Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/6910/2003 de 11 de Octubre de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 11 de Octubre de 2006
  • Núm. Resolución: 00/6910/2003

Resumen

Resulta aplicable en el caso concreto el régimen de estimación directa, aunque el acta propuso acudir al régimen de estimación indirecta, ya que se disponía de los datos necesarios para su estimación directa en relación a la actividad realizada, que son el coste de producción de los inmuebles transmitidos y su precio de transmisión. No procede valorar las existencias al valor declarado en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio de 1989, ya que la prescripción no afecta a valores de los que derivan consecuencias tributarias en ejercicios que no han prescrito. No procede incrementar el valor de las existencias en los intereses, ya que el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades de 1982 sólo lo prevé respecto del inmovilizado y siempre que opte por contabilizar. No procede la compensación de bases imponibles negativas de los periodos 1989 y 1990, ya que a 1 de enero de 1996, han transcurrido 5 años. No procede la compensación de bases imponibles negativas de los periodos 1991 a 1995, ya que el interesado no ha acreditado su existencia.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 11 de octubre de 2006 en reclamación económico-administrativa que, en segunda instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por la entidad X, S.A. (...) y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 25 de julio de 2003 que desestima la reclamación interpuesta en relación al Impuesto sobre Sociedades del periodo 1996 y cuantía de 535.999,18 € y en relación al acuerdo sancionador por infracción tributaria grave de cuantía de 473.094,67 €.

                                                      ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha de 8 de marzo de 2001, se formalizó acta de disconformidad A02 nº ... relativa al Impuesto sobre Sociedades del periodo 1996 al interesado, en la cual se hacía constar, en síntesis: No se ha exhibido la contabilidad oficial ni los registros fiscales a cuya llevanza viene obligada por Ley. En particular, no se han exhibido los libros registro de facturas emitidas y recibidas. El sujeto pasivo no había presentado declaración por este impuesto y periodo. Se encuentra dado de alta en el epígrafe IAE/ empresarial 833.2.

La base imponible comprobada se ha fijado en estimación indirecta. El interesado promovió un complejo urbanístico denominado ..., situado en el término municipal de ... en ejercicios anteriores a 1996. No obstante, no se han aportado a la Inspección ningún documento con trascendencia tributaria que pudiera ayudar a la Inspección a determinar el coste de adquisición y producción del referido activo. Tampoco figura este activo en la contabilidad oficial de la entidad ni en sus registros de carácter fiscal pues ni uno ni otro ha sido mostrado a la Inspección; de hecho, la interesada manifiesta carecer de ellos (Diligencia de 3 de mayo de 2000, punto 2).

        
La entidad declaró la obra nueva correspondiente al complejo urbanístico de referencia por un valor de 450.000.000 pesetas (2.704.554,47 €). Así se hace constar en la inscripción registral correspondiente a la finca ... cuya copia se encuentra incorporada al expediente. El terreno sobre el que se asienta el complejo urbanístico fue adquirido por 340.000 pesetas (2.043,44 €) el día 6 de julio de 1983. Por tanto, el coste de adquisición/ producción del inmueble de referencia es de 450.340.000 pesetas (2.706.597,91 €).

        Con motivo del impago de la interesada al acreedor hipotecario, se procedió a la ejecución hipotecaria del inmueble, culminando en el año 1996 con la adjudicación-venta del activo a Y, S.A. por un valor de 654.798.000 pesetas (3.935.415,24 €).

        El coste total de la venta es de 450.340.0000 pesetas (2.706.597,91 €) y se determinó por estimación indirecta. El inmueble fue promovido para su venta y forma parte de su activo circulante y la renta producida en la interesada con motivo de la operación es de 204.458.000 pesetas (1.228.817,33 €).

La deuda a ingresar resultante asciende a un importe de 89.182.759 pesetas (535.999,18 € ).

