Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3642/2003 de 29 de Marzo de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 29 de Marzo de 2007
  • Núm. Resolución: 00/3642/2003

Resumen

Se desestima el incidente de ejecución, ya que la liquidación ejecuta correctamente la resolución, al no incluir la regularización del ejercicio respecto del cual no se han iniciado las actuaciones inspectoras, manteniendo el resto de los actos no afectados por la anulación, sin que se incurra en reformatio in peius, pues la liquidación arroja una cuota total inferior a la originariamente liquidada, aunque la deuda total sea superior debido a la cuantía de los intereses de demora liquidados, que también se han calculado correctamente. En cuanto a la alegación relativa a que se ha incumplido el plazo de un mes para la notificación de la ejecución de la resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 66.2 del Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa (R.D. 520/2005), según el artículo 63.3 de la Ley 30/1992 la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto, cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, lo que no concurre en el presente supuesto.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 29 de marzo de 2007, en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico Administrativo Central, en Sala, promovida por D.ª ... con domicilio a efecto de notificaciones en ..., contra liquidación nº ... practicada por la Dependencia de Inspección de la Delegación Especial de ... de fecha 25 de abril de 2006, en ejecución fallo de este Tribunal Económico-Administrativo Central de 14 de octubre de 2005, relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, período 1995-1996-1997-1998.

                                                   ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO: Con fecha 13 de julio de 2000, los servicios de Inspección de los Tributos del Estado dependientes de la Delegación Especial de ..., instruyeron a la hoy reclamante, Acta de disconformidad, modelo A.02, núm. ... por el concepto impositivo, y períodos citados, y en la que se propone un incremento de la base imponible como consecuencia de la imputación de rentas procedentes de la entidad ..., S.L., de la que era socia, pues dicha entidad debía tributar por el régimen de transparencia fiscal y a la que le fue también incoada acta de disconformidad en fecha 7 de abril de 2000 por el Impuesto de Sociedades ejercicios 1994-95-96 y 97; que, se formula propuesta de liquidación por importe de 222.268,01 €.(36.982.285 pts) comprensiva de cuota e intereses de demora. Posteriormente, una vez emitido el preceptivo informe por el actuario, y presentadas las alegaciones por la interesada, el Inspector jefe dicta acuerdo de liquidación, notificado con fecha 4 de diciembre de 2000, confirmando la propuesta contenida en el acta.

        SEGUNDO: Contra dicho acuerdo fue interpuesta reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., solicitando la nulidad del acto impugnado presentando alegaciones relativas a, en síntesis : 1) Que la liquidación practicada debe ser calificada como nula de pleno derecho por cuanto que se ha dictado prescindiendo total y absolutamente el procedimiento en base a que debió ser definitiva y no provisional por cuanto que cuando se incoó el Acta al ahora reclamante ya se había producido la liquidación tributaria respecto de la entidad ..., S.L., no teniendo por tanto cobertura normativa la posibilidad de incoar acta previa; 2) que la imputación de las rentas por la entidad transparente a los socios puede hacerse por opción a la fecha del cierre del ejercicio social de la entidad participada; El Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., acordó, en primera instancia, en resolución de 28 de abril de 2003, estimar en parte la reclamación interpuesta anulando la liquidación impugnada, debiéndose emitir otra con carácter de definitiva en la que la imputación de las bases imponibles y demás elementos tributarios de la sociedad transparente se realice en el ejercicio de cierre de cuentas de ésta.

TERCERO: Mediante escrito de 30 de junio de 2003, la interesada interpuso recurso de alzada contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional, cuya fecha de notificación es de 14 de junio anterior, según consta en el expediente, alegando, en síntesis, que como la liquidación impugnada se anula (pues se estima también la segunda de las pretensiones del contribuyente, reconociendo el derecho del contribuyente a que el rendimiento de la transparente se impute en el momento de cierre de cuentas, y no en el ejercicio siguiente), no tiene sentido alguno "reconocer" el carácter definitivo de la liquidación anulada pues si se anula, ni es provisional ni es definitiva, sino simplemente inválida, por tanto, tratándose de una nueva imputación, de una cantidad distinta a la que se imputó en la liquidación anulada, habrá de otorgarse un nuevo plazo para alegaciones al acta con carácter previo a la liquidación; en segundo lugar, alega cuestiones relativas a la sociedad transparente y en concreto, la relativa al propio carácter de trasparente de la sociedad y la prescripción del derecho a liquidar a la entidad por el transcurso de mas de 12 meses en el procedimiento inspector.

        CUARTO: Que este Tribunal Central, mediante resolución de fecha 14 de octubre de 2005, acordó estimar en parte la reclamación interpuesta manifestando que, el Tribunal de instancia debió, en su fallo, anular la liquidación sin mas, ya que, una vez anulada la liquidación por cambio del criterio de imputación de bases, implica su imputación a otro ejercicio e hipotéticamente con bases distintas a las que ahora se imputa, por lo que resulta improcedente ordenar una nueva liquidación que afectaría a otro ejercicio que no está sometido a su conocimiento y que no se ventila en este procedimiento. Todo ello sin perjuicio de que la propia Inspección pueda iniciar, en su caso, un nuevo procedimiento inspector respecto del ejercicio correspondiente y derivado del nuevo criterio de imputación.

