Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/5135/2002 de 18 de Enero de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 18 de Enero de 2006
  • Núm. Resolución: 00/5135/2002

Descripción

En la Villa de Madrid, a 18 de enero de 2006 vista la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por D. ..., en nombre y representación de X, S. L., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acuerdo de la Dependencia de Inspección de ... relativa al IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, ejercicio 2000, y cuantía de 379.841,37 € (63.200.286 pesetas).

                                                  ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO:
Con fecha 30 de septiembre de 2000 se formalizó por la Dependencia de Inspección de la A.E.A.T de ... el Acta de disconformidad (A02) nº 70606630 por el concepto y ejercicio citados, acompañada del preceptivo informe ampliatorio. En la misma se hacía constar que:

1. La fecha de inicio de las actuaciones fue el 12 de abril de 2002. No se han producido dilaciones imputables al obligado tributario ni períodos de interrupción justificada.

2. El obligado tributario desarrolla la actividad de "Agricultura y Ganadería e industrias agrícolas".

3. El contribuyente presentó, con fecha 5 de julio de 2001, declaración correspondiente al ejercicio 2000 declarando una cifra de negocios de 0 ptas. y una cuota a ingresar de 0 ptas.

4. En el curso de las actuaciones se ha constatado la existencia de operaciones económicas realizadas entre la entidad y D.ª A, y D.ª B, socias de la misma, que ostentaban en el momento de la realización de dichas operaciones el 48% y el 52%, respectivamente, de participación en el capital social de la sociedad. Dichas operaciones consistieron en la ampliación de capital de la entidad inspeccionada por importe de 37.260.000 ptas. (223.937,11 €), que tuvo como contrapartida la aportación no dineraria de la finca "X", valorada por el indicado importe.

La regularización se basa en el ajuste positivo derivado de la valoración a "valor normal de mercado" que se exige en el artículo 16 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS). Dicho valor se determina en base al procedimiento iniciado el 29 de mayo de 2002, conforme lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (RIS), y a través del cual se valoran los bienes aportados en 207.090.702 ptas. (1.244.640,19 €) por la Delegación Provincial de ... de la Consejería de ..., notificada al obligado tributario el 31 de julio de 2002. De ello resulta un ajuste positivo de 169.830.702 ptas. (1.020.703,08 €).

5. El interesado presentó alegaciones, que son contestadas en el acta.
        
6. Se hace constar que no existen, a juicio del actuario, hechos que motiven la apertura de expediente sancionador.        

La deuda tributaria ascendió a 379.841,37 € (63.200.286 pesetas) de los que 352.738,49 € (58.690.746 pesetas) corresponden a la cuota, y 27.102,88 € (4.509.540 pesetas) a los intereses de demora.

SEGUNDO: Presentado escrito de alegaciones por el interesado, el Inspector Jefe confirma la liquidación propuesta en el acta con fecha 18 de noviembre de 2002. Este acuerdo fue notificado el 25 del mismo mes.

