Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/572/2007 de 28 de Marzo de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 28 de Marzo de 2007
  • Núm. Resolución: 00/572/2007

Resumen

En un reintegro del complemento de mínimos percibido hay que distinguir entre declaración de derechos y obligaciones (art. 16.2 del Texto Refundido de 1987) y liquidación y obligación de reintegro (art.16.1 del Texto Refundido de 1987) que es una simple operación matemática. Todos los actos deben ser motivados y en el presente caso la motivación es confusa al mezclar los dos tipos de acuerdo, por lo que se anula lo actuado y debe retrotraerse el expediente al momento procedimental previo para que el Centro Gestor aclare, primero, cuales son los derechos de la interesada (con audiencia previa), y luego, una vez firme el acuerdo, exija en su caso el reintegro de lo indebidamente percibido.

Descripción

        En la Villa de Madrid, a 28 de marzo de 2007 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesta por D.ª ..., con domicilio en ..., contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 31 de octubre de 2006, sobre liquidación de ingresos indebidos y obligación de reintegro.

                                          ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D.ª ..., pensionista de orfandad del Régimen de Clases Pasivas, perceptora del complemento para mínimos, recibió de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas comunicación del trámite de audiencia en el expediente de reintegro por pagos indebidos de Clases Pasivas, fechado el 31 de julio de 2006 y que decía lo siguiente: "Como consecuencia de supresión del concepto económico Complemento para Mínimos por superar el nivel de ingresos por rentas de trabajo o capital que señalan las leyes de presupuestos anualmente; se ha comprobado que se han producido PAGOS INDEBIDOS derivados de la pensión de Familiar Civil de la que VD. es titular. Por consiguiente, en virtud de lo establecido en los artículos 15 y 16 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de Abril, en el 22 del Decreto 1120/1966, en el Real Decreto 1.134/97, de 11 de Julio y demás preceptos concordantes, que determinan la obligación de los perceptores de las prestaciones de Clases Pasivas de reintegrar al Tesoro Público las cantidades indebidamente percibidas, se ha incoado el oportuno procedimiento de reintegro de los pagos indebidos. Terminada la instrucción del procedimiento, de la que resulta una propuesta de liquidación del reintegro que asciende a la cantidad de 10.230,58 Euros, (así como un nuevo señalamiento de su pensión en 176,08 Euros de haber básico y 0,00 de Complemento para Mínimos mensuales) y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner de manifiesto el expediente de reclamación de reintegro por el plazo de 15 días en las oficinas de esta Unidad de Clases Pasivas, sitas en la CALLE ..., de ...(horario de atención al público desde las 9 a las 14 horas), donde podrá examinar el expediente y, dentro del plazo indicado, formular las alegaciones y presentar cuantos documentos y pruebas estime pertinentes en justificación de las mismas. Del mismo modo, se le informará personalmente acerca de las actuaciones que deberá realizar VD. para efectuar el reintegro, así como solventar cuantas dudas y problemas pueda planteársele en relación con el mismo".

SEGUNDO:
Por escrito de 31 de agosto de 2006, la interesada solicitó a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas la anulación de la resolución por la que se suprimía el complemento para mínimos dejando sin efecto la liquidación practicada en base a las siguientes alegaciones: "PRIMERA.- La Dirección General a la que me dirijo ha resuelto suprimir el concepto económico "Complemento para Mínimos" de la pensión que recibo, considerando que he superado el nivel de ingresos por rentas de trabajo o capital que señalan las leyes de presupuestos anualmente. En consecuencia, la Administración considerando que se han producido pagos indebidos del citado "Complemento para Mínimos" correspondiente al período comprendido entre el ... de 2004 y el 30 de septiembre de 2006, me reclama el reintegro de 10.230,58 euros. SEGUNDA.- Pues bien, no me muestro conforme con dicha resolución, por los motivos que a continuación señalo: 1) Es cierto que en junio de 2004 percibí la cantidad de 13.382,45.-€ por el rescate de un plan de pensiones que tenía suscrito con el Grupo ... desde el año 1991. Ahora bien, entiendo que dicha suma no puede tenerse en cuenta como "ingresos de trabajo o de capital" a los efectos de suprimir el "Complemento para Mínimos" de mi pensión, pues en realidad no es más que la capitalización de mis propios ahorros y no una renta de trabajo ni de capital. Aporto como documentos nº 1 y 2 los certificados emitidos por la entidad gestora de mi plan de pensiones. 2) En cuanto al ejercicio 2005, debo decir que mis "ingresos de trabajo o de capital" no superaron el importe mínimo que señala la ley de presupuestos para dicho ejercicio, tal y como se puede comprobar con la declaración de la renta correspondiente a 2005, que aporto como documento n-3. 3) Y, por último, en el ejercicio 2006, que aún no ha finalizado, no se puede prever que vaya a superar el nivel mínimo de ingresos por rentas de trabajo o capital que señalen las leyes de presupuestos. TERCERA.- En definitiva, considero que, teniendo en cuenta estas alegaciones, así como los documentos que las acreditan, cabría rectificar la resolución dictada por esa Dirección General, en el sentido de dejar sin efecto tanto la supresión del "Complemento para Mínimos" de mi pensión, como la liquidación de reintegro practicada ".

