Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/464/2003 de 16 de Febrero de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 16 de Febrero de 2006
  • Núm. Resolución: 00/464/2003

Resumen

Aunque lo normal es que el procedimiento económico-administrativo se resuelva contando con el expediente de gestión, la normativa contempla la situación indudablemente excepcional de que no se disponga del mismo y permite que el procedimiento pueda continuar. Sin embargo, si bien no se contempla la posibilidad de que el expediente entre en el Tribunal con posterioridad a que se acuerde la continuación del procedimiento sin el mismo, está previsto un trámite de puesta de manifiesto de todo lo actuado por un plazo de veinte días, para que se puedan aportar los antecedentes suficientes para dictar resolución, transcurrido el cual ha de acordarse nuevamente la audiencia a los interesados con aquellos antecedentes de que dispusiera el Tribunal y los que hubieran sido en su caso aportados. Por ello resulta lógico que si ha llegado en el intervalo el expediente de gestión, éste sea el que se ponga de manifiesto. Si el reclamante no examinó el expediente en la puesta de manifiesto, posteriormente no puede alegar indefensión, porque la falta de examen del mismo le resulta imputable.

Descripción

         En la Villa de Madrid, a 16 de febrero de 2006, en la reclamación económico-administrativa que, en segunda instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesta por las entidades X, S. A. y Y, S. A. (como sucesoras de la entidad disuelta Q, S. L.), con domicilio a efectos de notificaciones en ..., y en su nombre y representación D. ..., contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de fecha 31 de julio de 2002, dictada en el expediente de reclamación nº ..., relativa al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1990/1991.

                                                       ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO: Con fecha 13 de noviembre de 1998 la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación especial de la AEAT en ... incoó acta A02, por el concepto y ejercicios indicados, a la entidad Q, S. L., de la que X, S. A. y Y, S. A. eran sucesoras por disolución de aquella en 27-11-95, de la que fueron sucesoras las sociedades X, S. A. y Y, S. A.

        En síntesis, del acta y correspondiente Informe anexo se desprenden los siguientes datos de relevancia para el caso planteado:

        
La sociedad presentó declaración por el impuesto y período de referencia, en régimen de transparencia fiscal. En ella, entre otras modificaciones al resultado contable, incluía: un aumento de 452.405.476 pts (2.719.011,67 €) por imputación de la base imponible de la transparente Z, S. A.

         B) La imputación de los rendimientos de transparencia de la sociedad Z, S. A. ha sido objeto de modificación mediante el expediente especial de fraude de ley acordado por el Delegado Especial de la AEAT de ... con fecha 15-09-98, en cuya virtud pasa a imputarse la base imponible en transparencia de Z, S. A a trece personas físicas. En consecuencia, procede corregir la base imponible previa de Q, S. L. para eliminar la imputación de los resultados de Z, S. A. así como eliminar la imputación de deducciones y retenciones que tuviesen como origen imputaciones de H, S. A.

        Al ser el sujeto pasivo una sociedad en régimen de transparencia fiscal, imputa su resultado  a su accionista único, W, por lo que es necesario corregir igualmente y en el mismo sentido las imputaciones que Q, S. L. hace a W.
                    
        SEGUNDO: Tras las alegaciones, la propuesta contenida en el acta fue confirmada en todos sus extremos por  Acuerdo del Inspector Jefe, de 22 de abril de 1999.

        TERCERO.- Notificado el acuerdo el 3 de mayo de 1999, el 12 de mayo siguiente, las interesadas interpusieron reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... Reclamado, aportado y unido el expediente de gestión, se puso de manifiesto a la interesada quien presentó las correspondientes alegaciones, aduciendo, en síntesis, que la falta de remisión del expediente administrativo determinaba la nulidad de la liquidación impugnada.

        CUARTO: Con fecha de 31 de julio de 2002, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... dictó resolución, desestimando la reclamación interpuesta.

