Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/463/2006 de 25 de Julio de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 25 de Julio de 2007
  • Núm. Resolución: 00/463/2006

Resumen

Procedimiento para determinar el valor normal de mercado del artículo 16 del RIS y casos en que es necesaria la notificación a la otra parte. No procede plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En el Impuesto sobre Sociedades no está prevista la reserva del derecho a promover la tasación pericial contradictoria.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 25 de julio de 2007, en las reclamaciones económico-administrativas acumuladas que penden de resolución ante este Tribunal Central, interpuestas por X, S.A., con CIF ..., y en su nombre y representación por Don ..., con domicilio, a efectos de notificaciones, en ..., contra, los acuerdos de liquidación de fecha 31 de octubre de de 2005, notificados el 2 de noviembre, de la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sede ..., relativos al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1998 y 1999, por importe, respectivamente, de 1.542.880,91 euros y 1.811.541,56 euros, así como contra los acuerdos de denegación de las solicitudes de suspensión de los mismos, dictados por el mismo órgano, de fecha ambos, 7 de diciembre de 2005, y notificados el día 9 siguiente.

                                                ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: X, S.A., fue objeto de actuaciones inspectoras por parte de la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sede ..., en relación con los ejercicios 1998 - 1999, y el Impuesto sobre Sociedades, que dieron lugar a la incoación, el 28 de septiembre de 2005, de dos Actas de disconformidad, modelo A02, números ... y ... respectivamente, emitiéndose en igual fecha los preceptivos informes ampliatorios.

Las liquidaciones propuestas en las Actas, determinaban una deuda tributaria a ingresar por importe, respectivamente, de 1.551.434,09 y 1.877.720,46 euros.

SEGUNDO: Presentadas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 56.1 del RD 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Inspección de los Tributos (RGIT), en fecha 25 de octubre de 2005, tras la prórroga del plazo otorgado al efecto, las correspondientes alegaciones por la interesada, el Inspector Jefe dictó sendos acuerdos de liquidación, el 31 de octubre de 2005, que le fueron notificados a la obligada tributaria el día 2 del mes siguiente.

En dichos acuerdos, se determinaba una deuda a pagar por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1998 y 1999, por importe de 1.542.880,91 y 1.811.541,56 euros, respectivamente, que presentaban el siguiente desglose:

                                                              1998                                                     1999

CUOTA                                                       1.149.574,84                      1.406.259,13

RECARGOS                                                                  0                                        0

INTERESES DE DEMORA                          393.306,07                        405.282,43

DEUDA A INGRESAR/ A DEVOLVER  1.542.880,91                     1.811.541,56

TERCERO:
De las actuaciones practicadas y demás antecedentes resulta que:

1.
El inicio de las actuaciones inspectoras se puso en conocimiento del obligado tributario, mediante comunicación notificada el día 17 de septiembre de 2002, en la que se indicaba que las actuaciones tendrían carácter general, y que la comprobación se refería, entre otros, al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1998 a 2001, ambos incluidos.

A partir del año 2000, la entidad pasa a formar parte del Grupo de tributación consolidada ..., en calidad de dominada, pero durante los ejercicios 1998 y 1999, la tributación fue individual.

2.
Por acuerdo del Inspector Jefe de 23 de octubre de 2003, notificado a la entidad el 30 de octubre, el plazo máximo de duración de las actuaciones de comprobación e investigación se amplió a 24 meses, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 29 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes.

En relación al cómputo de dicho plazo, se hizo constar, tanto en el Acta como en el Acuerdo de liquidación, las siguientes circunstancias:

"Primera. En la diligencia n° 8, de 24 de julio de 2003 (folio 000099 del Tomo 1) se hace constar que a petición de la entidad las actuaciones se suspenden hasta el siguiente día 18 de septiembre de 2003, en lugar de la fecha inicialmente prevista por la inspección de 31 de julio de 2003, por lo que se imputa a la entidad una dilación de 49 días. La siguiente diligencia está fechada el 18 de septiembre de 2003".

"Segunda. En la diligencia n° 11, de 2 de octubre de 2003 (folio 000149 del Tomo I) se deja igualmente constancia de que a petición de la entidad, las actuaciones no se reanudan el siguiente día 9 de octubre previsto por la inspección, sino que se suspenden hasta el siguiente día 16 de octubre, por lo que se imputa a la entidad una dilación de 7 días. La siguiente diligencia está fechada el 16 de octubre de 2003".

"Tercera. En la diligencia n° 11, de 2 de octubre de 2003 (folio 000149 del Tomo 1) se solicitó información a la entidad (apartado III) sobre la forma de fijación y cálculo del precio de venta de sus productos a empresas del Grupo. Dicha información no fue suministrada hasta el día 21 de junio de 2004, tal y como consta en la diligencia n° 20 extendida en dicha fecha (folio 000466 del Tomo III)".