TERCERO: La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de 31 de octubre de 2006, ordenó el reintegro de 3.512,18 € conforme a los siguientes datos: "Teniendo en cuenta las alegaciones efectuadas mediante escrito con fecha de entrada 4 de septiembre de 2006 se procede a la revisión del concepto económico Complemento para Mínimos en el año 2004 por superar el nivel de ingresos por rentas de trabajo o capital que señalan las leyes de presupuestos anualmente, se ha comprobado que se han producido PAGOS INDEBIDOS derivados de la/s siguiente/s pensión/es:

Titulo de pensión                    Fecha de arranque              Cuantía inicial

Familiar Civil                        ...de 2004                                      166,95€

Complementos para mínimos                                                      250,87€

De la/s que es titular D./Dª ..., Número de Identificación Fiscal, ... con domicilio en ... Y vistos los preceptos legales de general aplicación y en concreto, Art. 22 del Decreto 1120/1966 de 21 de abril, el Art. 80 del Decreto 2427/1966 de 13 de agosto, los Arts. 15 y 16 del R.D. Legislativo 670/1987 de 30 de abril, Leyes de Presupuestos años 2006 y anteriores, la Orden Ministerial de 10 de mayo de 1989, la Resolución de 20 de Octubre de 1994 de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y el Real Decreto 1.134/1997, de 11 de julio, por el que se regula el procedimiento de reintegro de percepciones indebidas, se procede a efectuar la siguiente: CUANTÍA A REINTEGRAR: 3.512,18 Euros. De la que resulta una cuantía a reintegrar al Tesoro Público de 3.512,18 Euros. Por todo lo expuesto, ESTA DIRECCIÓN GENERAL HA RESUELTO lo siguiente: Liquidación de haberes:

        (...)

A reintegrar: 3.512,18 €. I.R.P.F. (0%): 0,00 €. De la que resulta una cuantía a reintegrar al Tesoro Público de 3.512,18 €. Por todo lo expuesto esta Dirección General ha resuelto lo siguiente: 1º Proceder a la reclamación del reintegro de 3.512,18 € que asimismo, resulta de la liquidación mencionada. En relación con el expediente de referencia y una vez efectuado el preceptivo Trámite de Audiencia en cumplimiento de lo establecido en el art. 84 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el reintegro deberá efectuarlo en entidad financiera colaboradora mediante el documento de ingreso modelo 069 que se adjunta, en el plazo de UN MES contado a partir de la fecha de la presente notificación. Una vez efectuado el reintegro deberá aportar a esta Unidad (...), como justificante del ingreso realizado, el ejemplar "para la Administración" una vez validado. Transcurrido el plazo mencionado sin tener constancia del ingreso, este Centro Directivo descontará en la nómina de la pensión que percibe como Familiar Civil, la cantidad adeudada, comenzando en el mes de Enero de 2007 y finalizando en el de Junio de 2011 (54 Meses), por un importe mensual de 65,05 euros, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1.134/1997, de 11 de julio. Contra esta Resolución podrá interponerse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central o potestativamente en el mismo plazo y con carácter previo, recurso de reposición ante esta Dirección General, Órgano al que, en todo caso, deberán ir dirigidas tanto la reclamación como. el recurso, de conformidad con los artículos 222, 223 y 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria".