SEGUNDO.- Se adjunta al acta el preceptivo informe ampliatorio en el cual, en síntesis, se reproduce el contenido de dicha acta de forma más minuciosa y extensa. En dicho informe se hace constar, entre otros extremos: Sobre el complejo urbanístico denominado ..., situado en el término municipal de ... se había constituido una hipoteca en el año 1991. Con motivo de sus impagos, en el año 1996 se produjo la compra por subasta por la entidad Y, S.A. por un valor de 654.798.000 pesetas (3.935.415,24 €). La relación de fincas transmitidas consta en el Anexo a este informe. El conjunto inmobiliario tenía por objeto viviendas, parkings y trasteros y se encontraba en construcción según consta en el Registro de la Propiedad. No obstante, se aportaron a la Inspección Cédulas de habitabilidad y certificados de finalización de obra que habían sido emitidos antes de la citada transmisión. El actuario solicitó justificación de la operación y el interesado contestó que carecía de contabilidad y que no había presentado declaraciones ni por el Impuesto sobre Sociedades ni por el Impuesto sobre el Valor Añadido, desde más allá de los periodos impositivos respecto de los cuales no hubiese prescrito el derecho de la Administración y que carecía de facturas o documentos de efecto equivalente a través de los cuales pudiera acreditar el coste de la producción urbanística. En estas condiciones, se optó por aplicar el régimen de estimación indirecta, fijándose el precio de adquisición/construcción en 450.340.000 pesetas (2.706.597,91 €).

Existe una base imponible negativa de 28.000.000 pesetas (168.283,39 €) en el ejercicio 1989, cuyo derecho a la compensación ha caducado en el ejercicio de 1996. En dicha declaración figura como valor de existencias la cantidad de 552.656.799 pesetas (3.321.534,26 €). Dicho valor parece que no debe aceptarse ya que nada puede hacernos llegar a la conclusión que estemos ante un valor referido exclusivamente al complejo urbanístico objeto de transmisión en el año 1996 y porque no existe el menor elemento objetivo que actúe como  prueba o indicio de veracidad y exactitud de dicho valor.

Respecto al valor que ha de darse a unos eventuales certificados de intereses financieros aportados por la interesada, estaríamos ante eventuales gastos no contabilizados y, en la medida que se devenguen con posterioridad a la fecha de terminación de las obras (15 de febrero de 1990), se trataría de gastos financieros no activables.

TERCERO.- El Inspector Regional de la Delegación de ... de la AEAT dictó, en fecha de 21 de mayo de 2001, acuerdo de liquidación en el que hacía constar, en síntesis: No resulta aplicable el régimen de estimación indirecta. En el escrito de alegaciones el contribuyente ha incorporado parte de la escritura de constitución de la hipoteca a la que se incorpora el certificado emitido por Z, S.A. en donde se establece que, a fecha de 9 de abril de 1991 el inmueble " ..." está constituido por 70 viviendas, 76 trasteros y 71 plazas de aparcamiento, es decir por un total de 217 fincas de las que se hipotecan 216. Sin embargo, cuando se ejecuta la hipoteca se subastan sólo 136 lotes integrado cada uno de ellos por una única finca de las 217 que integran el complejo. De esta forma se embargan sólo 136 de las 216 hipotecas, adjuntándose cuadro explicativo. ¿Qué ha pasado con las 80 restantes? Está claro que se han producido entregas de fincas a terceros. En relación a los intereses relativos a 1990, éstos, en su caso podrían haber dado lugar  a una posible base imponible negativa a compensar cuyo periodo de compensación habría finalizado en el año 1995. En relación a los intereses relativos a 1991, en fecha de 7 de mayo de 2001, la entidad obtiene un préstamo de R por importe de 986.000.000 pesetas (5.925.979,35 €), garantizándolo con hipoteca sobre la totalidad del citado complejo urbanístico. Parte de esta cifra es utilizada para cancelar la póliza de crédito con V. Si la obra está ya terminada el 15 de febrero de 1990 y la entidad no realiza más actividad, ¿A dónde va a parar la diferencia existente entre la nueva hipoteca pedida en fecha de 7 de mayo de 1991 y la cantidad usada para cancelar la póliza de crédito pendiente con V? Así pues, resulta imposible determinar qué parte del nuevo crédito está afecto a la actividad empresarial, lo cual determina la imposibilidad de conocer qué parte de los intereses generados por él podrían ser deducibles. La deuda a ingresar asciende a 89.182.759 pesetas (535.999,18 € ).

