Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4766/1997 de 19 de Enero de 2001

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 19 de Enero de 2001
  • Núm. Resolución: 00/4766/1997

Resumen

La constitucionalidad de la aplicación retroactiva de las tarifas del ejercicio 1992 fue declarada por Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de octubre de 1997.

Descripción

ANTECEDENTES DE HECHO 

          PRIMERO.- Con fecha              , el recurrente presentó declaración liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por el ejercicio 1992, con una cuota diferencial por importe de 168719434 ptas., ingresando en esa misma fecha el importe del primer plazo a través de la entidad bancaria correspondiente, y el del segundo plazo en 5 de noviembre del mismo año, según consta en el expediente.

          SEGUNDO.- Con fecha                   , el interesado presentó ante la Administración de la Agencia Tributaria en         escrito por el que impugnaba dicha liquidación, basándose en que la liquidación practicada se había efectuado con arreglo a las tarifas contenidas en el Real Decreto Ley 5/1992, de 21 de julio, que modificó elevando la cuantía de las tarifas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reguladas por la Ley 18/1991, de 6 de junio, y que contra dicho Real Decreto Ley había sido interpuesto ante el Tribunal Constitucional recurso de inconstitucionalidad. Solicitaba, por último, se anulase la liquidación presentada y se procediera a efectuar una nueva liquidación de acuerdo con las tarifas contenidas en la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y a la devolución de la cantidad ingresada en exceso(9141429).

          TERCERO.- Por Resolución de la indicada Administración de la Agencia Tributaria de         , de 12 de julio de 1994, fue desestimada la solicitud deducida, que fue notificada al interesado el día 19 de septiembre de 1994, según queda acreditado en el expediente mediante acuse de recibo por correo certificado.

          CUARTO.- Disconforme con la precedente Resolución, el sujeto pasivo interpuso contra la misma, con fecha              de 1994, reclamación económico administrativa ante el Tribunal Regional de       , y habiéndole sido puesto de manifiesto el expediente, el reclamante presentó, con fecha             de 1995, escrito de alegaciones, reiterando las formuladas en vía de gestión y manifestando, en síntesis, lo siguiente: 1º) El Decreto Ley no es el instrumento normativo adecuado para modificar elementos esenciales del tributo, como son las tarifas de Impuesto, ya que dicha modificación debe llevarse a cabo por medio de una Ley formal. 2º) La modificación introducida a mediados del período impositivo (julio de 1992) atente contra el principio de seguridad jurídica del contribuyente, que en todo momento debe tener un conocimiento previo de la legislación aplicable. 3ª) En el presente caso no concurren las razones esenciales de urgente y extraordinaria necesidad.

          QUINTO.- El Tribunal Económico Administrativo Regional de             , en sesión celebrada el              de 1995, adoptó el Acuerdo, en primera instancia, de desestimar la reclamación interpuesta, confirmando el acto administrativo recurrido. El Acuerdo fue notificado al reclamante el día                 de 1995, según consta acreditado mediante acuse de recibo por correo certificado incorporado al expediente. No obstante, el TEAR en su fallo, ofreció recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el cual el interesado recurrió efectivamente, y ese Tribunal, en Sentencia de 12 de junio de 1997 declaró la inadmisibilidad del recurso, si bien, al ser errónea la notificación, concedió un plazo de quince días para la interposición de recurso de alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central.

          SEXTO.- De acuerdo con dicha Sentencia, el reclamante ha interpuesto, con fecha         de 1997, recurso de alzada ante este Tribunal Central, reproduciendo las alegaciones ya aducidas en primera instancia.
        
  FUNDAMENTOS DE DERECHO

          PRIMERO.- Concurren en el presente recurso de alzada los requisitos de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer del mismo, legitimación e interposición dentro de plazo hábil, que constituyen el presupuesto de su admisión a trámite. En el presente expediente, la única cuestión que suscita el reclamante consiste en determinar si la autoliquidación del Impuesto por él presentada es o no conforme a Derecho y, concretamente, si el Tribunal Económico Administrativo Regional debió entrar o no a conocer de la cuestión de constitucionalidad planteada acerca de la norma legal aplicable.

          SEGUNDO.- Por lo que se refiere a la primera cuestión planteada, el propio recurrente reconoce que la declaración liquidación presentada ante la Administración de           fue practicada de acuerdo con las tarifas contenidas en el Real Decreto Ley 5/1992, de 21 de julio, de medidas presupuestarias urgentes, vigentes en el momento del devengo del Impuesto en el ejercicio de referencia y, por tanto, las aplicables al caso, por lo que ha de confirmarse el Acuerdo impugnado, en cuanto mantiene la conformidad de la citada autoliquidación con las normas legales aplicables en vigor.

          TERCERO.- En relación con la presunta inconstitucionalidad del citado Real Decreto Ley 5/1992, de 21 de julio, alegada por el recurrente, este Tribunal Central ha sostenido, en reiterada y constante doctrina (cuya abundancia hace ociosa la cita de resoluciones concretas), que la vía económico administrativa no es la apropiada para enjuiciar la adecuación de los preceptos legales a la Constitución, ya que, con arreglo a los artículos 164 y 165 de la Ley General Tributaria, el ámbito de competencia material de los órganos de la vía económico administrativa (por estar limitado única y exclusivamente a los actos de aplicación de las normas legales) no comprende la revisión de las cuestiones de legalidad y constitucionalidad de las normas reguladoras de los tributos, que nuestro Ordenamiento jurídico atribuye en exclusiva a los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y al Tribunal Constitucional, respectivamente. No obstante, la constitucionalidad de la norma aplicada ha sido confirmada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/97,de 28 de octubre.

          Por todo lo cual,

          ESTE TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, en Sala, en el recurso de alzada interpuesto por DON                           , contra Acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Regional de              , de fecha             de 1995, Expediente núm.               , por el concepto Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Ejercicio 1992, y cuantía de 9.141.429 pesetas, ACUERDA: Desestimar el recurso interpuesto, confirmando en todos sus pronunciamientos el Acuerdo impugnado.

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Jurisdicción contencioso-administrativa
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