           CUARTO: Contra la anterior resolución, que consta notificada el 13 de noviembre de 2006, según aviso de Correos, la interesada interpuso la presente reclamación mediante escrito certificado en Correos el 13 de diciembre de 2006, en la que solicita la anulación del acuerdo en los siguientes términos: "SUPLICO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS PARA ANTE EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO: Que teniendo por presentado este escrito, con los documentos que, con el mismo, se acompañan, y dentro del plazo legal contenido tenga por interpuesta la presente Reclamación Económico-Administrativa contra la Resolución de reclamación de cantidades indebidamente percibidas, de fecha 4 de octubre de 2006, dictada en el expediente nº ... y, tras los trámites legales procedentes, sea dictada por el Tribunal Económico Administrativo Unipersonal resolución ANULANDO dicho acuerdo por falta de motivación del mismo". Basa su petición en las siguientes alegaciones: En la resolución hoy impugnada, se pone de manifiesto que, teniendo en cuenta las alegaciones efectuadas en mi escrito, se procede a la revisión del concepto económico "Complemento para Mínimos" y se procede a liquidar los pagos indebidos, resultando la suma reclamada de 3.512,18 €. En dicha resolución se aprecia que la Administración ha tenido en cuenta las alegaciones referentes a los ejercicios 2005 y 2006, al modificar la reclamación acordada anteriormente al respecto, pero no parece aceptar las alegaciones referentes al 2004, pues mantiene su reclamación en la cantidad percibida por el citado concepto "Complemento para Mínimos" en el año 2004. Ahora bien, la resolución administrativa carece de toda motivación, pues se limita a manifestar de nuevo que en el ejercicio 2004 se supera el nivel de ingresos por rentas de trabajo o capital que señalan las leyes de presupuestos, pero no hace mención alguna a los motivos de oposición expuestos por mi parte. Motivos que sigo manteniendo, y que la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas ni tan siquiera se ha dignado a contestar, limitándose a dictar una resolución "tipo", donde se recogen una serie de artículos generales relativos a las clases pasivas y a procedimiento de reintegro de percepciones indebidas. Por ello, me encuentro indefensa ante la decisión adoptada por la Administración, pues desconozco el motivo por el cual rechaza mis argumentos y me reclama una deuda que considero no ajustada a Derecho.

          QUINTO: Por escrito de 7 de noviembre de 2006, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas dirigió a D.ª ... comunicación del trámite de audiencia en expediente de reintegro por pagos indebidos de Clases Pasivas del siguiente tenor: Como consecuencia de supresión del concepto económico Complemento para Mínimos por concesión de pensión de Jubilación de Seguridad Social; se ha comprobado que se han producido PAGOS INDEBIDOS derivados de la pensión de Familiar Militar de la que VD. es titular. Por consiguiente, en virtud de lo establecido en los artículos 15 y 16 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de Abril, en el 22 del Decreto 1120/1966, en el Real Decreto 1.134/97, de 11 de Julio y demás preceptos concordantes, que determinan la obligación de los perceptores de las prestaciones de Clases Pasivas de reintegrar al Tesoro Público las cantidades indebidamente percibidas, se ha incoado el oportuno procedimiento de reintegro de los pagos indebidos. Terminada la instrucción del procedimiento, de la que resulta una propuesta de liquidación del reintegro que asciende a la cantidad de 96,97 Euros, (así como un nuevo señalamiento de su pensión en 176,08 Euros de haber básico y 0,00 de Complemento para Mínimos mensuales) y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner de manifiesto el expediente de reclamación de reintegro por el plazo de 15 días en las oficinas de esta Unidad de Clases Pasivas, sitas en la CALLE ...(horario de atención al público desde las 9 a las 14 horas), donde podrá examinar el expediente y, dentro del plazo indicado, formular las alegaciones y presentar cuantos documentos y pruebas estime pertinentes en justificación de las mismas. Del mismo modo, se le informará personalmente acerca de las actuaciones que deberá realizar VD. para efectuar el reintegro, así como solventar cuantas dudas y problemas pueda planteársele en relación con el mismo. No consta en el expediente que la interesada formulase ningún escrito de respuesta.

