Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3935/2005 de 25 de Julio de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 25 de Julio de 2007
  • Núm. Resolución: 00/3935/2005

Descripción

En la Villa de Madrid, a 25 de julio de 2007 en recurso de alzada que pende ante este Tribunal Central, en Sala, interpuesto por D. A en su calidad de socio de la entidad disuelta y liquidada X, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., Sala de ..., de fecha 27 de julio de 2005, estimatoria parcialmente de la reclamación número ... interpuesta contra la liquidación por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1998 a 2000 por importe de 164.644,25 € (27.394.498 pesetas).

                                              ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según resulta de los antecedentes obrantes en el expediente, en fecha 10 de diciembre de 2003, se instruyó a X, S.L. el acta de disconformidad Nº ... por los ejercicios 1998, 1999, 2000, y 2001. La fecha de inicio de las actuaciones inspectoras es de 1 de agosto de 2002 no habiéndose producido dilaciones imputables al obligado tributario ni periodos de interrupción justificada a los efectos de duración de del plazo máximo de las actuaciones Inspectoras previsto en el artículo 29 de la Ley 1/1998. La entidad, en la fecha de inicio de las actuaciones inspectoras, está disuelta y liquidada. Los socios de la entidad, en el momento de la disolución, son: - La sociedad Y, con domicilio en Suiza, de la que se desconocen los representantes legales y los socios. Y -D. A con DNI ..., casado en régimen de gananciales con Doña B, con DNI ..., ambos con domicilio fiscal en ...

La presente Acta se incoa a los socios de la entidad en la fecha de disolución de la misma, en aplicación de lo establecido en el art. 89.4 de la Ley General Tributaria, dado que la entidad no tiene personalidad y no existe a la fecha de incoación del Acta.

Con anterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras el sujeto pasivo había presentado declaraciones-liquidaciones no obstante lo cual en el curso de las actuaciones se han puesto de manifiesto los siguientes hechos con trascendencia tributaria:

1) El 29 de diciembre de 2000 se transmite el inmueble situado en ... de ..., en el seno de una operación vinculada; ya que el adquirente recibe un valor mayor del que entrega, existiendo ánimo de liberalidad probado por parte de la transmitente, liberalidad que es aceptada por la entidad adquirente, lo que determina la existencia de un negocio de donación onerosa recogido el art. 619 del Código Civil

2) También en dicha fecha se vende a la entidad Z, S.A., con domicilio en ..., unos inmuebles situados en ... por un precio escriturado de 80.000.000 Ptas., sin que en el momento de la compraventa del inmueble se hayan finalizado las obras de reforma y rehabilitación realizadas en el mismo. El valor de mercado de esa finca en la fecha de transmisión es, según dos informes que obran en el expediente, muy superior al citado precio. El perito de la AEAT de ... ha valorado el inmueble, en la fecha de transmisión, en 183.856.050 ptas. La entidad adquirente ha contabilizado el inmueble en una cuenta de grupo 2, inmovilizado. Se ha preguntado a la entidad adquirente cuál es el destino previsible del inmueble. La entidad adquirente ha contestado que el destino previsible es la venta, pero no consta que se estén realizando gestiones para la venta. La compraventa del inmueble no se ha realizado mediante la intervención de ningún intermediario inmobiliario.

        Se ha instruido expediente de valoración de operación vinculada en el cual consta lo siguiente:

- la entidad compradora y vendedora del inmueble son entidades vinculadas ya que una (Z, S.A.) tiene el poder de decisión sobre la otra (X, S.L.).

- El precio de venta del inmueble manifestado en escritura pública de compraventa es distinto del precio de mercado.

- La valoración de la operación distinta del valor de mercado conlleva una menor tributación y un diferimiento considerando la situación de ambas partes vinculadas.

En el curso de la comprobación inspectora realizada sobre la entidad en relación al concepto impositivo IVA ejercicio 2002 y 2003 1T y 2T de Z, S.A., se ha verificado que ésta entidad no ha vendido el inmueble una vez finalizadas las obras de reforma y reparación y que en dicho inmueble reside el administrador de Z, S.A. desde abril de 2003.

En el ejercicio 2001 no existen hechos con trascendencia tributaria para realizar una propuesta de regularización del mismo.

