Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3965/2003 de 20 de Abril de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 20 de Abril de 2006
  • Núm. Resolución: 00/3965/2003

Resumen

Se aprecia culpabilidad en la comisión de la infracción, dado que las normas son claras y sin que la complejidad de la operación de compraventa y la existencia de un laudo arbitral que resuelve las diferencias entre las partes que intervienen en la misma tenga que ver con las cuestiones objeto de regularización por la Inspección y que dieron lugar a la imposición de sanción.

Descripción

En la villa de Madrid, a 20 de abril de 2006, vista la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por la entidad X, S.L. (como sucesora de Y, SA.), y en su nombre y representación por D.ª ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acuerdo de imposición de sanciones por la comisión de infracción tributaria grave dictado por el Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Técnica de la Oficina Nacional de Inspección en fecha 26 de septiembre de 2003, relativo al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios  1997 y 1998, y cuantía, 42.454,41 €.

                                                    ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 23 de julio de 2003 los servicios de la Inspección de los Tributos de la Oficina Nacional de Inspección de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria incoaron a la sociedad X, S.L., como entidad absorbente y, por tanto, sucesora de Y, SA., el acta de conformidad (A.01) número ..., por el concepto y ejercicios de referencia, acta de la que deriva el acuerdo sancionador objeto de la presente reclamación. En ella se proponen los siguientes incrementos de la base imponible

A) El sujeto pasivo ha dotado amortizaciones por el concepto de mejoras tanto en locales propios como alquilados, fijando indiscriminadamente para todos ellos un plazo de amortización de 5 años con independencia de la vida útil de los mismos y de la duración a término del arrendamiento de los locales en que se enclavan. Aplicando el coeficiente de amortización correspondiente a dichos bienes deben regularizarse las dotaciones, resultando un incremento en la base imponible de: 5.212.958 pts en 1997 y 21.658.070 pts en 1998.

B) El sujeto pasivo se acogió a lo dispuesto en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio y practicó ajustes negativos por los contratos de arrendamiento financiero; igualmente se ha acogido al régimen fiscal especial del arrendamiento financiero al que se refiere el artículo 128 de la Ley 43/1995 por los contratos suscritos a partir de su entrada en vigor, realizando ajustes al resultado contable para la determinación de la base imponible, sin tener en cuenta la reversión  de las diferencias temporales que se ponen de manifiesto con ocasión de los mismos. Como consecuencia de lo cual deben regularizarse los ajustes practicados.

C) Saneamientos de cuentas de activos y otras cuentas con saldo deudor no justificadas por el sujeto pasivo, por 29.443.786 pts en 1997 y 281.807.808 pts en 1998.

D) Perdidas en la enajenación de bienes del inmovilizado material que habiendo sido actualizados conforme al RD-Ley 7/96 no han sido minorados a los efectos de su integración en la base imponible en el importe del saldo de la cuenta reserva de revalorización, y cuya cuantía es: 4.703.544 en 1997 y 14.571.520 en 1998.

E) Gastos no deducibles conforme al artículo 14.c) LIS: en 1997 589.907 pts

F) Gastos no deducibles conforme al artículo 14.e) LIS.

G)Dotaciones genéricas a la provisión por insolvencias: 17.671.862 pts en 1998.

De la regularización propuesta en el acta resulta una deuda a ingresar de 42.454,41 €, integrada por una cuota de 32.715,84 y unos intereses de demora de 9.738,57 €.

SEGUNDO.- En fecha 14 de julio de 2003 el Inspector Jefe Adjunto al Jefe de la ONI autorizó al Equipo que tenía encomendado el desarrollo de las actuaciones de comprobación e investigación cerca del obligado tributario, a iniciar los procedimientos sancionadores que procedieran por los hechos o actuaciones puestos de manifiesto en el curso del procedimiento y que pudieran ser constitutivos de infracciones tributarias graves.

Con fecha 23 de julio de 2003 se procedió a la apertura del correspondiente expediente sancionador, dándose traslado en la misma fecha al obligado tributario del acuerdo de inicio y de la propuesta de resolución.