        SEXTO: Con fecha 4 de enero de 2007 la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas dictó acuerdo de liquidación y reintegro por pagos indebidos del siguiente contenido: Como consecuencia de supresión del concepto económico Complemento para Mínimos por concesión de pensión de jubilación de Seguridad Social, se ha comprobado que se han producido pagos indebidos derivados de la/s siguiente/s pensión/es:

Titulo de pensión                                   Fecha de arranque              Cuantía inicial

Familiar Militar                                    1 de octubre de 2006                    176,08 €

Complementos para mínimos                                                                     290,90 €

Jubilación Seguridad Social                                                                        429,14 €

De la/s que es titular D./D.ª ..., Número de Identificación Fiscal, ..., con domicilio en ... Y vistos los preceptos legales de general aplicación y en concreto, Art. 22 del Decreto 1120/1966 de 21 de abril, el Art. 80 del Decreto 2427/1966 de 13 de agosto, los Arts. 15 y 16 del R.D. Legislativo 670/1987 de 30 de abril, Leyes de Presupuestos años 2006 y anteriores, la Orden Ministerial de 10 de mayo de 1989, la Resolución de 20 de Octubre de 1994 de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y el Real Decreto 1.134/1997, de 11 de julio, por el que se regula el procedimiento de reintegro de percepciones indebidas, se procede a efectuar la siguiente: Liquidación de haberes:

        (...)

A reintegrar: 96,97 €. I.R.P.F. (0%): 0,00 €

De la que resulta una cuantía a reintegrar al Tesoro Público de 96,97 €, quedando señalada/s la/s nueva/s pensión/es de Clases Pasivas como a continuación se indica:

Titulo de pensión                      Cuantía mensual

Familiar Militar                                     176,08 €

Complementos para mínimos                   0,00 €

Por todo lo expuesto, ESTA DIRECCIÓN GENERAL HA RESUELTO lo siguiente: 1°.- Efectuar, con arreglo a las nuevas circunstancias que motivan la presente RESOLUCIÓN, el/los nuevo/s señalamiento/s de la/s pensión/es de Clases Pasivas de la/s que Vd. es titular en la/s cuantía/s mensual/es que resulta/n de la liquidación arriba señalada, que han sido incluidos en nómina en el mes de Noviembre de 2006. 2°.- Proceder a la reclamación del reintegro de 96,97 Euros- que asimismo, resulta de la liquidación mencionada. En relación con el expediente de referencia y una vez efectuado el preceptivo Trámite de Audiencia en cumplimiento de lo establecido en el art. 84 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin haber realizado alegaciones, el reintegro deberá efectuarlo en cualquier entidad financiera colaboradora mediante el documento de ingreso modelo 069 que se remite a su habilitado junto con la copia de la liquidación, en el plazo de UN MES contado a partir de la fecha de la presente notificación. Una vez efectuado el reintegro deberá aportar a esta Unidad (...), como justificante del ingreso realizado, el ejemplar "para la Administración una vez validado. Transcurrido el plazo mencionado sin tener constancia del ingreso, este Centro Directivo descontará en la nómina de la pensión que percibe como Familiar Militar, la cantidad adeudada, comenzando en el mes de Marzo de 2007 y finalizando en Junio de 2011 (52 Meses) por un importe mensual de 1,87 Euros, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1.134/1997, de 11 de julio. Contra esta Resolución podrá interponerse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central o potestativamente en el mismo plazo y con carácter previo, recurso de reposición ante esta Dirección General, órgano al que, en todo caso, deberán ir dirigidas tanto la reclamación como el recurso, de conformidad con los artículos 222, 223 y 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Contra el anterior acuerdo, notificado el 15 de enero de 2007, según aviso de Correos, no consta que la interesada haya interpuesto recurso de reposición o reclamación económico-administrativa.

SÉPTIMO: Consta en el expediente escrito de 26 de octubre de 2006 de D.ª ..., Habilitada de Clases Pasivas, presentado el 30 de octubre de 2006 en la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, que dice: Que DOÑA ..., con Documento Nacional de Identidad nº ... tiene reconocida y percibe una pensión de orfandad cuya cuantía mensual para el año 2006 asciende a 176,08 € Los datos de esta pensión son los siguientes: clave 22 (familiares militares), pensionista n° ...; pensión n° ... Esta pensionista además tiene reconocido y percibe desde el año 1994 una cantidad mensual en concepto  de complementos económicos que para el año 2006 asciende a 290,90 €. Que Doña ... en septiembre de este año ha solicitado del Régimen General de la Seguridad Social pensión de jubilación, siéndole concedida por resolución de fecha 3 de octubre de 2006, ascendiendo su cuantía a 429,14 € mensuales, sin retención en concepto de I.R.P.F. y con derecho a 14 pagas anuales. Se adjunta con este escrito copia de la resolución mencionada del Instituto de la Seguridad Social, Dirección Provincial de ... Pongo en conocimiento de esa Dirección General este reconocimiento de pensión de jubilación a favor de la Sra. ..., por lo que pueda afectar al reconocimiento y percibo de los complementos económicos antes mencionados.