        QUINTO: Notificada dicha resolución a las interesadas el 4 de octubre de 2002. Contra la misma dichas entidades presentaron, el 23 de octubre de 2002, en el Registro del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... para ante este Tribunal Central, recurso de alzada, que recibió el número de RG. 464/03.

        En él manifiestan como única alegación que la falta de remisión del expediente administrativo determinaba la nulidad de la liquidación impugnada, que la causó indefensión y que las sentencias citadas por el Tribunal Regional no se acomodan a su caso, pues se trataba de supuestos en los que el órgano gestor no había remitido el expediente después de reclamarlo.

                                                    FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO: Concurren en el presente recurso los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto básico de su admisión a trámite, siendo las cuestiones planteadas: 1º) consecuencias derivadas de la falta de envío del expediente de gestion y de la segunda puesta de manifiesto del expediente para alegaciones y 2º) Procedencia de la regularización en la recurrente como consecuencia de la procedencia o no de la calificación de fraude de ley.

SEGUNDO.- En relación con la primera cuestión, resulta conveniente resaltar los datos relevantes al respecto: con fecha 25 de mayo de 1999 el Tribunal Regional de ... llevó a cabo la petición del expediente administrativo, reiterándose la petición el 2 de mayo de 2000. Con fecha 10 de octubre de 2000 el Tribunal Regional informa a la reclamante que, no habiéndose enviado el expediente administrativo por la oficina gestora, después de haber sido requerida, se le comunicaba a fin de que, si se hallaba interesada en la continuación del procedimiento, este prosiguiese, poniéndose de manifiesto por un plazo de 20 días para que pudiesen aportarse  antecedentes en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 91. 2 y 89.5 del Reglamento de Procedimiento Económico-Administrativo.

La interesada compareció en el Tribunal el 13 de octubre de 2000, constatando la ausencia del expediente administrativo y mediante escrito de 25 de octubre de 2000 manifestó su interés en la continuación del expediente y siendo la única interesada por economía procesal procedía a formular alegaciones, consistentes, en síntesis, en sostener que la ausencia de remisión del expediente se configuraba como vicio de legalidad sustancial de la resolución pues se traducía en patente indefensión, lo que debía ser sancionado con la nulidad del acto administrativo.

Con fecha 13 de noviembre de 2000 tuvo entrada en el Tribunal Regional, remitido el 2 de noviembre, el expediente de gestión.

Con fecha 22 de noviembre de 2000, notificado a  la interesada el 4 de diciembre, se puso nuevamente de manifiesto el expediente, concediéndole plazo para formular alegaciones.

El 13 de diciembre de 2000 tuvo entrada en el Tribunal Regional escrito de la interesada, manifestando, en síntesis, que, ya había cumplido con el trámite de alegaciones.

TERCERO.- A tenor del artículo 89 del Reglamento de Procedimiento Económico Administrativo de 1996, relativo a la reclamación del expediente, "1. Recibido que sea un escrito  interponiendo reclamación en el Tribunal Económico-administrativo que haya de sustanciarlo, la secretaría en término de cinco días, reclamará del centro o dependencia que corresponda el envío del expediente o actuaciones que hubieran producido el acto administrativo  que se impugne, los cuales deberán ser remitidos al Tribunal, en termino de quince días, bajo la personal y directa responsabilidad del jefe de la dependencia en que obrasen los antecedentes...".

El apartado 5 prevé que si no se remitiese el expediente en el plazo señalado la reclamación seguirá su curso  en los términos del artículo 91.

Dicho artículo 91, relativo a la falta o deficiencia del expediente de gestión, dispone que "si después de realizadas las actuaciones previstas en el artículo 89, no se hubiese remitido el expediente o éste estuviese incompleto, y no existiese causa justificada para detener el curso del procedimiento, se podrán poner tales circunstancias en conocimiento de los interesados, previniéndoles de que la reclamación podrá continuar a su instancia con los antecedentes de que el Tribunal disponga y con aquellos que los propios interesados aporten.

