Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3541/2006 de 16 de Mayo de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 16 de Mayo de 2007
  • Núm. Resolución: 00/3541/2006

Resumen

Una declaración de exportación no ultima por sí misma un régimen de tránsito de mercancías, pues la normativa comunitaria exige un certificado de las autoridades del Estado Miembro de destino, o bien un documento aduanero de inclusión en un destino aduanero en un tercer país o su copia o fotocopia certificada por los organismos competentes en dicho país y siempre que figure la identificación de la mercancía. El remitente al figurar como "obligado principal" responde del pago de la Tarifa Exterior Común e IVA a la importación.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 16 de mayo de 2007 en las reclamaciones económico-administrativa acumuladas que en segunda instancia penden de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, en virtud de los recursos de alzada interpuestos por la entidad ..., S.L. C.I.F. ... con domicilio a efectos de notificaciones en ..., y en su nombre y representación D. ..., con poder acreditado en el expediente, contra las Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de fecha 23 de Marzo de 2.005, que desestimaron las reclamaciones interpuestas por la recurrente contra los acuerdos, de fecha 21 de Junio de 2.004,  dictados por la Jefa de la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de ..., mediante los que se practicaron liquidaciones por los conceptos Aduanas-Tarifa Exterior Común e IVA a la importación, correspondientes a la no ultimación de dos tránsitos, por importes de 323.016,39 € y 156.944,53 €, respectivamente.

                                                        ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO:
La entidad ..., S.L. como expedidora autorizada y, dentro del procedimiento de domiciliación, emitió mensajes EDI de los tránsitos (NCTS) números ... y ... que amparaban la circulación de diferentes mercancías que se remitían en tránsito sin despachar desde sus instalaciones. Figurando dicha entidad como "obligado principal".

        SEGUNDO: Ante la falta de constancia de la cancelación de las operaciones y previo el trámite de audiencia conferido de conformidad con el artículo 123.3 de la Ley General Tributaria, tras efectuarse los pertinentes procedimientos de búsqueda por la Aduana de ..., de control del régimen, la Jefa de la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de ..., dictó en fecha 21 de Junio de 2004, dictó sendos acuerdos de notificación de liquidaciones provisionales números ... y ... y por los conceptos de Aduanas Tarifa Exterior Común e IVA a la Importación, por importes 323.016,39 € la primera y 156.944,53 € la segunda. Dichas liquidaciones provisionales tienen fundamento legal en los artículos 340 bis y siguientes del Reglamento (CEE) 2454/93, al constatarse que la mercancía amparada en dichos tránsitos fue exportada con DUA definitivo de exportación número ... y no ser este documento uno de los métodos de ultimación contemplados en la normativa.

        TERCERO: Contra los citados acuerdos liquidatorios, la entidad interesada interpuso, en fecha 7 de Julio de 2.004, sendas reclamaciones económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., a las que se les dieron los números ... y ... Cumplido el trámite de puesta de manifiesto de los expedientes, la entidad interesada formuló, en fecha 8 de Febrero de 2.005, escritos de alegaciones en los que manifestaba, en síntesis, lo siguiente: a) Falta de motivación: como motivación de la liquidación se indica escuetamente "la no ultimación de los tránsitos n° ... y ..., documentos aduaneros que no figuran en el expediente por lo que resultaría imposible a la interesada determinar a cual de las innumerables operaciones de este tipo que realiza se está refiriendo, con la indefensión que ello provoca, añadida a la omisión de los elementos esenciales de la liquidación como la partida arancelaria, naturaleza de la mercancía afectada por la regularización y los conceptos tributarios que se liquidan. Citándose a continuación el artículo 124 de la Ley General Tributaria y artículo 102 de la nueva Ley 58/2003, General Tributaria, así como la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Marzo de 1995; y, b) Ultimación del tránsito: la propia aduana reconoce que la mercancía fue exportada con DUA de exportación definitiva ... Siendo la exportación un destino aduanero, según el artículo 4.15 c) del Código Aduanero, la inclusión de una mercancía en tránsito en dicho destino aduanero de exportación puede considerarse como una de las formas de finalizar el régimen de tránsito, según puede desprenderse del artículo 365.3 del Reglamento 2454/93.

