Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4128/2005 de 18 de Abril de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 18 de Abril de 2007
  • Núm. Resolución: 00/4128/2005

Resumen

La adopción de medidas cautelares de acuerdo con el artículo 81 de la LGT (Ley 58/2003) responde a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad de un pronunciamiento futuro que podría quedar desprovisto de eficacia por la conservación o consolidación irreversible de determinadas situaciones. Son actos preventivos que no implican un juicio de Derecho sobre los actos posteriores que puedan dictarse. En el caso concreto, en que se embargaron fincas, la medida cautelar ha sido adoptada en el curso de un procedimiento inspector y dirigida contra el deudor principal, siendo sólo necesario que las deudas se hayan devengado y que existan indicios racionales de que, en caso de no adoptarse, el cobro se verá frustrado o gravemente dificultado y que la medida elegida respeta todos los requisitos legales, como se ha motivado y justificado en el caso concreto.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 18 de abril de 2007, en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesta por ..., S.A., y en su nombre y representación  por D.ª ..., con domicilio, a efectos de notificaciones, en ..., contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de adopción de medidas cautelares y embargo de 26 de julio de 2005 de la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Importe 2.121.191,06 €.
                                                 
ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO: La Dependencia de Recaudación de la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con fecha 26 de julio de 2005 dicta acuerdo de medidas cautelares, con fundamento en el artículo 81 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el que procedió a embargar cautelarmente las fincas urbanas, rústicas y solares que se describen en dicho acuerdo, propiedad de la deudora, para garantizar el pago de deudas tributarias en importe de 2.121.191,06 €, por los conceptos y desglose siguiente:

Liquidación                                                                              importe estimado

Impuesto sobre Sociedades-1999/00/01/02                                  1.060.585,48 €

Impuesto sobre el Valor Añadido-2000/01/02/03                             39.089,72 €

Retenciones Profesionales                                                            1.021.516,38 €

Se fundamentaba la adopción de estas medidas cautelares al haberse constatado las siguientes circunstancias o actuaciones:

- Las declaraciones presentadas inicialmente por el Impuesto de Sociedades no se corresponden con los registros comprobados y las complementarias son producto de los registros que no recogen adecuadamente los costes de las existencias, cuyas normas están especialmente previstas a sociedades.

- Haber modificado en 1.1.99 los registros contables anteriores por lo que no es posible, por prescripción, comprobar los beneficios obtenidos anteriormente y no haber ingresado cantidad alguna desde 1.997 inclusive.

- El hecho de que por tratarse de una inmobiliaria puede suceder que se proceda a la venta de los bienes en escritura privada, sin que la Administración tenga conocimiento de ello, hasta la escritura pública.

-El importe ó cuantía elevado de las Actas incoadas.

          Con la misma fecha de 26 de julio de 2005 la Dependencia de Recaudación de la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria dicta Diligencia de embargo cautelar y provisional de los mismos bienes inmuebles mencionados anteriormente.

Contra este acuerdo se interpone recurso de reposición el 26 de agosto de 2005.

        SEGUNDO: Contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de medidas cautelares, la Sociedad interesada interpone la presente reclamación, para ante este Tribunal Central, por escrito que tiene entrada en el Registro de la Agencia Tributaria en ... el día 26 de octubre de 2005 reiterando las alegaciones expuestas en vía administrativa relativas al incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 81 de la Ley General Tributaria (Ley 58/03), ante la ausencia de indicios racionales de que el cobro de la deuda pueda verse frustrado, que el órgano que dicta este acuerdo desconoce los motivos de regularización de las Actas, así como la vulneración del principio de proporcionalidad; solicitando se anule el acuerdo impugnado.

Previa la puesta de manifiesto del expediente administrativo para alegaciones y proposición de prueba, la reclamante por escrito que tiene entrada en el Registro de este Tribunal Central el día 8 de marzo de 2006 expone que da "por íntegramente reproducidas las alegaciones vertidas en su día en el escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa que nos ocupa".  

        TERCERO: La Dependencia de Recaudación de la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por acuerdo de 26 de octubre de 2005 desestima el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de medidas cautelares cuestionado, rechazando sus alegaciones, al considerar que: 1) Las medidas cautelares se basan en el informe propuesta presentado por la Inspección de los Tributos, que el hecho de que existan discrepancias en el criterio de valoración de existencias no es motivo de riesgo en sí, pero sí puede serlo si su regularización da lugar a un volumen importante de deuda y existen además otros factores que se dan en el presente expediente; 2) Sobre la conducta diligente del interesado para el cumplimiento de sus obligaciones se señala que consta el impago de un aplazamiento concedido con la consiguiente subasta de los bienes prestado en garantía, así como Diligencia de embargo de cuentas bancarias; 3) Se entiende que haya "perriculum in mora" por los hechos mencionados en la propia propuesta, algunos de los cuales se corroboran por el propio contribuyente al reflejar las dificultades de tesorería y las solicitudes anteriores de aplazamiento concedido y no cumplido; existe indicio de un mayor riesgo de cobro por la forma de realizar la actividad desarrollada por la Sociedad, teniendo en cuenta que durante el período transcurrido hasta el día que se dicte acto administrativo de la Inspección, por la propia dinámica, pueden haberse efectuado o realizarse ventas en documento privado, que en caso de impago, el cobro puede verse cuando menos dificultado; y 4) que no se ha probado que las medidas cautelares realizadas hayan sido desproporcionadas, que se han realizado sobre los bienes que eran conocidos por la Administración que no son todos los que tiene la Sociedad interesada, como prueba el hecho de que ha solicitado una sustitución de garantías de unas fincas embargadas por otras que no lo están y cuyo valor es aproximado, accediéndose a dicha petición en acuerdo de fecha 10 de noviembre de 2.005; si se le han embargado los bienes inmuebles, que en éste caso son las existencias, es con la finalidad de evitar un mayor perjuicio que se le causaría la empresa si se le embargan créditos (suponiendo que existan) y cuentas bancarias.

