Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4161/2005 de 14 de Septiembre de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 14 de Septiembre de 2007
  • Núm. Resolución: 00/4161/2005

Resumen

Es correcto el requerimiento de información a una entidad de tasación sobre datos referidos a tasaciones de edificaciones realizadas en el ámbito de una Comunidad Autónoma y cuantía superior a determinada cantidad. Un requerimiento de información puede versar tanto sobre los datos de una persona determinada como a todos los referidos a ciertas operaciones o ciertos hechos que afecten a una pluralidad de terceros. La Administración no pretende adquirir conocimientos profesionales o técnicas de valoración de la entidad tasadora, ya que la información requerida no se extiende a los conocimientos desplegados en la ejecución de sus servicios profesionales, ni a los sistemas o técnicas valorativas de las que sea titular la entidad, sino exclusivamente al resultado de las valoraciones. No resulta necesaria motivación expresa de la trascendencia fiscal de los datos solicitados, cuando dicha trascendencia resulta evidente dada la naturaleza de los mismos. No se vulnera en el caso concreto el secreto profesional, porque el mismo no se extiende a los datos profesionales, como son los procedentes de las tasaciones.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 14 de septiembre de 2007 en el recurso de alzada interpuesto ante este Tribunal Económico-Administrativo Central por D. ... en nombre y representación de ..., S.A. contra resolución desestimatoria del Tribunal Regional de ... de la reclamación ... relativa a requerimiento de información formulado por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de ..., de cuantía indeterminada.

                                              ANTECEDENTES  DE  HECHO

PRIMERO.-
El 17 de diciembre de 2001, mediante requerimiento de la Dependencia Regional de Inspección, realizado al amparo de lo dispuesto en el art. 111 de la Ley General Tributaria, en la redacción dada a los mismos por la Ley 25/1995, de 20 de julio, y en el art. 37 del RD 939/1986 de 25 de abril, se solicitó a la entidad ..., S.A. la siguiente información con trascendencia tributaria:

Copia de los Certificados de Tasación emitidos durante los años 98-99-00-01, relativos a edificaciones situadas en la Comunidad Autónoma de ..., en los que se asigne a alguna de las viviendas o locales que las componen un Valor de Mercado igual o superior a 75.000.000 pesetas.

Se deberá indicar para cada certificado, los datos que a continuación se indican (siempre que éstos no figuren en el propio documento):

Datos completos sobre la ubicación del inmueble que se valora: calle y número, localidad y provincia.

Nombre y apellidos o Razón Social de la Empresa Inmobiliaria o titular del inmueble que ha solicitado la tasación.

NIF de la Empresa Inmobiliaria o del titular del inmueble.

Domicilio de la Empresa Inmobiliaria o del titular del inmueble (calle, número, localidad y provincia).

         Fecha de tasación. (...).

Dicho requerimiento de información fue notificado en las oficinas de ..., S.A. en ... el 19 de diciembre de 2001.

El 28 de diciembre de 2001, ..., S.A. interpuso recurso de reposición contra el requerimiento de información descrito.

En el escrito de interposición manifestó lo siguiente: Que el contenido de los informes solicitados carece de relevancia tributaria de conformidad con el art. 111 de la Ley General Tributaria. A continuación, solicitó que el requerimiento efectuado sea declarado como no ajustado a Derecho y, por lo tanto, se exonere a la sociedad de la obligación de presentar la documentación solicitada.

Con fecha de 31 de enero de 2002 se desestima el recurso de reposición, conminándose a la entidad reclamante a que proceda a la entrega de la información requerida en un plazo no superior a diez días.

         SEGUNDO.- Disconforme con el acuerdo dictado la interesada, en fecha 8 de marzo de 2002, interpuso reclamación económico-administrativa ... ante el Tribunal Regional. Puesto de manifiesto el expediente se presentó escrito de alegaciones en el que expuso las siguientes: 1) la información requerida no es en realidad una información sobre terceros sino de datos propios y elaborados por la empresa, 2) falta de motivación así como indeterminación de la información solicitada que es genérica y global en relación con el elevado número de clientes de la entidad; 3) falta de trascendencia tributaria; 4) la información se extiende a datos sobre los que la empresa tiene el deber de guardar secreto profesional,

En sesión de día 28 de junio de 2005 resolviendo en primera instancia, el Tribunal Regional acuerda desestimar la presente reclamación confirmando el requerimiento dictado. La resolución es notificada al interesado el 21 de Septiembre de 2005 interponiéndose el 21 de octubre recurso de alzada y alegándose: 1: Los datos e informes solicitados no se deducen de las relaciones económicas con los clientes. 2: Que el requerimiento supone, bajo la obligación de un deber de colaboración, la realización de un trabajo que compete única y exclusivamente a la Administración, que es, realizar los cálculos técnicos necesarios para comprobar si el valor consignado por el sujeto pasivo obligado es correcto. 3: Falta de motivación del requerimiento efectuado y de trascendencia tributaria de los datos solicitados. y, 4: La información requerida está protegida por el deber de secreto profesional.

