Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3698/2003 de 13 de Julio de 2006

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 13 de Julio de 2006
  • Núm. Resolución: 00/3698/2003

Descripción

En la Villa de Madrid, a 13 de julio de 2006 en reclamación económico-administrativa que, en recurso de alzada , pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por ..., S.A., (NIF ...) y en su nombre y representación por D.ª ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución de T.E.A.R. de ... de 28 de octubre de 2002 recaída en sus reclamaciones números ... y ..., acumuladas, relativas al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998 y cuantía de 168.322,39 € (28.006.489 pesetas); al acuerdo de resolución de expediente sancionador por infracción tributaria grave de cuantía de 141.959,60 € (23.620.090 pesetas) y a la providencia de apremio de cuantía de 201.986,87 € (33.607.787 pesetas), desglosada en un principal de 168.322,39 € (28.006.489 pesetas) y un recargo de apremio de 33.664,48 € (5.601.298 pesetas).  

                                                   ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 20 de junio de 2000  los servicios de la Dependencia de Inspección de la Delegación de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria incoaron a la hoy reclamante el acta de disconformidad (A.02) número ... por el impuesto y ejercicios de referencia, en la que se hace constar, entre otras circunstancias: El contribuyente no lleva contabilidad oficial en ninguno de los ejercicios objeto de comprobación, no dispone de ningún control de existencias. El contribuyente desarrolla las actividades de promoción inmobiliaria y de construcción. Las bases imponibles comprobadas de los ejercicios 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998 quedan cuantificadas en importes respectivamente de 5.249.128 pesetas (31.547,89 €), 13.750.892 pesetas (82.644,53 €), 17.528.922 pesetas (105.350,94 €), 21.198.925 pesetas (127.408,11 €) y 16.167.565 pesetas (97.169,02 €) conforme al contenido del informe sobre la procedencia de aplicar el Régimen de Estimación Indirecta de bases tributarias anexo a la presente acta y parte integrante de la regularización propuesta en la misma, el cual se entrega al compareciente conjuntamente con este Acta, constando de 26 páginas numeradas y conforme al contenido del informe ampliatorio anexo. En dicha acta de disconformidad, la cuota asciende a 23.620.090 pesetas (141.959,60 €) y los intereses de demora a 4.457.929 pesetas (26.792,69 €).

SEGUNDO.- Se adjunta al acta de disconformidad el preceptivo informe ampliatorio, en el que se hace constar entre otras circunstancias que: la inexistencia de Libros Oficiales de contabilidad y de controles de existencias en los ejercicios objeto de comprobación motivan la aplicación del régimen de estimación indirecta de bases tributarias en los términos y con los resultados que se recogen en el informe preceptivo adjunto a éste, al cual se remite en todos sus extremos.

TERCERO.- Se adjunta al acta de disconformidad y al informe ampliatorio el preceptivo informe sobre la procedencia de aplicar el régimen de estimación indirecta, en el que se hace constar en síntesis: como causa determinante de aplicar dicho régimen se encuentra el incumplimiento sustancial de obligaciones contables, el no disponer de un control de existencias, el hecho de que los abonos en sus cuentas bancarias discrepan significativamente de los volúmenes de las operaciones declarados sin que, pese a ser requerido para ello, se aporte justificación por el contribuyente y, por último, se observan discrepancias entre los datos de consumos y la cuantía de las existencias declarados. Se reflejan y cuantifican dichas discrepancias por parte de la Inspección durante los ejercicios 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998. Se opta por aplicar el método del artículo 50.a) de la Ley General Tributaria ("Aplicando los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto"), por disponer de los libros registro de facturación emitida y recibida, la facturación emitida y recibida, extractos de movimientos bancarios y resguardos de abonos y cargos, así como escrituras públicas relativas a su actividad de promoción inmobiliaria. La Inspección realiza un cálculo detallado de los abonos producidos en sus cuentas bancarias ya depurados y calcula las diferencias con el volumen de operaciones declarado en dichos ejercicios. La Inspección realiza un detallado estudio del margen de beneficio que corresponde a las ventas realizadas y el valor de las existencias a 31 de diciembre de cada año utilizando los datos obtenidos de escrituras públicas, obteniendo un margen de beneficio medio ponderado sobre ventas del 15,73% en los ejercicios objeto de comprobación. Igualmente elabora la cuenta de explotación regularizada en las actividades de promoción inmobiliaria y de construcción, utilizando toda la información obtenida de los análisis anteriores, obteniendo un margen de beneficio sobre ventas en cada uno de los ejercicios objeto de comprobación. Para calcular el resultado definitivo de la actividad que da lugar a las bases imponibles resultantes de la aplicación del régimen de estimación indirecta de los ejercicios 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998 en importes respectivamente de 5.249.128 pesetas (31.547,89 €), 13.750.892 pesetas (82.644,53 €), 17.528.922 pesetas (105.350,94 €), 21.198.925 pesetas (127.408,11 €) y 16.167.565 pesetas (97.169,02 €); la Inspección, al objeto de conseguir los resultados más homogéneos posibles, estimó que el resultado de la actividad de promoción inmobiliaria se determine según los cálculos realizados inicialmente a las ventas realizadas y el resultado de la actividad de construcción se determine por aplicación del margen medio ponderado de la actividad de promoción aplicado al resto del volumen de operaciones.

