Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4470/2004 de 31 de Mayo de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 31 de Mayo de 2006
  • Núm. Resolución: 00/4470/2004

Resumen

Es correcto el acuerdo de la Directora del Departamento de Recaudación de la AEAT que declaró resuelto un previo convenio singular entre una sociedad en suspensión de pagos, otras sociedades, entre ellas la entidad reclamante, y la Hacienda Pública, ya que el convenio quedaba condicionado a la efectiva aprobación judicial del convenio de acreedores y, en caso de resolución, la Hacienda Pública podría continuar el procedimiento administrativo de apremio para el cobro de los derechos de crédito sujetos al convenio. Ahora bien, teniendo en cuenta las claúsulas del convenio, debe anularse el inciso del acuerdo que indicaba que no implicaba la devolución de cantidad alguna que se hubiere percibido por la Hacienda Pública quedando a favor de ésta las cantidades hasta entonces satisfechas, debiendo considerarse que las cantidades que como consecuencia del convenio se hubieran podido satisfacer deben detraerse del total de la deuda pendiente de la entidad deudora.

Descripción

        En la Villa de Madrid, a 31 de mayo de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por X, S.A., y en su nombre y representación por D ... con domicilio en ..., contra acuerdo de la Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria de 26 de mayo de 2004, en asunto referente a denuncia de convenio singular; cuantía: indeterminada.

                                                     ANTECEDENTES DE HECHO


        
PRIMERO: En fecha 26 de mayo de 2004, la Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria dictó un acuerdo que se notificó a la entidad X, S.A. el 29 de junio de 2004, por el que se declaró resuelto en su totalidad el convenio singular suscrito en fecha 10 de marzo de 1999 de una parte por la entidad Y, S.A. declarada en estado de suspensión de pagos, y por otras sociedades, entre ellas, X, S.A. y de otra parte por la HACIENDA PÚBLICA.

        
El mencionado acuerdo se fundamentó en que en el convenio citado se estableció que la validez del mismo quedaba condicionada a la efectiva aprobación judicial del convenio de acreedores en el expediente de suspensión de pagos y que en caso de resolución la Hacienda Pública podría continuar el procedimiento administrativo de apremio para el cobro de los derechos de crédito sujetos al convenio, dándose la circunstancia de que por sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº ... de ... de fecha 17 de septiembre de 2002, confirmada en parte por sentencia de la Audiencia Provincial de ... de fecha 24 de noviembre de 2003, se declaró no haber lugar al convenio y se sobreseyó el expediente de suspensión de pagos.

        También se dispuso en el citado acuerdo la continuación del procedimiento administrativo para el cobro de las deudas pendientes, indicando que la resolución del convenio no implicaba la devolución de cantidad alguna que como consecuencia del mismo se hubiere percibido quedando a favor de la Hacienda Pública las cantidades hasta entonces satisfechas.

        SEGUNDO: Contra dicho acuerdo interpuso la entidad X, S.A. reclamación económico administrativa ante este Tribunal Central en cuyo trámite de alegaciones manifestó que la denuncia del Convenio va contra los propios actos de la Administración ya que aunque el acuerdo alcanzado el 10 de marzo de 1999 fue supeditado a la homologación judicial, lo cierto es que mediante documento formalizado en fecha 27 de diciembre de 1999 entre el Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación y el resto de los firmantes del Convenio, se acordó dar plena eficacia al mismo expresando que todas las referencias hechas en el Convenio a la fecha de homologación o aprobación judicial del Convenio de Acreedores habían de entenderse sustituidas por la fecha de adopción del acuerdo de ratificación por el que se daba plena e inmediata eficacia al Convenio singular, es decir el acuerdo de 27 de diciembre de 1999, por lo que entiende que X, S.A. no puede verse afectada actualmente por la denuncia del convenio cuyos actos fueron realizados por las partes basándose en la eficacia total del mismo

        La entidad interesada solicitó de este Tribunal la suspensión de la ejecución del acto impugnado sin aportación de garantía, solicitud ésta que fue inadmitida a trámite por acuerdo de fecha 3 de febrero de 2005.

                                                      FUNDAMENTOS DE DERECHO

        
PRIMERO.- Concurren en la presente reclamación, los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que constituyen presupuesto para la admisión a trámite de la misma, en la que la cuestión que se plantea, es la de la adecuación o no a derecho de la resolución del convenio singular antes referida.
        
        SEGUNDO.- El artículo 39 del Real Decreto Legislativo 1091/1988 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, establece en su apartado 2 que "El carácter privilegiado de la Hacienda Pública estatal otorga a ésta el derecho de abstención en los procesos concursales, en cuyo curso, no obstante, podrá suscribir los acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal así como acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas condiciones singulares de pago que no pueden ser más favorables para el deudor que las recogidas en el acuerdo o convenio que ponga fin al proceso judicial...". Por su parte el artículo 129.4 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, en la redacción dada por la Ley 25/1995, establece que la Hacienda Pública "podrá, en su caso, suscribir acuerdos o convenios concertados en el curso de los procesos concursales para lo que se requerirá únicamente autorización del órgano competente de la Agencia Estatal de Administración tributaria".

        Como puede observarse las normas antes citadas posibilitan a la Administración para acordar con el deudor unas condiciones singulares de pago, pero no establece disposición alguna relativa a las condiciones del acuerdo que se adopte, exigiendo únicamente para ello la autorización del órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y que las condiciones que se pacten no sean más favorables para el deudor que las recogidas en el acuerdo o convenio que ponga fin al proceso judicial. Por tal motivo, la resolución al tema planteado en esta reclamación tendrá que basarse en lo que se deduzca de los propios términos pactados y de las demás circunstancias concurrentes en el caso.