        CUARTO: El Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., en su sesión de fecha 23 de Marzo de 2.005, dictó dos resoluciones mediante las que se desestimaron las reclamaciones interpuestas por la recurrente contra los acuerdos, de fecha 21 de Junio de 2.004, dictados por la Jefa de la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de ..., confirmando los mismos. Dichos fallos fueron notificados a la entidad interesada en fecha 6 de Septiembre de 2.006.

        QUINTO: Contra los citados fallos la entidad interesada interpuso sendos recursos de alzada ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, mediante escritos con fecha de registro de entrada en el Tribunal Regional de ... 22 de Septiembre de 2.006, que fueron registrados con los números R.G. 03541/06 y 03543/06. En dichos escritos de interposición se reiteran las alegaciones ya formuladas ante el Tribunal de instancia, añadiéndose la posible improcedencia de la liquidación de intereses de demora.

        SEXTO: Mediante Acuerdo, de fecha 8 de Noviembre de 2.006, del Abogado del Estado-Secretario de este Tribunal Central, haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 230 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se decretó la acumulación de los expedientes con número de R.G. 3.541/2006 y 3.543/2006.

                                                       FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-
Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que son presupuesto para la admisión a trámite de los presentes recursos de alzada acumulados en los que las cuestiones planteadas son las referentes a determinar si los fallos del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de fecha 23 de Marzo de 2.006, recaídos en las reclamaciones números ... y ... resultan ajustados a Derecho.

        SEGUNDO.- En relación con los presentes recursos de alzada acumulados procede, en primer lugar, entrar a enjuiciar si en los Acuerdos liquidatorios impugnados se dan los defectos de motivación alegados por la entidad recurrente. En este sentido, el artículo 124.1 de la Ley 230/1963, General Tributaria, vigente cuando se practicó la liquidación impugnada, establece que Las Liquidaciones tributarias se notificarán a los sujetos pasivos con expresión: a) De los elementos esenciales de aquéllas (...). Asimismo, la nueva Ley 58/2003, General Tributaria se expresa en los mismos términos, concretamente el artículo 102.2 dispone: "Las liquidaciones se notificarán con expresión de: a) La identificación del obligado tributario. b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria. c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como de los fundamentos de derecho. d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición. e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria. f) Su carácter de provisional o definitiva".

Por otra parte, el artículo 114 de la Ley 230/1963, General Tributaria dispone: "Tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo". Carga de la prueba que, de modo idéntico, se recoge en el artículo 105 de la nueva Ley General Tributaria: "En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo".

En relación a dicha cuestión, el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero de 1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes establece: "2. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que resuelvan recursos y reclamaciones, los que denieguen la suspensión de la ejecución de actos de gestión tributaria, así como cuantos otros se establezcan en la normativa vigente, serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho".