CUARTO.- Transcurrido el plazo establecido para realizar alegaciones, el Inspector Jefe dictó, en fecha 17 de julio de 2000, Acuerdo de liquidación en el que confirma la propuesta contenidas en el Acta y en los preceptivos informes, excepto en el importe de los intereses de demora que asciende a 4.386.399 pesetas (26.362,79 €), habiéndose producido un error de cálculo. Dicho acuerdo de liquidación fue notificado el día 19 de julio de 2000.

        QUINTO.- Mediante acuerdo de fecha 9 de agosto de 2000 del Instructor del procedimiento sancionador, que fue notificado el día 10 de agosto de dicho año, se inició el procedimiento sancionador por infracción tributaria grave, tramitación abreviada, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998. Una vez abierto el trámite de audiencia y no presentadas alegaciones por el interesado, se dictó por el Inspector Jefe, en fecha 20 de septiembre de 2000, notificado el 22 de septiembre de dicho año, acuerdo de imposición de sanción por infracción tributaria grave en el cual, en síntesis, se acuerda imponer una sanción tipificada en el artículo 79 de la Ley General Tributaria apartado a), al dejar de ingresar una cuota por importe de 1.837.195 Ptas. (11.041,76 €) en el ejercicio 1994, 4.743.240 pesetas (28.507,45 €) en el ejercicio 1995, 5.876.378 pesetas (35.317,74 €) en el ejercicio 1996, 6.185.057 pesetas (37.172,94 €) en el ejercicio 1997 y 4.908.648 pesetas (29.501,57 €) en el ejercicio 1998, y otra sanción, tipificada en el apartado c), al obtener indebidamente una devolución de 69.572 pesetas (418,14 €) en el ejercicio 1995. Se aprecia dolo o culpa o cuando menos negligencia. Se aplica la normativa establecida por la Ley 25/1995, imponiéndose una sanción del 50% en virtud del artículo 87 de la Ley General Tributaria, incrementándose en un 25% por la utilización de medios fraudulentos y en un adicional 25 % por ocultación, resultando un porcentaje incrementado del 100% que se aplica sobre las cantidades dejadas de ingresar y la devolución indebidamente obtenida. La sanción que se impone es de 23.620.090 pesetas (141.959,60 €).

        SEXTO.- En fecha de 20 de septiembre 2000 el Jefe de la Dependencia Provincial de Recaudación de la A.E.A.T. de ... dictó providencia de apremio por importe de 33.607.787 pesetas (201.986,87 €), desglosadas en un principal de 28.006.489 pesetas (168.322,39 €) y un recargo de apremio de 5.601.298 pesetas (33.664,48 €). Dicha providencia fue notificada al interesado en fecha de 4 de octubre de 2000. La entidad recurrente presentó recurso de reposición alegando, en síntesis, que no procedía dicha providencia de apremio porque el 18 de agosto de 2000 se solicitó al T.E.A.R. de ... la suspensión de la ejecución del acto de liquidación y a la fecha de la recepción de la providencia de apremio, el Tribunal Regional no se ha pronunciado sobre la solicitud de suspensión. En fecha de 31 de octubre de 2000, el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la A.E.A.T. de ... desestimó dicho recurso de reposición. En sesión celebrada el 20 de octubre de 2000, el T.E.A.R. de ... acordó no admitir a trámite dicha solicitud de suspensión.

        SEPTIMO.- Con fecha 27 de julio de 2000 el interesado interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... con nº ..., contra el acuerdo de liquidación del Impuesto sobre Sociedades ejercicios 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998 y cuantía de 168.322,39 € (28.006.489 pesetas).