En tales casos, la Secretaría pondrá de manifiesto todo lo actuado y concederá un plazo de veinte días para que todos los que estén personados en el procedimiento puedan aportar antecedentes. En los diez días siguientes podrán examinar las actuaciones y se formulará el escrito de alegaciones acompañando los documentos pertinentes y proponiendo prueba en su caso".

De la normativa reglamentaria al respecto se desprenden las siguientes ideas que deben inspirar una correcta interpretación de la cuestión: el expediente es pieza fundamental del procedimiento, en cuanto en el mismo se ha gestado y producido el acto impugnado, su correcto enjuiciamiento en aras de resolver las pretensiones del recurrente exige una análisis del mismo.

En este sentido es lo propio y normal del procedimiento que éste se resuelva contando con el expediente de gestión; si bien, como es natural, la normativa contemplaba la situación, indudablemente excepcional, de que no se disponga del mismo y, en este particular, el Reglamento atenúa la exigencia de unir al procedimiento el expediente de gestión, al permitir que éste pueda seguir su curso "con los antecedentes de que el Tribunal disponga y con aquellos que los propios interesados aporten". Ello tiene su fundamento en atención al principio "pro actione" y de defensa del derecho del contribuyente a interponer los recursos procedentes y obtener una resolución en derecho. Ahora bien, no hay que perder de vista que el principio rector a considerar es que lo deseable es que pueda resolverse sobre la base del expediente, pues precisamente ello es lo que mejor garantiza la defensa del derecho del recurrente en aras de una resolución justa. Así, en toda la regulación se denota el esfuerzo del Reglamento por alcanzar esa situación. Si bien es cierto que no se contempla la posibilidad de que el expediente entre en el Tribunal con posterioridad a que se acuerde la continuación del procedimiento sin aquel, también lo es que sí esta previsto, una vez decidida tal continuación sin el expediente, un trámite de puesta de manifiesto de todo lo actuado por un plazo de veinte días, para que se puedan aportar los antecedentes suficientes para dictar resolución, transcurrido el cual ha de acordarse nuevamente la audiencia a los interesados con aquellos antecedentes de que  dispusiera el Tribunal y los que hubieran sido en su caso aportados. Nada mas lógico, pues, que si ha llegado en el intervalo el expediente de gestión, éste sea el que se ponga de manifiesto y en este sentido actuó el Tribunal Regional, a fin de que  interesado y juzgador dispusieran de todos los elementos de juicio posibles.

CUARTO.- Este Tribunal comparte el criterio del Tribunal Regional según el cual la falta del envío del expediente de gestión por parte del órgano reclamado o el hecho de que aquel estuviera incompleto no suponen por sí solos la nulidad del acto recurrido, sino que lo que ocurre, de conformidad con la norma expuesta, es que posibilitan la continuación de la tramitación de la reclamación, con los sólos antecedentes aportados por la parte reclamante. En ese sentido, en contra de lo que alega la reclamante, las sentencias citadas por el Tribunal Regional vienen perfectamente al caso pues de ellas se desprende que ello no es causa de anulabilidad del procedimiento sino que este puede continuar  si el reclamante lo solicitase, ni ha causado indefensión. Aduce la reclamante que en el supuesto que contemplaba el Tribunal Supremo no se había producido indefensión por cuanto la parte había aportado documentación y antecedentes.

Ha de destacarse que en el presente supuesto la interesada tras la primera puesta de manifiesto, cuando el expediente no había sido remitido manifestó su interés en la continuación de la tramitación del expediente y, si bien es verdad que en aquel momento no pudo examinar el expediente, que no se encontraba en la sede del Tribunal, la posterior incorporación del expediente, aunque remitido con retraso por la oficina gestora y la nueva puesta de manifiesto del mismo que le fue notificada, a la que, de haber querido, hubiera podido concurrir la interesada, hizo que a la misma no se le causara indefensión.

