Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4351/2004 de 15 de Marzo de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 15 de Marzo de 2006
  • Núm. Resolución: 00/4351/2004

Resumen

En una derivación de responsabilidad a la que resulta aplicable el artículo 37.3 y 6 de la LGT (Ley 230/1963), según la D.T.3ª de la Ley 58/2003, la responsabilidad alcanza a la totalidad de la deuda y es exigible íntegramente a cualquiera de los que sean declarados responsables. Por ello, la suspensión ha de ser solicitada por cada interesado y sólo a él se le concede, de forma que la suspensión concedida a otro no opera en su favor, aunque se trate de la misma deuda y el aval ha de indicar el nombre del deudor al que se refiere. Si el interesado pretende beneficiarse del aval concedido a tercero por la misma deuda, en el documento que formaliza el aval debe constar la circunstancia de que se refiere a los dos deudores, y el importe que se avala en cada caso.

Descripción

          En la Villa de Madrid, a 15 de marzo de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Económico Administrativo Central, interpuesta por D. ..., con domicilio en ..., contra acuerdo de 20 de septiembre de 2004 de la Oficina Nacional de Recaudación de la Agencia Tributaria, por la que se deniega la suspensión de diversos actos impugnados, por importe total de 978.034,57 €.

                                                   ANTECEDENTES  DE  HECHO

        PRIMERO: El interesado había solicitado el 20 de abril de 2004 la suspensión de la ejecución de los siguientes actos, impugnados en vía administrativa:

CLAVE DE LIQUIDACIÓN        CONCEPTO Y PERIODO     IMPORTE

                ...                                    I. Sociedades 94                              896,02  

                ...                                    I. Sociedades 91                        820.705,40

                ...                                    IRPF 92/94                                 15.604,75

                ...                                    I. Sociedades 97/00                   140.828,40
                                                                                    
Total           978.034,57

        Por acuerdo de la Oficina Nacional de Recaudación de 20 de septiembre de 2004 se denegó la suspensión solicitada porque "el solicitante no ha atendido en el plazo establecido los requerimientos de subsanación de errores de la garantía aportada para que reúna los requisitos necesarios para su eficacia de acuerdo con lo establecido en el artículo 75.3 del citado Real Decreto (se refiere al 391/1996), requerimientos que fueron notificados en fechas 01.06.04 y 13.07.04".

        SEGUNDO: Como antecedentes de la denegación anterior, se destacan los siguientes hechos:

        1.- Las liquidaciones proceden del acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria de 11 de marzo de 2004 de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en ..., por el que se le exigía al interesado el pago de las deudas pendientes de ..., S. A., en virtud del primer párrafo del artículo 40.1 de la Ley 230/1963 General Tributaria.

        2.- El citado acuerdo de derivación de responsabilidad fue objeto de reclamación económico-administrativa R.G. ..., desestimada por resolución de 26 de octubre de 2005.

        3.- El interesado solicitó a la Agencia Tributaria la suspensión de las liquidaciones impugnadas alegando que del importe derivado ya había sido garantizado mediante aval bancario constituido por otro administrador, al que se ha derivado responsabilidad subsidiaria por la misma deuda, existiendo por tanto garantía suficiente en poder de la Administración y quedando únicamente pendiente de garantizar del total de la deuda exigida el importe de 36.922,27 €, para lo que  se ofreció como garantía la fianza personal y solidaria prestada por dos contribuyentes  de la localidad de reconocida solvencia y compromiso de aval solidario prestado por entidad bancaria.

        4.- El Departamento de Recaudación requirió al interesado el 21 de mayo de 2004 para que en el plazo de diez días hábiles subsanase algunos defectos del aval, y en concreto que debe referirse al importe total de 978.034,57 € más los intereses de demora, y especificar si garantiza conjuntamente las deudas notificadas a los dos responsables o al interesado solamente.

        5.- El interesado presenta escrito de 11 de junio de 2004 alegando lo que estima adecuado a su derecho, y a la vista de ello, el Departamento de Recaudación reitera el requerimiento del anterior punto 4, dándole nuevo plazo de diez días hábiles.

        6.- Con fecha 20 de septiembre siguiente se dictan sendos acuerdos: uno respecto de la suspensión automática de unos actos y otro por el que se deniega la suspensión y que es el acuerdo impugnado ante este Tribunal Central.