                                                     FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la cuestión planteada consiste en determinar si la exigencia del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por la interesada se halla, o no, ajustada a Derecho.

        SEGUNDO: De acuerdo con el artículo 16.1, párrafo primero, del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, "las cantidades indebidamente percibidas por los beneficiarios de las prestaciones de Clases Pasivas habrán de reintegrarse al Tesoro por ellos o sus derechohabientes y si no lo fuesen serán exigibles por la vía de apremio, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden en que hubiera podido incurrirse", y en el punto 2 del mismo artículo se establece que "no podrá exigirse el reintegro de lo indebidamente percibido al perceptor de las correspondientes cantidades, sin previa revisión o reforma del acto o acuerdo que hubiera dado origen al pago de tales cantidades".

        TERCERO: De lo anteriormente expuesto se deduce la existencia de dos actos administrativos diferentes uno, previo, de declaración de derechos y de obligaciones, y otro, posterior, de liquidación de esos derechos y obligaciones, y en ambos casos, con exigencia de audiencia previa al interesado antes de dictar el acuerdo definitivo. Esta diferenciación se manifiesta de manera confusa en el presente caso: a) el escrito de 31 de julio de 2006, descrito en el antecedente de hecho primero, es calificado por el Centro Gestor como: "comunicación del trámite de audiencia en el expediente de reintegro por pagos indebidos de Clases Pasivas", lo que significa que estamos en presencia de un acto administrativo del artículo 16.1, párrafo primero, pero del expediente no se deduce la existencia previa del acto administrativo del artículo 16.2, es decir, de un acuerdo que, con antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, resuelva reformar la situación jurídica existente definiendo los nuevos derechos y obligaciones de la interesada, en el que, también debe dársele audiencia previa, antes de resolver de manera definitiva. En definitiva, esto es lo que solicitaba la interesada en su escrito de 31 de agosto de 2006, descrito en el antecedente de hecho segundo; b) No obstante la petición de la interesada, el Centro Gestor, en su acuerdo de 31 de octubre de 2006, ordena el reintegro no de los 10.230,58 € que exigía, sino de 3.512,18 €, lo que implica no solo la liquidación de los derechos y obligaciones de la interesada, que sería una simple operación matemática, sino una declaración de cuales son estos derechos y obligaciones, que es un acto previo y anterior a la liquidación (en favor o en contra de la Administración) de esos derechos y obligaciones; c) en el escrito de 13 de diciembre de 2006, descrito en el antecedente de hecho cuarto, en el que se interpone reclamación económico-administrativa, la interesada solicita la anulación del reintegro de 3.512,18 €, alegando básicamente que no se ha motivado el acuerdo en que se le exige; d) no obstante lo dicho en las letras a), b) y c), el Centro Gestor, con fecha 4 de enero de 2007 acuerda una nueva liquidación y declara la obligación de reintegrar 96,97 €, fijando la cuantía de las pensiones a percibir en lo sucesivo, con lo que viene a reincidir en lo ya apuntado: la confusión entre los dos actos administrativos de declaración de derechos y de liquidación de los mismos, que se declaran en el citado artículo 16.2 y 16.2 del Texto Refundido de 1987.

        CUARTO: La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al hablar de los requisitos de los actos administrativos, dispone que su contenido se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado por los fines de aquellos y adecuado a los mismos (artículo 53), siendo motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho aquellos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos (artículo 54.1.a)), y la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo y, además de contener la decisión, expresarán los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados pudieran ejercitar cualquier otro que estimen oportuno (artículo 89.1 y 3). Además, y con carácter general, el artículo 3.2 de la citada Ley 30/1992 indica que las Administraciones Públicas, en su actuación, se rigen por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. La Ley 58/2003, al hablar de la revisión en vía administrativa en su artículo 215, motivación de las resoluciones, dice: "1. Las resoluciones de los procedimientos especiales de revisión, recursos y reclamaciones regulados en este título deberán ser motivadas, con sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho. 2. También deberán motivarse los actos dictados en estos procedimientos relativos a las siguientes cuestiones: a) La inadmisión de escritos de cualquier clase presentados por los interesados.; b) La suspensión de la ejecución de los actos impugnados, la denegación de la suspensión y la inadmisión a trámite de solicitud de suspensión; c) La abstención de oficio para conocer o seguir conociendo del asunto por razón de la materia; d) La procedencia o improcedencia de la recusación, la denegación del recibimiento a prueba o de cualquier diligencia ella y la caducidad de la instancia; e) Las que limiten derechos subjetivos de los interesados en el procedimiento; f) La suspensión de! procedimiento o las causas que impidan la continuación del mismo".

