Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3638/2004 de 05 de Mayo de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 05 de Mayo de 2006
  • Núm. Resolución: 00/3638/2004

Resumen

En una reclamación económico-administrativa referida a una cuestión nueva planteada como consecuencia de la ejecución de una sentencia de la Audiencia Nacional, la normativa aplicable es la nueva LGT (Ley 58/2003) y el RPREA de 1996, en cuanto no se oponga a la misma, ya que la citada reclamación se interpuso tras la entrada en vigor el 1 de julio de 2004 de la nueva LGT, pero no había sido aprobado el nuevo Reglamento de Revisión (aprobado por el Real Decreto 520/2005). Resulta admisible la reclamación económico-administrativa, ya que se refiere a una cuestión nueva, que consiste en la liquidación de intereses sobre las sanciones, aunque también se ha interpuesto un incidente de ejecución ante la Audiencia Nacional

Descripción

En la villa de Madrid, a 5 de mayo de 2006, este Tribunal Económico Administrativo Central, en Sala, ha visto la reclamación económico-administrativa, en única instancia, promovida por DON ... y DOÑA ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra Resolución del Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Nacional de Inspección, por la que se resuelve recurso de reposición nº ... contra liquidación practicada en ejecución de Sentencia de la Audiencia Nacional de ... de 2003, en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1990 y cuantía de 97.650,42 €.

                                                      ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En su Resolución de 11 de mayo de 2001 (expediente R.G. ...) este Tribunal resolvió la reclamación interpuesta por los interesados contra la liquidación de 4 de noviembre de 1997 (expediente ...) practicada por la ONI, en el sentido de estimarla en parte, anular el acto impugnado (liquidación comprensiva de cuota, intereses de demora y sanción) y ordenar se dicte otro en los mismos términos que el anulado, con las salvedades establecidas en los Fundamentos de Derecho Tercero, Noveno y Décimo, cuyo contenido no es necesario reproducir. Recurrida esta Resolución en vía contencioso-administrativa, la Audiencia Nacional ha dictado Sentencia de ... de 2003, que estima en parte y declara que dicha Resolución económico-administrativa es nula en relación con la liquidación como incrementos de patrimonio no justificados de los ingresos en cuentas bancarias, siendo conforme a Derecho en todo lo demás.

SEGUNDO: Como consecuencia de dicha Resolución judicial, la ONI dictó acto de ejecución de sentencia ... el 18 de marzo de 2004; en él, la cuota resultante del Acta pasaba a ser, de 9.620.420 pesetas (57.819,89 €), 5.578.846 pesetas (33.529,54 €); los intereses de demora sobre la nueva cuota, se calculan por el período comprendido entre el día siguiente al término del plazo de ingreso voluntario o la devolución indebidamente obtenida (20 de junio de 1991 y 14 de enero de 1992, respectivamente, ya que concurrió en este caso tal devolución) y el día en que se debe ejecutar la Sentencia de la Audiencia Nacional (fecha de recepción más 10 días, lo que equivale al 17 de febrero de 2004). El total de intereses de demora sobre la cuota (incluida la devolución indebidamente obtenida) asciende a 36.495,94 euros.

Por otra parte, considera la Oficina Gestora que la sanción en su día impuesta, del 60 por 100, ha sido confirmada y es firme desde la fecha de la Audiencia Nacional y de ahí que proceda a cuantificar el importe subsistente de la misma, al haber variado la cuota; dicha sanción queda fijada, por tanto, en el 60 por 100 de 33.529,54 euros, es decir, en 20.117,72 euros.

Puesto que la sanción estuvo suspendida, tanto en vía económico-administrativa como contencioso-administrativa, la ONI entiende que deben calcularse intereses suspensivos sobre ella, con base en los artículos 74.12 del Real Decreto 391/1996, 61.2 de la Ley 230/1963 (redacción según la Ley 25/1995) y 37 del Real Decreto 1930/1998, con cita también del 26.1 de la Ley 58/2003. En virtud de todo ello, procede a calcular intereses suspensivos sobre la sanción desde el día siguiente al último día del plazo de ingreso en período voluntario (6-12-1997) hasta el día en que se debe ejecutar la sentencia de la Audiencia Nacional (17 de febrero de 2004), con el resultado de 7.507,22 euros.

El importe total de la deuda tributaria ascendía, por tanto, a 97.650,42 euros.

TERCERO: Los sujetos pasivos interpusieron recurso de reposición el 20 de mayo de 2004 contra la mencionada liquidación, mediante escrito en que manifestaban haber formulado incidente de ejecución ante la sección segunda de la Audiencia Nacional, por entender que aquélla no se ajusta al fallo y que, no obstante lo anterior, en la medida en que  el acuerdo procede a modificar la liquidación de intereses de demora, interponen dicho recurso de reposición. Este recurso no fue admitido por el Inspector Jefe (acuerdo de 9 de junio de 2004, notificado el siguiente día 18) por considerar que lo dictado por la ONI es un acto de ejecución de una Sentencia firme de la Audiencia Nacional y de ahí que, en cumplimiento del artículo 109 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sólo se notificara a los interesados la posibilidad de interponer incidente de ejecución ante el mismo Órgano Jurisdiccional.