Ha de recordarse que el Tribunal, en uso de las facultades de impulso de oficio  del expediente (artículo 70.1 del Reglamento) puede adoptar cuantas diligencias sean precisas para mejor proveer, de modo que el Tribunal Regional cuando recibió el expediente remitido, en aras de una mejor resolución del mismo al disponerse de elementos de juicio y, por ende,  de una mayor seguridad para la interesada volvió a reiterar el plazo de puesta de manifiesto para alegaciones, que aquella hubiera podido atender, examinando el expediente, y, en el caso de haber apreciado la falta de algún documento haberlo manifestado así (artículo 94.4); sería absurdo que se posibilitase operar así cuando faltase  algún documento puntual y no cuando habiendo sido requerido el expediente y no enviado inicialmente, lo fuese con posterioridad, pero a tiempo aún de ser examinado por el reclamante y analizado por el Tribunal para una mejor resolución. Así pues, no puede apreciarse en modo alguno la indefensión aducida pues si la reclamante no examinó el expediente, una vez subsanada su falta, ello fue imputable a la misma, que no atendió a la nueva puesta de manifiesto.  

        QUINTO.- Alcanzada la anterior conclusión, y dado que la cuestión de fondo que suscita el expediente es el relativo a la procedencia o no de la regularización en Q, S. L., derivada a su vez, de la declaración de fraude de ley, que conllevó la improcedencia de la imputación de la base imponible de Z, S. A. y de las deducciones y retenciones a aquella sociedad y, en cambio, su imputación a las personas físicas integrantes de determinado grupo familiar, ha de explicarse, para comprender esto, cómo, dada la concatenación de sociedades, la regularización inicial llevó consigo las consiguientes regularizaciones en las sucesivas sociedades involucradas: Así, el origen de la liquidación aquí impugnada se halla en la declaración de fraude de ley, mediante el expediente especial instruido al efecto, acordada por el Delegado Especial de la AEAT de ... con fecha 15-09-98. En virtud de dicho acuerdo la base imponible en transparencia de la sociedad Z, S. A. pasaba a imputarse a una serie de personas físicas integrantes de un grupo familiar. A consecuencia de ello se eliminaron las imputaciones  de la base imponible de Z, S. A. en las cuatro sociedades que ostentaban el 70 % de ella (el 30 % restante de Z, S. A. era de 7 sociedades de inversión mobiliaria), que eran: R, S, T y Q, S. L. A su vez las tres primeras sociedades eran titularidad, al 50 %, de las sociedades X, S. A. y V, S. A. Q, S. L., por su parte, era al 100 % de la sociedad W. Asimismo, X, S. A. era, al 100 %, titularidad de la sociedad P, S. A. y V, S. A. lo era de la entidad Y, S. A. Finalmente, P, S. A. era propiedad de una serie de personas físicas de la rama mr e Y, S. A. lo era de una serie de personas físicas de la rama ms.

        En lo que aquí interesa, consecuencia del acta ..., incoada a Z, S. A., en la aquí cuestionada se eliminó la imputación a Q, S. L. de la base imponible de Z, S. A., lo que ha de confirmarse toda vez que la conformidad a derecho de la declaración de fraude de ley hecha por el Delegado Especial de la de la AEAT de ... ha sido analizada por este Tribunal Central en  Resoluciones  de ... de 2004 y ... de 2004, en las que se desestimaban los recursos interpuestos, confirmando la declaración de fraude de ley, a cuyas fundamentos nos remitimos y la regularización hecha a Z, S. A. en Resolución de la misma fecha de hoy.

        POR LO EXPUESTO:

        EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA
, en el presente recurso de alzada, ACUERDA: Desestimarlo.

Indefensión
Sucesor
Fraude de ley
Persona física
Impuesto sobre sociedades
Accionista
Economía procesal
Nulidad de los actos administrativos
Responsabilidad directa
Principio pro actione
Tramitación del expediente
Cuestiones de fondo
Inversiones mobiliarias

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