        QUINTO: Que en ejecución de la citada resolución, la Dependencia de Inspección dicta nueva liquidación en la que se manifiesta que:

"De la lectura conjunta de las resoluciones anteriormente citadas dictadas por el TEAR de ... y el TEAC, se desprende la imposibilidad de la Oficina Gestora para, en ejecución de sentencia, dictar una liquidación tributaria correspondiente a un ejercicio ajeno al presente procedimiento. En concreto, dada la estimación del TEAR de ... relativa al cambio de criterio de imputación de bases imponibles positivas y demás elementos tributarios correspondientes a entidades sometidas al régimen de transparencia fiscal, la práctica de una nueva liquidación considerando la totalidad de los datos regularizados por la inspección supondría la regularización de un ejercicio, el 1994, ejercicio éste respecto del cual no se han iniciado las actuaciones inspectoras. Por lo tanto, los únicos períodos impositivos a considerar en la nueva liquidación que se practique serán los objeto del presente procedimiento, esto es, 1995, 1996, 1997 y 1998". Dando lugar a una deuda tributaria por importe de 221.162,84 euros de los que 166.848,08 euros corresponden a la cuota y 54.314,76 euros a intereses de demora.

        SEXTO: Contra el anterior acuerdo, notificado el 12 de mayo de 2006, la interesada interpone reclamación económica-administrativa ante este Tribunal Central mediante escrito de 18 de mayo siguiente, alegando en defensa de su derecho: 1) la improcedencia de la práctica de nueva liquidación debido a que este Tribunal Central en su resolución de 14 de octubre de 2005, acordó estimar parcialmente el recurso de alzada, y en el que se manifestaba que, una vez anulada la liquidación por cambio del criterio de imputación de bases resultaba improcedente ordenar una nueva liquidación por parte del Tribunal Regional. Que, en consecuencia, no procede la práctica de una nueva liquidación, sino que la Oficina Técnica debió limitarse a anular la liquidación y ordenar la devolución de la cantidad ingresada con lo correspondientes intereses de demora desde la fecha del ingreso; 2) que se ha incumplido el plazo de un mes previsto en el art. 66.2 del RD 520/2005 para la ejecución del fallo; y 3) que la ejecución incurren en reformatio in peius para dos de los ejercicios como son el 1995 y 1996, así como la cifra global de todos ingresada por todos los conceptos y ejercicios que ascendió a 222.268,01 euros., y que existe error en el cálculo de los intereses de demora.

                                                    FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO
: Concurren en el presente expediente los requisitos de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y del órgano que dictó el acto impugnado, para conocer del mismo, legitimación e interposición dentro de plazo hábil, que son presupuestos básicos para la admisión a trámite de esta reclamación, siendo las cuestiones que plantean la resolución de este expediente: 1º) determinar la procedencia de la liquidación practicada en ejecución del Acuerdo de este Tribunal Central; 2º) la procedencia de los intereses de demora liquidados;

        SEGUNDO: Por lo que respecta a la primera cuestión, el Tribunal Económico Administrativo Regional de ..., acordó, en primera instancia, en resolución de 28 de abril de 2003, estimar en parte la reclamación interpuesta anulando la liquidación impugnada, debiéndose emitir otra con carácter de definitiva en la que la imputación de las bases imponibles y demás elementos tributaros de la sociedad transparente se realice en el ejercicio de cierre de cuentas de ésta, que este Tribunal Central en resolución de 14 de octubre de 2005, acordó estimar en parte la reclamación interpuesta manifestando que, el Tribunal de instancia debió, en su fallo, anular la liquidación sin más, ya que, una vez anulada la liquidación por cambio del criterio de imputación de bases, implica su imputación a otro ejercicio e hipotéticamente con bases distintas a las que ahora se imputa, por lo que resulta improcedente ordenar una nueva liquidación que afectaría a otro ejercicio que no está sometido a su conocimiento y que no se ventila en este procedimiento. Todo ello sin perjuicio de que la propia Inspección pueda iniciar, en su caso, un nuevo procedimiento inspector respecto del ejercicio correspondiente y derivado del nuevo criterio de imputación. Que la Inspección en ejecución de fallo practica nueva liquidación, en la que, la imputación de las bases imponibles y demás elementos tributarios de la sociedad transparente se realiza en el ejercicio de cierre de cuentas de ésta, de tal suerte que no incluye la regularización del ejercicio 1994, y respecto de los demás ejercicios aplica el nuevo criterio de imputación:  
                               
Imputación anulada                    Nueva imputación

        1995                      8.158.048                                       13.150.934

        1996                    13.150.934                                       21.423.005

        1997                    21.423.005                                        19.234.410

        1998                    19.234.410                                                        0

Que de la aplicación del citado criterio se practica nueva liquidación
                                 
Imputación anulada                    Nueva imputación

        1995                     4.059.465                                       7.172.654

        1996                     7.145.249                                     11.865.062

        1997                   11.964.860                                        8.815.805

        1998                     8.816.501                                                      0

