Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3594/2003 de 17 de Mayo de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 17 de Mayo de 2006
  • Núm. Resolución: 00/3594/2003

Resumen

Se estima parcialmente el incidente de ejecución referido a la liquidación sobre intereses de demora relacionada con una sanción, ya que se produce la suspensión automática de las mismas y no su inejecutividad. Son exigibles intereses de demora cuando las sanciones sean firmes en vía administrativa, entendiéndose producida dicha firmeza cuando los actos administrativos causen estado en dicha vía o bien cuando el órgano jurisdiccional competente se pronuncie sobre la pieza separada de la suspensión en aquellos supuestos en los que se haya ejercido el derecho a recurrir en vía jurisdiccional los actos dictados y se haya solicitado la suspensión de su ejecución.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 17 de mayo de 2006 en el incidente de ejecución que pende ante este Tribunal Central, en Sala, interpuesto por D. ..., en nombre y representación de la entidad X, S. A. como sucesora de la mercantil Y, S. A. con N.I.F. n° ... y domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acto administrativo de ejecución de la Resolución del TEAC el 28 de septiembre de 2005, dictado el 28 de marzo de 2006 por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, en el que se acuerda una devolución de 35.709,11 euros más el correspondiente interés de demora.

                                                   ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- Con fecha 23 de noviembre de 1995 la Oficina Nacional de Inspección de ... incoó a Y, S. A. (Y, en adelante) acta definitiva de disconformidad n° ... (complementaria del acta previa de conformidad n° ...) por la que se regularizó su situación tributaria en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido relativo a los años 1990 a 1993, proponiéndose una liquidación por importe de 1.116.672,95 euros en concepto de cuota, intereses de demora y sanción, de acuerdo con el siguiente detalle:

Cuota                                     97.222.987 Ptas

Intereses de demora              39.964.265 Ptas

Sanción                                 48.611.493 Ptas

Deuda Tributaria             185.798.745 Ptas

El 31 de mayo de 1996 se notificó a Y el acto administrativo de liquidación tributaria, de fecha 29 de mayo de 1996, dictado por el Inspector-Jefe de la Oficina Técnica de la Oficina Nacional de Inspección en la que se confirma la propuesta de liquidación contenida en el acta.

SEGUNDO.- La citada liquidación fue recurrida por Y ante este Tribunal Central con fecha 17 de junio de 1996, mediante reclamación económico-administrativa, posteriormente desestimada  por Resolución dictada el 12 de mayo de 1998.

La recaudación de la liquidación recurrida ante el TEAC había sido previamente suspendida en periodo voluntario de ingreso por acuerdo del órgano competente del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas.

TERCERO.- Contra la Resolución desestimatoria dictada por el TEAC, el 16 de abril de 1998 Y interpuso ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso contencioso-administrativo ordinario n° .../98, solicitando en el mismo escrito que se acordara en vía contencioso-administrativa la suspensión de la ejecución del fallo del TEAC y de la liquidación confirmada por éste, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, entonces en vigor.

La Audiencia Nacional, una vez sustanciada oportunamente la pieza separada de suspensión abierta al efecto, por auto de fecha ... de 1999 acordó suspender la ejecución del fallo del TEAC y de la liquidación tributaria.

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por sentencia de fecha ... de 2000, acordó desestimar el recurso contencioso-administrativo y confirmar la Resolución del TEAC y la liquidación tributaria que la misma confirmó, concediendo a Y en la citada Sentencia el derecho a interponer contra la misma recurso de casación.

CUARTO.- El 19 de febrero de 2001, cumpliendo los requisitos procesales legalmente establecidos, Y presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recurso de casación contra la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional.

El Tribunal Supremo, por Auto de fecha ... de 2003, notificado el 17 de febrero siguiente a la entidad (y el 14 de mayo de ese mismo año a la Oficina Nacional de Inspección), de conformidad con lo previsto en el artículo 93.5 de la LJCA, acordó la inadmisión a trámite del recurso de casación n° ... y declaró firme la sentencia de la Audiencia Nacional recaída en el recurso n° .../98.