Pues bien, los citados preceptos no buscan sino preservar el derecho a la tutela judicial efectiva del obligado tributario, evitando que la actuación de la Administración pueda ocasionarle la indefensión material a que se refieren tanto el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional. el Tribunal Supremo, partiendo de que la motivación es un requisito formal del acto administrativo, ha calificado la carencia o defectuosa motivación como un vicio de forma del acto administrativo, por lo que resulta incurso en una de las causas de anulabilidad a que se refiere el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, si bien condicionado a que haya ocasionado indefensión, pues en otro caso, seria una irregularidad no invalidante. De este modo, el propio Tribunal Supremo ha ido reduciendo progresivamente los vicios de forma determinantes de invalidez, para limitarlos a aquellos que suponen una "disminución efectiva, real y trascendente de garantías, incidiendo así en la cuestión de fondo y alterando eventualmente su sentido en perjuicio del administrado y de la propia Administración" (STS de 26 de abril de 1985). Por otra parte, distinta jurisprudencia, interpretando los artículos 120 a 124 de la Ley General Tributaria, ha matizado la exigencia y la forma de una correcta motivación en las liquidaciones practicadas por los órganos de gestión tributaria (exigencia que se recoge de forma expresa en el artículo 13.2 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes). Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1995, recopilando la jurisprudencia del mismo (entre otras, sentencias de 27 y 28 de febrero de 1990) como la del Tribunal Constitucional (sentencia de 16 de junio de 1982) ha expresado que "tal doctrina reitera y exige para evitar la indefensión y cumplir la exigencia de motivación de las resoluciones, que se analicen, aunque no sea exhaustiva y pormenorizadamente, las cuestiones planteadas y se refieran a las razones o circunstancias tenidas en cuenta, a fin de posibilitar que el afectado pueda conocer esas razones o motivos y con ello pueda articular adecuadamente sus medios de defensa...". En consecuencia se consideran suficientemente motivadas las resoluciones que venga apoyadas en razones que permitan conocer cuales han sido los criterios en los que se fundamenta la decisión.

En este sentido, partiendo de la concepción de la indefensión mantenida por los Tribunales reseñados, y atendiendo a las alegaciones de la entidad recurrente, en el presente caso este Tribunal Central entiende, como acertadamente consideró el Tribunal de instancia, que debe concluirse que ni en lo que se refiere a la cuota, ni en lo referente a los intereses de demora, puede apreciarse la falta de motivación invocada, y ello porque el supuesto de hecho aparece suficientemente especificado y los fundamentos de derecho en que se apoya la propuesta liquidadora, al mismo tiempo que en el Acuerdo impugnado se recogen los cálculos efectuados por la Administración. De forma que, al recoger en los Acuerdos recurridos los motivos concretos de la regularización, los hechos, fundamentos jurídicos y cálculos precisos para enjuiciar la liquidación en lo referente a la cuota e intereses de demora, la recurrente en ningún momento se ha visto privada de su derecho a alegar cuanto ha considerado oportuno en defensa de su derecho, como efectivamente ha hecho debiendo por ello desestimarse su pretensión en este punto.

        TERCERO.- En segundo lugar debe hacerse referencia a la alegación de la recurrente en cuanto a la ultimación del tránsito, y a este respecto debe tenerse en cuenta que el tránsito comunitario externo se encuentra regulado en el Reglamento CEE número 2913/92, del Consejo de 12 de octubre que aprobó el Código Aduanero Comunitario y el Reglamento de aplicación de la Comisión número 2454/93, de 2 de julio.

Pues bien, el Reglamento (CEE) 2913/92 del Consejo, por el que se aprobó el Código Aduanero comunitario, en su artículo 96.1) referido a las "Disposiciones particulares relativas al tránsito comunitario externo establece: "El obligado principal es el titular del régimen de tránsito comunitario externo. El obligado principal deberá: a) presentar las mercancías intactas en la oficina de la aduana de destino, en el plazo señalado y habiendo respetado las medidas de identificación tomadas por las autoridades aduaneras; b) respetar las disposiciones relativas al régimen de tránsito comunitario".

En cuanto a las irregularidades y prueba de la regularidad de la operación el Reglamento (CEE) 2454/93 de la Comisión por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 2913/92 del Consejo, en su redacción dada por Reglamento (CEE) 2780/2000, establece en su artículo 365 que: "1. En caso de no devolución del ejemplar nº 5 de la declaración de tránsito a las autoridades aduaneras del Estado miembro de partida, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de admisión de la declaración de tránsito, dichas autoridades se lo comunicarán al obligado principal, invitándole a aportar la prueba de la finalización del régimen. 1 bis. Cuando sean aplicables las disposiciones de la subsección 7 de la sección 2 y las autoridades aduaneras de los Estados miembros de partida no hayan recibido el mensaje "aviso de llegada" dentro del plazo fijado para presentar las mercancías en la oficina de destino, esas autoridades informarán al obligado principal y le pedirán que aporte la prueba de que el régimen ha terminado. 2. La prueba contemplada en el apartado 1 podrá consistir, en la presentación, a satisfacción de las autoridades aduaneras, de un documento certificado por las autoridades aduaneras del Estado miembro de destino que incluya la identificación de las mercancías y en el que se haga constar que dichas mercancías han sido presentadas en la oficina de destino o, en caso de aplicación del artículo 406, ante el destinatario autorizado.

