a liquidar la deuda del cuarto trimestre de 1993, por no haber transcurrido cinco años entre la fecha en que concluyó el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración y el día en que se produjo la interrupción, tal como sostiene el Director del Departamento recurrente.

        Por ello,

        Este Tribunal Económico Administrativo Central, en Sala, en el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio interpuesto por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT contra la resolución dictada el 31 de octubre del 2003 por el Tribunal Regional de ... en la reclamación numero ..., ACUERDA: Estimar el recurso y declarar como doctrina administrativa, que el plazo de prescripción del derecho de la Administración para  determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, respecto de las actuaciones inspectoras iniciadas antes de la entrada en vigor de la Ley 1/1998, es el de cinco años establecidos en la normativa anterior a la citada ley, ya que el periodo de inactividad de la Administración tributaria concluyó antes del 1 de enero de 1999, y no el de cuatro años que sostiene la resolución impugnada, respetando la situación jurídica individual nacida para el contribuyente de la resolución impugnada.

Deuda tributaria
Plazo de prescripción
Impuesto sobre el Valor Añadido
Inactividad de la Administración
Inspección tributaria
Liquidación girada
Acta de disconformidad
Local comercial
Expediente sancionador
Caducidad
Fondo del asunto
Dies a quo
Resolución recurrida
Interrupción de la prescripción
Ingresos indebidos
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