QUINTO.- Y interpuso acumuladamente recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, contra el citado Auto del Tribunal Supremo así como contra la Sentencia de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y 44 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC, en lo sucesivo), en la que igualmente solicitó como medida cautelar, de conformidad con los artículos 56 y siguientes de la LOTC, la suspensión de ambas resoluciones judiciales.

El Tribunal Constitucional notificó a Y con fecha 21 de marzo de 2003 nota informativa por la que se le comunicó que el conocimiento de la demanda de amparo correspondería a la Sección Segunda de la Sala Primera, y que al recurso se le había asignado el n° de registro .../2003.

SEXTO.- El 22 de mayo de 2003 el Inspector-Jefe adjunto al Jefe de la Oficina Técnica de Inspección de la Oficina Nacional de Inspección dictó acto de ejecución de Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia desestimatoria del recurso n° .../98 en virtud del Auto del Tribunal Supremo por el que se inadmitió a trámite el recurso de casación interpuesto contra la misma. Dicho acto fue notificado el 27 de mayo siguiente, a la entidad X, S. A., como sucesora de Y al haberse producido un proceso de fusión entre ambas. En el mismo, se acordó proceder a la ejecución de la Sentencia, exigiendo el ingreso de la liquidación de IVA de los años 1990 a 1993 anteriormente señalada y girada inicialmente a Y por importe de 1.116.672,95 €, así como a liquidar los intereses de demora suspensivos devengados sobre la mencionada liquidación, que, según el acto administrativo dictado, ascendían a 536.018,30 Euros.

Para la práctica de la liquidación de los intereses de demora devengados por la suspensión de la liquidación confirmada por el Tribunal Supremo se utilizaron como fundamentos jurídicos el artículo 74.12 del Real Decreto 391/1996 el artículo 61.2 de la Ley 230/1963, General Tributaria y la instrucción 1/1999 del Director General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria apartado II.5.

Las magnitudes contempladas en el acto administrativo a efectos del cálculo de la liquidación de los intereses fueron las siguientes:

        - Como base sobre la que realizar el cálculo, la deuda tributaria pendiente, es decir, 1.116.672,95 euros;

- En el cómputo del plazo, se tomó como día inicial el siguiente al último día del plazo de ingreso en periodo voluntario de la deuda, es decir, el 21 de junio de 1996;

- Y como día final el día "en que se debe ejecutar la sentencia de la audiencia (fecha de recepción de la sentencia más 10 días (artículo 104 ley 29/1998)) ", es decir, el 22 de mayo de 2003 (la sentencia del Tribunal Supremo fue notificada a la Oficina Nacional de Inspección el 14 de Mayo de 2003).

- En cuanto al tipo de interés, se aplicó el vigente en cada periodo, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 230/1963, General Tributaria.

SEPTIMO.- Contra el citado acuerdo de ejecución, el 13 de junio de 2003 la entidad interpuso el recurso de reposición n° .../03, solicitando en el mismo la suspensión automática y en periodo voluntario de ingreso de la liquidación de intereses de demora suspensivos contenida en el acuerdo de ejecución, aportando la preceptiva garantía y señalando adicionalmente que, a estos efectos, no era necesario garantizar la liquidación originaria girada a Y al encontrarse ya debidamente garantizada mediante aval bancario desde que la misma se impugnó inicialmente ante el TEAC.

La Oficina Nacional de Inspección, inadmitió a trámite el recurso de reposición mediante acto dictado el 1 de agosto de 2003 y notificado a la entidad el 2 de septiembre siguiente, por entender que se trataba de un acto de ejecución de Sentencia de la Audiencia Nacional y que las discrepancias manifestadas por la entidad cuestionan que el acto de ejecución se acomode a lo que a su entender exigiría la correcta ejecución de la Sentencia, cuestión que corresponde juzgar al Tribunal que dictó la misma conforme al ya citado artículo 109 de la Ley 29/1998.