                                                  FUNDAMENTOS DE  DERECHO

PRIMERO.- Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite del presente recurso de alzada en el que se plantea la procedencia de la información tributaria solicitada.

SEGUNDO.- El art.º 111 de la LGT, en la redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, disponía lo siguiente:

"1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.

(...)

La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a la Administración Tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad, cuya revelación atente al honor o a la intimidad personal y familiar de las personas. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa".

Por otra parte, el art. 37 del RD 939/1986 de 25 de abril, establece que:

"1. De acuerdo con el artículo 111 de la Ley General Tributaria, toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.

(...)

5. Nadie podrá negarse a facilitar la información que se le solicite, salvo que sea aplicable:

a) El secreto del contenido de la correspondencia, así como en general el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial.

b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración para una finalidad exclusivamente estadística.

c) El secreto del protocolo notarial relativo a los instrumentos públicos

d) El secreto profesional concerniente a los datos privados no patrimoniales que los profesionales conozcan por razón del ejercicio de su actividad, cuya revelación atente al honor o a la intimidad personal y familiar de las personas. Nunca se entenderán comprendidos en el secreto profesional la identidad de los clientes y los datos relativos a los honorarios satisfechos por ellos como consecuencia de los servicios recibidos.

(...)

e) El deber de los defensores y asesores de guardar secreto de aquellos datos confidenciales de los que hayan tenido conocimiento como consecuencia de la prestación de sus servicios profesionales. (...) Tendrán la consideración de asesores quienes, con arreglo a Derecho, desarrollen una actividad profesional reconocida que tenga por objeto la asistencia jurídica, económica o financiera.

f) El secreto profesional en el ejercicio de la libertad de información de acuerdo con el apartado primero del artículo 20 de la Constitución, y con lo que se establezca por ley".

Se alega por el interesado en primer lugar que la información solicitada no se corresponde con operaciones realizadas con sus clientes, sino información derivada de su propia actividad profesional, por lo que en definitiva la Administración quiere disponer de una información que debería realizarla ella directamente, es decir, que de alguna manera se apropia de una información profesional desarrollada por la interesada.

Debemos remitirnos al artículo 37.2 del Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, que dispone:

"2. En particular, conforme a la letra d) del artículo 140 de la Ley General Tributaria, la Inspección de los Tributos podrá requerir individualmente a cualquier persona o Entidad para que facilite datos, informes o antecedentes obrantes en su poder y concernientes a otras personas o Entidades, que hayan de facilitarse a la Administración con arreglo especialmente a lo dispuesto en los artículos 111 y 112 de la Ley General Tributaría".

El alcance de la información a que se refiere el art. 111 de la LGT ha sido precisado por el Tribunal Supremo (STS 15-02-2003 y 12-11-2003) cuya doctrina aclara que el requerimiento de información puede referirse tanto a los datos que aquél posea de una persona determinada como a todos los que posea de ciertas operaciones, o de ciertos hechos que afecten a una pluralidad de terceros que se hayan relacionado con él, en su calidad de sujeto requerido sometido al deber de colaboración. Es por ello que en este caso, como se razona en la resolución recurrida, si bien la información requerida es de elaboración propia, sin embargo, es obvio que la misma está relacionada con una pluralidad de terceros con quien se ha desarrollado la actividad profesional de tasación, por lo que la alegación vertida debe ser rechazada en este extremo.

En cuanto a que el requerimiento formulado supone una sustitución de la actividad que debería desarrollar la Administración (por "comodidad" de la Administración como alega el interesado), debe precisarse que la Administración Tributaria, ni otorga valor administrativo a las valoraciones efectuadas por la entidad tasadora, ni tampoco puede utilizarlas para más allá de una información indiciaria o estadística, ya que las valoraciones indicadas no tiene más valor pericial que el que la LGT atribuye a las valoraciones practicadas por los particulares. Tampoco es motivo de oposición al requerimiento lo expuesto por el interesado de que la Administración pretenda adquirir conocimientos profesionales o técnicas de valoración de la entidad tasadora, ya que la información requerida no se extiende a los conocimientos desplegados en la ejecución de sus servicios profesionales, ni a los sistemas o técnicas valorativas de las que sea titular la entidad, sino exclusivamente al resultado de dichas valoraciones.