En el ejercicio 1998 y 1999, se observa que la declaración presentada no coincide con el resultado contable calculado con las normas previstas en el Código de Comercio.

En el Ejercicio 2000 como consecuencia de la enajenación del inmueble de ..., en el seno de una operación vinculada determina que en base al art. 16 de la Ley 43/1995 o alternativamente en base al art. 15.2 a) de la misma Ley, la regularización supone un aumento de la base imponible en el importe que resulte de restar del valor de mercado del inmueble en el momento de la operación el valor declarado, lo que implica un aumento de base de 103.856.050 ptas.

En fecha 26-11-2002 se ha notificado a D. A y a su esposa Doña B la puesta de manifiesto del expediente y apertura del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución.

El 16-12-2002, D. A presenta alegaciones manifestando que no ha participado en los hechos imputados por la Inspección por lo que no ha cometido ningún tipo de infracción tributaria y carece de responsabilidad, por lo que solicita se archive el expediente.

En fecha 29-11-2002 se ha comunicado a la entidad Y, en ... (Suiza), la puesta de manifiesto del expediente y apertura del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución, sin que conste que se han presentado alegaciones en la fecha del acta

          La propuesta de liquidación que figura en el acta asciende a 164.644,25 € (27.394.498 pesetas) de las que 144.123,44 € (23.980.123 pesetas) corresponden a la cuota y 20.520,81 € (3.414.375 pesetas) a los intereses de demora.

         En aplicación de lo establecido en el artículo 89.4 de la Ley General Tributaria, los socios responden de las obligaciones tributarias pendientes, y responden solidariamente, hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado.

En el presente caso, según lo recogido en el Registro Mercantil de ..., como consecuencia de la disolución de la entidad de fecha 10-9-2001, se entrega a los socios, en pago de la cuota de liquidación, las siguientes cantidades:

- A D. A, que ostenta el 0,75% de la entidad, se entrega la cantidad de 537.377 ptas.

- A la entidad Y que ostenta el 99,25% de la entidad, se entrega la cantidad de 71.112.863 ptas.

SEGUNDO: Previo informe de la Inspección de fecha 10 de diciembre de 2003, y a la vista de las alegaciones presentadas por D. A, en fecha 29 de diciembre de 2003, el Inspector Jefe dicta liquidación el 24 de mayo de 2004 confirmando la propuesta de liquidación y la identidad de los socios a quienes se atribuye la misma en virtud de lo dispuesto en el artículo 89.4 de la Ley General Tributaria como sucesores de las obligaciones de la entidad respondiendo solidariamente de las mismas.

TERCERO: El 21 de junio de 2004 se presenta reclamación económico-Administrativa ante el Tribunal Regional de ... alegando, en escrito presentado el 24 de junio de 2004: 1) Ausencia de presupuestos para la aplicación del artículo 89.4 de la Ley General Tributaria, 2) Ausencia de vinculación, 3) Duplicidad en el pago como consecuencia de la liquidación de IVA imputada al reclamante, 4) Necesidad de que la base aceptada a efectos de IVA se acepte a efectos del Impuesto sobre Sociedades por cuanto la Administración no puede ir en contra de sus propios actos, 5) Falta de motivación de la valoración del perito de la AEAT, 6) Aplicación de la resolución del TEAR de ... que anula en fecha 30 de marzo de 2004 la comprobación de valores de dicho inmueble y, 7) Reserva de la Tasación Pericial contradictoria.

CUARTO: El Tribunal Regional de ..., el 27 de julio de 2005 dictó resolución estimando parcialmente la reclamación al entender que el informe del perito no está suficientemente motivado, sin perjuicio de que se repongan las actuaciones en vía de gestión para que se proceda a emitir un nuevo dictamen. Dicha resolución fue notificada al reclamante el 3 de octubre de 2005.

QUINTO:
El 31 de octubre de 2005 se interpone recurso de alzada ante este Tribunal Económico-Administrativo Central basado en las siguientes alegaciones: 1) Ausencia de presupuestos de hecho para aplicar el artículo 89.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria (LGT/230) y, 2) Aplicación del principio de que la Administración no puede ir contra sus propios actos. 3) Solicita igualmente la devolución de los costes del aval.

