Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4235/2005 de 13 de Septiembre de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 13 de Septiembre de 2006
  • Núm. Resolución: 00/4235/2005

Resumen

La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 2005, sobre tratamiento del artículo 102 de la Ley 37/1992 a las subvenciones, no puede considerarse a efectos del recurso extraordinario de revisión como documento de valor esencial para la decisión del asunto que fuera posterior al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido, conforme a lo dispuesto por la letra a) del apartado 1 del artículo 244 de la LGT (Ley 58/2003).

Descripción

En la Villa de Madrid, a 13 de septiembre de 2006 en el recurso extraordinario de revisión interpuesto ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, por don D. ..., en nombre y representación de la entidad ..., S.L. con C.I.F. ... y domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra acuerdo de liquidación provisional de la Oficina de Gestión Tributaria de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ..., referencia ..., de fecha 17 de febrero de 2005, por el concepto tributario Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2003, por importe de 1.420,27 euros a ingresar.

                                                      ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La Oficina de Gestión de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ..., dictó acuerdo de liquidación provisional el 17 de febrero de 2005, por el concepto tributario Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2003, por importe de 1.420,27 euros a ingresar.

En el mismo se expresaban los siguientes hechos y fundamentos de derecho que motivaban la resolución:

"- Se modifican las bases imponibles y/o cuotas de I.V.A. deducible en operaciones interiores, en concepto d e adquisiciones de bienes y servicios corrientes, como consecuencia de haber deducido cuotas que no reúnen los requisitos establecidos en el Título VIII, Capítulo I, de la Ley 37/1992.

- Existen diferencias entre la cuantía "Total de ingresos realizados en las autoliquidaciones por I.V.A. del ejercicio" consignada en la declaración modelo 390 y el importe de tales ingresos que constan en esta Administración como realmente efectuados conforme a lo establecido en el artículo 164 de la Ley 37/1992.

- De acuerdo con el artículo 102 de la Ley 37/1992 del IVA, la regla de prorrata será de aplicación cuando el sujeto en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, efectúe conjuntamente entrega de bienes o prestaciones de servicios que originen el derecho a la deducción y otras operaciones de análoga naturaleza que no habilita para el ejercicio del citado derecho quedando por tanto la prorrata como sigue: 1) Volumen de operaciones sujetas y no exentas: 487.661,03 euros. 2) Subvención corriente: 10.800,00 euros. 3) Volumen total de operaciones: 498.461,03 euros. 4) Prorrata aplicable: 98%".

SEGUNDO: Con fecha 27 de octubre de 2005 interpone recurso extraordinario de revisión, de conformidad con en el artículo 244 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en base, en síntesis, a las siguientes consideraciones:

Que a la fecha de interposición del recurso se encuentra pendiente de modificación la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 2005, sobre tratamiento que el artículo 102 de la citada Ley 37/1992 da a las subvenciones; considerando como prueba o documento esta sentencia, reiterando los fundamentos de derecho enunciados en el recurso de reposición presentado en su momento.

                                                      FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Este Tribunal Central es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión que se examinan, de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en desarrollo de la misma por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de revisión en vía administrativa.

SEGUNDO: El recurso de revisión, dada su naturaleza excepcional y extraordinaria, no puede ser eficazmente interpuesto más que por alguno de los motivos taxativamente señalados en las leyes, los cuales son materia de interpretación estricta, estando vedada su aplicación analógica y extensiva a supuestos no contemplados por el legislador, según han puesto de relieve numerosas resoluciones de este Tribunal Central en armonía con reiteradas decisiones jurisprudenciales del Tribunal Supremo, por lo que se hace necesario -ante todo- dilucidar si el recurso que se analiza se funda en alguno de los motivos que enumera el artículo 244.Uno de la Ley General Tributaria de 2003.

El interesado se ampara en el apartado a) del artículo 244.Uno según el cual es necesario "que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido".

Pues bien, dentro de la interpretación restrictiva que debe merecer la fundamentación de un recurso de revisión, dado su carácter extraordinario y la fractura que el mismo representa del principio de seguridad jurídica, el Tribunal Supremo ha venido estableciendo una jurisprudencia consolidada en torno a la interpretación de la causa tasada que el interesado invoca, de la cual constituyen claro exponente, entre otras, las sentencias de 2 de marzo de 1992 y 13 de marzo y 14 de septiembre de 1993, a tenor de las cuales la expresión "documentos de valor esencial para la resolución de la reclamación ignorados al dictarse" empleada en la anterior Ley General Tributaria de 1963 (artículo 127.1.b), que podemos trasladar a la vigente normativa, hace referencia a un determinado medio de prueba, por lo que no puede comprenderse en la causa invocada la aportación o cita de doctrina legal, constituida por las sentencias del Tribunal Supremo, que constituyen una fuente del Derecho, o de los criterios interpretativos de las normas utilizadas para fundamentar las sentencias de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia o los acuerdos de los Tribunales Económico-Administrativos, o de acuerdos anteriores o posteriores del órgano administrativo en los que cambiando su criterio interpretativo, adopta resoluciones distintas a la impugnada o, añadimos, las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

No pretende este artículo y apartado, por lo tanto, revisar la normativa o doctrina que debe o ha debido aplicarse a esos hechos o si la aplicada es la procedente, ya que esta misión está encomendada a los recursos ordinarios y no al que plantea el interesado que tiene el carácter de extraordinario, por lo que una resolución dictada por un Tribunal de Justicia no puede encajar en el concepto de documentos que el referido precepto emplea.

Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2005 (recurso 23/2004), en un recurso extraordinario de revisión, en el que el recurrente apoya su postura en la aportación de sentencias del Tribunal de Justicias de las Comunidades Europeas, no cabe a través del mismo intentar una nueva resolución sobre lo ya alegado y decidido para convertir el recurso en una nueva y posterior instancia contra el acto firme, que el propio sujeto pasivo o interesado no recurrió, consintiendo la actuación administrativa, añadimos nosotros, cuando podía ejercitar el derecho a la revisión ordinaria de los actos a fin de plantear la cuestión discutida en las instancias ordinarias, como así lo hizo respecto de las liquidaciones giradas por otro concepto; en definitiva, no puede convertirse el recurso de revisión en nueva instancia contra el acto firme.

En el mismo sentido expresado, la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2005 (recurso 19/2004), en la que también se aportaba como documento de valor esencial sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, señala expresamente que "al ser de fecha posterior a la que se pretende rescindir, no puede tener relevancia en un proceso de revisión", esto es, trasladado al ámbito administrativo concluiríamos en manifestar que la existencia de criterios jurisprudenciales interpretativos de los supuestos de hecho, posteriores a los actos administrativos que se pretender revisar extraordinariamente, no pueden justificar la interposición del recurso del que ahora conocemos, pues no puede concluirse sin más argumentación que la expuesta que el mismo órgano que anuló los actos relativos a otro concepto y procedimiento inspector distinto hubiera dictado la misma resolución, pues ello implica tanto como presumir o sustituir la voluntad del órgano económico-administrativo, desconociendo todas las vicisitudes o circunstancias que concurrían en los actos que ahora se pretende revisar extraordinariamente.

En sentido análogo al expuesto se pronuncia también la Audiencia Nacional, entre otras en sentencia de 7 de diciembre de 2000 (recurso número 1347/1997), si bien referido a la Ley General Tributaria anterior, aunque aplicable también a la vigente, cuando expresa:

"Entre las causas tasadas en dicho artículo, el recurrente entiende aplicable la regulada en su letra b), de acuerdo con la cual, el recurso de revisión podrá interponerse contra las resoluciones de reclamaciones económico-administrativas firmes cuando "aparezcan documentos de valor esencial para la resolución de la reclamación, ignorados al dictarse o de imposible aportación entonces al expediente".

        La STC, de 31 de octubre de 1996, no tiene la naturaleza de "documento" a los efectos de interponer el correspondiente recurso de revisión, porque los "documentos" a los que se refiere el artículo 127.1 son un medio de prueba que, de acuerdo con la definición contenida en el artículo 94 del Real Decreto 391/1996, sirven para acreditar los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento; mientras que las sentencias de los Juzgados y Tribunales contienen doctrina legal y, por regla general, no sirven para acreditar hechos distintos a los expresamente consignados en su parte expositiva.

        Esta interpretación ha sido sostenida por el Tribunal Supremo, que ha confirmado que los motivos del recurso de revisión son numerus clausus, y de interpretación restrictiva, y que el motivo de revisión consistente en la aportación de documentos ignorados o de imposible aportación tiene por única finalidad demostrar la existencia de un error en la apreciación de los hechos, que en este caso no ha existido, por lo que debe ser confirmada la resolución del TEAC impugnada, siendo el fondo de la cuestión materia ajena a este proceso, según correctamente argumenta el Abogado del Estado".

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en Sala, en el recurso extraordinario de revisión promovido por Don ..., en nombre y representación de la entidad ..., S.L., contra acuerdo de liquidación provisional de la Oficina de Gestión Tributaria de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ..., referencia ..., de fecha 17 de febrero de 2005, por el concepto tributario Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2003, por importe de 1.420,27 euros a ingresar ACUERDA: declararlo inadmisible.

Impuesto sobre el Valor Añadido
Comunidades europeas
Liquidación provisional del impuesto
Administración Tributaria del Estado
Recurso de revisión
Gestión tributaria
Sociedad de responsabilidad limitada
Operaciones interiores
Actividades empresariales
Entrega de bienes
Modelo 390 Declaración resumen anual IVA.
Prestación de servicios
Revisión en vía administrativa
Medios de prueba
Actos firmes
Seguridad jurídica
Liquidación girada
Actuación administrativa
Procedimiento inspector
Voluntad

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 520/2005 de 13 de May (Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revision en via administrativa) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 126 Fecha de Publicación: 27/05/2005 Fecha de entrada en vigor: 27/06/2005 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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