Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3667/2005 de 19 de Abril de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 19 de Abril de 2007
  • Núm. Resolución: 00/3667/2005

Resumen

Es incompetente el Tribunal Económico-Administrativo Central para resolver un recurso de alzada contra la resolución de un Tribunal Económico-Administrativo Regional referida a una solicitud de rectificación de autoliquidación denegada por acto presunto, pues la cuantía es la del acto, en este caso presunto, que es inferior a 150.000 euros, y no la de la pretensión, la base imponible consignada, por lo que debe devolverse el expediente al Tribunal Económico-Administrativo Regional para que efectúe una notificación correcta.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 19 de abril de 2007, visto el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico Administrativo Central, interpuesto por la entidad ..., S.A. con C.I.F.: ..., y en su nombre y representación por Don ..., con domicilio, a efectos de notificaciones, en ..., contra la Resolución dictada en fecha 27 de junio de 20005 por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., en la reclamación económico administrativa número ..., interpuesta contra la desestimación presunta de la solicitud de rectificación, presentada ante la Unidad Regional de Grandes Empresas, Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de ... de la AEAT, relativa a la autoliquidación por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002, con una cuota a devolver por -26.396,64 euros.

                                                   ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO:
El 11 de agosto de 2003, ..., S.A., solicitó, mediante la presentación del correspondiente escrito, la rectificación de la base imponible negativa consignada en la declaración-liquidación presentada, relativa al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el cual se regula el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.  

La obligada tributaria fundamenta su pretensión en el hecho de que en al autoliquidación presentada, practicó ajuste extracontable positivo por importe de 924.474,66 euros, correspondiente a la cantidad que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la entonces vigente Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, debía ser considerada como dividendo, por superar el endeudamiento neto remunerado de la entidad con su matriz residente en Alemania, el resultado de aplicar el coeficiente del 3 a la cifra de su capital fiscal.

Así, entiende la interesada, que no obstante haber practicado dicho ajuste, considera que el citado artículo 20, en su redacción en vigor al tiempo de realizarse el ajuste, era contrario a la normativa comunitaria por conculcar el principio básico de no discriminación y las libertades con él relacionadas, como son la libertad de establecimiento y la de circulación de capitales.

SEGUNDO: De los documentos y demás antecedentes que obran en el expediente, resulta que:

1.
En fecha 25 de julio de 2003, la entidad presentó autoliquidación por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002, con resultado a devolver, declarando entre otros, los siguientes datos (en euros):

        Resultado contable                                         -32.048.111,00

        
Aumentos en concepto de:
        
Amortización libre y acelarada (503)                   4.904.811,20
        Dotaciones contables a provisiones
        no deducibles fiscalmente (507)                          4.795.295,38

        Disminuciones en concepto de:

        Amortización libre y acelarada (504)                        176.67,79
        Dotaciones contables a provisiones
        no deducibles fiscalmente (508)                           2.509.923,22

        Base Imponible (552)                                        -25.034.604,43

        Retenciones e ingresos a cuenta                              26.382,22

        Pagos fraccionados                                                          14,42

Cuota diferencial a devolver                                  -26.396,64

2.
En fecha 4 de agosto de 2003, la entidad presentó escrito por el que solicitaba a la oficina gestora la rectificación de la autoliquidación presentada, y en particular, de las casillas (507) y (508) antes indicadas, a efectos de sustituir dichas cuantías por las de 6.407.110,12 euros (507), en lugar de 4.795.295,38 euros, y de 4.121.737,96 euros (508), en lugar de 2.509.923,22 euros.

Dicha rectificación fue llevada a cabo por la oficina gestora, según se desprende de los datos informáticos de la BDC aportados al expediente.

3. Posteriormente, en fecha 11 agosto de 2003, la entidad presentó otro escrito ante la oficina gestora de referencia, que es objeto del presente recurso de alzada, solicitando la rectificación de la autoliquidación presentada por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002, como consecuencia de las siguientes manifestaciones:

Que en la declaración-liquidación presentada por el ejercicio 2002 del Impuesto sobre Sociedades, en la que se consignó una base imponible negativa de -25.034.604,43 euros, se procedió a realizar un ajuste positivo al resultado contable por importe de 924.474,66 euros correspondiente a la cantidad que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 43/1995, de 27 diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, debe ser considerada como dividendo, por superar el endeudamiento neto remunerado de la sociedad con su matriz residente en Alemania, el resultado de aplicar el coeficiente 3 a la cifra de su capital fiscal.