El citado acuerdo de liquidación fue notificado al interesado en fecha de 1 de junio de 2001.

        CUARTO.- Mediante acuerdo de fecha 24 de mayo de 2001 del Jefe de Equipo, que fue notificado el día 1 de junio de dicho año, se inició el procedimiento sancionador por infracción tributaria grave, tramitación abreviada, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1996. Se propone una sanción por dejar de ingresar la totalidad o parte de la deuda tributaria.

        En fecha de 20 de junio de 2001 se dictó por el Inspector Regional de la Delegación de ... de la AEAT acuerdo de imposición de sanciones en el cual, en síntesis, se acuerda, de conformidad con la propuesta del instructor, imponer una sanción tipificada en el artículo 79 de la Ley General Tributaria: apartado a), al dejar de ingresar una cuota por importe de 71.560.300 pesetas (430.086,06 €). Se aplica la normativa establecida por el Real Decreto 1930/1998, imponiéndose una sanción del 50%, incrementándose en un 35% como criterio de graduación por la utilización de medios fraudulentos y en un 25% como criterio de graduación por ocultación de datos, resultando un porcentaje incrementado del 110% La sanción que se impone es de 78.716.330 pesetas (473.094,67 €).

        Dicho acuerdo es notificado al interesado el día 29 de junio de 2001.

QUINTO.- Disconforme con dicho acuerdos, la entidad interpuso contra los mismos reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... mediante escritos presentados los días 18 de junio de 2001 y 16 de julio 2001. Dichas reclamaciones fueron objeto de acumulación por el TEAR de ... y se desestimaron por acuerdo de este TEAR en fecha de 25 de julio de 2003. La citada desestimación fue notificada al interesado el día 9 de septiembre de 2003.