        TERCERO: Contra el acuerdo de 20 de septiembre de 2004 por el que se denegó la suspensión, notificado el día 4 de octubre de 2004, el interesado interpone la presente reclamación económico-administrativa mediante escrito de 3 de noviembre siguiente, solicitando que quede sin efecto el acto impugnado, para lo cual argumenta en fase de alegaciones que de acuerdo con el artículo 52 del Reglamento General de Recaudación y 82 de la Ley General Tributaria 58/2003 no es requisito necesario de un aval el que indique si se refiere al interesado o a éste y al otro responsable, con especificación del importe objeto de la garantía y de las deudas notificadas a cada responsable; los únicos requisitos exigibles son que sea solidario y que esté otorgado por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca. Por otra parte, para determinar el concepto de avala y sus características básicas ha de acudirse a la legislación mercantil: ni en los artículos 439 y ss del Código de Comercio ni en los artículos 1822 y siguientes del Código Civil, figura la obligación de incluir el nombre de todos los responsables solidarios de la deuda que se afianza, ni la descripción de cada una de las deudas cuyo pago le corresponde a cada uno, ni tampoco existe una norma específica que haga referencia al supuesto de que sean los administradores de una sociedad los que deban ser avalados, por lo que no es preciso que se haga en el aval otorgado mención alguna al otro responsable. En lo que se refiere a la cuantía del aval, que según la Administración tributaria debe ascender a la totalidad de la deuda, 978.034,57 € más los intereses de demora, en vez de 34.295 €, correspondiente a la diferencia entre la cuantía total de la deuda y la parte que ha sido ya garantizada por la otra administradora responsable, tal como se ha dicho. Pero de la normativa tributaria reguladora del procedimiento de recaudación y suspensión de la ejecución se desprende que en los casos de responsabilidad no existen diversas deudas tributarias exigibles a cada administrador, sino únicamente una sola deuda que es la que debe ser objeto de garantía. En este sentido cita a algunos autores que defienden la idea de que una vez suspendida y garantizada la totalidad de la druda por uno de los obligados debe ser suspendida para el resto, a la vista de la nueva Ley General Tributaria 58/2003. Finalmente, entiende vulnerados los principios de proporcionalidad y de capacidad económica, recogidos en el artículo 3 de la Ley General Tributaria y 31 de la Constitución, porque al pretender la Administración que el interesado ofrezca aval bancario por el importe total de la deuda cuando una parte sustancial ha sido anteriormente garantizada por el otro responsable, se exige una doble garantía en relación con una misma deuda.

                                               FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

        
PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la presente reclamación, en la que la cuestión planteada consiste en determinar si es improcedente el requerimiento de pago efectuado.

        SEGUNDO: Al caso presente le es de aplicación el artículo 75 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, y no otras normas mercantiles o civiles, porque de acuerdo con el artículo 4.1 del Código Civil, la aplicación analógica de las normas sólo procede en el caso de que no exista norma específica, constituida precisamente en el presente supuesto por el artículo 75 citado. Este artículo 75.1, denominado "Suspensión automática de los actos de contenido económico", dispone que "Quedará automáticamente suspendida la ejecución del acto administrativo impugnado desde el momento en que el interesado lo solicite y aporte garantía bastante conforme a las normas del presente artículo". El apartado 3, párrafo segundo, del mismo artículo dispone a su vez que "Si la garantía aportada no es bastante por no ajustarse en su naturaleza o cuantía a lo dispuesto en este artículo o por no reunir los requisitos necesarios para su eficacia, se concederá al interesado un plazo de diez días para subsanar los defectos".

        TERCERO: De acuerdo con expuesto, la suspensión ha de ser solicitada por cada interesado, por lo que sólo a él se le concede, razón por la cual la suspensión concedida a otro no opera en su favor, aunque se trate de la misma deuda, y el aval ha de indicar el nombre del deudor al que se refiere. Y ello porque de acuerdo con el artículo 37, apartados 3 y 6,  de la Ley 230/1963, General Tributaria, la responsabilidad alcanza a la totalidad de la deuda y es exigible íntegramente a cualquiera de los que sean declarados responsables. En este punto es necesario además aclarar que la Ley General Tributaria aplicable al caso es la 230/1963, y no la 58/2003, de conformidad con la disposición transitoria tercera de la misma.

        CUARTO: Asimismo de acuerdo con lo expuesto en el fundamento segundo, la garantía ha de ser bastante, esto es, que cubra la totalidad de la deuda. Puesto que la suspensión concedida a un tercero por la misma deuda no beneficia al interesado, es necesario que la garantía lo sea por el total de la deuda de la que ha sido declarado responsable. En este sentido el requerimiento del Departamento de Recaudación de 21 de mayo de 2004 es perfectamente correcto y ajustado a derecho, porque si el interesado pretende beneficiarse del aval concedido a tercero por la misma deuda, en el documento que formaliza el aval debe constar la circunstancia de que se refiere a los dos deudores, y el importe que se avala en cada caso. El Departamento de Recaudación en su requerimiento se limita a facilitar la aportación de garantía por el interesado; mediante aval individual o bien colectivo.

        QUINTO: En consecuencia con todo lo anterior, este Tribunal Central entiende que el acto impugnado es conforme a derecho, por lo que considera que no se ha quebrantado ningún principio constitucional o legal aplicable, porque lo contrario supondría afirmar que las normas positivas aplicables citadas contravienen tales principios.
          
VISTOS los preceptos citados y demás aplicables,

          ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO
-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución a la presente reclamación ACUERDA: Desestimarla, confirmando el acto impugnado.

Responsabilidad
Aval
Derivación de responsabilidad
Suspensión de la ejecución
Días hábiles
Aval bancario
Intereses de demora
Subsanación de errores
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Fase de alegaciones
Sociedad de garantía recíproca
Entidades de crédito
Responsable solidariamente
Deuda tributaria
Capacidad económica
Requerimiento para el pago
Ejecución de los actos administrativos
Acto administrativo impugnado

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 939/2005 de 29 de Jul (Reglamento General de Recaudación) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 210 Fecha de Publicación: 02/09/2005 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2006 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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