TERCERO: Disconforme con el mismo el 12 de diciembre de 2002 se interpuso reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico Administrativo Central, alegando: 1. que reiteradamente se violan los derechos y Garantías del contribuyente al consistir el proceso en una evidente persecución del Inspector D. ..., sobre una contribuyente D.ª A, que se manifiesta que los siguientes hechos: con fecha 28 de septiembre de 2001 el mismo inspector la citó para iniciar actuaciones inspectoras con carácter general sobre los conceptos Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre el Valor añadido, Retenciones e Ingresos a Cuenta; con fecha 12 de abril de 2002 el mismo inspector citó a otra entidad en la que tiene participación, Y, S. L.; que la observación de la documentación requerida progresivamente por la administración a la contribuyente es clara prueba de que no existe una motivación definida que dirija las actuaciones inspectoras, sino que es el mismo inspector quien va saltando de conceptos tributarios diferentes y comprobaciones muy diversos, para al no encontrar nada relevante en uno pasar a otro diferente en el cual el único nexo de unión es D.ª A. Que ello supone una indefensión para dicha contribuyente, repudiada por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 29 de noviembre de 2000. 2. El Inspector intenta aplicar a D.ª A una norma con carácter retroactivo en relación con el IRPF. 3. Que la operación objeto de controversia en el acta no es en sí hecho imponible del Impuesto sobre Sociedades, según la definición del artículo 4 de la Ley, sino que es hecho imponible del Impuesto sobre Operaciones Societarias bajo el concepto aumento de capital. 4. Que la fundamentación del acta se basa exclusivamente en el artículo 16 de la LIS. Que dicho artículo afirma que la valoración administrativa no determinará la tributación de una renta superior a la efectivamente derivada de la operación para el conjunto de las entidades que la hubieran realizado. Por lo tanto, la Inspección contradice el artículo cuando estima una tributación claramente superior a la efectivamente derivada de la operación, ya que no existe renta alguna, ni para la entidad ni para los socios. 5. Que con fecha 17 de septiembre de 2002 el actuario pasa a ser Inspector Jefe, por lo que las alegaciones previas a la propuesta de resolución y la misma propuesta, han sido revisadas por la misma persona, lo que vacía de sentido el trámite de alegaciones y produce indefensión.

                                                           FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO:
Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer de la presente reclamación económico-administrativa, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo las cuestiones a resolver: 1. Existencia de indefensión en el procedimiento. 2. Nulidad del acuerdo de liquidación por ser el Inspector Jefe, el actuario de una parte del procedimiento. 3. Si la operación liquidada constituye hecho imponible en el Impuesto sobre Sociedades. 4. Procedencia de la aplicación de la norma relativa a las operaciones vinculadas.

SEGUNDO: Respecto de la indefensión alegada por la reclamante, que se basa en el hecho de que el mismo actuario actuó en varios procedimientos relativos a una socia y a otra entidad en la que dicha socia participa, este Tribunal no encuentra ningún motivo de indefensión en ello. En cuanto a la motivación del inicio de las actuaciones, de acuerdo con el artículo 18 del Real Decreto 939/1986, por el que se aprueba el Reglamento de la Inspección de los Tributos (RGIT) "El ejercicio de las funciones propias de la Inspección de los Tributos se adecuará a los correspondientes planes de actuaciones inspectoras, sin perjuicio de la iniciativa de los actuarios de acuerdo con los criterios de eficacia y oportunidad." En el caso presente consta en el expediente la orden de carga en plan, y en la comunicación de inicio se le indica que las actuaciones se refieren a la comprobación de la situación tributaria en relación con el Impuesto sobre Sociedades ejercicios 1999 y 2000. En consecuencia, este Tribunal no aprecia la existencia de indefensión.

        TERCERO: Respecto a la incompatibilidad del Inspector Jefe para dictar el acuerdo confirmatorio del acta, la reclamante alega que el Inspector actuario en la mayor parte del procedimiento, fue nombrado Inspector Jefe y dictó la liquidación. Que ello convierte el trámite de alegaciones en vacío de sentido y provoca una nueva situación de indefensión.

        Es criterio de este Tribunal Central, ya mantenido en ocasiones anteriores (RG 1061/03) lo siguiente: "Aplicable al caso resulta el artículo 60 del R.D. 939/1986 por el que se aprueba el Reglamento de General de los Tributos, el cual en su punto primero dispone que " De acuerdo con la letra c) del artículo 140 de la Ley General Tributaria, la Inspección de los Tributos practicará las liquidaciones tributarias resultantes de las actas que documenten los resultados de sus actuaciones de comprobación e investigación.

        Corresponderá al Inspector-Jefe del órgano o dependencia, central o territorial, desde el que se hayan realizado las actuaciones inspectoras dictar los actos administrativos de liquidación tributaria que procedan. No obstante, el Ministro de Economía y Hacienda podrá disponer que por necesidades del servicio determinados Inspectores-Jefes puedan realizar directamente actuaciones inspectoras, en particular de comprobación e investigación, no pudiendo en tales casos dictar asimismo las liquidaciones tributarias y los demás actos administrativos que procedan. Tales actos administrativos se dictarán, en los términos establecidos en este Reglamento, por otro Inspector-Jefe que se determine al efecto."

