Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3692/2002 de 05 de Junio de 2003

           En la Villa de Madrid, a 5 de junio de 2003 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Central, interpuesta por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en el de D. ... en ..., contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 22 de agosto de 2002, sobre liquidación de reintegro en pensión ordinaria de jubilación.

                                      ANTECEDENTES DE HECHO

             PRIMERO: D. ... es titular de pensión ordinaria de jubilación, señalada por resolución del Centro Gestor de ... de 1987, por importe mensual inicial de 107,9 euros (17.953 ptas.) y efectos económicos de ... de 1987. Con fecha 27 de julio de 1990 solicitó el complemento económico que pudiera corresponderle por la cuantía de su pensión, declarando bajo juramento/prometiendo por su honor, según fórmula consignada en el modelo normalizado 301, que en el año anterior al de la solicitud no obtuvo ingreso alguno por rentas de capital mobiliario o inmobiliario, por trabajo personal o de otra naturaleza. Accediendo a su solicitud, el Centro Gestor dictó resolución de 24 de septiembre de 1990, por la que se le reconoce un complemento económico mensual de  99,16 euros (16.499 ptas.), con efectos de 1 de agosto de 1990.

              SEGUNDO: Iniciado procedimiento de reintegro como consecuencia de la revisión del complemento para mínimos asignado, en el que consta escrito del interesado de 10 de julio de 2002 en el que reconoce que sus ingresos anuales del periodo que abarca el reintegro, años 1997 al 2001, ambos inclusive, superan el importe establecido por la normativa reguladora para percibir complementos, el Centro Gestor dictó resolución con fecha 22 de agosto de 2002 por la que le reclama el reintegro de 11.908,52 euros  por el indebidamente percibido en el periodo 1 de agosto de 1997 a 31 de agosto de 2002, fecha del último complemento percibido, señalando asimismo como importe de la pensión la cantidad de 270,48 euros mensuales. Por resolución de 16 de septiembre de 2002, y previa solicitud del interesado, el Centro Gestor estableció descuentos mensuales de su pensión en nómina, desde el mes de octubre de 2002 a septiembre de 2007, por importe de 198,48 euros, para compensar el débito.

              TERCERO: Contra la resolución de 22 de agosto de 2002, el interesado interpuso la presente reclamación económico-administrativa mediante escrito de fecha 5 de septiembre siguiente en la que solicita su revocación y que "se proceda a ser reconocida pensión de orfandad que por derecho le corresponda". En trámite de alegaciones dice como primera de ellas "Que D.ª ... es perceptora de pensión de viudedad, dado que por esta percepción no alcanzaba la cantidad mínima estipulada en la correspondiente Ley de Presupuestos, solicitó complemento de mínimos"; y añade en las siguientes que ha obrado de buena fe, no teniendo conocimiento de que no podía percibir el complemento para mínimos al considerarlo como una ayuda a la paupérrima pensión "de viudedad" concedida; que resulta contrario a la equidad y a la buena fe porque ha suministrado a la Administración toda la información de su situación y se ha creado en razón del tiempo transcurrido "una presunción de legalidad del acto recurrido"; que el Centro Gestor pudo y debió comprobar si se cumplían los requisitos para la percepción del complemento, dado que se aportó toda la documentación requerida; que se aplican periodos distintos para reconocer atrasos cuando se solicita la prestación y cuando se tiene que reintegrar, siendo menor el primero, lo cual es contrario al artículo 46 de la Ley General Tributaria; que, en las prestaciones indebidas percibidas a cargo del Régimen de la Seguridad Social, en virtud del artículo 45 de la Ley 1/1994, se establece la prescripción de la deuda a los cuatro años y debe aplicarse por analogía el artículo 24 de la Ley General Tributaria, que establece la prescripción para el pago de la deuda tributaria en cuatro años; en consecuencia solicita la revocación del reintegro exigido al ser responsabilidad del Centro Gestor, o en su defecto que se limite a un periodo de cuatro años.  

                                     FUNDAMENTOS DE DERECHO

            PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la cuestión planteada consiste en determinar si es conforme a derecho el reintegro exigido del importe percibido en concepto de complemento para mínimos en el periodo 1 de agosto de 1997 a 31 de agosto de 2002.