"Cuarta. En la diligencia n° 19, de 2 de abril de 2004 (folio 000398 del Tomo III) se hace constar que a petición de la entidad las actuaciones no se reanudan el siguiente día 23 de abril previsto por la Inspección, sino que se suspenden hasta el siguiente día 21 de junio, por lo que se imputa a la entidad una dilación de 59 días. La siguiente diligencia está fechada el 21 de junio de 2004".

"Quinta. En la diligencia n° 22, de 9 de diciembre de 2004 (folio 000520 del Tomo III) se indica que las actuaciones continuarían el siguiente día 13 de enero de 2005. Sin embargo, la siguiente diligencia, la n° 23 (folio 000525 del Tomo III), está fechada el día 26 de enero de 2005. La razón, según se indica expresamente en la misma, fue la petición de la propia entidad, por lo que se deja constancia de la imputación a la entidad de una dilación de 13 días".

"Sexta. En la diligencia n° 24, de 23 de febrero de 2005 (folio 000527 del Tomo IlI) se deja constancia de que, a petición del propio contribuyente, las actuaciones continúan en dicha fecha en lugar de en la fecha prevista en la diligencia anterior que era el 2 de febrero, por lo que se le imputa una dilación de 21 días".

"Séptima. En la diligencia n° 25, de 2 de marzo de 2005 (folio 000532 del folio IIl) se deja constancia de que la entidad no aporta determinada documentación solicitada en fecha 23 de febrero. En la siguiente diligencia de 5 de mayo de 2005 (folio 000533 del Tomo (II) y en relación con la anterior información se hace constar que "el contribuyente reitera que no ha podido obtener esa información, ni tampoco la podrá obtener en un futuro....":

"A la vista de las anteriores circunstancias el actuario ha hecho constar que en el curso de las actuaciones, y a efectos del plazo máximo de duración de las actuaciones previsto en el artículo 29 de la Ley 111998, se han producido dilaciones imputables al obligado tributario por una duración total de 403 días".

3. La regularización efectuada por la Inspección en ambos ejercicios se basa, exclusivamente, en corregir la valoración de determinadas operaciones realizadas entre la entidad y otras sociedades, concretamente, Y, y Z, pertenecientes al Grupo W, con matriz holandesa, X, B.V., dada la vinculación existente entre ellas.

4. X, S.A. -la entidad- es una sociedad residente en España, que fue constituida el 30 de junio de 1994 bajo la denominación R, S.A., cambiando su denominación el 12 de julio del mismo año por la de Q, S.A., y volviendo a modificar su denominación por la actual en fecha 28 de enero de 2000. Su objeto social -declarado a efectos del IVA como "Fabricación de productos farmacéuticos de base"-, tal y como consta en la Memoria del ejercicio 2000, es la producción de productos químicos (...) para el Grupo W.

El producto más importante producido por la entidad es la "...", que exige un proceso productivo que consiste en la obtención de ..., primeramente por procesos químicos y en los últimos ejercicios por métodos enzimáticos, impuestos por el grupo W. La materia prima ..., que es el elemento básico para fabricar el compuesto final, es producida por sociedades de ese mismo grupo. Simplificadamente puede decirse que el grupo W, dentro de su gama de productos, fabrica un antibiótico, una de cuyas fases de producción es efectuada en España por X, S.A. Tal y como reconoce la propia entidad en su escrito anexado a la diligencia n° 21, de 29 de noviembre de 2004, "X, B.V., encarga la elaboración de los productos que vende a sus clientes mundiales a X, S.A., que realiza dichas actividades de acuerdo con las directrices y estipulaciones marcadas por la entidad holandesa".

Tanto la obligada tributaria, como las dos entidades con las que mantiene relaciones comerciales, forman parte del grupo W, de acuerdo con los esquemas que aparecen en el Acuerdo de liquidación.

En el propio acuerdo se especifica que "De cara al conocimiento de las posibles relaciones entre las diversas entidades concernidas, el Equipo de Inspección ha requerido reiteradamente a la entidad, con el resultado siguiente:

En la diligencia n° 21, de 29 de noviembre de 2004 (folio 000519 del Tomo III), se incorporó un escrito de la entidad en el que resumían algunos de los datos aportados al equipo inspector y en él se indica, entre otras cuestiones:

"X, S.A. es una empresa española que forma parte del Grupo ... W.

En cuanto a la organización del Grupo W y atendiendo a su gran tamaño se optó por una estructura descentralizada que gira en torno a los que se denomina "business group':

X forman parte del Business Grupo de productos relacionados con la salud...".

"Los concretos porcentajes de participación de la matriz holandesa en las sociedades holandesas del grupo no fueron aportados a pesar de un nuevo requerimiento de la Inspección plasmado en la diligencia n° 23 extendida el 26 de enero de 2005 (folio 000526 del Tomo III)".

"La relación entre la entidad española y otras entidades del Grupo holandés W se manifestó por la propia entidad que aportó a la diligencia n° 24, de 23 de febrero de 2005 (folio 000527 del Tomo III), el "esquema de relaciones y titularidades entre el obligado tributario y grupo". La composición del Grupo holandés W se recoge en los cuadros aportados por la entidad en la misma diligencia relativos a las compras y ventas a "compañías del Grupo". Ese esquema de relaciones y titularidades entre el obligado tributario y aquellas otras entidades del Grupo es el que hemos incorporado un poco antes. La Inspección efectuó un nuevo requerimiento de información relativo a las Titularidades "intragrupo" (folio 000528 del Tomo III) ".