OCTAVO.-
Contra el acuerdo de inadmisión del recurso de reposición la entidad interpuso el 16 de septiembre de 2003 ante este Tribunal reclamación económico-administrativa, solicitando en el escrito de interposición de la misma el mantenimiento de la suspensión del ingreso del principal y de la liquidación de intereses de demora.

No obstante, la entidad procedió a ingresar con fecha 5 de noviembre de 2003 la liquidación del principal por importe de 1.116.672,95 €, así como la liquidación de intereses suspensivos por importe de 536.018,30 €.

NOVENO.- El ... de 2005 este Tribunal dictó resolución parcialmente estimatoria de la reclamación interpuesta. Concretamente y, a efectos de resolver el presente incidente de ejecución, conviene destacar el contenido del fundamento de derecho quinto de la misma:

"QUINTO.- En relación con el cálculo de la deuda tributaria liquidada por el devengo de intereses de demora, la entidad reclamante plantea tres posibles controversias:   

En primer lugar, la improcedencia de incluir en la base de cálculo el importe de la sanción contenida en la liquidación ejecutada; en segundo lugar, en relación con el periodo por el que se liquidan los intereses, la exclusión del tiempo que excedió del plazo de un año que el artículo 64 del Real Decreto 391/1996 establece para la Resolución de las reclamaciones económico administrativas es decir, el periodo que transcurrió entre el 17 de junio de 1997 y el 12 de mayo de 1998. Y en tercer lugar, respecto a la fecha final del plazo sobre el que se liquidan intereses de demora, que se contemple la fecha en que se dictó el auto de inadmisión a trámite del recurso de casación (el 13 de enero de 2003 en vez del 22 de mayo de 2003, como pretende la Inspección).

En relación con la procedencia o no de liquidar intereses de demora sobre las sanciones suspendidas, constituye la cuestión objeto de discusión fuente de un amplio debate jurídico en el que se han vertido distintos pronunciamientos jurisdiccionales. Así, en un primer momento, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 28 de noviembre de 1997, de una forma implícita se decide por la procedencia de liquidación de intereses de demora en los supuestos de suspensión de sanciones. Luego, el 18 de septiembre de 2001, el Tribunal Supremo dicta sentencia en recurso de casación en interés de la ley por la que se desestima el recurso formulado por el Abogado del Estado contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, de 14 de abril de 2000, en virtud de la cual fue anulada la Resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... que confirmó la liquidación por intereses de demora por el tiempo en que estuvo suspendida la ejecución de la liquidación derivada de un acta de inspección incoada por la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía anula la liquidación por intereses de demora practicada como consecuencia de haber obtenido el contribuyente la suspensión de la ejecución de la sanción pecuniaria recurrida en vía económico-administrativa, una vez desestimada la mencionada reclamación. En definitiva se ordena la práctica de una nueva en cuya base no se incluye el importe de la sanción. El Abogado del Estado en su recurso de casación en interés de ley cita la doctrina contenida en la Sentencia de 28 de noviembre de 1997, pero el TS entiende que sólo a partir de una interpretación que se califica como de "puramente literalista" podría aplicarse al caso que se plantea.

No obstante, este Tribunal Central, partiendo de que se trataba de una Sentencia desestimatoria de un recurso de casación en interés de ley por lo que  sus efectos vinculantes sólo se producirían si la misma pudiera considerarse complemento del ordenamiento jurídico, en los términos señalados por el Código Civil, lo que no sucedía en el presente supuesto por cuanto no había llegado a conocimiento de este Tribunal Central la existencia de otra sentencia que, pronunciándose sobre la exigibilidad de intereses suspensivos en los supuestos de impugnación de sanciones, hubiese llegado a la misma conclusión que la dictada en fecha de 18 de septiembre de 2001, sostuvo el criterio de que procedía la liquidación de dichos intereses suspensivos si bien matizado desde una perspectiva temporal en tanto en cuanto se hubiese acordado o no la suspensión en vía contencioso-administrativa.

La controversia se centraba en la distinta interpretación que el Tribunal Supremo y este Tribunal Central daban al alcance del artículo 35 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, que disponía que "La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativa que contra aquéllas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa".