Emitido informe por el Instructor del expediente y sin que se hubieran presentado alegaciones por la entidad, el 17 de septiembre de 2003 el Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Técnica acordó la imposición de una sanción por infracción tributaria grave en base a:

Respecto al ejercicio 1997, lo dispuesto en el apartado a) del artículo 79 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, esto es, dejar de ingresar, dentro de los plazos reglamentarios la totalidad o parte de la deuda tributaria. La base de la sanción asciende a 5.443.458 pts (32.715,84 €), siendo el porcentaje aplicado sobre la misma del 50%, lo que determina una sanción de 2.721.729 pts (16.357,92 €), que se minora en: un 30% por conformidad con la propuesta de regularización contenida en el acta, lo que determina una sanción reducida de 1.905.210 pts (11.450,54 €).

Respecto al ejercicio 1998, lo dispuesto en el apartado d) del artículo 79 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, esto es, determinación de cantidades, gastos o partidas negativas a compensar o deducir en la base imponible  de declaraciones futuras propias o de terceros. La base de la sanción asciende a 363.193.569 pts (2.182.837,31 €), siendo el porcentaje aplicado sobre la misma del 10%, lo que determina una sanción de 36.319.357 pts (218.283,73 €), que se minora en: un 30% por conformidad con la propuesta de regularización contenida en el acta, lo que determina una sanción reducida de 25.423.549 pts (152.798,61 €).

En ninguno de ellos se aprecia la concurrencia de circunstancias previstas para la aplicación de criterios de graduación de la sanción.

Resulta así una deuda tributaria total en concepto de sanción  de 164.249,15 €.

Este acuerdo fue notificado a la interesada el 30 de septiembre de 2003.

TERCERO.- Disconforme con el mismo la entidad interpuso el 16 de octubre siguiente reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central.

Puesto de manifiesto el expediente, se han presentado alegaciones en fecha 14 de mayo de 2004, en las que se manifiesta, en síntesis, que no cabe la imposición de sanciones cuando no hay culpabilidad. Y aduce en fundamento  de ello la existencia de un laudo arbitral, que aporta en esta instancia, con el que se trata de argumentar que dadas las especiales circunstancias concurrentes en el caso, no hay motivo para sancionar. En este sentido manifiesta que con fecha 22 de diciembre de 1998 la multinacional X compra el 100 % de las acciones que la familia A tenía de la sociedad Y, S.A. El precio se fija tomando como referencia el valor ajustado de los bienes a 31-12-98. El precio total es la suma de un precio inicial ajustado más un precio variable. Todas las obligaciones fiscales se considerarían pasivo al 31-12-98 y los pagarían los antiguos accionistas. Y, S.A. en toda su historia había declarado pérdidas a Hacienda, en el año 1997 declaró 456,8 millones de pts de beneficio, habiéndose modificado por la Inspección solamente 23,9 Millones de pts. Sin embargo en 1998 la sociedad declara 597,5 M de pts. de pérdidas. Añade que el laudo arbitral aumenta éstas en 587,8 M de pts. (según anexo) y la Inspección disminuye estas en 363,1 M; que el aumento por ajustes por diversas partidas según los auditores eran: según los auditores del vendedor, ajuste en 238.394.000 pts; según los del comprador: 756.704.000 pts; y según los auditores dirimentes, en 587.855.000 pts; según el Informe de Auditora E de 7 de septiembre de 2001, ninguno de esos gastos de 1998 fueron recogidos en contabilidad y el crédito fiscal activado no se reconoce como tal. Añade asimismo que desde que se produjo el aludo arbitral, en el cual no se reconoce a los vendedores el activo del crédito fiscal, la asesoría de los vendedores propuso un ajuste fiscal de todas las pérdidas contables al objeto de evitar cualquier sanción por la disminución de estas y no tener problemas de interpretación con la Inspección; a los vendedores, que ya no tenían nada que compensar sólo les interesaba declarar pérdidas si el crédito fiscal se reconocía como activo. Ahora bien cuando el laudo arbitral aumenta las pérdidas y a la vez no reconoce el crédito, era absurdo mantener pérdidas en la base imponible desde la perspectiva de los vendedores. Sin embargo a estos les era imposible hacer una declaración complementaria puesto que ya no eran administradores. Por las diligencias puede observarse que la Inspección conoce el contrato, el laudo, las obligaciones de cada parte y la intencionalidad que cada uno podría tener en la presentación del balance. Por ello, alega, de cualquier cosa podría acusarse menos de simple negligencia  para declarar un beneficio inferior al real a quien vende y va a ser sometido a rigurosos controles de auditoria y someterse a un laudo arbitral. Además, debe quedar claro que la aceptación de las actas no supone la aceptación de los hechos en cuanto sean merecedores de sanción. Por último va pasando revista al detalle de las diferencias, aduciendo diferencias de criterio y existencia de pruebas que justifican los gastos.