        OCTAVO.- Asimismo, interpuso la entidad el 28 de septiembre de 2000 reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... con nº ..., contra el acuerdo de resolución de expediente sancionador por infracción tributaria grave de cuantía de 141.959,60 € (23.620.090 pesetas).

        NOVENO.- Con fecha 26 de octubre de 2000 el interesado interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... con nº ..., contra la desestimación del recurso de reposición presentado por la entidad reclamante contra la referida providencia de apremio, dictado por el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la A.E.A.T. de ... en fecha de 31 de octubre de 2000. El T.E.A.R. de ... resolvió acumuladamente las tres reclamaciones, desestimándolas en sesión celebrada de fecha 28 de octubre de 2002. La resolución fue notificada al interesado en fecha de 14 de julio de 2003.

        DÉCIMO.- Contra las anteriores resoluciones del T.E.A.R. de ... se ha interpuesto el día 24 de julio de 2003 recurso de alzada ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, alegando en síntesis, en relación a la regularización por el Impuesto sobre Sociedades: 1º) Existencia de falta de motivación en el acta de disconformidad y en el informe ampliatorio. Es obligatoria dicha motivación para no incurrir en desviación de poder y arbitrariedad. Además, se ha realizado una mera remisión al régimen de estimación indirecta y al informe que la justifica. 2º) Corresponde a la Administración probar los hechos que determinan la aplicación de la estimación indirecta. Falta la prueba objetiva para recurrir  a la estimación indirecta. 3º) En el informe sobre la aplicación de la estimación indirecta no se identifica qué se entiende por contabilidad oficial y a los controles de existencias. No se justifican los medios elegidos para la aplicación de la estimación indirecta. No consta que el actuario haya examinado la documentación aportada y que, de dicho examen, resulte imposible determinar las bases o rendimientos. El actuario no ha probado incongruencia alguna. El actuario no ha justificado la aplicación del medio elegido para la estimación indirecta y, finalmente, el procedimiento que ha seguido es el propio de la estimación directa tomando en consideración mayores costes que los declarados. En relación a la imposición de la sanción, se alega en síntesis: 1º) No se ha probado la culpabilidad y se incumple el principio de buena fe y de presunción de inocencia. 2º) No se dice qué se entiende por libros oficiales de contabilidad ni por controles de existencias. 3º) Se incrementa la sanción por ocultación de datos sin especificar que datos se ocultaron. 4º) Existe falta de motivación en el acuerdo sancionador. 5º) Respecto al criterio de graduación aplicado del artículo 19.2.a) del RD 1930/1998, se alega que se lleva contabilidad y los registros exigidos por las normas fiscales. Respecto al criterio de graduación aplicado del artículo 20.3 del RD 1930/1998, se alega que no se han ocultado datos y, además, la falta de presentación o la presentación de declaraciones inexactas, por sí sola, no puede ser interpretada como criterio de graduación de la sanción tributaria ya que el artículo 79.b) de la LGT lo tipifica como infracción grave, lo que en principio, excluye su aplicación como criterio de graduación. En relación a la providencia de apremio, se alega en síntesis: 1º) En el momento en que se dicta la providencia de apremio o se resuelve el recurso de reposición contra la misma, el órgano competente para decidir sobre la suspensión solicitada no había resuelto y al haber transcurrido los treinta días que establece el artículo 111.3 de la Ley 30/1992, sin que se haya notificado resolución expresa inadmitiendo a trámite la solicitud, hay que entender que en el momento en que se dicta la providencia de apremio, la deuda está suspendida en su ejecución. Es de aplicación dicho artículo 111.3 de la Ley 30/1992. 2º) Existe indefensión cuando el Tribunal Regional inadmite a trámite la solicitud de suspensión.

        UNDÉCIMO.- Con fecha 9 de septiembre de 2004 se ha notificado a la reclamante el trámite de audiencia al que se refiere la Disposición Transitoria 4ª.1, segundo párrafo, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, presentando el 21 de septiembre de 2004 alegaciones donde solicita la aplicación del régimen más favorable.

                                                       FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.- Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en única instancia de la presente reclamación económico-administrativa, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo la cuestión a resolver si se ajusta a Derecho la regularización efectuada, la sanción impuesta y la providencia de apremio dictada.