Así, por un lado, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 18 de septiembre de 2001, entiende que el artículo citado "ha reproducido, ya, en el ámbito tributario, el contenido del artículo 138.3 de la Ley 30/1992". Precepto que dispone que, en materia sancionadora, "la resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa", mientras que este Tribunal Central consideraba que si es terminante el mandato de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no puede predicarse lo mismo del artículo 35 de la Ley 1/1998, porque de la comparación de los dos textos legales se desprende que el legislador quiso establecer el principio de suspensión automática de la ejecución por la interposición de recurso y no el de no ejecutividad de las sanciones. Este distinto planteamiento lleva a este Tribunal Central a confirmar la procedencia de la liquidación de intereses suspensivos, entre otras resoluciones en la de 2 de abril de 2003, Nº 3068/2002, basándose a su vez en la literalidad del artículo 61.2 (antes 4.º) de la LGT, el artículo 37 del Real Decreto 1930/1998, "las sanciones suspendidas devengarán los correspondientes intereses de demora conforme a las reglas generales, procediéndose a su cobro una vez que la sanción impuesta adquiera firmeza en vía administrativa", y el artículo 63 bis.11 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos.

La controversia jurídica anteriormente expuesta y el criterio sostenido por este Tribunal Central entre otras resoluciones en la de 2 de abril de 2003, Nº 3068/2002, se ve sustancialmente afectada por la entrada en vigor de la Ley 58/2003. El Artículo 212 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que lleva por título "Recursos contra sanciones", establece en su apartado 3 que "...3. La interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción producirá los siguientes efectos:

a) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en período voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa.

b) No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa".

Dicha Disposición, que impide la liquidación de intereses suspensivos por el tiempo que transcurre hasta "la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa", resulta plenamente aplicable al presente supuesto, y a pesar de tratarse de un procedimiento sancionador iniciado antes del 1 de julio de 2004, fecha de entrada en vigor de la Ley 58/2003, por cuanto la Disposición Transitoria Tercera de la citada Ley 58/2003 dispone que: "1. Los procedimientos tributarios iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley se regirán por la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusión salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 2. Serán de aplicación a los procedimientos iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley los siguientes artículos:... d) El apartado 3 del artículo 212 de esta ley, relativo a los efectos de la interposición de recursos o reclamaciones contra sanciones", por lo que procede anular los intereses de demora calculados por la Inspección de los Tributos sobre el importe de las sanciones tributarias impuestas."

DECIMO.- El 28 de marzo de 2006 le Delegación Central de Grandes Contribuyentes procedió a dictar acto de ejecución de la Resolución anterior en el que se acordaba la devolución de 35.709,11 euros más el correspondiente interés de demora conforme a los siguientes términos:

"PRIMERO.- Se anula parcialmente la liquidación de intereses de demora suspensivos, efectuada en fecha 22 de mayo de 2003, en la parte correspondiente a los intereses de demora sobre la sanción, por importe de 140.241,26 euros. No obstante, al estar ingresada dicha liquidación, en fecha 5 de noviembre de 2003, se acuerda su devolución.

Intereses demora ingresados:      140.241,26 euros

INTERESES DEMORA A FAVOR: 16.546,55 euros

Día Inicial 05-11-03

Día Final Fecha que se ejecuta y compensa (28-03-06)

Tipo: El interés de demora vigente a lo largo del periodo, según el Art.26.6 de la LGT

DEVOLUCIÓN A COMPENSAR: 156.787,81€

SEGUNDO.- Se rectifica el cálculo de los intereses de demora suspensivos sobre la sanción, anulando el importe correspondiente a la vía económico administrativa, procediendo a liquidar los mismos, por el tiempo transcurrido desde la finalización del plazo de pago en periodo voluntario, abierto por la notificación de la resolución que puso fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el Fundamento de Derecho Quinto de la resolución que señala: (...)

La liquidación de intereses respecto a la sanción confirmada por la sentencia de la Audiencia Nacional, es la siguiente:

Magnitud a efectos del cálculo: el importe de la sanción.