CUARTO.-
Con fecha 5 de noviembre de 2004 se notificó a la reclamante el trámite de audiencia al que se refiere la Disposición Transitoria 4ª.1, segundo párrafo, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. No consta que la entidad haya presentado alegaciones al respecto.

                                                             FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en única instancia de la presente reclamación económico-administrativa, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo la cuestión a resolver la relativa a la procedencia de la sanción impuesta.

SEGUNDO.- El artículo 77 de la Ley General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, establecía en su apartado 1: "Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las Leyes. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de mera negligencia". La esencia de este concepto de negligencia, como ha dicho este Tribunal Central en diversas resoluciones, radica en el descuido, en la actuación contraria al deber objetivo de respeto y cuidado del bien jurídico protegido por la norma. En este sentido se ha pronunciado también en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo, en Sentencias, entre otras, de 9 de diciembre de 1997, 18 de julio y 16 de noviembre de 1998 y 17 de mayo de 1999, en las cuales se hace referencia a la Circular de la Dirección General de Inspección Tributaria de 29 de febrero de 1988 que, a su vez, se hacía eco de la tendencia jurisprudencial de "vincular la culpabilidad del sujeto infractor a la circunstancia de que su conducta no se halle amparada en una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables, especialmente cuando la Ley haya establecido la obligación, a cargo de los particulares, de practicar operaciones de liquidación tributaria". Así, la negligencia no exige como elemento determinante para su apreciación un claro ánimo de defraudar, sino un cierto desprecio o menoscabo de la norma, una laxitud en la apreciación de los deberes impuestos por la misma.

Es, en definitiva, al resultado del incumplimiento del deber general de cuidado en el cumplimiento de las obligaciones tributarias a lo que se atiende, lo que a su vez exige indudablemente una valoración de la conducta respecto de la que se pudiera considerar como razonable, atendiendo a las circunstancias concretas del caso.

TERCERO.- A este respecto el Tribunal Supremo en el ámbito sancionador específicamente tributario ha construido una sólida doctrina (sentencias de 8 de mayo, 10 de junio, 21 de septiembre y 29 febrero 1988, 19 de diciembre de 1997, entre otras muchas), en el sentido de vincular la culpabilidad del sujeto infractor a la circunstancia de que su conducta no se halle amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables.

El propio Tribunal Supremo se encarga de precisar esta construcción, a fin de no amparar el abuso de la interpretación jurídica y del error de hecho o de derecho por parte de los obligados tributarios; y en ello resaltan dos ideas: de una parte, que la discrepancia tenga el necesario grado de razonabilidad pues, en caso contrario, de no exigirse ese contenido mínimo de razonabilidad o fundamentación, en todo supuesto de infracción, bastaría la aportación de cualquier tipo de alegación contraria a la sustentada por la Administración para que conductas objetivamente sancionables quedaran impunes; de otra, que la discrepancia ha de juzgarse por referencia a la normativa aplicable al caso, es decir, en palabras del propio Tribunal (sentencia de 19 de diciembre de 1997), a las normas jurídicas a considerar en su alcance, contenido o aplicación al caso controvertido.

Por ende la invocación de estas causas no operan de modo automático como excluyentes de la culpabilidad sino que han de ser ponderadas caso por caso, en función de las circunstancias concurrentes, de tal modo que excluyan la calificación de la conducta como negligente, ya sea por la existencia de una laguna legal, ya por no quedar clara la interpretación de la norma o porque la misma revista tal complejidad que el error haya de reputarse invencible, o ya por existir jurisprudencia contradictoria u oscilante al respecto, pero todo ello (laguna, interpretación, complejidad, etc.), naturalmente, referido a la norma que resulte de aplicación al caso.

En el presente caso, la reclamante pretende fundamentar la ausencia de culpabilidad, esencialmente, sin perjuicio de ciertas referencias puntuales a ajustes concretos que posteriormente se analizarán, en la existencia de un laudo arbitral, por tratarse de discrepancias contables acumuladas por aquel, que aumentó las pérdidas y por no existir ningún ánimo en los vendedores de querer compensar las mismas y no haber sido autorizada por X, S.L. para formular una declaración complementaria.