CUARTO: El 6 de julio de 2004 los contribuyentes presentan escrito ante la Agencia Tributaria en que manifiestan interponer reclamación económico administrativa contra la Resolución en la que se declara inadmisible el recurso de reposición. Abierto en este Tribunal Central el trámite de alegaciones, manifiestan haber formulado incidente de ejecución ante la Sala Segunda de la Audiencia Nacional en virtud del citado artículo 109, por entender que la liquidación girada no se ajusta al fallo, y que, por considerar que ésta es contraria a Derecho, han interpuesto la presente reclamación económico-administrativa, formulando a continuación alegaciones en el sentido de entender improcedentes los intereses de demora calculados sobre la sanción y además, en relación con los calculados sobre la cuota, que éstos deben extenderse al mismo período que los inicialmente liquidados.

                                                           FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Aunque el acto impugnado en la presente reclamación es la resolución del recurso de reposición que acordó la inadmisión de éste, entiende este Tribunal que, por razones de economía procedimental, conviene determinar, ante todo si esta reclamación es o no admisible -dada la existencia, según afirman los reclamantes, de incidente de ejecución ante la Audiencia Nacional sobre el mismo acto administrativo que constituye el objeto de la presente reclamación- y, en caso afirmativo, si la liquidación impugnada es conforme a Derecho.

SEGUNDO: El artículo 111 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico Administrativas, de 1 de marzo de 1996, al regular los recursos contra los actos de ejecución de las Resoluciones, distinguía dos posibilidades. En primer lugar, la disconformidad del interesado con los actos de ejecución por considerar que éstos no se acomodan a lo resuelto, caso que podemos identificar como incidente de ejecución; y en segundo término, el supuesto en que el acto de ejecución plantease cuestiones nuevas. Esta distinción era fundamental en sus efectos o consecuencias: en el primer caso, procedía poner aquella disconformidad en conocimiento del Tribunal que conoció en primera o única instancia para que éste adoptase las medidas pertinentes; el tiempo invertido en este trámite no era computable para los plazos de interposición de los recursos pertinentes; en el caso de las cuestiones nuevas, no resueltas, cabía impugnación económico-administrativa respecto de las mismas. Es decir, que un mismo acto de ejecución era susceptible de presentar dos tipos de cuestiones, según se tratara de la simple discordancia con lo resuelto o de nuevas controversias.

Este régimen ha sido sustituido por el hoy vigente, establecido por la Ley General Tributaria 58/2003 y su Reglamento de Revisión en vía Económico administrativa. Según él, ha desaparecido la anterior alternativa y ahora todo supuesto de disconformidad del interesado con el nuevo acto que se dicte en ejecución de la resolución económico administrativa, ha de encauzarse en el incidente de ejecución regulado en el artículo 68 del nuevo Reglamento, desapareciendo así  la preexistente dualidad. Precisamente esta dualidad es lo que permitía concluir que, siendo dos las vías para oponerse al acto de ejecución, cabe interponer tanto el incidente de ejecución como la reclamación por cuestiones nuevas ante el órgano respectivamente competente (aunque el Reglamento de 1996 parecía decantarse por un orden temporal entre ambas al establecer que el tiempo invertido en  el trámite del incidente no había de computarse para los plazos de interposición de la reclamación por cuestiones nuevas). Hoy, en cambio, la compatibilidad de ambos órdenes impugnatorios carece de la expresada apoyatura.

La cuestión se complica si tenemos en cuenta que el escrito que motiva este expediente fue presentado por los contribuyentes el 6 de julio de 2004, es decir, pocos días después de que entrara en vigor la Ley 58/2003, General Tributaria, cuyos artículos 226 a 248 se dedican a las reclamaciones económico administrativas; al no quedar regulado en ellos la ejecución de las Resoluciones, siguió vigente en esta materia el Reglamento Procedimental de 1 de marzo de 1996, en virtud de la Disposición Derogatoria Única de dicha Ley, que declara la vigencia de los textos reglamentarios dictados en desarrollo de los  derogados (entre ellos, la Ley 230/1963, General Tributaria) "hasta la entrada en vigor de las distintas normas reglamentarias que puedan dictarse en desarrollo de esta Ley". El vigente Reglamento de Revisión Económico-administrativa no se dictó hasta el 13 de mayo de 2005 y de ahí que al presente procedimiento haya de aplicarse el anterior, de 1 de marzo de 1996, vigente al iniciarse aquél.