Día inicial:
Día siguiente al ultimo día del plazo de ingreso en periodo voluntario, tras la notificación de la resolución del TEAC

Día final:
Día en que se debe practicar la nueva liquidación, en ejecución del fallo del TEAC (fecha recepción de la resolución mas 15 días).

Tipo de interés de demora:
El vigente a lo largo del periodo en el que dicho interés de demora resulte exigible, según el articulo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Magnitud:                      
292.160,95C

Día Inicial:                            
21.6.98

Día Final:                                
01.11.05

Liquidación de Interés de demora


Hasta el 31/12/98 194 días al 7'5%.

01/01/99 a 31/12/00 731 días al 5'5%.

01/01/01 a 31/1.2/01365 días al 6'5%

01/01/02 a 31/12/03 730 días al 5'5%

01/01/04 a 31/12/04 366 días al 4,75%

01/01/05 a 01/11/05 305 días al 5%

Total intereses demora: 121.078,70 €

TERCERO.- Se acuerda la siguiente compensación según lo dispuesto en el articulo 73-1 Ley 58/2003 General Tributaria que dispone: "Asimismo se compensaran de oficio durante el plazo de ingreso en periodo voluntario las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo procedimiento de comprobación limitada o inspección o de la practica de una nueva liquidación por haber sido anulada otra anterior de acuerdo, con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 26 de esta Ley".

Deuda Tributaria según TEAC    121.078,70 €

Devolución a compensar               156.787,81€

SALDO DE LA COMPENSACIÓN 35.709,11€

CUARTO. -Procede practicar dicha devolución de ingresos indebidos junto con sus correspondientes intereses a favor del obligado tributario, según lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 58/2003 General Tributaria que dispone: "1. La Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o a los sucesores de unos y otros, los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el Tesoro Publico con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones, conforme a lo establecido en el articulo 221 de esta ley"

Magnitud: 35.709,11€

Día Inicial: 28.03.06 (Fecha que se acuerda la compensación)

Día Final: Fecha de ordenación del pago

Tipo: El vigente en cada periodo".

         UNDECIMO.- Disconforme con el acto de ejecución, la entidad interpuso el presente incidente contra el mismo en el que, en síntesis, plantea que no procede liquidar intereses de demora, dado que la resolución dictada por el TEAC anulaba la liquidación de intereses de demora sin distinción alguna, esto es, sin excluir los intereses devengados durante la sustanciación de la vía contencioso-administrativa.

                                             FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La presente reclamación económico-administrativa ha sido promovida en tiempo y forma por persona legitimada para hacerlo y este Tribunal Económico-Administrativo Central es competente para conocerlo de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Procedimiento para las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, aplicable a este procedimiento.

La cuestión a resolver por este Tribunal Central en el presente incidente de ejecución sería la posible nulidad de la liquidación de los intereses de demora dictada sobre la sanción interpuesta, conforme a lo previsto en la resolución de la que deriva el acto de ejecución impugnado.

SEGUNDO.-
Del contenido del fundamento de derecho quinto de la resolución ejecutada se infiere claramente la procedencia de liquidar intereses suspensivos a partir del fin de la vía administrativa. El artículo 212 de la Ley General Tributaria de 2003 únicamente excluye de exigir intereses el tiempo que transcurre hasta "la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa", pero a partir de dicho momento no existe ninguna restricción a la exigencia de intereses de demora sobre las sanciones, por lo que no podemos estimar la pretensión de la reclamante sobre este asunto.

