Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3659/2005 de 27 de Septiembre de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 27 de Septiembre de 2006
  • Núm. Resolución: 00/3659/2005

Descripción

En la Villa de Madrid, a 27 de septiembre de 2006 en las reclamaciones económico administrativas que penden ante este Tribunal Central, en Sala, interpuestas por D. ..., en nombre y representación de la entidad ..., S.A., con N.I.F. n° ... y domicilio a efectos de notificaciones en ..., la primera, con R.G. 3659-05, contra el acuerdo de liquidación dictado el 30 de agosto de 2005 por el Inspector Jefe Adjunto Jefe de la Oficina Nacional de Inspección de ... de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (en adelante AEAT), correspondiente al IVA de los ejercicios 1999, 2000 y 2001 por importe de 17.030,08 euros; y la segunda reclamación, con R.G. 0382-06, contra el acuerdo de imposición de sanciones de fecha 23 de noviembre de 2005 derivado de las actuaciones inspectoras anteriores, siendo el importe de la sanción 10.516,74 euros.

                                                      ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 22 de julio de 2003 se iniciaron por parte de la Oficina Nacional de Inspección de la AEAT actuaciones de comprobación e investigación de carácter general en relación con la entidad reclamante.

Durante el curso de las actuaciones inspectoras, previa propuesta del inspector actuario y del plazo legal para efectuar alegaciones, el inspector jefe adjunto jefe de la ONI dictó el 12 de julio de 2004 acuerdo de ampliación del plazo de duración de las actuaciones inspectoras en otros 12 meses, amparado por el artículo 29 de la Ley 1/1998 y el reglamento General de la Inspección de los Tributos de 1986 (RGIT).

Como resultado de las actuaciones el 6 de junio de 2005 se incoaron diversas actas, entre ellas la de disconformidad referida al IVA n°. ... por los periodos comprendidos entre julio de 1999 a diciembre de 2001, que es el origen de este procedimiento. Finalmente, el 30 de agosto de 2005 se dictó acto administrativo de liquidación en el que la inspección practicaba la correspondiente regularización en relación con el IVA y los ejercicios 1999, 2000 y 2001 resultando una deuda a ingresar por importe de 17.030,08 euros, compuesto por una cuota de 13.173,61 euros y unos intereses de demora de 3.856,47 euros.

De los datos obrantes en el expediente y a efectos de resolver las controversias planteadas por la parte actora en esta vía de revisión, debemos destacar los hechos y circunstancias que se exponen en los antecedentes siguientes:

SEGUNDO.- En relación con el inicio de las actuaciones inspectoras y, en concreto, respecto del IVA, debemos destacar que la comunicación de inicio de las actuaciones inspectoras es de fecha 21 de julio de 2003, notificada a la entidad el siguiente 22 de julio de 2003. En ella se indicaba lo siguiente: "Las actuaciones inspectoras tienen carácter general, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento General de los Tributos". Igualmente se expresaba en la comunicación que el objeto de las mismas, además de los conceptos tributarios y periodos especificados, también se extendía a la comprobación, de:

"- Hechos imponibles devengados hasta el 31 de diciembre de 2002, acaecidos en períodos nos prescritos.

            - Cualquier otro tributo del que resulte ser obligado tributario, sin perjuicio en todos los casos, de su extensión a otros ejercicios no prescritos".

Por otra parte, en diligencia de 20 de noviembre de 2003 el actuario solicitó de la entidad: "2) ... la aportación para la próxima visita de los ficheros informáticos que contienen los datos correspondientes a los libros registro de IVA, en formato hoja de cálculo, para los ejercicios en comprobación".

En la diligencia de 4 de diciembre de 2003 se hizo constar que: "1) Se ha puesto a disposición de la Inspección, en soporte papel, los libros registro de IVA, facturas emitidas y facturas recibidas, correspondientes a los ejercicios en comprobación. Con relación a los ficheros informáticos que contienen los datos registro de IVA mencionados, ...".

Mediante comunicación de 13 de enero de 2004, notificada el siguiente 15 de enero, el alcance de las actuaciones fue objeto de la posterior precisión siguiente: "La presente comunicación ... tiene por objeto precisar el contenido de la de fecha 21 de julio de 2003, ...

En la comunicación de referencia, ..., no se hace mención expresa al impuesto sobre el Valor Añadido, omisión que queda subsanada por la referencia efectuada en la página 2 de la Comunicación a que las actuaciones inspectoras, de carácter General, como se hace constar en la misma, se extienden a: "Cualquier otro tributo del que resulte ser obligado tributario, sin perjuicio en todos los casos, de su extensión a otros ejercicios no prescritos".

No obstante lo anterior, debe precisarse el periodo o períodos a que se extienden las actuaciones inspectoras cerca del mencionado concepto impositivo por lo que se pone en conocimiento de la entidad que las actuaciones inspectoras por el impuesto sobre el Valor Añadido, mediante actuación de tipo General, comprenden a los periodos no prescritos del ejercicio 1999, iniciados a partir del 1 de Julio de dicho año, así como a los correspondientes del ejercicio 2000 y 2001".