SEGUNDO.- En relación con las mencionadas alegaciones planteadas por el interesado, la primera cuestión a tratar es la supuesta falta de motivación en las actas y en el informe ampliatorio. En el artículo 145 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, se establece que en las actas de Inspección se consignará la regularización de la situación tributaria y los elementos esenciales del hecho imponible y su atribución al sujeto pasivo. Por su parte, el artículo 49 del Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos (Reglamento de Inspección en adelante) dispone en su apartado dos: "En las actas de la inspección que documenten el resultado de sus actuaciones se consignarán:

a) El lugar y la fecha de su formalización.(...)
        
e) Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo, retenedor u obligado a efectuar ingresos a cuenta, con expresión de los hechos y circunstancias con trascendencia tributaria que hayan resultado de las actuaciones inspectoras o referencia a las diligencias donde se hayan hecho constar.

        g) En su caso, la regularización de la situación tributaria del interesado que los actuarios estimen procedente, con expresión de la deuda tributaria debida por el sujeto pasivo, retenedor u obligado a efectuar ingresos a cuenta o responsable solidario, en concepto de cuota, recargos e intereses de demora.  

        h) La conformidad o disconformidad del sujeto pasivo, retenedor u obligado a efectuar ingresos a cuenta o responsable tributario.(...)".

El apartado tres del artículo 56 del Reglamento de Inspección obliga a desarrollar las actas de disconformidad por medio de un informe ampliatorio, el cual se notifica al interesado.

        
El artículo 51 de la Ley 230/1963 General Tributaria establece la obligatoriedad de acompañar un informe al acta cuando se aplique la estimación indirecta al disponer dicho artículo: "1. Cuando resulte aplicable el régimen de estimación indirecta de bases tributarias:

        1.º La Inspección de los Tributos acompañará a las actas incoadas para regularizar la situación tributaria de los sujetos pasivos, retenedores o beneficiarios de las desgravaciones, informe razonado sobre:

        a) Las causas determinantes de la aplicación del régimen de estimación directa.

        b) Situación de la contabilidad de registros obligatorios del sujeto inspeccionado.

        c) Justificación de los medios elegidos para la determinación de las bases o rendimientos.

        d) Cálculos y estimaciones efectuados en base a los anteriores.

        Las actas incoadas en unión del respectivo informe se tramitarán por el procedimiento establecido según su naturaleza y clase.(...)". El artículo 64.3 del Reglamento de Inspección señala que: "Cuando resulte aplicable el régimen de estimación indirecta de bases tributarias, la Inspección de los Tributos acompañará a las actas incoadas para regularizar la situación tributaria de los sujetos pasivos, retenedores o beneficiarios de las desgravaciones, informe razonado sobre:

Estimación indirecta
Acta de disconformidad
Providencia de apremio
Infracción tributaria grave
Impuesto sobre sociedades
Intereses de demora
Cuentas bancarias
Escritura pública
Recargo de apremio
Expediente sancionador
Procedimiento sancionador
Administración Tributaria del Estado
Ocultación
Error de cálculo
Dolo
Culpa
Suspensión de la ejecución del acto
Liquidación Impuesto sobre Sociedades
Estimación directa
Inspección tributaria
Desviación de poder
Buena fe
Sanciones tributarias
Presunción de inocencia
Indefensión
Responsable solidariamente
Acta de inspección
Deuda tributaria
Responsable tributario
Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
  • Estimación indirecta en el procedimiento de inspección tributaria

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 26/10/2015

    La inspección de los tributos acompañará a las actas incoadas para regularizar la situación tributaria de los obligados tributarios un informe razonado sobre:a. Las causas determinantes de la aplicación del método de estimación indirecta.b. La...

  • Recursos contra sanciones en el procedimiento sancionador tributario

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 22/10/2015

    En virtud de lo establecido en el Art. 212 ,LGT, el acto de resolución del procedimiento sancionador podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente. En el supuesto de que el contribuyente impugne también la deuda tributaria, se acumular...

  • Deuda tributaria

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 19/10/2015

    La deuda tributaria, Art. 58 ,Ley General Tributaria está constituida por:La cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.El interés de demora.Los recargos por decla...

  • Actas de disconformidad en el procedimiento de inspección tributaria

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 26/10/2015

    Actas de disconformidad en el procedimiento de inspección tributaria: Con carácter previo a la firma del acta de disconformidad se concederá trámite de audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a su derecho. Cuando el obligado trib...

  • Base Imponible del Impuesto sobre las labores del tabaco CANARIAS

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 13/06/2016

    La base imponible del Impuesto sobre las Laborales del Tabaco, se determinará en régimen de estimación directa y, subsidiariamente, por el método de estimación indirecta, de conformidad con el Art. 53 ,LGT (Art. 11 ,LEY 1/2011, de 21 de enero)...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados

Libros Relacionados