Que no obstante lo anterior, la entidad considera que lo dispuesto en el citado artículo 20 es contrario a la normativa comunitaria por conculcar el principio de no discriminación y la libertad de establecimiento y de circulación de capitales. Por ello, los intereses que se devenguen del préstamo concedido a ..., S.A. por su matriz residente en Alemania, no deberían considerarse, en ningún caso, como dividendos, sino como un interés deducible, en las mismas condiciones que si el préstamo hubiese sido concedido por una entidad residente en el territorio español.

En consecuencia, de acuerdo con la Disposición Adicional Tercera del RD 1163/1990, de 21 de septiembre, se solicita la rectificación de la declaración del impuesto presentada, respecto de la base imponible negativa declarada, que debe ser de -25.959.079,09 euros, en lugar de 25.034.604,43 euros, como resultado de suprimir el aumento extracontable de 924.474,66 euros.

A estos efectos, la entidad alegó diversas consideraciones como argumento para tal rectificación, que son ampliamente desarrolladas, como que la normativa española sobre subcapitalización resulta incompatible con el ordenamiento comunitario por contravenir los principios de no discriminación y la libertad de establecimiento y de circulación de capitales; la eficacia directa de las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE) que instaura libertades económicas fundamentales y en aplicación de la Sentencia de 12 de diciembre de 2002 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, no procede la aplicación de dicha norma interna.

TERCERO: Transcurridos 3 meses desde la presentación del escrito de interposición, sin que la Administración resolviera sobre la solicitud presentada por la obligada tributaria, la entidad interpuso, en fecha 28 de noviembre de 2003, reclamación económico-administrativa, referenciada con el número ..., ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., contra la desestimación presunta de la solicitud de rectificación, al amparo de los artículos 38.1.b) y 116 del RD 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas (RPREA).

En fecha 8 de marzo de 2004, se notificó a la entidad, la puesta de manifiesto del expediente administrativo, presentando, con fecha 26 de marzo de 2004, el correspondiente escrito de alegaciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 90 del RPREA.

En el mencionado escrito, la interesada realizó, en síntesis, las siguientes alegaciones:

En primer lugar, la reclamante realiza una serie de alegaciones sobre la primacía y la eficacia directa de la normativa comunitaria respecto del ordenamiento jurídico interno.

Señala además que, la postura mantenida por la sociedad ha sido confirmada por el legislador español mediante la introducción de un apartado cuarto en el artículo 20 de la LIS (redacción dada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social), conforme al cual, la norma de subcapitalización no será aplicable cuando la matriz que concede el préstamo tenga su residencia en algún Estado miembro de la Unión Europea.

Que ya la jurisprudencia española, con carácter previo a la reciente modificación del artículo 20 de la LIS, había manifestado la oposición entre dicho precepto y las obligaciones de no discriminación asumidas por nuestro legislador a través de los Convenios bilaterales; en concreto, la sentencia del TSJ de Madrid de 23 de febrero de 2000, en relación con la compatibilidad entre lo previsto en el artículo 16.9 de la Ley 61/1978 (equivalente al posterior artículo 20 de la Ley 43/1995) y el artículo 25.5 del Tratado España-EEUU, relativo al principio de no discriminación.

Que sí bien es cierto, la Ley de Medidas entró en vigor con posterioridad a los hechos cuya rectificación se solicita, el interés de la reforma no reside tanto en su aplicabilidad directa al supuesto objeto de esta reclamación, como en su carácter interpretativo. La modificación del artículo 20 ha venido claramente motivada por el contenido de la sentencia del TJCE de 12 de diciembre de 2002 que declara la norma de subcapitalización alemana, esencialmente igual que la española, contraria al Derecho Comunitario.

En concreto, la Ley de Medidas no prevé un régimen transitorio, ni solución alguna respecto de los efectos producidos por la regla de subcapitalización en los ejercicios anteriores a su modificación, de tal manera que si esto es así, se estaría consagrando la existencia de efectos, en los ejercicios anteriores a la entrada en vigor de la reforma, no queridos por el legislador comunitario.

Finalmente, solicita que "teniendo en cuenta dichas alegaciones, y conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 1163/1990, ordene a la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas, Delegación de Especial de ..., la rectificación de la declaración-liquidación presentada del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2002 a la que se hace referencia en el expositivo primero, modificándose el importe de la base imponible negativa del citado ejercicio en los términos expuestos en la alegación tercera, debiendo ascender la misma a un importe de -25.957.079.09 euros".

        CUARTO: El día 27 de junio de 2005, el Tribunal Regional de ..., dictó resolución, acodando, en primera instancia, desestimar la reclamación presentada y confirmar la denegación presunta de la solicitud de rectificación de autoliquidación.