Asimismo, se considerará que el régimen de tránsito comunitario ha finalizado si el obligado principal presenta, a satisfacción de las autoridades aduaneras, un documento aduanero de inclusión en un destino aduanero en un tercer país o su copia o fotocopia, donde figure la identificación de las mercancías. Esta copia o fotocopia deberá ser certificada, bien por el organismo que haya visado el documento original, o por los servicios oficiales del tercer país interesado, o por los servicios oficiales de uno de los Estados miembros".

Por otra parte, en cuanto al nacimiento de la deuda aduanera el artículo 204, apartado 1 del Código Aduanero establece: 1. Dará origen a una deuda aduanera de importación: a) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a que quede sujeta una mercancía sometida a derechos de importación como consecuencia de su estancia en depósito temporal o de la utilización del régimen aduanero en el que se encuentre, (...)".

La deuda aduanera se originará de acuerdo con el artículo 215 del Código: "- en el lugar en que se produzcan los hechos que originen esta deuda, - o, cuando no sea posible determinar este lugar, en el lugar en que las autoridades aduaneras comprueben que la mercancía se encuentra en una situación que ha originado una deuda aduanera, - o, cuando una mercancía haya sido colocada en un régimen aduanero que no haya sido liquidado, y si el lugar no pudiere determinarse en aplicación del primero o del segundo guión en un plazo fijado, llegado el caso, con arreglo al procedimiento del Comité, en el lugar en el que la mercancía se colocó o entró en el territorio aduanero de la Comunidad bajo dicho régimen".

Por su parte, por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con los artículos 18.2) y 24 Uno c) de la Ley 37/1992 del I.V.A., la exención del mismo en el régimen suspensivo de tránsito comunitario viene condicionada al cumplimiento de las condiciones inherentes al régimen.

Por último, se han de tener en cuenta, los artículos 367 y siguientes del precitado Reglamento de aplicación que establecen disposiciones adicionales aplicables en los casos en los que se intercambien datos de tránsito utilizando tecnología de la información y redes informatizadas entre las autoridades aduaneras y, más concretamente, la Resolución de 19 de Junio de 2001, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que regula la implantación del Sistema de Tránsito Informatizado Comunitario (NCTS) en España y a partir de la cual todos los operadores, expedidores o destinatarios autorizados o no, con autorización para enviar mensajes de tránsito vía EDI, debían actualizar sus autorizaciones y sistemas para adaptarlos al citado sistema NCTS.

Como novedad más importante, el nuevo sistema implicaba el envío de un mensaje con los datos de la declaración de tránsito desde la aduana de partida a la aduana de destino, la desaparición del DUA como documento de acompañamiento de la expedición, sustituyéndose por los nuevos formularios "documento de acompañamiento" y "lista de artículos" conforme a los modelos establecidos en los anexos 45 bis y 45 ter del Reglamento(CE) número 2787/2000, así como la abolición del reenvío del ejemplar 5, sustituyéndose éste por los mensajes "aviso de llegadas" y "resultado del control" entre ambas aduanas.

Visto lo anterior, se ha de resaltar lo dispuesto en el artículo 370.1 del Reglamento de aplicación según el cual: "La oficina de destino conservará el documento de acompañamiento de tránsito y comunicará la llegada de las mercancías a la oficina de partida, el mismo día en que se presentan a la oficina de destino, utilizando el mensaje de aviso de llegada. Este mensaje no podrá ser utilizado como prueba de que el régimen ha finalizado, a efectos del apartado 2 del artículo 365".

