Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4431/2004 de 15 de Marzo de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 15 de Marzo de 2006
  • Núm. Resolución: 00/4431/2004

Resumen

En un aplazamiento de pago de diversas deudas concedido por el Departamento de Recaudación de la AEAT que estaba condicionado para la cesión a favor del Estado de determinados derechos económicos, formalizada por la entidad y aceptada por la AEAT, el incumplimiento de uno de los plazos provoca la aplicación del artículo 57 del Reglamento General de Recaudación y en consecuencia el inicio del procedimiento ejecutivo, con la exigencia de los intereses y recargos correspondientes. La cesión de crédito fue requisito imprescindible para obtener la garantía, pero no supone el pago de la deuda tributaria ni libera al deudor de efectuar por sí o a través de tercero el pago de cada plazo.

Descripción

          En la Villa de Madrid, a 15 de marzo de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Económico Administrativo Central, interpuesta en nombre y representación de ..., S. A. D., por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra resolución de 30 de septiembre de 2004 de la Oficina Nacional de Recaudación, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio por importe de 995.527,58 €.

                                                 ANTECEDENTES  DE  HECHO

        PRIMERO: Con fecha 27 de mayo de 2003 el Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria, apreciando dificultades transitorias de tesorería de la entidad interesada, autorizó el pago aplazado de diversas deudas, entre las que se encuentra la numerada ..., en concepto de I.R.P.F., en fase voluntaria y por importe de 3.501.631,82 €. Los pagos aplazados, por importe el primero de 794.122,31 € y 917.503,17 € cada uno de los tres siguientes, tenían como vencimiento las siguientes fechas: 22-12-03; 20-12-04; 20-12-05; y 20-12-06. El aplazamiento autorizado estaba condicionado al cumplimiento de diversos extremos, entre otros, la "formalización en escritura pública de la cesión a favor del Estado de los derechos económicos que le correspondan percibir según Convenio de colaboración suscrito con la Consejería de ... el 15 de octubre de 2002". La cesión de crédito fue formalizada en escritura pública de 5 de diciembre de 2002, y aceptada por la Agencia Tributaria el 13 de enero siguiente. En la resolución que concede el aplazamiento se indica también que "De incumplirse el plazo en cualquiera de los vencimientos incluidos en esta Resolución o en cualesquiera otros que hubiera concedidos, para la deuda incumplida será de aplicación lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento General de Recaudación...".

        SEGUNDO: Ante el impago parcial del primer plazo, vencido el día 22 de diciembre de 2003 e incrementado por los correspondientes intereses de demora consignados en la propia resolución de concesión de aplazamiento, la Oficina Nacional de Recaudación dictó providencia de apremio por importe total que incluye el  recargo de apremio del 20%, de 995.527,58 €, notificada el día 6 de febrero de 2004. Disconforme la entidad interesada, interpone recurso de reposición que es desestimado por resolución de 30 de septiembre de 2004, en la que se argumenta que el artículo 57.2 del Reglamento General de Recaudación establece cómo se ha de proceder en caso de que no se haga efectivo a su vencimiento cualquiera de los plazos fraccionados, y que el artículo 36 de la Ley 230/1963 General Tributaria establece que la posición del sujeto pasivo y los demás elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de particulares.