TERCERO.- En relación con las dilaciones imputables al contribuyente, debe destacarse que en el expediente constan dos diligencias fechadas el 13 de agosto de 2003, y el 18 de diciembre de 2003 en las que la entidad solicita la suspensión de las actuaciones inspectoras durante un periodo tasado, bien por razones de orden interno en la primera de ellas; bien con motivo de las vacaciones de Navidad, en la segunda. El actuario recogió sendas solicitudes, dejando constancia en las diligencias de su conformidad y de la advertencia de que dicho periodo se considera dilación imputable al contribuyente.

CUARTO.- En cuanto a la ampliación del plazo de las actuaciones inspectoras, debemos destacar las siguientes cuestiones:

El actuario inició el 15 de junio de 2004 el procedimiento para ampliar en otros doce meses -ex. arts. 29 de la Ley 1/1998 y del R.G.I.T.- el plazo de duración de las actuaciones, mediante comunicación en la que actuario expuso las circunstancias que había apreciado en orden a tal propuesta de ampliación de plazo. En la citada comunicación, que fue notificada el 16 de junio de 2004 a la entidad, se le concedió a ésta un plazo de diez días para que alegara lo que considerara oportuno. La entidad, en dicho plazo no presentó alegación alguna oponiéndose a tal propuesta del actuario. Luego, el actuario, mediante escrito de 7 de julio de 2004, se dirigió al Inspector Jefe Adjunto a un Jefe de la O.N.I. trasladándole su definitiva propuesta de ampliación de plazo.

Finalmente, el 12 de julio de 2004 el Inspector Jefe Adjunto al Jefe de la O.N.I. dictó un acuerdo, notificado a la entidad el siguiente 19 de julio, mediante el que resolvió: "Acordar la ampliación por otros doce meses más el plazo de las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación, las cuales deberán concluir en el plazo máximo de 24 meses a contar desde fa fecha de notificación del inicio de las mismas, es decir, desde el 22 de julio de 2003 relativas a los siguientes conceptos tributarios y períodos: Impuesto sobre el Valor Añadido. En los términos de la Comunicación efectuada por el actuario en fecha 15 de enero de 2004: Períodos no prescritos del ejercicio 1999 y ejercicios 2000 y 2001. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en los artículos 29.2 de la Ley 1/1998 de 26 de febrero y 31 bis del Reglamento General de la Inspección ...".

Motivando tal resolución, el Inspector Jefe Adjunto al Jefe de la O.N.I. consideró como argumento principal para acordar la ampliación, la complejidad de las actuaciones que venía originada por el hecho de que el volumen de operaciones de la entidad fuera igual o superior al requerido para la obligación de auditar cuentas, conforme al artículo 181 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Adicionalmente se expresaron otras circunstancias que, en síntesis, serían las siguientes:

1.- La entidad sólo conservaba en formato PDF la información contable de los ejercicios que nos ocupan, pues la original manifestó haberla borrado de su ordenador en diciembre de 2002. Y como el PDF es un formato informático que, de manera directa, sólo permite la lectura de documentos, el actuario tuvo que recurrir al concurso de una Unidad de Auditoría Informática del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, para pasar dicha información al formato ACCESS, que sí permite el tratamiento y análisis de los datos contables.

2.- La documentación relativa a los clientes y proveedores de la entidad no se hallaba en las oficinas de ésta; pues la misma se contabilizaba en una oficina de aquélla "de otra empresa del grupo", donde no sólo se contabilizaba sino que se archivaba también y de forma indistinta, junto a la de ésa "otra empresa del grupo" y a las de otras más.

3.- El actuario tuvo que registrar todos los antecedentes existentes en los archivos de la Agencia Tributaria de aquellos 11 emisores de facturas; y, a partir de ahí: Ha realizado actuaciones directas con todos ellos. Ha realizado actuaciones con 17 de los que -sólo en apariencia, a juicio del actuario- fueron empleados de los emisores en los periodos regularizados. Ha tenido que hacer el seguimiento de los medios financieros que pudieran haber estado relacionados con las facturas, sus emisores y los supuestos empleados de éstos. Lo anterior ha supuesto que ha tenido que hacer actuaciones con diversas entidades financieras. Ha realizado estudios personalizados de la evolución del patrimonio de cada uno de aquellos 11 emisores. Ha tenido que realizar también actuaciones ante la Seguridad Social. Y muchas -la mayoría- de las anteriores actuaciones no podían simultanearse en el tiempo, puesto que la secuencia inexcusable ha sido, en muchos casos, constatar a posteriori la verosimilitud de una información previamente obtenida de otra fuente.

4.- El actuario, tras haber acreditado hechos que a su juicio permiten desmontar una simulación tejida por la entidad, no se ha limitado a recabar e incorporar las facturas cuyas cuotas de IVA incorporadas a las mismas considera no deducibles en el ámbito de dich

Impuesto sobre el Valor Añadido
Obligado tributario
Inspección tributaria
Intereses de demora
Omisión
Dilaciones imputables al obligado tributario
Vacaciones de navidad
Tipo general
Fecha de notificación
Proveedores
Entidades financieras

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