                                                     FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO: Este Tribunal es competente para conocer del recurso que se examina, que ha sido interpuesto en tiempo hábil y por persona legitimada de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT/58) y en desarrollo de la misma por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa.

SEGUNDA: Las cuestiones que se plantean en esta alzada y que debe resolver este Tribunal son las siguientes: 1) Si se dan o no las circunstancias para aplicar el artículo 89,4 de la Ley General Tributaria al reclamante y transmitir a los socios la deuda tributaria de la entidad X, S.L., 2) Si por aplicación del principio de unicidad de la Administración la base imponible aceptada a efectos del IVA debiera aceptarse también a efectos del Impuesto sobre Sociedades y, 3) Procedencia de la  devolución de los costes del aval.

TERCERO: Por lo que respecta a la primera de las cuestiones planteadas el artículo 89.4 de la Ley General Tributaria dispone:

"4. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado".

Por su parte el artículo 15 del Real Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre de 1990 por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación se refiere también a ellos al indicar que:

"1. Disuelta y liquidada una sociedad o Entidad, la Administración Tributaria exigirá a sus socios o partícipes en el capital el pago de las deudas tributarias, intereses y costas pendientes de aquélla, con el límite establecido en el apartado 5 del artículo 10 de este Reglamento.

        Si se trata de deudas tributarias ya liquidadas y notificadas, la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de los obligados solidariamente o contra todos ellos simultáneamente, notificándoles el correspondiente acto de requerimiento para que efectúen el pago en los plazos previstos en los artículos 20 y 108 de este Reglamento, según que la deuda se encuentre en período voluntario o ejecutivo en el momento de la disolución o liquidación de la sociedad o Entidad.

        En cualquier caso, las acciones dirigidas contra cualquiera de los socios o partícipes no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo".

        La reclamante entiende que en el momento de la disolución de la entidad no existían obligaciones tributarias pendientes para poderlas transmitir a sus socios, entendiendo por obligaciones tributarias pendientes las ya liquidadas.

        Del análisis de estos preceptos se deduce que por obligaciones tributarias pendientes hay que entender no sólo las liquidadas y notificadas a la entidad disuelta sino aquellas otras que no están en esa situación, ya que, si no, no sería necesario que el artículo 15 del Reglamento General de Recaudación hiciese dicha matización. Por otro lado el concepto de obligación tributaria pendiente no solo abarca en un sentido vulgar de la palabra a la que es conocida de alguna forma sino aquella que se debe pero que solo surge con posterioridad como consecuencia de una comprobación tributaria. El único límite para exigir la obligación tributaria pendiente es la prescripción pero si esta opera realmente no existe una obligación tributaria pendiente.

        Finalmente indicar que tiene dicho este Tribunal Central al respecto, entre otras en resolución de 13-05-2004 (RG 2428/03), "...este Tribunal Central considera que la disolución y liquidación de una sociedad no debe llevar aparejada la imposibilidad de ejercitar, por parte de la Administración, el derecho a determinar el importe de las deudas tributarias correspondientes a hechos imponibles devengados con anterioridad a dicha disolución y liquidación, pues ningún precepto de la normativa tributaria configura como supuesto de extinción de las obligaciones tributarias liquidadas o no, la disolución y liquidación de las entidades a cuyo cargo pudieran determinarse deudas tributarias, por el contrario del artículo 24.5 del Reglamento de la Inspección de Tributos, se deduce lo contrario".

En consecuencia, procede confirmar la resolución del Tribunal Regional en este punto.

CUARTO: En segundo lugar cuestiona la reclamante si por aplicación del principio de unicidad de la Administración la base imponible aceptada a efectos del IVA debiera aceptarse también a efectos del Impuesto sobre Sociedades.

La reclamante, teniendo en cuenta el acta de conformidad incoada por el IVA en 2002-2003 a Z, S.A. donde se fija la base imponible del autoconsumo del inmueble situado en ... teniendo en cuenta el precio de adquisición y todos los costes de la reforma o rehabilitación lo que supone un importe de 176.480.374 ptas. (1.060.668,41 €) pretende que sea este valor el aplicable en lugar del fijado como consecuencia de la comprobación de valores.