TERCERO: Una vez centrada la cuestión de qué normativa ha de aplicarse en este caso, constituida por la Ley 58/2003 y el Reglamento de Procedimiento de 1 de marzo de 1996, volvemos a los preceptos de éste que, por lo razonado anteriormente, llevan a admitir la compatibilidad entre las dos formas de impugnación, es decir, el incidente y la nueva reclamación económico-administrativa y de ahí que, aún habiéndose interpuesto el primero ante la Audiencia Nacional, según reconocen los propios interesados, haya de admitirse la presente reclamación.

CUARTO:
Por tanto, las cuestiones que deben resolverse son las siguientes: primera, procedencia de calcular los intereses de demora sobre la cuota por período superior al que sirvió de base a la liquidación inicialmente practicada, que ha sido sustituida por otra nueva; y segunda, si los intereses suspensivos sobre la sanción son conformes a Derecho.  

QUINTO: Respecto del primer punto controvertido, mantienen los reclamantes que, en caso de estimación parcial como el que nos ocupa, con anulación de la liquidación inicialmente practicada, para su sustitución por otra, los intereses de demora sólo pueden extenderse hasta la fecha de la primera de ambas liquidaciones, porque su devengo, a cargo del contribuyente, entre dicho momento y la fecha de la segunda liquidación implicaría exigirlos sin que concurra el presupuesto de la "mora debitoris"; el retraso está motivado por la Administración tributaria, que practicó mal una liquidación y de ahí que, según los interesados, no proceda su exigencia por el nuevo plazo. Pues bien, esta cuestión ha sido ya objeto de pronunciamiento por parte de este Tribunal Central (Resolución de 6-10-2000, R.G. 8002-99), basado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1997, dictada en recurso de casación en interés de Ley y, por tanto, con valor de doctrina legal. En ella, el Alto Tribunal ha considerado que "cuando se anula un acto administrativo de liquidación (...) al practicar la nueva liquidación, procederá  exigir intereses de demora del artículo 58.2.b) de la Ley General Tributaria, girados sobre la cuota liquidada de nuevo y calculados por el período de tiempo que media desde el día siguiente a la terminación del plazo de presentación de la declaración-autoliquidación hasta la fecha en que se entiende practicada la nueva liquidación". Los "intereses de demora del artículo 58.2.b) de la Ley General tributaria" a que se refiere esta Sentencia son, evidentemente, los comprendidos en la deuda tributaria y contrapuestos, por tanto, a los suspensivos. En aplicación de dicha doctrina ha de confirmarse en este punto el acto de ejecución dictado por la Oficina gestora, que determina los intereses de demora por el plazo comprendido entre el día siguiente al último hábil para el ingreso voluntario o a la devolución indebidamente obtenida y el día en que se debe ejecutar la Sentencia de la Audiencia Nacional, es decir, aquél en que debe practicarse la nueva liquidación.

SEXTO: La segunda cuestión planteada se refiere a si son o no procedentes los intereses suspensivos sobre la sanción, que no fue ingresada, sino suspendida. El Tribunal Supremo, en Sentencia de 4 de febrero de 2002, que recoge la jurisprudencia sentada en Sentencias de 29 de octubre de 1999, 12 de junio y 22 de julio de 2000 y 18 de septiembre de 2001, de una forma explícita, se decanta por la improcedencia de liquidación de intereses de demora en los supuestos de suspensión de sanciones. Se basa en Alto Tribunal en que si, en virtud del artículo 35 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes las sanciones tributarias impugnadas no pueden ejecutarse sino hasta que sean firmes en vía administrativa, no cabe que la Administración exija intereses suspensivos, como compensación de algo sobre lo que no podía disponer. La aplicación de esta doctrina al caso presente lleva a estimar la reclamación en este punto, al ser improcedentes los intereses suspensivos liquidados.

POR LO EXPUESTO,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en la reclamación económico-administrativa, en única instancia, interpuesta por DON ... y DOÑA ..., contra Resolución del Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Nacional de Inspección, por la que se resuelve recurso de reposición nº ... contra liquidación practicada en ejecución de Sentencia de la Audiencia Nacional de ... de 2003, en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1990, ACUERDA: Estimar en parte la reclamación interpuesta y ordenar la anulación del acto de ejecución impugnado, que deberá ser sustituido por otro en el que se eliminen los intereses suspensivos sobre la sanción, que por importe de 7.507,22 euros se incluyen en el mismo, permaneciendo idéntica la cuota, a la que se añadirán los correspondientes intereses, y la sanción.

Intereses de demora
Actos de ejecución
Ejecución de sentencia
Liquidación de intereses
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Cuentas bancarias
Deuda tributaria
Sentencia firme
Jurisdicción contencioso-administrativa
Liquidación girada
Declaraciones-autoliquidaciones
Sanciones tributarias

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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