Del análisis del laudo arbitral aportado por la reclamante ante este Tribunal pueden extraerse las siguientes observaciones de relevancia: en la compraventa por la que X, S.L. compra a los diversos miembros de la familia A las acciones de la mercantil Y, S.A. se fijó un precio inicial que podía verse ajustado conforme a lo pactado y al que podía añadirse un precio variable hasta un determinado máximo. Este ajuste del precio se efectuaría mediante la verificación de los estados financieros a 31 de diciembre de 1998 por los auditores de los vendedores -Auditora F-, lo que sería revisado por los auditores de la compañía compradora -Auditora G- y en caso de desacuerdo, ambos auditores elaborarían una declaración de desacuerdos conjunta, sobre la que habría de pronunciarse Auditora E, como auditor independiente designado en común, atribuyéndose a su informe carácter definitivo y vinculante. La falta de conformidad de las partes sobre los puntos contenidos en la declaración de desacuerdo y sobre el encargo que según el contrato debían dar a Auditora E, constituyó uno de los extremos determinantes del arbitraje de equidad que concluyó con el laudo de referencia. En el mismo (página 22) se concluye en que sobre los ajustes del precio inicial en que estuvieron de acuerdo los auditores de las partes, habían de añadirse la suma de 587.855.000 pts, apreciada por Auditora E, en vez de los 756.704.000 pts concretados por la auditora de la compradora  o de los 238.394.000 pts concretados por la auditora de los vendedores.

Ahora bien, de la circunstancia expuesta, consistente en que como conclusión del laudo resultase un ajuste al precio inicial a reintegrar por los vendedores a la compradora, no puede, en opinión de este Tribunal, extrapolarse la conclusión que la reclamante pretende fundar de que se trata de discrepancias contables acumuladas por un laudo arbitral que aumentó las pérdidas y ello como fundamentación de la existencia de una discrepancia razonable eximente de la sanción tributaria. El hecho de que el precio inicialmente fijado sobreviniese excesivo a la luz de unas auditorias posteriormente realizadas no puede traducirse, como de modo simplista se intenta hacer aparecer, como que la sociedad declara unas pérdidas, el laudo arbitral las aumenta en el importe de 587.8 MP y la Inspección de Hacienda las disminuye en 363,1 MP. Una cosa es la base imponible declarada a efectos fiscales y las rectificaciones que en ella pueda llevar a cabo la Inspección en una comprobación inspectora y otra distinta el ajuste en el precio que se desprenda de un arbitraje al efecto; aunque este ajuste sea a la baja no cabe identificar que el laudo ha aumentado lo que la Inspección ha disminuido; se trata de magnitudes distintas que responden a criterios y normativas muy diversas, por lo que el hecho de que se sobrevalorase inicialmente el precio de las acciones en nada empece a la consideración de que la entidad Y, S.A., incumpliese sus obligaciones fiscales a título, al menos, de simple negligencia, de no concurrir discrepancia razonable en los conceptos objeto de regularización, lo que posteriormente se abordará, referida aquella en términos de normativa tributaria. La existencia de discrepancias en otros órdenes jurídicos o económicos, que pueden responder a motivaciones subjetivas y objetivas muy diversas pero ajenas a la normativa fiscal aquí implicada no es la discrepancia razonable que podría apreciarse que  ampara la conducta de la interesada como causa excluyente de la sanción, en cuanto a los conceptos que han sido objeto de regularización. Aun cuando ciertamente la regulación inaugurada por la LIS 43/1995 parte del resultado contable, la normativa fiscal, en la autonomía de que el Ordenamiento Tributario goza, contempla especialidades y contiene sus reglas de formación de la base imponible, lo que conlleva que la discrepancia que pueda entenderse razonable en el ámbito contable y económico pueda no ser tal en el ámbito tributario y viceversa. Ello se aprecia a simple vista en el propio ejercicio 1998 de la entidad, en que su resultado contable es de -375.265.816, mientras que la base imponible declarada a efectos del Impuesto sobre Sociedades es de -597.551.025. Además, los conceptos objeto de regularización por la Inspección son diferentes de aquellos que a tenor de las auditoras han dado lugar a las diferencias  en el ajuste del precio.

Ciertamente son muchos los factores que intervienen en la fijación del precio en una transmisión de la envergadura de la referida en el laudo, según sus propias palabras "consistente en la transmisión de un conjunto empresarial, dicha empresa en funcionamiento -se refiere a Y- con su grupo de filiales y en general con todos sus activos y pasivos, en los términos que el referido contrato recoge..."; la complejidad de la operación y del cumplimiento de las cláusulas del contrato se evidencia en la extensión y complejidad del mismo laudo que resuelve las diferencias entre las partes intervinientes en la compraventa. Pero ello nada tiene que ver con las discrepancias que la Administración Tributaria y la entidad objeto de comprobación inspectora tuvieran en relación con las cuestiones objeto de regularización, lo que a continuación se examina.

