Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/632/1998 de 24 de Junio de 1998

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 24 de Junio de 1998
  • Núm. Resolución: 00/632/1998

Resumen

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.
Efectos de la promulgación de la Ley 1/98 de Derechos y Garantías del Contribuyente en la suspensión de sanciones en procedimientos económico-administrativos iniciados con anterioridad a la vigencia de dicha Ley.

Descripción

R.G. 1226/1998, R.B. 00/0632/1998

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- .... la cuestión planteada en si es procedente o no acceder a la suspensión de la ejecución del acto reseñado en el Antecedente Primero de la presente resolución.
SEGUNDO.- Invoca el recurrente en esta alzada como fundamento normativo de la solicitud de suspensión el Artículo 76 del Real Decreto 391/1996, el cual, si bien no estaba en vigor en el momento en que se inició la vía económico-administrativa con la interposición de la reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Extremadura, recoge los criterios básicos que, en materia de suspensión de la ejecutividad de los actos,  se venían aplicando por los órganos de esta vía económico-administrativa por aplicación de los principios constitucionales, concretamente del derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva. ...
Establece el referido Artículo 76 del Reglamento actualmente vigente en su apartado primero que cuando el interesado no puede aportar la garantía a que se refiere el artículo anterior, ... la ejecución del acto podrá ser, excepcionalmente, suspendida por el Tribunal Económico-Administrativo al que competa resolver la reclamación contra el mismo, en los términos que establece este artículo, y añade en su apartado segundo que El Tribunal podrá decretar la suspensión cuando se justifique por el interesado que la ejecución causaría perjuicios de imposible o difícil reparación....
Pues bien, en el presente caso, no se prueba por el interesado debidamente la imposibilidad de aportar aval en garantía de la deuda objeto del procedimiento de apremio cuestionado, como tampoco el carácter irreparable o de difícil reparación que de la ejecución del acto sancionado pudiera derivársele, por todo lo cual procede denegar la solicitud de suspensión formulada.
TERCERO.- Ello, no obstante, y en lo que se refiere exclusivamente a las sanciones incluidas en el acto de derivación de responsabilidad,, al encontrarse en el momento en que se dicta la presente resolución recurrida, si no expresamente, si al recurrir el acuerdo de derivación de responsabilidad, y por ello englobando en su recurso los elementos que la constituyen y, entre ellos, las actas y, como parte integrante de las mismas, las sanciones, debe tenerse en cuenta lo establecido en el articulo 35 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, a tenor del cual la ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma el recurso o reclamación administrativa que contra aquellos proceda, y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa, precepto este que se estima de aplicación al caso, no obstante no hallarse vigente la Ley en la fecha en que se inició la presente vía de reclamación económico-administrativa, como consecuencia del efecto general de entrada en vigor de la Ley 1/1998, y sin que a ello obste la Disposición Transitoria Primera de la propia Ley al señalar que Los procedimientos tributarios ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión, pues si bien el mecanismo de suspensión de sanciones forma parte de un procedimiento de suspensión y, por ello, resulta aplicable dicha Disposición Transitoria, enervándose de este modo en materia procedimental la aplicación del artículo 4.3, debe tenerse en cuenta que es posible distinguir, dentro del procedimiento aquellos actos que son exclusivamente de tramitación, y aquellos que, además, afectan directamente a derechos sustantivos, y no meramente proedimentales, del reclamante, como serían, entre otros casos, los de suspensión, apremio, embargo y subasta de bienes, en cuanto que afectan a las facultades de coerción, posesión y disposición del patrimonio, lo cual obliga a matizar el contenido de la Disposición Transitoria en el sentido de entender que el estatuto sustantivo que crea la Ley 1/1998 debe ser aplicable desde su entrada en vigor, por ello no solo y de forma plena a los procedimientos que se inicien ex novo, sino también a los ya iniciados, si bien que en éstos por efecto de la Disposición Transitoria sólo a los actos que se dicten con posterioridad a la vigencia de la ley y que tengan relación directa sobre derechos sustantivos, y no de mera defensa, garantía o procedimiento, de los reclamantes, como lo es la suspensión de las sanciones, en la forma que se configura en la misma Ley, de modo que el nuevo estatuto surta ya su eficacia sustantiva y, a su vez, se respete la citada Disposición Transitoria en cuanto a mantener en todo lo demás la tramitación propia de los procedimientos ya iniciados. En atención pues a los argumentos expuestos entiende este Tribunal Central que, sin perjuicio de mantener íntegramente la eficacia de los actos válidos que se hubieran podido producir hasta la fecha en orden al cobro o aseguramiento del importe de las sanciones objeto de recurso en el procedimiento recaudatorio seguido para su efectividad, conforme ordena la Disposición Transitoria, los Órganos de recaudación deberán abstenerse para el futuro de proseguir dicho procedimiento hasta tanto las sanciones adquieran el carácter de firmes en vía administrativa, caso de que así fuera, con al resolución de fondo del recurso, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 1/1998 y el correlativo establecimiento de un estatuto sustantivo del que forma parte el artículo 35 que por tanto debe ser aplicado.
En virtud e de lo expuesto
EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN PLENO, .... ACUERDA: 1) Denegar la solicitud de suspensión de ejecución del Acuerdo en todos sus elementos distintos a las sanciones en él incluidas. 2) Declarar la suspensión de la ejecución del Acuerdo citado exclusivamente en cuanto a las sanciones en él incluidas, en la forma que ha quedado expuesta.

Derivación de responsabilidad
Ejecución de los actos administrativos
Suspensión de la ejecución del acto
Principios constitucionales
Derecho a la tutela judicial efectiva
Procedimiento de apremio
Aval
Realización forzosa
Resolución recurrida
Ejecución de las sanciones
Sanciones tributarias
Procedimientos Tributarios
Suspensión de la ejecución
Eficacia de los actos administrativos
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