        TERCERO.-A tal respecto es de señalar que del examen de los documentos obrantes en el expediente de gestión se deducen las siguientes circunstancias de hecho: a) que el convenio singular al que la presente reclamación se refiere fue suscrito el 10 de marzo de 1999 de una parte por Y, S.A., Z, S.L. W, S.A., X, S.A. y D. ... y de otra parte por LA HACIENDA PÚBLICA y en su nombre por el Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación autorizado para ese acto por el Director del Departamento de Recaudación; b) que en dicho convenio se estipuló el pago de una parte de la deuda concursal de Y, S.A. por importe de 1.816.585.822 ptas (10.917.900,68 €), mediante aportaciones de las otras sociedades intervinientes, compensaciones con créditos a favor de éstas y aplazamientos de pago en garantía de los cuales las citadas sociedades aportaron los correspondientes avales; c) que en el punto CUARTO del acuerdo se estipuló que la validez del mismo quedaba condicionada a la efectiva aprobación judicial del Convenio de Acreedores en el expediente de suspensión de pagos; d) que en un posterior acuerdo de 27 de diciembre de 1999 se expuso que en la fecha de formalización del convenio de 10 de marzo de 1999 todavía no había sido emitido por la intervención judicial el Dictamen previsto en el artículo 8 de la Ley de suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922 y que, habiéndose emitido después el citado Dictamen y no poniéndose de manifiesto ninguna de las circunstancias previstas en el estipulación tercera del Convenio Singular como causa de resolución, se acuerda "dar plena e inmediata eficacia a lo acordado en el Convenio Singular de 10 de marzo de 1999, debiendo entenderse todas y cada una de las referencias que se hacen en el mismo a la fecha de homologación o aprobación judicial del Convenio de Acreedores en el expediente de suspensión de pagos o Convenio Concursal sustituidas por la de la fecha de HOY día 27 de diciembre de 1999, permaneciendo en sus propios términos el resto de estipulaciones formalizadas en el documento de 10 de marzo de 1999"; d) que en fecha 17 de septiembre de 2002, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº ... de ... dictó sentencia en la que estimó la oposición a la aprobación del Convenio de Acreedores ofrecido por la suspensa Y, S.A., declarando el sobreseimiento del expediente de suspensión de pagos; f) que en fecha 24 de noviembre de 2993, la Audiencia Provincial de ... dictó sentencia en el recurso de apelación formulado por Y, S.A. contra la sentencia antes referida, revocando la misma en el sentido de no estimar concurrente la causa de oposición al convenio en ella acogida, estimado en cambio concurrente otra causa de oposición y declarando CONCLUSO EL EXPEDIENTE por no haber lugar a la aprobación del Convenio.

        CUARTO.- A la vista de las circunstancias de hecho que acaban de narrarse resulta claro que de conformidad con lo estipulado en el acuerdo de 27 de diciembre de 1999, el convenio pactado el 10 de marzo de 1999 comenzó a surtir efectos el propio día 27 de diciembre de 1999, lo cual no implica ni conlleva el que la validez del mismo dejase de estar condicionada "a la efectiva aprobación judicial del Convenio de Acreedores en el expediente de suspensión de pagos", condición ésta que se pactó en la cláusula 4ª del convenio singular y que no debe considerarse modificada por el acuerdo de 27 de diciembre de 1999 ya que éste se refiere a la fecha de efectos del convenio singular y no a la validez del mismo que lógicamente debe verse afectada por la declaración judicial de conclusión del expediente de suspensión de pagos que faculta a los acreedores para acudir a los medios de ejecución singular que tengan a su alcance, por lo que impedir a la Hacienda Pública la utilización del procedimiento administrativo que le es propio para el cobro de sus deudas, implicaría imponerle peores condiciones que las que asisten a los acreedores ordinarios, lo cual es contradictorio con el carácter privilegiado de sus créditos, por todo lo cual debe considerarse correcto y adecuado a derecho el acuerdo impugnado en cuanto que procedió resolver el convenio singular referido.

        QUINTO.- No obstante lo dicho, es de señalar que, como se ha expuesto anteriormente, en el acuerdo de resolución del convenio se indicó que dicha resolución no implicaba la devolución de cantidad alguna que se hubiere percibido por la Hacienda Pública quedando a favor de ésta las cantidades hasta entonces satisfechas. Ello, según se indica en el acuerdo responde a lo dispuesto en la cláusula novena del convenio en la que se dice que "el incumplimiento de los pagos y cláusulas del presente documento...será causa de resolución de este Acuerdo en la parte de los pactos asumidos por las entidades y personas intervinientes, quedando a favor de la Hacienda Pública las cantidades hasta entonces satisfechas". Pero dicha cláusula no es aplicable a este caso en que la causa de resolución aducida no ha sido el incumplimiento de los pagos o cláusulas del convenio, sino el sobreseimiento y la conclusión del expediente de suspensión de pagos ordenada por los órganos judiciales, por lo que no existiendo ninguna disposición en la cláusula 4ª del convenio singular, que es la que sirve de fundamento jurídico a la resolución del convenio, en la que pueda apoyarse la decisión de que las cantidades que como consecuencia del convenio se hubieren percibido queden a favor de la Hacienda Pública, procede la anulación de este inciso debiendo considerarse que las cantidades que como consecuencia del convenio se hubieran podido satisfacer deben detraerse del total de la deuda pendiente de la entidad deudora.

        ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución la presente reclamación, ACUERDA: Desestimarlo sin perjuicio de lo indicado en el último de los Fundamentos de Derecho del presente acuerdo.

Suspensión de pagos
Administración Tributaria del Estado
Suspensión de la ejecución del acto
Abstención
Sociedad de responsabilidad limitada
Deudas del concursado
Intervención y administración judicial
Aval
Acreedor ordinario
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