CUARTO.- En lo que se refiere a los excesos de amortización el artículo 11 de la Ley 43/1995 dispone: "1. Serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización material o inmaterial, correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia".

Por su parte el artículo 1 del Real Decreto 537/1997 establece: "1. Se considerará que la depreciación de los elementos patrimoniales del inmovilizado material e inmaterial es efectiva cuando el resultado de aplicar alguno de los métodos previstos en el apartado 1 de  la artículo 11 de la Ley del Impuesto".  

A la luz de los preceptos se aprecia que la normativa es clara y no admite ningún tipo de interpretación discrepante que justifique la amortización practicada por la entidad prescindiendo de la vida útil y de la duración a término de los contratos a término de los contratos de arrendamiento de los locales en que se enclavan.

Respecto a los ajustes al resultado contable en aplicación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 26/1988 y del régimen especial de arrendamiento financiero del artículo 128 de la Ley 43/1995, el sujeto pasivo, que se acogió a los respectivos regímenes de una y otra Ley, realizó ajustes al resultado contable para la determinación de la base imponible de los períodos objeto de comprobación, sin tener en cuenta la reversión de las diferencias temporales que se ponen de manifiesto con ocasión de los mismos, lo que determina la regularización de la Inspección, en 1997 a favor del contribuyente y en 1998 en detrimento del mismo, en los importes señalados en el acta; no existe en este caso, ni la interesada expone criterio discrepante alternativo alguno respecto de los importes correspondientes a cada ejercicio que la Inspección le pone de manifiesto a la interesada en Diligencia de 26 de junio de 2003.

Por lo que se refiere al Saneamiento de cuentas de activos y otras cuentas con saldo deudor no justificadas, precisamente ante la ausencia de tal justificación la Inspección no las admite. A este respecto, según reiterada jurisprudencia, la deducibilidad de todo gasto queda condicionada a su justificación, tanto en lo que respecta a que la Inspección pueda comprobar su contabilización como el soporte documental o de otro tipo probatorio del mismo, además, claro está de la acreditación de la realidad de la prestación, bien, servicio o cualquier otro elemento que haya sido sufragado merced al gasto pretendido.

En este sentido, la obligación de los empresarios y profesionales de expedir y entregar factura por las operaciones que realicen, contenida en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 10/1985, está vigente por la Disposición Derogatoria única, apartado 2.2 de la Ley 43/1995. Cierto que este Tribunal Central ha sostenido que, no obstante, puede admitirse la deducibilidad de un gasto, aun con incumplimiento de los requisitos formales de factura, siempre que el mismo y la realidad del bien o servicio pagado sean acreditados fehacientemente mediante otros medios de prueba admitidos en derecho.

Pues bien, en el presente caso, no se ha producido la justificación antedicha. Alega la entidad ante este Tribunal que no se pudo aportar la documentación puesto que la documentación permanecía en custodia de la compradora X y que esta  manifestó que se hallaba en poder de las auditoras que estaban llevando a cabo la revisión del precio; y que prueba de la existencia de esos gastos es que tres auditoras así lo habían indicado y además había un laudo arbitral. Continúa explicando la interesada que, habiéndoselo manifestado así a la Inspección, ésta mantenía que ella debía verificar la documentación; aduce a ello la reclamante que se aceptó el acta  puesto que en nada perjudicaba a sus intereses pero que no aceptaba la sanción puesto que existían pruebas mas que suficientes  de la existencia de esos gastos.

Frente a ello ha de observarse que del presente expediente no se desprenden las pruebas mencionadas; que se trata de unas afirmaciones sin soporte probatorio alguno y que, además de las consideraciones anteriormente vertidas respecto a la pretendida fundamentación del laudo como soporte de una discrepancia razonable, ha de añadirse que del mismo no se desprende prueba  alguna, ni siquiera una identificación de aquellas cuentas de activos y otras cuentas con saldo deudor regularizadas por la Inspección que permitan llevar al juzgador a la convicción de la realidad y deducibilidad del gasto; por lo cual no puede apreciarse que la conducta de la interesada esté amparada en una interpretación razonable de la norma.