        CUARTO.- En el presente caso y de acuerdo con los antecedentes que obran en el expediente se desprende lo siguiente: 1º) Que se expidió por la entidad ..., S.L. operador autorizado para la expedición y recepción de tránsitos, los documentos objeto de los presentes recursos de alzada, figurando en los mismos como obligado principal; 2º) Que la Aduana de control al no tener constancia de la legal ultimación de las operaciones, inició el preceptivo procedimiento de búsqueda; 3º) Que transcurrido el plazo establecido en el Reglamento de aplicación del Código Aduanero, la Aduana de ... al no haber recibido la prueba de la regularidad de las operaciones de acuerdo con el artículo 365 de dicho Reglamento, notificó a la entidad recurrente sendas liquidaciones provisionales por el importe de los derechos correspondientes a la mercancía en cuestión.

A este respecto la entidad recurrente alega que la mercancía objeto de ambos tránsitos se despachó con el DUA de exportación ..., tal como reconoce la gestora, no entendiendo cual es el hecho imponible que origina las cuotas contenidas en los acuerdos impugnados, pues no habiéndose quedado las mercancía en territorio de la Unión Europea, entiende no haber base legal para exigir el pago de gravamen alguno. Asimismo señala que la exportación fuera del territorio aduanero de la Comunidad está contemplada como método de ultimación de los tránsitos, pues siendo la exportación un "destino aduanero", según el artículo 4.15 c) del Código Aduanero, la inclusión de una mercancía en tránsito en dicho destino de exportación puede considerarse como una de las formas de finalizar el régimen de tránsito, según puede desprenderse del artículo 365.3 del Reglamento 2454/93 de aplicación del Código Aduanero.

En este sentido debe tenerse en cuenta que pese a que, tal como alega la interesada y así lo reconoce la aduana de control, la mercancía en cuestión parece figurar incluida entre la despachada de exportación con DUA ..., y aun cuando la exportación es un destino aduanero, relacionado como tal en el artículo 4.15 del Código Aduanero, ésta no ultima por si misma el régimen de tránsito, exigiendo la normativa comunitaria, a estos efectos: o bien certificado de las autoridades del Estado Miembro de destino, o bien documento aduanero de inclusión en un destino aduanero en un tercer país o su copia o fotocopia, certificada por los organismos competentes en aquél país y siempre que figure la identificación de la mercancía. En consecuencia, de acuerdo  con todo lo anteriormente expuesto y ante la ausencia de prueba de finalización del régimen de tránsito, este Tribunal entiende que deben rechazarse las alegaciones formuladas por la recurrente, procediendo confirmar las resoluciones recurridas y las liquidaciones practicadas por la Aduana de ... por resultar las mismas conformes a Derecho.

        EN CONSECUENCIA,

        Este TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en los recursos de alzada acumulados interpuestos por la entidad ..., S.L. contra las Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de fecha 23 de Marzo de 2.005, que desestimaron las reclamaciones interpuestas por la recurrente contra los acuerdos, de fecha 21 de Junio de 2.004,  dictados por la Jefa de la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de ..., mediante los que se practicaron liquidaciones por los conceptos Aduanas-Tarifa Exterior Común e IVA a la importación, correspondientes a la no ultimación de dos tránsitos, por importes de 323.016,39 € y 156.944,53 €, respectivamente; ACUERDA: 1º.- Desestimar los recursos de alzada acumulados; y, 2º.- Confirmar las resoluciones recurridas y los acuerdos liquidatorios impugnados.

Mercancías
Aduanas
Impuesto sobre el Valor Añadido
Destinos aduaneros
Impuestos especiales
Indefensión
Importaciones de bienes
Documento aduanero
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Liquidación provisional del impuesto
Obligado tributario
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Documento único administrativo
Deuda tributaria
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DUA de exportación
Partida arancelaria
Omisión
Comisiones
Liquidación de intereses
Liquidaciones tributarias
Derecho a la tutela judicial efectiva
Cuestiones de fondo
Forma de los actos administrativos
Carga de la prueba
Suspensión de la ejecución
Régimen aduanero
Estancia
Depósito temporal
Operadores

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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