SEXTO.- Contra dicho acuerdo del T.E.A.R. de ..., el interesado ha interpuesto en fecha de 26 de septiembre de 2003 recurso de alzada ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, alegando en síntesis: 1º) La única actividad que tuvo la entidad recurrente fue la promoción inmobiliaria del complejo urbanístico denominado "...", situado en el término municipal de ... El 3 de enero de 1996, al no poder hacer frente a las deudas contraídas, se acuerda la ejecución de la hipoteca mediante auto dictado por el Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº... de ... 2º) Situación contradictoria que se produce en el contenido del Informe Complementario en comparación a la resolución del expediente de comprobación tributaria en relación a la aplicación del régimen de estimación indirecta. Lo que caracteriza a la estimación indirecta es la no utilización exclusiva de datos externos al contribuyente. Ni se ha aplicado por parte de la Inspección el régimen de estimación directa ni se ha obtenido la base imponible por documentación aportada por la interesada. 3º) Al no admitir la Inspección el valor de las existencias a 31 de diciembre de 1989 por importe de 552.656.799 pesetas (3.321.534,26 €), la Inspección convierte la carga de la prueba en una probatio diabólica referida a hechos negativos. El valor de dichas existencias declaradas en el ejercicio 1989 deviene firme y definitivo debido a la prescripción. 4º) La norma de valoración nº 13 del PGC de las empresas inmobiliarias señala que la valoración de las existencias comprende los gastos financieros devengados antes de la puesta en condiciones de explotación del activo. Sólo los intereses de V en el año 1989 fueron de 82.784.167 pesetas (497.542,86 €), por el préstamo de 550.000.000 pesetas (3.305.566,57 €), que sumados al valor de la obra nueva más el terreno, obtendríamos un importe de existencias del año 1989 de 533.124.167 pesetas (3.204.140,78 €). Con esta argumentación, lo que se pretende es demostrar que el valor de la obra nueva no tiene porque coincidir con el valor de las existencias. 5º) Se atenta contra el principio de estanqueidad por el hecho de no aceptar el valor de las existencias a 31 de diciembre de 1989 y contra el artículo 23.3 de la Ley General Tributaria. 6º) La Inspección tiene la misma certeza o dudas sobre dichos valores. 7º) En relación a los intereses devengados en el año 1990, se consiguieron certificados hasta el 31 de octubre de 1990 y su importe asciende a 62.290.812 pesetas (374.375,32 €). Toda vez que el certificado de final de obra es de 15 de febrero de 1990, la mayor parte de los intereses del año 1990 son gasto del ejercicio y formarían parte de una base imponible negativa del ejercicio 1990 que no sería compensable en el ejercicio 1996, ahora bien la ya citada norma de valoración nº 13 del PGC de las empresas inmobiliarias establece la posibilidad de la inclusión de los gastos financieros como mayor valor de adquisición y la solicitud de las cédulas de habitabilidad es de 9 de mayo de 1991, por lo que los intereses correspondientes al ejercicio 1990 también deberían formar parte del precio de adquisición. El valor de adquisición del inmueble a 31 de diciembre de 1990 es de 629.285.893 pesetas (3.782.084,39 €), resultante de sumar al valor de las existencias declaradas en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1989, los intereses devengados en el ejercicio 1990 sólo del préstamo concedido por V. Respecto del ejercicio 1991, los intereses devengados de V son de 59.278.243 pesetas (356.269,42 €), según el certificado de información fiscal, siendo cancelada la hipoteca con V en fecha 7 de mayo de 1991. Por tanto, estos intereses también formarán parte del precio de adquisición. De esta forma, resulta un precio total de adquisición de 688.564.136 pesetas (4.138.353,80 €) que es superior al precio de transmisión y que nos llevaría a unas pérdidas generadas en la transmisión de 33.766.136 pesetas (202.938,56 €). 8º) La cancelación de la hipoteca de V se realiza mediante una segunda hipoteca de fecha 7 de mayo de 1991 con la entidad R, siendo el principal del préstamo de 986.000.000 pesetas (5.925.979,35 €); se aporta una simulación del cuadro de amortización ya que la entidad bancaria ha hecho caso omiso de todas las peticiones realizadas. Así los intereses devengados a 31 de diciembre de 1995 se elevarían a 710.005.763 pesetas (4.267.220,58 €) y, de haberse declarado estos intereses, hubieran dado lugar a bases imponibles negativas desde el año 1991 a 1995 compensables en el ejercicio 1996: El hecho de que no se declaren ni figuren en la contabilidad no significa que no existieran y ha, de tenerse en cuenta. La totalidad de este préstamo estuvo afecto al inmueble embargado ya que a la deuda con V calculada de forma aproximada de 632.335.342 pesetas (3.800.411,95 €) hay que añadir un préstamo con S de 8.000.000 pesetas (48.080,97 €), el saldo de una Póliza de Crédito con T que en fecha 10 de mayo de 2001 era de 68.053.970 pesetas (409.012,60 €), y hay que tener en cuenta el mantenimiento del inmueble para su venta, gastos de personal, mobiliario, seguros, etc... que si bien es cierto que no se puede demostrar su existencia, presupone que el préstamo hipotecario con R se utilizó totalmente en el inmueble de referencia y, por tanto, en la actividad empresarial. 9º) Se ha reconocido desde el primer momento que la falta de una contabilidad correcta y el no haber presentado las declaraciones tributarias no puede suponer una ventaja para el contribuyente. Pero ello no debe llevar a una sobreimposición de rentas en base al cálculo de una base imponible totalmente ficticia. 10º) Solicita la anulación de la Resolución del expediente de comprobación tributaria y el acta por falta de motivación y por no existir base imponible positiva por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1996.

                                                          FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.- Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Económico-Administrativo Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en segunda instancia de la presente reclamación económico-administrativa, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo la cuestión a resolver si se ajusta a Derecho la citada regularización efectuada en el Impuesto sobre Sociedades del periodo 1996 y la sanción impuesta por infracción tributaria grave derivada de dicha regularización. Las cuestiones controvertidas a resolver, en síntesis, son las siguientes: 1º) Si la resolución del expediente puede o no separarse de la propuesta de resolución contenida en el acta en relación con la aplicación del régimen de estimación de la base imponible. 2º) Si debe de admitirse o no el valor de las existencias declarado por el interesado en la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 1989 y, además, ser incrementado por los intereses devengados hasta la cancelación de la hipoteca con V. 3º) Si existen o no bases imponibles negativas que puedan compensarse en el año 1996. 4º) Si existe o no falta de motivación en la resolución del expediente y en el acta. 5º) Si la carga de la prueba corresponde a la Inspección o a la entidad recurrente.