        Total  1.986.075 pts (192.240,18 €) 27.853.521 pts (167.403,03 €)

Que en el art. 66.3 del RD 520/2005, de 13 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Revisión en vía administrativa, se establece que "Cuando se resuelva sobre el fondo del asunto y en virtud de ello se anule total o parcialmente el acto impugnado, se conservarán los actos y trámites no afectados por la causa de anulación, con mantenimiento íntegro de su contenido". De ello se deriva que, precisamente la Inspección en la nueva liquidación ha acatado lo dispuesto por este Tribunal en su resolución de 14 de octubre de 2005, al no incluir la regularización del ejercicio 1994, ejercicio éste respecto del cual no se han iniciado las actuaciones inspectoras, y que no se ventila en este procedimiento, manteniendo el resto de los actos no afectados por la anulación. Por lo que procede declarar conforme a derecho la liquidación practicada, y que no incurre en reformatio in peius pues la liquidación anulada arroja una cuota total inferior a la originariamente liquidada, aunque la deuda total sea superior pero ello es debido a la cuantía de los intereses de demora liquidados.

TERCERO: Por lo que se refiere a la cuestión relativa al cálculo de los intereses de demora, el articulo 58.2 de la Ley General Tributaria, aprobada por Ley 58/2003, de 17 de diciembre, establece: "2. Además, la deuda tributaria estará integrada, en su caso, por: a) El interés de demora...". Por su parte, el artículo 26.6 de la misma Ley señala que: "6. El interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente".

Por su parte, el artículo 26.5 de la misma Ley General Tributaria señala: "En los casos en que resulte necesaria la práctica de una nueva liquidación como consecuencia de haber sido anulada otra liquidación por resolución administrativa o judicial, se conservarán íntegramente los actos y trámites no afectados por la causa de anulación, con mantenimiento íntegro de su contenido, y la exigencia del interés de demora sobre el importe de la nueva liquidación. En estos casos, la fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido en al apartado 2 de este artículo, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación, sin que el final del cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución". Que en la liquidación practicada el cálculo de los intereses de demora se ha efectuado teniendo en cuenta como fecha inicial, el último día de plazo voluntario de pago, y la fecha límite de devengo, el 30 de octubre de 2005, fecha final del plazo máximo para ejecutar la resolución, de conformidad con el artículo 110.2 del Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico administrativas vigente cuando se dicta la resolución que se ejecuta, y aplicando los tipos vigentes a lo largo del período del devengo según leyes de Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, dado que la reclamante ingresó en su día la deuda anulada, en la nueva liquidación se reconoce al sujeto pasivo el derecho al reconocimiento de los intereses de demora devengados por toda la cuantía de ingreso indebido realizado desde la fecha en que se realizó dicho ingreso (5 de enero de 2001), hasta la fecha en la que, por el órgano de recaudación se acuerde la correspondiente orden de pago. Por lo que procede declarar conforme a derecho la actuación de la Inspección.

CUARTO: Por último, respecto de la alegación relativa a que se ha incumplido el plazo de un mes para la notificación de la ejecución de la resolución conforme a lo dispuesto en el art. 66.2 del  RD 520/2005, "2. Los actos resultantes de la ejecución de la resolución de un recurso o reclamación económico-administrativa deberán ser notificados en el plazo de un mes desde que dicha resolución tenga entrada en el registro del órgano competente para su ejecución.

Los actos de ejecución no formarán parte del procedimiento en el que tuviese su origen el acto objeto de impugnación".

Que el artículo 105,2 de la Ley General Tributaria, establece que "la inobservancia de plazos por la Administración no implicará la caducidad de la acción administrativa, pero autorizará a los sujetos pasivos para reclamar en queja", autorizando el artículo 106 del mismo texto legal a reclamar en queja "contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización del procedimiento, infracción de los plazos señalados u omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto". Asimismo, el artículo 63,3 de la Ley 30/1992 dispone que "la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto, cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo", condición que no concurre en el presente supuesto.

        POR LO EXPUESTO

        ESTE TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso interpuesto por D.ª ..., contra liquidación nº ... practicada por la Dependencia de Inspección de la Delegación Especial de ... de fecha 25 de abril de 2006, en ejecución fallo de este Tribunal Económico-Administrativo Central de 14 de octubre de 2005, relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, período 1995-1996-1997-1998. ACUERDA: desestimar el recurso interpuesto.

Intereses de demora
Sociedades transparentes
Acta de disconformidad
Reformatio in peius
Sociedad de responsabilidad limitada
Imputación de rentas
Procedimiento inspector
Liquidaciones tributarias
Revisión en vía administrativa
Actuación administrativa
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Inspección tributaria
Impuesto sobre sociedades
Liquidación provisional del impuesto
Entidad participada
Cierre del ejercicio social
Deuda tributaria
Fecha de notificación
Base imponible positiva
Ejecución de sentencia
Período impositivo
Ejecución de resolución judicial
Presupuestos generales del Estado
Fondo del asunto
Interés legal del dinero
Orden de pago
Ingresos indebidos
Actos de ejecución
Resolución definitiva
Caducidad de la acción
Omisión
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