            SEGUNDO: Se consideran meros errores materiales las alusiones a pensiones de orfandad y de viudedad, así como la consignación como interesada de D.ª ... El artículo 15.2 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/87, establece que "La Administración podrá reformar o modificar en cualquier tiempo, mediante acuerdo motivado, los actos que, estando sujetos a revisión periódica o a determinada condición o acordados con carácter provisional, se revelen indebidos como consecuencia de dicha revisión o del cumplimiento de la condición de que se trate o de su elevación a definitivos. El carácter revisable, condicional o provisional de los actos de que se trate debe constar expresamente en el propio acto o estar previsto en una disposición de carácter general". En el caso del complemento para mínimos tales requisitos están consignados en la norma que con rango de Real Decreto desarrolla la Ley de Presupuestos Generales de cada año en materia de revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas. Para el año 1990, año de su concesión al interesado, esta norma es el Real Decreto 1288/1990 en el que se establece, y en iguales o parecidos términos en los de ejercicios posteriores, el procedimiento  de concesión del complemento. Así, el artículo 15.3 indica que "A la vista de los datos consignados por el solicitante del complemento económico y, en su caso, de consulta informática al Banco de Pensiones Públicas, la oficina administrativa dictará, sin mas trámites, la resolución que proceda, sin perjuicio de que dicha resolución sea revisable, en cualquier momento, en atención a la comprobación o inspección de los datos consignados o a la variación de los elementos condicionantes del derecho a complemento." En consecuencia, el Centro Gestor ha obrado conforme a las normas aplicables en cuanto a la concesión de la prestación, sin que pueda argumentarse que se ha creado una "presunción de legalidad" que hace que la revisión efectuada sea contraria a la equidad y a la buena fe, porque es tanto como decir que las normas transcritas no tienen virtualidad alguna, puesto que cualquier prestación que se demuestre indebida en un momento posterior no podría ser modificada o anulada de aceptar la argumentación del interesado. Ello es contrario al principio de legalidad a que está sometida la actuación de la Administración Pública. En beneficio de los interesados, la norma establece un sistema rápido de concesión de la prestación, con exigencia de la mínima documentación inicial y supeditado a las comprobaciones que en todo momento posterior pueden hacerse. Por otra parte, y aunque de existir no modificaría la presente resolución, no se aprecia buena fe del interesado en el presente caso, a la vista del incumplimiento sistemático de su obligación de comunicar cualquier variación de los datos consignados en su solicitud. 

           TERCERO: El Régimen de Clases Pasivas está regulado por normas propias, encuadradas en el ámbito del Derecho Administrativo. En ausencia de norma específica, ha de aplicarse como supletorio el resto del Derecho Administrativo. En ausencia de norma específica sobre plazo de prescripción, resulta de aplicación la Ley General Presupuestaria con preferencia sobre las normas referidas a tributos, por ser éstas de carácter especial referidas con exclusividad a éstos y aquélla estar referida al conjunto de los recursos y créditos públicos. No obstante, en el caso del complemento para mínimos existe norma específica de aplicación, contenida en el Real Decreto de desarrollo en esta materia de la Ley de Presupuestos de cada año. En el año 2002, en el que se dicta la resolución de reintegro objeto de la presente reclamación, rige el Real Decreto 53/2002, cuya Disposición adicional segunda establece que procederá retrotraer el reintegro de lo indebidamente percibido hasta un máximo de cinco años en caso de que se acredite omisión o falsedad por parte del interesado, como es el caso. Con independencia de que puedan esgrimirse los mismos argumentos que en su día se utilizaron para acortar el plazo de prescripción en los supuestos fiscal  y de Seguridad Social, y de que sea lógica e incluso deseable la igualación de tal plazo en el ámbito de Clases Pasivas, es ineludible el previo pronunciamiento en tal sentido por el propio Legislador, a través de la oportuna modificación legal. Finalmente, el hecho de que las distintas normas jurídicas establezcan distintos plazos de prescripción, según resulte la Administración Pública acreedora o deudora, no es cuestión que proceda enjuiciar en el presente procedimiento, porque este Tribunal Central no es competente para ello, sino sólo para verificar que su aplicación es conforme a Derecho.

            VISTOS los preceptos citados y demás aplicables,

            EL TRIBUNAL CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por D. ... contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 22 de agosto de 2002, sobre liquidación de reintegro en pensión ordinaria de jubilación, que se confirma.