"En contestación a tal requerimiento de la diligencia anterior, en la siguiente, la n° 25 de 2 de marzo de 2005 (folio 000532 del Tomo III), la entidad manifestó que no había podido aportar la información porque "se trata de información de otras sociedades del grupo". La falta de aportación de los datos determinó que se iniciara uno de los periodos de dilación imputable al contribuyente a los que se ha hecho referencia en un apartado anterior".

"En la siguiente diligencia, la n° 26 de 5 de mayo de 2005 (folio 000533 del Tomo III), el contribuyente "reitera que no ha podido obtener esa información ni tampoco la podrá obtener en un futuro porque se trata de sociedades que aun siendo sociedades del grupo, son residentes en otro país".

"Según se indica en la diligencia n° 27, de 30 de junio de 2005, (folio 000534 del Tomo III), consta en la Memoria del año 2000 que "de acuerdo con un contrato firmado por la sociedad con una empresa del Grupo W, esta empresa le suministra la materia prima principal, La Sociedad, a su vez, le vende sus productos con un margen del 5% sobre el total de los costes, excepto el coste de dicha materia prima suministrada". El preparado final es comercializado en su casi totalidad por la sociedad holandesa X, B.V. En realidad en el periodo al que se refiere este expediente la ventas se efectúan a las siguientes sociedades del Grupo holandés: Z y Y".

5. Consta en el expediente el contrato, denominado 'TOLL MANUFACTURING AGREEMENT'; que podría traducirse por "contrato de fabricación por encargo", que se celebra entre la entidad y la sociedad holandesa Z. No consta la fecha de la firma, si bien en su clausulado se indica que tendrá efecto desde 1 de mayo de 1998. Según manifiesta el representante de la entidad, se trata del documento "por el que se exige el devengo de tales operaciones y da cobertura jurídica a las obligaciones que nacen de los mismos".

Del examen de dicho contrato, que se reproduce en el acuerdo de liquidación, la Inspección llega a las siguientes conclusiones:

"a) La entidad envía directamente la mercancía al cliente final;

b) La entidad factura a las entidades holandesas por esas entregas, y

c) Las entidades holandesas facturan a los clientes finales;

d) La entidad factura el "toll" a la holandesa X, B.V.".

"Es decir, X, S.A. vende a alguna de las sociedades del grupo, con sede en Holanda, remitiendo la mercancía al destino que aquélla le indique, con lo cual, la exportación, entrega intracomunitaria o venta en el mercado nacional, en su caso, la realiza la sociedad holandesa del grupo. Posteriormente, a tenor de la evolución de los costes de fabricación, y en virtud del contrato de "Toll" anterior, se emiten unas facturas, en concepto de "ajuste del margen". En la diligencia n° 19 se hace constar la recepción de las facturas emitidas en el ejercicio 2000 por ese concepto y se aprecia cómo su registro se incluye con las facturas emitidas en concepto de entrega de productos, siendo su destinataria X, B.V., residente en ..., Holanda".

"Del anterior contrato y del análisis de la operativa del mismo, se deduce que tanto el precio de compra como el de venta al cliente vienen fijados  por la sociedad holandesa. Y que los ingresos iniciales que para la entidad española supone la venta del producto a las sociedades holandesas se completan con los procedentes de una liquidación ligada a la evolución de los costes de gestión, al  haberse fijado los primeros en función de unos costes predeterminados (estándares), de forma que se equilibren con los ingresos".

Se considera asimismo por la Inspección que, existe una dependencia financiera, en cuanto a la obtención de financiación, y mercantil de la entidad respecto al Grupo, en cuanto al volumen de operaciones de compra de materias primas y venta del producto respecto del realizado con terceros. Asimismo, se entiende que los precios vienen fijados dentro del Grupo.

De acuerdo con el informe, los precios medios de venta de este producto que fabrica la entidad en el ejercicio 1999, eran: para ventas con empresas holandesas del grupo, 66,50 €/kg; para ventas a empresas españolas del grupo, 57,54 €/kg; y para ventas con clientes no pertenecientes al grupo, 82,85 €/kg.

6. De acuerdo con la liquidación dictada "el actuario llega a la conclusión de que la valoración de las operaciones entre la entidad española y las sociedades del Grupo holandés W difiere del precio de mercado que en condiciones normales se acordaría entre sociedades independientes". Y dado que entiende probada la existencia de vinculación entre la entidad y las citadas, consideró de aplicación el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y del artículo 9 del Convenio entre España y los Países Bajos para evitar la doble imposición, de 16 de junio de 1971, que permiten a la Administración valorar tales operaciones a un precio normal de mercado cuando hubieran sido realizadas entre personas o entida

Impuesto sobre sociedades
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Precio de mercado
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