En su resolución, el TEAR consideró, en su fundamento de derecho cuarto, que "revisado el expediente, se observa que en la declaración-liquidación por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002, presentada 25-7-03 en la Administración, en la que consta que se declara una base imponible negativa de -25.034.604,43 euros y se solicita una devolución de retenciones y pagos fraccionados de 26.396,64 euros, la reclamante, en contra de lo manifestado por ella, no ha practicado ningún ajuste positivo sobre el resultado contable relativo al concepto de subcapitalización, contenido en la casilla 522 del modelo de la declaración; sólo constan practicados unos aumentos de 4.904.811,20 euros en concepto de Amortización libre y acelerada y de 4.795.295,38 euros (que posteriormente fue modificado por la propia Administración a la cuantía de 6.407.110,12 euros) en concepto de Dotaciones contables a provisiones no deducibles fiscalmente, tal como se ha descrito en el hecho primero de la presenta resolución. Por lo tanto, resulta imposible rectificar un elemento de la liquidación que no ha existido desde el principio".

Así, el TEAR, inadmitió la rectificación pretendida, sin entrar a examinar la posible confrontación entre el derecho interno y la normativa comunitaria.

        La resolución fue notificada a la obligada tributaria en fecha 26 de septiembre de 2005.

QUINTO:
En fecha 26 de octubre de 2005, la interesada, al amparo del artículo 241 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre), interpuso, en plazo, recurso de alzada ante este Tribunal Central, frente a la reseñada Resolución del Tribunal Regional, referenciada con el número 3667/05, y objeto del presente fallo, mediante escrito en el que además de reiterar las alegaciones vertidas en primera instancia, señala que "la pretendida ausencia de ajuste positivo por subcapitalización a la que se refiere el TEAR de ... en la Resolución objeto de alzada, se debe a un simple error involuntario de su representada en la cumplimentación del modelo 200, correspondiente al ejercicio 2002, en la medida en que dicho ajuste se incluyó en la casilla 507, en lugar de hacerlo en la casilla 522".  

                                                             FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO: Con carácter previo al resto de las cuestiones que este expediente plantea, se debe examinar el cumplimiento por parte del presente recurso de alzada de los requisitos que, de acuerdo con la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y el Reglamento de Procedimiento, constituyen los presupuestos procesales para su resolución por el Tribunal, dentro de los cuales figura el de la competencia de este Tribunal Central para conocer sobre el mismo.

SEGUNDO: El artículo 229.1 de la Ley 58/2003, regula las competencias de Tribunal Económico Administrativo Central, señalando que:

"1. El Tribunal Económico-Administrativo Central conocerá:

a) En única instancia, de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos centrales de los Ministerios de Hacienda y de Economía u otros departamentos ministeriales, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, así como contra los actos dictados por los órganos superiores de la Administración de las comunidades autónomas.

También conocerá en única instancia de las reclamaciones en las que deba oírse o se haya oído como trámite previo al Consejo de Estado.

b) En única instancia, de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos periféricos de la Administración General del Estado, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, o por los órganos de las comunidades autónomas no comprendidos en el párrafo anterior, así como contra las actuaciones de los particulares susceptibles de reclamación, cuando, aun pudiendo presentarse la reclamación en primera instancia ante el tribunal económico-administrativo regional o local correspondiente, la reclamación se interponga directamente ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.

c) En segunda instancia, de los recursos de alzada ordinarios que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los tribunales económico-administrativos regionales y locales.

d) De los recursos extraordinarios de revisión y de los extraordinarios de alzada para la unificación de criterio.

e) De la rectificación de errores en los que incurran sus propias resoluciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de esta ley".

Por su parte, el apartado segundo del mismo artículo, recoge las competencias de los Tribunales Económico Administrativos Regionales, señalando que:

"2. Los tribunales económico-administrativos regionales y locales conocerán:

a) En única instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos periféricos de la Administración General del Estado, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado y por los órganos de la Administración de las comunidades autónomas no comprendidos en el párrafo a) del apartado anterior, cuando la cuantía de la reclamación sea igual o inferior al importe que se determine reglamentariamente .

b) En primera instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos mencionados en el párrafo a) de este apartado, cuando la cuantía de la reclamación sea superior al importe que se determine reglamentariamente.

c) De la rectificación de errores en los que incurran sus propias resoluciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de esta ley".

La determinación reglamentaria de la cuantía a la que se refiere el artículo 229.2 en su letra b), se contiene en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, que regula, en su artículo 36, la cuantía necesaria para el recurso de alzada ordinario, señalando:

"De acuerdo con el artículo 229 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, sobre las competencias de los tribunales económico-administrativos, podrá interponerse recurso de alzada ordinario cuando la cuantía de la reclamación, calculada conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, supere 150.000 euros, o 1.800.000 euros si se trata de reclamaciones contra bases o valoraciones. Si el acto o actuación fuese de cuantía indeterminada, podrá interponerse recurso de alzada ordinario en todo caso".