        TERCERO: Contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición, notificada el día 19 de octubre de 2004, interpone la presente reclamación económico-administrativa mediante escrito del día 19 de noviembre siguiente, solicitando que se deje sin efecto el recargo de apremio liquidado, para lo cual argumenta lo siguiente: el plazo de la deuda que debía hacerse efectivo el día 22 de diciembre de 2003 no fue ingresado porque, a pesar de que en la escritura pública de cesión de crédito se indica que éste queda destinado al pago de la deuda tributaria aplazada y que la Agencia Tributaria comunicó su aceptación a la Consejería de ..., éste no ha cumplido con los pagos estipulados en el Convenio suscrito el 15 de octubre de 2002, ni en plazo, ni en cantidad, ni tampoco en el lugar correcto, esto es, en la Oficina Nacional de Recaudación, sino que más tarde y en cuantía inferior, hizo el ingreso en una cuenta corriente del ..., S. A. D. abierta en ... A la vista del ingreso, ... procedió de forma inmediata a cargar determinados importes atrasados en concepto de intereses, hipoteca, comisión de avales, tarjetas de crédito, etc. Además, sobre la indicada cuenta corriente pesaban mandamientos de embargo del Juzgado de lo Social, por lo que con cargo a los fondos satisfechos por la Consejería se pagó a determinados jugadores cantidades por las que se había instado el embargo. En apoyo de la veracidad de cuanto antecede remite diversa documentación. Por todo ello, el representante de la sociedad interesada no está de acuerdo con las conclusiones que la Oficina Nacional de Recaudación extrae de la aplicación al caso de los artículos 36 y 57.2 del Reglamento General de Recaudación: el ..., S. A. D. no puede pagar la deuda tributaria al vencimiento del plazo porque no es titular del crédito derivado del Convenio tantas veces citado, porque fue cedido y aceptada la cesión por la Agencia Tributaria; de acuerdo con la resolución de concesión de aplazamiento de 27 de mayo de 2003, el pago de los distintos plazos se debía hacer con los ingresos procedentes del Convenio, pero los órganos correspondientes del ... han actuado con negligencia, de lo que no puede responsabilizarse a la sociedad interesada. Por otra parte, entiende que no es aplicable al caso el artículo 36 de la Ley 230/1963 General Tributaria, porque el acuerdo de pago de la deuda tributaria en plazos se ha llevado a cabo con la Agencia Tributaria, no con particular alguno. Entiende que aunque el obligado tributario es el ..., S. A. D., no puede exigírsele apremio alguno, dados los hechos transcritos, porque tal exigencia se conjuga mal con una interpretación amplia, flexible y razonable del precepto supuestamente infringido.

                                            FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

        PRIMERO
: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la cuestión planteada consiste en determinar si la exigencia de recargo de apremio es conforme a derecho. 

        SEGUNDO: El artículo 1526 y siguientes del Código Civil regulan la transmisión de créditos y demás derechos incorporales. El siguiente artículo 1529 dispone que "El vendedor de buena fe responderá de la existencia y legitimidad del crédito al tiempo de la venta, a no ser que se haya vendido como dudoso; pero no de la solvencia del deudor, a menos de haberse estipulado expresamente, o de que la insolvencia fuese anterior y pública". La estipulación expresa está precisamente en la resolución de 27 de mayo de 2003, de concesión de aplazamiento en el pago de la deuda tributaria, al indicar que el incumplimiento del pago de cualquiera de los vencimientos determina la aplicación del artículo 57 del Reglamento General de Recaudación. Y es que la cesión de crédito fue requisito imprescindible para obtener la garantía, pero al no suponer el pago de la deuda tributaria ni liberar al deudor de efectuar por sí o a través de tercero el pago de cada plazo, el incumplimiento de uno de ellos origina la aplicación del precepto citado y en consecuencia el inicio del procedimiento ejecutivo, con la exigencia de los intereses y recargo correspondientes. Contra lo que afirma el representante de la interesada, la resolución de 27 de mayo de 2003 no preceptúa que el pago de los plazos deba hacerse con los ingresos procedentes del Convenio; constituían tan sólo su garantía, que resultó fallida. La Administración tributaria está sometida en su actuación al principio de legalidad, por lo que no le está permitido el incumplimiento del citado artículo 57 que pretende el reclamante al solicitar que se deje sin efecto el recargo de apremio, con independencia de los hechos relatados en los antecedentes, de los que no es responsable la Hacienda Pública ni debe resultar perjudicada por ellos.

        Por lo expuesto,

        ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO
-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución de la presente reclamación económico-administrativa ACUERDA: Desestimarla, confirmando los actos impugnados.

Pago de la deuda tributaria
Escritura pública
Pago aplazado
Providencia de apremio
Recargo de apremio
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Cuenta corriente
Convenio de colaboración
Intereses de demora
Obligaciones tributarias
Comisiones
Aval
Tarjetas de crédito
Hipoteca
Deuda tributaria
Vencimiento del plazo
Obligado tributario
Buena fe
Solvencia del deudor
Insolvencia
Principio de legalidad
Responsabilidad

Real Decreto 939/2005 de 29 de Jul (Reglamento General de Recaudación) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 210 Fecha de Publicación: 02/09/2005 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2006 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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