SEGUNDO.- En relación a la primera cuestión controvertida en el presente expediente de si la resolución del expediente puede contradecir la propuesta de resolución contenida en el acta en relación a la aplicación del régimen de estimación indirecta o directa de la base imponible, hay que partir de lo establecido por el artículo 56.1 del Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos. Dicho precepto señala: "Cuando el sujeto pasivo, retenedor u obligado a ingresar a cuenta o responsable se niegue a suscribir el acta o suscribiéndola no preste su conformidad a la propuesta de regularización contenida en la misma, se incoará el correspondiente expediente administrativo que se tramitará por el órgano actuante de la Inspección de los Tributos, quedando el interesado advertido en el ejemplar que se le entregue de su derecho a presentar ante dicho órgano las alegaciones que considere oportunas dentro del plazo de los quince días siguientes a la fecha en que se haya extendido el acta o a su recepción." Por otra parte, el artículo 60.4 de dicho Real Decreto 939/1986 establece que: "Cuando el acta sea de disconformidad, el Inspector-Jefe, a la vista del acta y su informe y de las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, dictará el acto administrativo que corresponda dentro del mes siguiente al término del plazo para formular alegaciones.

        Asimismo, dentro del mismo plazo para resolver, el Inspector-Jefe podrá acordar que se complete el expediente en cualquiera de sus extremos, practicándose por la Inspección las actuaciones que procedan en un plazo no superior a tres meses. En este caso, el acuerdo adoptado se notificará al interesado e interrumpirá el cómputo del plazo para resolver. Terminadas las actuaciones complementarias, se documentarán según proceda a tenor de sus resultados. Si se incoase acta, ésta sustituirá en todos sus extremos a la anteriormente formalizada y se tramitará según proceda; en otro caso, se pondrá de nuevo el expediente completo de manifiesto al interesado por un plazo de quince días, resolviendo el Inspector-Jefe dentro del mes siguiente".

        Según se desprende de dichos preceptos, el acta contiene tan sólo una propuesta de regularización tributaria, propuesta que no tiene por qué coincidir con la liquidación que se acuerde, que ha de dictarse a la vista del acta y de las alegaciones que en su caso haya presentado el obligado tributario. Estas alegaciones no constituyen sino un elemento de juicio para la adopción del acto administrativo que, como tal, sí es susceptible de impugnación, mientras que el acta, mero acto de trámite, no lo es. En consecuencia, que la motivación del acto liquidatorio difiera de la propuesta por el actuario nada tiene de irregular ni supone indefensión alguna, sino que entra en el ámbito del normal desarrollo de un procedimiento dialéctico en que el Inspector-Jefe adopta un acuerdo de liquidación a la vista de la propuesta del actuario y, vistas las alegaciones, si se formularon válidamente. Este criterio ha sido mantenido por este Tribunal Central en Resolución de fecha de 24 de enero de 2003 (RG 7998/1999).

        En el presente caso, el Inspector Regional señaló en el acuerdo de liquidación que no resultaba aplicable el régimen de estimación indirecta, a diferencia de lo señalado por el actuario en el acta.

En relación a los regímenes de determinación de la base imponible, la Ley 230/1963 General Tributaria, en su artículo 50, señala las causas que justifican la aplicación del régimen de estimación indirecta al señalar: "Cuando la falta de presentación de declaraciones o las presentadas por los sujetos pasivos no permitan a la Administración el conocimiento de los datos necesarios para la estimación completa de las bases imponibles o de los rendimientos o cuando los mismos ofrezcan resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan sustancialmente sus obligaciones contables, las bases o rendimientos se determinarán en régimen de estimación indirecta utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios:

        a) Aplicando los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto.

        b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes y de las rentas, así como de los ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, atendidas las dimensiones de las unidades productivas o familiares que deban compararse en términos tributarios.

c) Valorando los signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes".