TERCERO: La concreción de la cuantía, a efectos de determinar si el Tribunal Económico Administrativo Regional debe resolver en única o primera instancia, se encuentra regulada, a la fecha de interposición del recurso de alzada objeto de esta resolución, en el artículo 35 del RD 520/2005, que señala lo siguiente:

Artículo 35. Cuantía de la reclamación. "1. La cuantía de la reclamación será el importe del componente o de la suma de los componentes de la deuda tributaria a que se refiere el artículo 58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean objeto de impugnación, o, en su caso, la cuantía del acto o actuación de otra naturaleza objeto de la reclamación. Si lo impugnado fuese una base imponible o un acto de valoración y no se hubiese practicado la correspondiente liquidación, la cuantía de la reclamación será el importe de aquellos.

2. Cuando en el documento en el que se consigne el acto administrativo objeto de la impugnación se incluyan varias deudas, bases, valoraciones o actos de otra naturaleza, se considerará como cuantía de la reclamación interpuesta la de la deuda, base, valoración o acto de mayor importe que se impugne, sin que a estos efectos proceda la suma de todos los consignados en el documento".

De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 58/2003, al que se remite el apartado primero del artículo 35 del RD 520/2005, antes reproducido: "1. La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta".

CUARTO: Pues bien, en el recurso objeto del presente fallo, el acto objeto de la reclamación, a efectos de determinar la competencia del TEAC, es la del acto administrativo, en este caso, presunto, de confirmación de la autoliquidación presentada por el contribuyente en relación por el Impuesto sobre Sociedades y el ejercicio 2002, y cuya rectificación se solicita por la entidad. La cuantía de dicho acto viene determinada por la cuota de la autoliquidación confirmada (de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 del RD 520/2005), que asciende a -26.396,64 euros, y no por la base imponible negativa consignada, como consideró el Tribunal Regional.

Dicha cantidad es inferior al importe que determina la posibilidad de la doble instancia en vía económico administrativa de acuerdo con los artículos anteriormente reproducidos.

Por ello, aún cuando el Tribunal Regional de ... consideró que su fallo se dictaba en primera instancia y abría al contribuyente la posibilidad de interponer recurso de alzada ante este Tribunal, debemos concluir que el Tribunal Económico-Administrativo Central carece de competencia para el conocimiento del presente recurso de alzada.

En este sentido, y confirmando el criterio arriba expuesto, se ha pronunciado con anterioridad este Tribunal, en su Resolución de 23 de enero de 2002.

En consecuencia, siendo la cuantía del presente expediente de 26.396,64 euros, y siendo este importe inferior a la cuantía señalada, el recurso de alzada resulta inadmisible. Por otra parte es evidente, que en la notificación hecha por el Tribunal Regional se advierte un defecto, al indicar en su resolución que actuaba en primera instancia, dando pie a interponer erróneamente el recurso de alzada ante este Tribunal. Como consecuencia de ello, procede devolver el expediente a dicho órgano para que efectúe nueva notificación del acuerdo en la que se subsanen los defectos mencionados.

        En virtud de lo expuesto,

ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, resolviendo EN SALA, en el presente recurso de alzada, ACUERDA: DECLARARSE INCOMPETENTE para conocer el mismo, remitiendo las actuaciones al Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... y ordenando al mismo, que notifique de nuevo su fallo con indicación de los recursos procedentes, de acuerdo con lo dispuesto en los fundamentos de derecho del presente fallo.

Impuesto sobre sociedades
Base imponible negativa
Libertad de establecimiento
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Declaraciones-autoliquidaciones
Capital fiscal
Desestimación presunta
Rectificación de la autoliquidación tributaria
Grandes empresas
Actos presuntos
Ajuste extracontable
Devolución de ingresos indebidos
Retenciones e ingresos a cuenta
Administración Tributaria del Estado
Comunidades europeas
Base imponible negativa declarada
Estado miembro de la Unión Europea
Residencia
Subsanación de errores
Rectificación de la liquidación tributaria
Derecho Comunitario
Órganos centrales
Modelo 200. Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Deuda tributaria
Revisión en vía administrativa
Cuantía indeterminada
Falta de competencia
Doble instancia
Pagos a cuenta
Obligaciones tributarias

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 62/2003 de 30 de Dic (Medidas fiscales, administrativas y del orden social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 313 Fecha de Publicación: 31/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 520/2005 de 13 de May (Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revision en via administrativa) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 126 Fecha de Publicación: 27/05/2005 Fecha de entrada en vigor: 27/06/2005 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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