        QUINTO: Aunque lo señalado en el art. 215 de la Ley 58/2003 no es obligatorio para los acuerdos o resoluciones de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, en su doble condición de Centro Gestor de Clases Pasivas y Caja Pagadora de ..., de modo que solo puede alegarse, y así se hace aquí, ad exemplum, es lo cierto que la libertad formal, que permite la Ley 30/1992 para los actos administrativos, en general, y para las resoluciones que ponen fin a un procedimiento, en concreto, no ampara la informalidad por lo que no se puede impedir que se analicen los aspectos formales del actuar administrativo para comprobar si éste se ajusta, o no, a la finalidad perseguida y si la inexistencia de formas o sus defectos impiden que aquel pueda considerarse ajustado a las exigencias legales, cuando las haya, y al servicio del ciudadano, a quien se dirige. En el presente caso, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y siempre en expedientes de reintegro de complementos para mínimos (tanto en fase de audiencia al interesado como en resolución definitiva), ha exigido el pago, primero de 10.230,58 €, luego de 3.512,18 €. En definitiva estamos ante unas liquidaciones de haberes (amparadas por el artículo 16.1 del Texto Refundido de 1987), lo que significa que, como tales liquidaciones, son la expresión cifrada de la cuenta o saldo, que la recurrente tenía con la Administración, es decir, que la liquidación presupone un acuerdo previo de la Administración señalando derechos y deberes que la liquidación cuantifica, o sea, reduce a cifras, que es lo que exige el artículo 16.2 del citado Texto Refundido de 1987.

        SEXTO: Conforme ya se ha señalado, al artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los actos administrativos que limiten derechos subjetivos serán motivados con sucinta referencia a los hechos y a los fundamentos de derecho, pudiendo los defectos de forma determinar la anulabilidad del acto cuando de lugar a la indefensión de los interesados, según el artículo 63 de la citada Ley, al revisarlos antes de poner fin a la vía administrativa y, en el presente caso, como ya se ha señalado, las liquidaciones de pensión efectuadas por el Centro Gestor se limitan a ser la expresión cifrada de unos acuerdos previos desconocidos o inexistentes, por lo que la base fáctica y argumental de los acuerdos de liquidación impugnados, que debe ser previa a éstas, no consta en éste y aunque se apoye en supuestos de hecho o de derecho que pueden ser conocidos, tanto por la interesada como por el Centro Gestor, deben constar por escrito, primero en el acuerdo exigido por el artículo 16.2 del Texto Refundido de 1987 y luego en la liquidación exigida al amparo del 16.1 para que, en su momento, este Tribunal Central pueda apoyar su actuación revisora en datos objetivos y no en conjeturas; por todo lo cual, abundando en lo ya dicho, procede anular la liquidación de pensión impugnada de 31 de octubre de 2006, para que el Centro Gestor dicte dos acuerdos diferentes conforme a lo antes señalado.

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Estimar en parte la reclamación económico-administrativa interpuesta por D.ª ..., contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 31 de octubre de 2006, sobre liquidación de haberes y reintegro de cantidades indebidamente percibidas, que se anula, debiendo el Centro Gestor dictar nuevos actos conforme a los fundamentos de la presente.



Pago indebido
Plan de pensiones
Audiencia previa
Prestación de jubilación
Liquidación provisional del impuesto
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Recibo de salarios
Número de identificación fiscal
Modelo 06. Impuesto Medios de Transporte
Entidades financieras
Ingresos indebidos
Régimen de Clases Pasivas
Orfandad
Declaración IRPF
Derecho subjetivo
Procedimiento de apremio
Responsabilidad
Pensión de orfandad
Régimen General de la Seguridad Social
Interés legitimo
Requisitos de los actos administrativos
Ciudadanos
Abstención
Audiencia del interesado
Resolución definitiva
Revisión en vía administrativa
Procedimientos especiales de revisión
Caducidad de la instancia
Recusación
Suspensión de la ejecución
Indefensión

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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