TERCERO.- No obstante, a la vista de la nueva liquidación de intereses practicada en el acto de ejecución dictado y dadas las atribuciones que la legislación nos otorga en el sentido de poder conocer sobre todas las cuestiones que se deriven del expediente objeto de revisión, hayan sido o no invocadas en el procedimiento, debemos pronunciarnos sobre la legalidad de la liquidación efectiva de los intereses llevada a cabo en el mencionado acto. En concreto, en cuanto a la fecha de inicio del devengo de los intereses de demora.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado recientemente el Tribunal Supremo en su Sentencia de 7 de marzo de 2005 que, si bien es desestimatoria del recurso de casación número 715/1999 interpuesto por el Abogado del Estado, no podemos obviar que supone un importante paso en cuanto a la aclaración de todas las cuestiones relacionadas con el devengo de intereses de demora liquidados sobre las sanciones tributarias, tanto en relación con las disposiciones contenidas en la Ley General Tributaria de 2003 como con la legislación anterior a su entrada en vigor realizando una interpretación "ex post facto" en base al espíritu del legislador expresado en la nueva Ley.

En relación con el expediente que nos ocupa, debemos destacar lo manifestado por el Alto Tribunal en la mencionada Sentencia en cuanto a tres cuestiones: en primer lugar, la ejecutividad de la sanciones tributarias; en segundo lugar, el momento en el que se debe entender finalizada la vía administrativa; y, por último, las normas que deben inspirar la liquidación de intereses de demora girados sobre las sanciones.

La concreción de la primera de las cuestiones, esto es, de la ejecutividad de las sanciones tributarias acordadas, queda perfectamente aclarado en el apartado a) del punto 3 del artículo 212 de la nueva Ley General Tributaria, que dispone lo siguiente: "3. La interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción producirá los siguientes efectos: a) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en período voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa".

Por tanto, cabe concluir que un contribuyente tiene derecho, con ocasión de la interposición del correspondiente recurso o reclamación administrativa, a que se suspenda el ingreso de la deuda tributaria, siempre que aporte las garantías exigidas por la normativa vigente, a menos que, de acuerdo con la misma, proceda la suspensión sin garantía, como es en el caso de las sanciones. No obstante, cuando el contribuyente interponga recurso contencioso-administrativo, la suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha suspensión.

En relación con las sanciones tributarias (cuya imposición se realizará mediante un expediente distinto e independiente), su ejecución quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativa que contra aquéllas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa. Al respecto, el Tribunal Supremo, en el Fundamento de Derecho Quinto apartado D) de la sentencia establece que:

"en relación con la frase con que terminan la mayoría de dichos artículos: «sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes -las sanciones, se entiende- en la vía administrativa», consistente, partiendo, aun -a pesar de la dicción literal de las normas-, de la inejecutividad inicial de las sanciones tributarias, en declarar que las referidas sanciones deben quedar suspendidas de forma automática hasta que no haya pronunciamiento jurisdiccional -incluso, por sentencia- sobre su validez y oportunidad (criterio este que es el patrocinado, en su escrito de alegaciones del presente recurso casacional, por la parte recurrida, WANG -frente al parecer del Abogado del Estado, que refiere, sólo, in genere, el alcance del artículo 35 de la Ley 1/1998 a la vía administrativa o económico-administrativa, sin trascendencia en la jurisdiccional-).

Pero tal criterio ha sido superado, ya, por lo declarado al respecto en la sentencia de la citada Sección Segunda de 5 de octubre de 2004, en la que se ha tomado en consideración no sólo la propia hermeneusis de los preceptos que venimos comentando sino, en especial, la derivada de lo establecido en los artículos 212.3 y 233.1 y 8 de la nueva LGT 58/2003, de 17 de diciembre (de claro efecto retroactivo, en atención a lo que ya se sentaba en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 25/1995 (NFL002306) y en los preceptos posteriores -al ser, por su intrínseca naturaleza, más beneficiosos para los contribuyentes).
        
En efecto, tales artículos de la Ley 58/2003, establecen que "la interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción producirá el siguiente efecto: la ejecución de sanciones quedará automáticamente suspendida en período voluntario sin necesidad de aportar garantía hasta que sean firmes en vía administrativa", "si la impugnación afectase a una sanción tributaria, la ejecución de la misma quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 212", "se mantendrá la suspensión producida en la vía administrativa cuando el interesado comunique a la Administración tributaria en el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión continuará, siempre que la garantía que se hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia y eficacia, hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada", y "Tratándose de sanciones, la suspensión se mantendrá, en los términos previstos en el párrafo anterior y sin necesidad de aportar garantía, hasta que se adopte la decisión judicial".