TERCERO.-
Alega el recurrente la deficiente motivación del acto impugnado, en el que no se justifica la trascendencia tributaria de los datos requeridos. Esta cuestión ya se planteó ante el Tribunal Regional que lo resolvió siguiendo el criterio que ya ha manifestado este Tribunal Económico-Administrativo Central en numerosas resoluciones anteriores y que ahora se reitera (...). El artículo 111 de la LGT establece el requisito de la trascendencia tributaria al regular la obligación de aportar informaciones o datos a la Hacienda Pública, siendo evidente que la trascendencia ha de resultar de los antecedentes incorporados al propio expediente, para posibilitar la defensa del obligado tributario y la revisión del expediente por los órganos competentes para ello. Pero, siendo esto así, existe la posibilidad, frecuente en la práctica, de que la trascendencia sea tan evidente que haga ociosa toda motivación expresa de la misma, que de ser exigida, degeneraría en un requisito burocrático tan inútil como fácil de cumplimentar mediante cualquier fórmula común que nada añadiría a la evidencia que la naturaleza de los datos pudiera irradiar por si sola. Por otra parte hay supuestos, en que aquella trascendencia no resulta ostensiblemente del expediente y en tal caso sí es exigible que en él conste su justificación expresa, para que el requisito legal quede cumplido. Pues bien, una vez hecha esta distinción resulta que en este caso estamos ante el primero de los supuestos indicados, ya que la Administración solicita información respecto de las tasaciones de en las que se asigne a las viviendas o locales que las componen un Valor de Mercado igual o superior a 75.000.000 pesetas. En definitiva, se solicita información respecto de algo que es tan evidente su trascendencia tributaria, que no es necesaria la justificación expresa de la relevancia fiscal de los datos, porque resulta de la naturaleza misma de estos.

Es por todo ello que este Tribunal aprecia, siguiendo la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en sentencias de 29-3-1999 y 29-7-2000, que la información solicitada se adapta con el espíritu y finalidad de lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley General Tributaria, estando el requerimiento suficientemente motivado, e identificada la información solicitada, la cual por su naturaleza, es de suficiente y clara trascendencia tributaria, tal y como se establece en el mencionado precepto legal.

CUARTO.- Respecto a la supuesta vulneración el secreto profesional debemos remitirnos a la doctrina del Tribunal Supremo contenida en la Sentencia de 3 de febrero de 2001, que si bien referida al art. 108 de la Norma Foral General Tributaria de Alava, homólogo del art 111 de la LGT, es resuelta en base a la interpretación que deba darse a la legislación estatal, siendo su doctrina perfectamente aplicable al supuesto controvertido. En dicha Sentencia se analiza la obligación de información individualizada solicitada a Agentes de Propiedad Inmobiliaria y se argumenta: "Finalmente, debemos examinar el argumento en que también se apoya el segundo de los motivos opuestos por el recurrente, relativo a que el requerimiento no tiene en cuenta la necesaria confidencialidad de los datos, que llegan al profesional o agente inmobiliario como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa, exceptuados en el último inciso del artículo 115 de la LGT, a lo que se añade la invocación del secreto profesional sobre datos, hechos o noticias conocidas por razón de su actuación profesional, establecida por el Reglamento de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de 4 de diciembre de 1969.

        Ciertamente el artículo 111.5 impone a la Administración un doble límite que ha de observar cuando exige el deber de colaboración de los profesionales, exigiendo el respeto a los datos privados no patrimoniales que conozcan por su actividad y afecten al honor y a la intimidad de sus clientes (en el caso presente, el reproche de los recurrentes no se dirige a que se haya quebrantado este límite) y el de los datos confidenciales en ejercicio de las funciones de asesoramiento y defensa, aclarando que nunca podrán ampararse en el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria.

        Es en el límite que impone la Ley en cuanto a los datos confidenciales obtenidos en el ejercicio de las funciones de asesoramiento y defensa en el que se concreta el reproche de los recurrentes, unido a la necesidad de observar el secreto profesional.

        Recordemos que el secreto profesional cuenta con abundante jurisprudencia, iniciada por las Sentencias del Tribunal Constitucional de 24 de noviembre de 1984 y del Tribunal Supremo (TS) de 29 de julio de 1983, que pusieron límites a la irradiación de éste en el campo de los asesoramientos o dictámenes de los que derivaran operaciones bancarias, permitiendo investigar la causa económica inmediata del abono, pero no la causa remota, es decir, el contenido del asesoramiento o dictamen.