        O en otras palabras, se opone a la citada valoración por aplicación de la doctrina de los actos propios.

        Tal cuestión también se ha planteado anteriormente ante este Tribunal Central. Así en la resolución de 2 de febrero de 2007 R.G. 3411-04, se trató indirectamente esta cuestión pues lo que se planteaba era el principio de unicidad de la actuación de la Administración a efectos de valoraciones o  lo que es lo mismo la obligación de aceptar los criterios de valoración tenidos en cuenta con anterioridad. En la citada resolución se indicaba que: "... solo se aplican los valores fijados para otro tributo cuando existe una remisión expresa en las normas que regulan el Impuesto en cuestión, a las del otro tributo, pero no en otros casos, donde hay que mantener el principio de estanqueidad tributaria. Aún cuando pudiera pensarse que la solución más acertada es la de fijación de unos mismos valores uniformes para todos los tributos, lo cierto es que la variedad impositiva, la Administración Estatal, autonómica o municipal que intervienen y la naturaleza de los distintos tributos, obliga a actuar con términos semejantes pero no idénticos. Piénsese por ejemplo en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y en el Impuesto sobre Sociedades, en unos casos se habla de valores reales y en otro de valores de mercado términos que no son materialmente idénticos".

        En el presente caso no son comparables el "valor de mercado" aplicable a las operaciones vinculadas (art. 16 Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades) con la base imponible del IVA en el caso de autoconsumo: art. 79.3 de la Ley 37/1992, del IVA: coste de bienes y servicios utilizados para la obtención del bien: "Si los bienes entregados se hubiesen sometido a procesos de elaboración o transformación por el transmitente, o por su cuenta, la base imponible será el coste de los bienes o servicios utilizados por el sujeto pasivo para la obtención de dichos bienes, incluidos los gastos de personal efectuados con la misma finalidad.

        En consecuencia procede rechazar las pretensiones del reclamante al respecto y confirmar la resolución impugnada.

        QUINTO: Finalmente, en cuanto a la petición de reembolso de los gastos originados por el aval ha de reiterarse el criterio de este Tribunal Central en el sentido de que debe la recurrente tener en cuenta lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero de 1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, así como el procedimiento establecido en los artículos 4 a 9 del Real Decreto 136/2000, de 4 de marzo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 1/1998, de 26 de febrero, debiendo dirigirse al órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Por cuanto antecede:

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en recurso de alzada que pende ante este Tribunal Central, en Sala, interpuesto por D. A en su calidad de socio de la entidad disuelta y liquidada X, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., Sala de ... de fecha 27 de julio de 2005, estimatoria parcialmente de la reclamación número ... contra la liquidación por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1998 a 2000 por importe de 164.644,25 € (27.394.498 pesetas). ACUERDA: Desestimar la presente alzada y confirmar la resolución impugnada.

Sociedad de responsabilidad limitada
Impuesto sobre el Valor Añadido
Obligaciones tributarias
Operaciones vinculadas
Impuesto sobre sociedades
Valor de mercado
Deuda tributaria
Liquidación provisional del impuesto
Dilaciones imputables al obligado tributario
Acta de disconformidad
Sociedad de gananciales
Domicilio fiscal
Donación modal
Personas o entidades vinculadas
Precio de mercado
Escritura pública
Diferimiento
Precio de venta
Procedimiento de comprobación de valores
Responsabilidad
Infracciones tributarias
Intereses de demora
Registro Mercantil
Sucesor
Aval
Reserva de la tasación pericial contradictoria
Informes periciales
Revisión en vía administrativa
Pago de la deuda tributaria
Extinción de las obligaciones
Disolución y liquidación de una sociedad
Doctrina de los actos propios
Acta de conformidad
Acta de conformidad
Principio de estanqueidad
Gastos de personal
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Reembolso
ITPYAJD (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados)
Administración Tributaria del Estado

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 939/2005 de 29 de Jul (Reglamento General de Recaudación) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 210 Fecha de Publicación: 02/09/2005 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2006 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Real Decreto 520/2005 de 13 de May (Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revision en via administrativa) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 126 Fecha de Publicación: 27/05/2005 Fecha de entrada en vigor: 27/06/2005 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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