No se está, pues, ante un supuesto de inicial inejecutividad de la sanción tributaria (como ha venido aceptándose, en varias sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera, hasta la de fecha 5 de octubre de 2004), que determina que, mientras que el órgano jurisdiccional, en la sentencia del recurso contencioso-administrativo, o en otra resolución que lo ultime, no decida sobre la virtualidad o no de la infracción imputada y de la sanción impuesta, no será factible, sin necesidad de caución, la ejecución de la misma, sino ante un caso, por imperativo legal, de suspensión de la ejecutividad (propia, esta última, inicialmente, de todo acto administrativo) de la sanción, hasta un determinado momento procesal o procedimental, (...)".

Por tanto, a la vista de lo expresado por el Tribunal Supremo, la primera conclusión que debemos extraer es que las sanciones tributarias no son inejecutivas por el mero hecho de haber sido objeto del pertinente recurso o reclamación, simplemente concurre la suspensión de su ejecución hasta que sean firmes en vía administrativa.

CUARTO.- A la vista de la conclusión anteriormente expuesta, la siguiente cuestión que conviene aclarar sería cuándo se debe entender que las sanciones son firmes en vía administrativa. Sobre esta cuestión se pronuncia el Alto Tribunal, en el apartado E), c) del Fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia en los siguientes términos:  

"la frase "sin que puedan ejecutarse -las sanciones suspendidas sin garantía, se entiende- hasta que sean firmes en vía administrativa" contenida en el artículo 35 de la Ley 1/1998 (y en los demás preceptos posteriores semejantes que hemos venido comentando) sólo puede interpretarse o bien como "«hasta que hayan causado estado en dicha vía" (y no quepa ya otro recurso administrativo o económico-administrativo), o bien, como máximo, hasta que se adopte, en la vía contencioso-administrativa, la pertinente resolución sobre la virtualidad de la suspensión que, concedida anteriormente, es instada, "ex novo", o reiterada, en la vía jurisdiccional (en la oportuna pieza separada), al amparo del artículo 122 y siguientes de la LJCA de 1956 ó 129 y siguientes de la LJCA 29/1998, pues, teniendo en cuenta, a modo de valor interpretativo "ex post facto", lo dispuesto en los artículos 212.3 y 233.1 y 8 de la LGT 58/2003, ese potencial mantenimiento de la suspensión acordada en la vía administrativa o económico-administrativa en la posterior vía contencioso-administrativa incoada (si se dan los dos condicionantes del artículo 233.8 de la citada LGT 58/2003) conservará su vigencia y eficacia, solamente, hasta que el órgano judicial adopte, en el ejercicio de su propia potestad cautelar, la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada (en el mismo recurso contencioso-administrativo), sin que pueda determinar e influir directamente en la decisión que, conforme a los criterios establecidos en la LJCA tanto de 1956 como en la 29/1998, adopte, dentro de su competencia, el Tribunal Jurisdiccional."

En consecuencia, debemos concluir que la firmeza en vía administrativa se produce cuando los actos administrativos causen estado en dicha vía o bien, cuando el órgano jurisdiccional competente se pronuncie sobre la pieza separada de la suspensión en aquellos supuestos en los que se haya ejercido el derecho a recurrir en vía jurisdiccional los actos dictados y se haya solicitado la suspensión de su ejecución.