Este precepto es desarrollado por el artículo 64 del Reglamento de Inspección en el cual, después de declarar el carácter subsidiario que tiene el régimen de estimación indirecta, se enumeran las causas que pueden originar su aplicación, especificándose en el apartado 1.º c) "Que el sujeto pasivo o retenedor haya incumplido sustancialmente sus obligaciones contables"..., y según el número 2 del propio artículo 64: "En particular, se entiende que existe incumplimiento sustancial de las obligaciones contables: a) Cuando incumpla la obligación de llevanza de contabilidad o de los registros establecidos por las disposiciones fiscales. Se presumirá la omisión de los libros y registros contables cuando no se exhiban a requerimiento de la Inspección de los Tributos. b) Cuando la contabilidad no recoja fielmente la titularidad de las actividades, bienes o derechos. c) Cuando los registros y documentos contables contengan omisiones, alteraciones o inexactitudes que oculten o dificulten gravemente la exacta constatación de las operaciones realizadas. d) Cuando aplicando las técnicas o criterios generalmente aceptados a la documentación facilitada por el interesado no pueda verificarse la declaración o determinar con exactitud las bases o rendimientos objeto de comprobación. e) Cuando la incongruencia probada entre las operaciones contabilizadas y las que debieran resultar del conjunto de adquisiciones, gastos u otros aspectos de la actividad permita presumir, con arreglo al apartado segundo del artículo 118 de la Ley General Tributaria, que la contabilidad es incorrecta".

        En una correcta aplicación de los preceptos mencionados, el procedimiento de estimación indirecta debe comenzar, necesariamente, por un examen del comportamiento o conducta observada por el contribuyente y de la documentación presentada por el mismo, con la finalidad de precisar si se dan los supuestos de hecho exigidos por el citado artículo 50, y una vez verificada y justificada la existencia de tales presupuestos debe procederse, en las mismas actuaciones inspectoras, y siempre y cuando resulte imposible estimar directamente la base imponible, a la aplicación del régimen subsidiario mediante la estimación de la indicada base imponible aplicando los medios probatorios autorizados por la Ley, tales como datos, antecedentes, signos, índices o módulos que se estimen pertinentes. Esta estimación no debe coincidir obligatoriamente con la que resultaría de aplicar otros regímenes existentes; no obstante, ha de aproximarse, lo más posible, a la base imponible que se hubiera fijado en el caso de aplicar un régimen normal de determinación. Si bien la no llevanza de contabilidad constituye un incumplimiento sustancial de las obligaciones contables, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la LGT, no obstante la existencia de este supuesto no es suficiente para la aplicación inmediata del régimen de estimación indirecta sino que, es doctrina reiterada de este Tribunal Económico-Administrativo Central, que también es necesario que dichas anomalías impidan o dificulten gravemente la posibilidad de determinar las bases imponibles de forma directa.

        Por lo que se refiere al expediente que nos ocupa, y según se desprende de las actuaciones que obran en este Tribunal Central, la Inspección acudió a la aplicación del régimen de estimación directa para la determinación de base imponible porque disponía de los datos necesarios para su estimación en relación a la operación realizada que son el coste de producción de los inmuebles transmitidos y su precio de transmisión.

TERCERO.-
En relación a la segunda cuestión controvertida en el presente expediente sobre si debe de admitirse o no el valor de las existencias declarado por el interesado en la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 1989 y, además, ser incrementado por los intereses devengados hasta la cancelación de la hipoteca con V, hay que empezar señalando que en el caso objeto de este expediente, aunque la obtención de renta por pa

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Ocultación
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Prueba imposible
Principio de estanqueidad
Gastos de personal
Declaración Impuesto de Sociedades
Préstamo hipotecario

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 634/2015 de 10 de Jul (Reglamento del Impuesto sobre Sociedades) VIGENTE

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