A la misma conclusión se llega en relación con las pérdidas en la enajenación de bienes del inmovilizado inmaterial, siendo a este respecto claro y no induciendo a error ni duda alguna el artículo 5 del Real Decreto Ley 7/1996, que en su apartado 10 dispone que "Las pérdidas habidas en la transmisión de elementos patrimoniales actualizados se minorarán, a los efectos de su integración en la base imponible, en el importe del saldo de la cuenta Reserva de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, correspondiente a dichos elementos".

Resulta igualmente evidente el incumplimiento por parte de los recargos explicitados en la Diligencia de 26 de junio de 2003, de lo preceptuado en el artículo 14.1.c) de la Ley 43/1995, a cuyo tenor, no tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles, entre otros, las multas y sanciones penales y administrativas, el recargo de apremio y el recargo por presentación fuera de plazo de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones. Aquí se encuentra de nueva un ejemplo de cómo los criterios contables y fiscales pueden ser divergentes, pues aunque contablemente las multas y sanciones penales y administrativas tengan la consideración contable de gasto, no son fiscalmente deducibles para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

En relación con las dotaciones genéricas a la provisión por insolvencias, regularizada en 1998 es asimismo evidente, y no alberga duda razonable, la improcedencia de la misma a tenor del artículo 12.2 de la LIS 43/95.

En conclusión, pues, en todos los conceptos sancionados, con excepción del que se analiza en el fundamento siguiente, los motivos que alega la reclamante no son causa que puedan eximirla de responsabilidad tributaria, por lo que procede confirmar respecto a ellos la procedencia de la sanción impuesta.

QUINTO.- Respecto a la partida objeto de regularización en concepto de gastos no deducibles conforme al artículo 14.e) de la LIS, que afecta sólo al ejercicio 1997, por importe de 10.600.541 pts., no se especifica en el acta cuales sean los gastos que, conforme al mencionado precepto, califica la Inspección de liberalidades ni se remite a diligencia alguna en la que se expliciten, de modo que pudiera juzgarse o no de la posible existencia de una discrepancia razonable, ante esta circunstancia y no siendo posible a este Tribunal contrastar los hechos en los que se funda la calificación de infracción y, por ende, la punibilidad de la conducta en este punto, ha de concluirse que en relación con esta partida regularizada en el ejercicio 1997 no procede sanción, debiendo anularse la liquidación y practicarse otra en la que de la base de sanción correspondiente a 1997 se excluya el importe de 10.600.541 pts.

Habiendo, pues, de procederse a girar una nueva liquidación de la sanción recurrida, será en ese momento cuando el órgano gestor lleve a cabo la comparación con el nuevo régimen de infracciones y sanciones establecido por la nueva Ley General Tributaria, Ley 58/2003 de 17 de diciembre, en cumplimiento de lo previsto por la Disposición Transitoria Cuarta de esta Ley, a cuyo tenor: "1. Esta ley será de aplicación a las infracciones tributarias cometidas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el sujeto infractor y la sanción impuesta no haya adquirido firmeza. La revisión de las sanciones no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizará por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recursos, previa audiencia al interesado".

POR LO EXPUESTO,

EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA,
vista la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, ACUERDA: 1) Estimar en parte la reclamación interpuesta; 2) Anular la sanción impuesta que deberá ser sustituida por otra conforme a lo dispuesto en el fundamento de derecho quinto.

Laudo arbitral
Sociedad de responsabilidad limitada
Infracción tributaria grave
Obligado tributario
Comisiones
Sucesor
Gastos no deducibles
Inspección tributaria
Deuda tributaria
Impuesto sobre sociedades
Determinación de la base imponible
Saldo deudor
Infracciones tributarias
Arrendamiento financiero
Reversión
Inmovilizado material
Declaración complementaria
Enajenación de bienes
Insolvencia
Administración Tributaria del Estado
Acta de conformidad
Acta de conformidad
Integración de rentas en la base imponible
Contrato de arrendamiento financiero
Coeficiente de amortización
Intereses de demora
Expediente sancionador
Arbitraje
Accionista
Cumplimiento de las obligaciones
Ánimo defraudatorio
Obligaciones tributarias
Liquidaciones tributarias
Error de hecho
Estados financieros
Equidad
Independencia del auditor
Sanciones tributarias
Elementos patrimoniales
Cláusula contractual

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RD-Ley 7/1996 de 7 de Jun (Medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 139 Fecha de Publicación: 08/06/1996 Fecha de entrada en vigor: 08/06/1996 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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