        La Sentencia del TS de 30 de octubre de 1996 insistió en la misma doctrina facultando en materia de honorarios profesionales a indagar la identidad del cliente y genéricamente el concepto o servicio profesional prestado.

        Posteriormente, la restante doctrina jurisprudencial que hemos invocado se ha pronunciado siempre en el mismo sentido.

        La Sentencia de 6 de marzo de 1999, recurso 875/1994, declaró que el secreto profesional, impuesto a los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria por los artículos 28.1 y 35 c) del Decreto de 4 de diciembre de 1969, por el que se aprobó el Reglamento de los Colegios Oficiales de dicha profesión y de su Junta Central, protege exclusivamente el derecho a la intimidad individual, que también salvaguardan, aparte del propio texto constitucional en sus artículos 20.1 y 24, los artículos 111 y 113 de la LGT.

        Una vez más hemos de insistir en que los recurrentes se han limitado a una impugnación del requerimiento formulada en términos genéricos y sin aportar prueba ni señalar en concreto la existencia de extralimitaciones en relación con el secreto profesional.

        Y en cuanto al límite que impone el texto del artículo 111.5 a los datos confidenciales obtenidos por la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa, esta Sala comparte los acertados razonamientos que se contienen en el fundamento segundo de la sentencia de instancia.

        Insiste en este punto el texto recurrido en que el TS, partiendo de la constitucionalidad del deber de colaboración con la Hacienda Pública -STC 110/1984, de 26 de noviembre, AATC 642/1986 y 76/1990, de 26 de abril-, ha tenido ocasión de pronunciarse en repetidas ocasiones sobre cuestiones similares a las suscitadas, recordando que en materia de secreto médico, la Sentencia de 6 de marzo de 1989 declaró la nulidad de pleno derecho del artículo 3.º 1 c) del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, sobre descripción de la asistencia médica prestada, en las facturas expedidas por los colegiados, pero, en el caso de autos -afirma la instancia-, ninguno de los datos a que se refiere el requerimiento de información se salen del ámbito de lo estrictamente patrimonial.

        La sentencia recurrida, con un perfecto análisis, concluye afirmando que la actividad de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria difiere de la que tiene por objeto la asistencia jurídica, económica o financiera del sujeto pasivo, a que se refieren los apartados d) y e) del artículo 37, pues su objeto es el de la mediación y corretaje en operaciones de tráfico inmobiliario, a tenor del artículo 1.º del Decreto 3148/1969, de 4 de diciembre.

        Afirma seguidamente que en modo alguno los datos solicitados se asemejan a las peticiones de información sobre estrategias de venta pactadas confidencialmente entre ofertante y Agente mediador, limitándose a recabar información sobre el precio ofertado, por lo que la cuestión se resume en la simple solicitud de información sobre datos privados patrimoniales y en modo alguno confidenciales, puesto que el conocimiento al que la Administración quiere acceder es al de los datos que la Agencia está en condiciones de facilitar a los demandantes de inmuebles, al punto de que toda idea de confidencialidad se derrumba si se tiene en cuenta que a tenor del artículo 4.º del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre Protección de los Consumidores, en cuanto a información a facilitar en la compraventa y arrendamiento de inmuebles, comprende la totalidad de los datos solicitados en el supuesto de autos, y que se integran entre los que según dicha normativa, los Agentes mediadores han de tener a disposición del público y, en su caso, de las autoridades competentes.

A la vista de la plena identidad de supuestos de hecho y de los argumentos jurídicos expuestos por la doctrina jurisprudencial transcrita, no cabe sino rechazar la invocada vulneración de secreto profesional y confirmar la adecuación a Derecho del requerimiento impugnado.

EN CONSECUENCIA

EL TRIBUNAL CENTRAL, EN SALA, en
el recurso de alzada interpuesto ante este Tribunal Económico-Administrativo Central por ..., S.A. contra resolución desestimatoria del Tribunal Regional de ... de la reclamación ... relativa a requerimiento de información formulado por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de ..., de cuantía inestimada. ACUERDA: Su desestimación y confirmación del acto impugnado.

Secreto profesional
Actividades profesionales
Valor de mercado
Prestación de servicios
Inspección tributaria
Cuantía indeterminada
Secreto de las comunicaciones
Libertad de información
Resolución recurrida
Obligado tributario
Obligación de información
Operaciones bancarias
Honorarios profesionales
Constitucionalidad
Colegiado
Expedicion de facturas
Derecho a la intimidad
Nulidad de pleno derecho
Agentes mediadores
Arrendamiento de bienes inmuebles
Corretaje
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