                                                        FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO: Concurren en la presente reclamación los requisitos procedimentales de competencia, legitimación, plazo y cuantía establecidos en el Reglamento rector, para su toma en consideración por este Tribunal Central.  

        SEGUNDO: El artículo 81 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria establece que "1).- Para asegurar el cobro de la deuda tributaria, la Administración podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se vería frustrado o gravemente dificultado.................3).- las medidas cautelares podrán consistir en...b) el embargo preventivo de bienes y derechos del que se practicará, en su caso, anotación preventiva..........4) cuando la deuda tributaria no se encuentra liquidada pero se haya comunicado la propuesta de liquidación en un procedimiento de comprobación o inspección, se podrán adoptar medidas cautelares que aseguren su cobro de acuerdo con lo dispuesto en este artículo. Si se trata de deudas tributarias relativas a cantidades retenidas o repercutidas a terceros, las medidas cautelares podrán adoptarse en cualquier momento del procedimiento de comprobación o inspección........".

TERCERO: La cuestión que se plantea en esta reclamación consiste en decidir si es o no ajustado a Derecho el acuerdo recurrido. A estos efectos, este Tribunal considera que ya en el acuerdo del Centro Gestor de resolución del recurso de reposición interpuesto contra el acto de gestión impugnado, se han rebatido con acertados fundamentos en derecho y a partir de los datos obrantes en el expediente los motivos en que el interesado ha fundamentado sus diversas impugnaciones y a las que expresamente se remiten en el escrito de interposición de la reclamación, sin aducir argumentos nuevos ni rebatir sus fundamentos jurídicos. Por ello sería ocioso reproducir aquí la exposición hecha por el Centro Gestor para llegar al acuerdo recurrido y lo único que ha tenido que hacer este Tribunal es contrastar con el contenido del expediente las razones esgrimidas por aquél y, en uso de sus facultades reglamentarias, revisar las actuaciones restantes, comprobando que no existen otras razones que conduzcan a otra conclusión que la confirmación de los actos impugnados, que se acuerda.

A ello sería preciso señalar que la adopción de medidas cautelares en el ámbito recaudatorio es una potestad discrecional de la Administración Tributaria tendente a asegurar el cobro de las deudas de dicha naturaleza, cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro pueda verse frustrado o gravemente dificultado. En la mayoría de los casos, las medidas cautelares responden a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad de un pronunciamiento futuro que podría quedar desprovisto de eficacia por la conservación o consolidación irreversible de determinadas situaciones. Son actos preventivos que no implican un juicio de Derecho sobre los actos posteriores que puedan dictarse, sino que se fundamentan en la pura presunción de que los mismos van a ser emitidos, a la vista de los supuestos de hecho comprobados por la Administración Gestora.

En el presente caso, la medida cautelar ha sido adoptada en el curso de un procedimiento inspector y dirigida contra el deudor principal, siendo solo necesario que las deudas se hayan devengado y que existan indicios racionales de que en caso de no adoptarse, el cobro se verá frustrado o gravemente dificultado -indicios que están suficientemente motivados- y que la medida elegida (embargo preventivo) respeta todos los requisitos legales: cautelar, provisional, proporcional y que no causa perjuicio.

        Por todo lo expuesto,

        EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en la reclamación interpuesta por ..., S.A., contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de adopción de medidas cautelares y embargo de 26 de julio de 2005 de la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Importe 2.121.191,06 €. ACUERDA: Desestimarla, confirmando los actos impugnados.

Administración Tributaria del Estado
Indicio racional
Desestimación presunta
Deuda tributaria
Deudor principal
Procedimiento inspector
Diligencia de embargo
Bienes inmuebles
Solares
Fincas Urbanas
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuesto sobre sociedades
Cuentas bancarias
Escritura pública
Silencio administrativo
Proposición de la prueba
Inspección tributaria
Valoración de existencias
Documento privado
Embargo preventivo
Cobro de la deuda tributaria
Anotación preventiva
Liquidación provisional del impuesto
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