QUINTO.- Una vez sentado lo anterior, la última cuestión a la que debemos referirnos versaría sobre la liquidación de intereses de demora sobre las sanciones. Y también sobre esta cuestión se pronuncia el Alto Tribunal en su sentencia de 7 de marzo de 2005, en concreto en el ya destacado fundamento de derecho quinto en cuyo último párrafo del apartado D) viene a concretar lo siguiente:

"Y tan es así, o sea, el que se está ante una sanción en principio ejecutable, susceptible, no obstante, de poder ser suspendida sin necesidad de caución, que el artículo 37.2 del Real Decreto 1930/1998 dispone que "las sanciones suspendidas devengarán los correspondientes intereses de demora conforme a las reglas generales, procediéndose a su cobro una vez que la sanción impuesta adquiera firmeza en vía administrativa" y que el artículo 212.3.b) de la Ley 58/2003 señala (con una redacción que en definitiva, a pesar de su poca claridad, viene a establecer lo mismo) que "no se exigirán intereses de demora -cualquiera sea el momento de su devengo, se debe entender- por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa". Devengo de intereses (con postergación de su cobro) que no sería factible si se reputara que las sanciones tributarias son, per se, y de entrada, inejecutables."

SEXTO.- Por tanto, a la vista de todo lo dispuesto en  los fundamentos de derecho anteriores, en los que hemos procedido a aplicar la opinión del Tribunal Supremo vertida en su sentencia de 7 de marzo de 2005, para evitar cualquier duda o incidente en la ejecución de nuestra resolución, debemos concluir lo siguiente: en primer lugar, que la interposición de los recursos y reclamaciones administrativos procedentes contra las sanciones tributarias originan la suspensión automática de la mismas (no su inejecutividad).

Y en segundo lugar, siendo ésta la cuestión que ha motivado esta controversia, no serán exigibles intereses de demora sobre las sanciones hasta que éstas no sean firmes en vía administrativa, entendiéndose producida dicha firmeza cuando los actos administrativos causen estado en dicha vía o bien, cuando el órgano jurisdiccional competente se pronuncie sobre la pieza separada de la suspensión en aquellos supuestos en los que se haya ejercido el derecho a recurrir en vía jurisdiccional los actos dictados y se haya solicitado la suspensión de su ejecución.

Por tanto, en el presente caso, sí son exigibles intereses de demora sobre las sanciones impuestas desde el momento en que se produce la firmeza en vía administrativa lo que aplicábamos en nuestra resolución de 28 de septiembre de 2005, al indicar la no exigencia de intereses hasta que el acto pusiera fin a la vía administrativa. Si bien, debe adaptarse la liquidación de intereses practicada en el acto administrativo de ejecución a lo dispuesto por el Alto Tribunal en cuanto al cómputo del plazo en el que se devengan.

En consecuencia, una vez sentado lo anterior y sin entrar a conocer sobre el resto de cuestiones que pudiera contener el acto administrativo por cuanto, conforme a lo ya dispuesto, la liquidación practicada no es ajustada a derecho, procede devolver al órgano administrativo el presente acto de ejecución al objeto de que dicte uno nuevo conforme a derecho.

En virtud de lo expuesto,

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, en el incidente de ejecución interpuesto por D. ..., en nombre y representación de la entidad X, S. A., como sucesora de la mercantil Y, con N.LF. n° ... y domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acto administrativo de ejecución de la Resolución del TEAC el 28 de septiembre de 2005, dictado el 28 de marzo de 2006 por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, en el que se acuerda una devolución de 35.709,11 euros más el correspondiente interés de demora. ACUERDA: estimarlo parcialmente.

Intereses de demora
Liquidación de intereses
Actos de ejecución
Ejecución de sentencia
Sanciones tributarias
Liquidaciones tributarias
Intereses de demora suspensivos
Sucesor
Ejecución de resolución judicial
Ejecución de las sanciones
Impuesto sobre el Valor Añadido
Pago en periodo voluntario
Suspensión de la ejecución
Deuda tributaria
Tipo de interés
Devengo de intereses
Liquidación provisional del impuesto
Jurisdicción contencioso-administrativa
Inspección tributaria
Extinción de deudas tributarias
Inadmision del recurso de reposición
Obligado tributario
Aval bancario
Mandato
Acta de inspección
Impuestos especiales
Sanciones pecuniarias
Aduanas
Reintegro de prestación indebida
Intereses devengados
Procedimiento sancionador
Devolución de ingresos indebidos
Obligaciones tributarias
Procedimientos Tributarios
Procedimiento de comprobación limitada
Caución
Plazos de interposición del recurso

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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