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 2 de marzo de 2002 pone de manifiesto que el artículo anterior viene a sentar el "principio de separación  de las actuaciones de comprobación e investigación respecto de las de liquidación" para el caso previsto en dicho artículo, en el que, como hemos visto,  determinados Inspectores-Jefes realicen actuaciones inspectoras, en particular de comprobación e investigación, no pudiendo en tales casos dictar asimismo las liquidaciones tributarias.

En el caso que en este expediente se nos presenta, en el que el actuario que firma la mayor parte de las diligencias (todas las extendidas en el procedimiento desde su inicio, 31 de octubre de 1996, hasta la fecha 4 de octubre de 1999, inclusive, es decir, más de 40 diligencias, frente a 9, de fecha posterior) es el Inspector-Jefe, que, como tal, firma los actos de liquidación,  se vulnera el principio de separación de actuaciones de comprobación e investigación respecto de las de liquidación, establecido como garantía del sujeto pasivo, con el fin de que sus alegaciones no se juzguen por la misma persona contra cuya actuación se alega.

Este Tribunal entiende así, y así lo ha manifestado en supuesto análogo, en Resolución de 4 de febrero de 2005, que la garantía de los obligados tributarios impone que sus alegaciones sean examinadas por un Inspector-Jefe distinto del actuario, debiendo prevalecer este argumento, en aras del principio de seguridad jurídica, sobre cualquier otro.

La admisión del anterior motivo de impugnación supone la anulación de los actos de liquidación impugnados, resultando innecesario examinar las demás cuestiones planteadas por la interesada. Todo ello sin perjuicio de que se retrotraiga el procedimiento al momento inmediatamente anterior a los actos de liquidación, para que se dicten unos nuevos..."

CUARTO: En el caso que nos ocupa, el Inspector Jefe en el momento de dictar la liquidación, fue el actuario durante una gran parte del procedimiento, firmando todas las diligencias en el curso del procedimiento hasta el 17 de septiembre de 2002, por lo que hay que entender plenamente aplicable lo afirmado en el Fundamento de Derecho Tercero anterior, y admitir la pretensión de la reclamante, lo que supone la anulación del acuerdo de liquidación impugnado. Todo ello sin perjuicio de que se retrotraiga el procedimiento al momento inmediatamente anterior al acto de liquidación, para que se dicte uno nuevo según lo dispuesto en el fundamento de derecho anterior.

QUINTO: Lo dispuesto en el Fundamento de Derecho anterior hace innecesario examinar las demás pretensiones de la reclamante.
3. En el régimen de estimación directa la base imponible se calculará corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en la presente Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás Leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.   

        Por lo expuesto3. En el régimen de estimación directa la base imponible se calculará corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en la presente Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás Leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.   


        ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, vista la reclamación económico-administrativa promovida por D. ..., en nombre y representación de X, S. L., contra el acuerdo de la Dependencia de Inspección de ... relativo al IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, ejercicio 2000,  ACUERDA: 1º) Estimar el recurso. 2º) Anular la liquidación.

Impuesto sobre sociedades
Indefensión
Obligado tributario
Aumento de capital
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Hecho imponible del impuesto
Inspección tributaria
Liquidaciones tributarias
Acta de disconformidad
Dilaciones imputables al obligado tributario
Actividad agrícola
Cifra de negocios
Aportaciones no dinerarias
Capital social
Valor de mercado
Expediente sancionador
Deuda tributaria
Intereses de demora
Impuesto sobre el Patrimonio
Retenciones e ingresos a cuenta
Impuesto sobre el Valor Añadido
Operaciones societarias
Alegaciones previas
Operaciones vinculadas
Estimación directa
Seguridad jurídica

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 634/2015 de 10 de Jul (Reglamento del Impuesto sobre Sociedades) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 165 Fecha de Publicación: 11/07/2015 Fecha de entrada en vigor: 12/07/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Hacienda Y Administraciones Publicas

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