Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/7032/2003 de 16 de Febrero de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 16 de Febrero de 2006
  • Núm. Resolución: 00/7032/2003

Resumen

No constituye una materialización adecuada de la reserva para inversiones en Canarias (RIC) la adquisición de un local, utilizado como almacén, al no haberse justificado que se haya producido alguno de los efectos necesarios para considerar que existe mejora tecnológica, ya que no basta con nuevas instalaciones sino que es además necesario que ello se proyecte sobre una mejora de calidad del bien o servicio. En cuanto a la adquisición del terreno, se produjo dentro de plazo y la entrada en funcionamiento de la inversión tiene lugar unos meses después de finalizado aquél, pero se entiende que procede reconocer el beneficio fiscal cuando la inversión requiere un desarrollo temporal, se ha iniciado antes de vencer el plazo legal y no se ha interrumpido por causa imputable al interesado, llevándose a cabo en un plazo adecuado a su naturaleza.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 16 de febrero de 2006, en los recursos de alzada interpuestos ante este Tribunal Económico Administrativo Central, por el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, con domicilio a efectos de notificaciones en c/ Infanta Mercedes, nº 37, 28020 MADRID, así como por X, S.A., con domicilio a efecto de notificaciones en ..., contra el Fallo del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... de fecha 24 de septiembre de 2003 recaído en los expedientes núms. ... y ..., relativos a sendos acuerdos dictados por la  Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en ..., dimanante el primero de ellos del Acta A02- ..., correspondiente al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1998 y 1999, por importe de 473.375,32 € (78.763.026 pesetas), constituyendo el segundo de ellos el acuerdo sancionador derivado del anterior, con una cuantía de 220.015,16 € (36.607.443 pesetas).

                                                         ANTECEDENTES  DE  HECHO

PRIMERO
: En fecha 27 de marzo de 2001, la Inspección de los Tributos levantó el acta A02 nº ... en concepto de Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1998 y 1999, a X, S.A., en la que se hacía constar, en síntesis, lo siguiente:

1º) Que el sujeto pasivo, que desarrolla las actividades de comercio al por mayor de ..., y comercio al por menor de ..., había presentado declaración-liquidación por el Impuesto sobre Sociedades, por cada uno de los ejercicios referidos con los siguientes datos:

EJERCICIO                        BASE IMPONIBLE                         CUOTA INGRESADA

1998.......               31.602.057 pts (189.932,19 €)                    2.596.963 pts (15.608,06 €)

1999                         51.271.403 pts (308.147,3 €)                  12.101.398 pts (72.730,87 €)

2º) Que el sujeto pasivo se aplicó en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1994 una reducción en la Base imponible de 55 millones de pesetas y en la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 1995, una reducción en la Base imponible también de 55 millones de pesetas en concepto de "reducción por reserva de inversiones en Canarias, art. 27 de la Ley 19/1994".

3º) Que las actuaciones inspectoras se han limitado a comprobar la correcta dotación de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en 1995 y la materialización de la dotación de los años 1994 y 1995.

4º) Que la materialización de la RIC en 1994 y 1995 se concretó la adquisición de un almacén en 1995 y en la compra de un solar  para la construcción de una nave en 1998, de la siguiente manera:

                                                                 materialización                        

                        dotaciones                              1996                        1998

1994                        55 mill. Pts.                        55 mill. Pts.                        - - - - -

1995                        55 mill. Pts.                        20 mill. Pts.                35.923,336 pts

        La materialización realizada en 1996 fue un salón en la planta baja de un edificio sito en la calle ..., por importe de 75.000.000 pesetas (450.759,08 €) adquirido en fecha 30 de diciembre de 1996 a los hermanos RA (...), RB (...) y RC (...), dueños de la finca por herencia. Todos ellos son, junto con los hermanos RD, socios de la interesada. El inmueble se destina a almacén. El local había sido con anterioridad objeto de arrendamiento de local de negocio.

        La materialización del ejercicio 1998 fue la adquisición a la sociedad Y, S.L. de una parcela de terreno en la Urbanización Industrial ... en fecha 6 de agosto de 1998, por importe de 32.752.000 pesetas (196.843,48 €), que ascendió a 35.923.335 pesetas (215.903,59 €) con gastos. El representante manifiesta que se han iniciado las obras sobre la parcela de terreno y que el destino de la parcela es la construcción de una nave industrial para ejercer la actividad, aportándose fotocopia de licencia  de construcción pagada en fecha 29 de diciembre de 1998 junto con fotocopias del resto de los pagos realizados en 1999.  En diligencia de fecha 2 de marzo de 2001 se aporta copia simple de Escritura de fecha 28 de diciembre de 2000 de declaración de obra nueva finalizada.

5º) Que, como consecuencia de los anteriores hechos y de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 19/1994 de 6 de julio de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, el local usado y la parcela  no cumplen con los requisitos exigidos en la Ley, por cuanto que, en relación con el local usado, se trata de una transmisión realizada desde el patrimonio personal de los socios a su sociedad y no se ha demostrado que suponga una mejora tecnológica en la actividad de la empresa, la cual exige que se haya producido un avance técnico en la calidad de los procedimientos o medios mecánicos utilizados en la empresa en su proceso productivo. El sujeto pasivo ha demostrado que se ha producido un mayor volumen de ventas, lo que supone una mejora cuantitativa, no cualitativa, de la capacidad productiva de la empresa, no quedando acreditado que se haya producido una innovación o avance técnico.

        Respecto a la parcela, la Ley establece tres años de plazo en el que debe materializar  en un activo fijo nuevo y necesario y utilizado para el desarrollo de la sociedad. Del terreno difícilmente se puede predicar el término de "nuevo" por su naturaleza y por la utilización dada por las sociedades que habían sido propietarias del mismo. En todo caso, no puede haber supuesto una mejora tecnológica para la empresa ya que hasta la fecha no se ha dado otro uso que el de construcción, no habiendo sido afectada al desarrollo de la actividad en el plazo de tres años, desde (según la Dirección General de Tributos) la fecha de devengo del Impuesto correspondiente al ejercicio en que se dotó la reserva.

6º) Que, en virtud del artículo 27.8 de la Ley 19/94, la disposición de la reserva para inversiones con anterioridad al plazo de mantenimiento de la inversión o para inversiones diferentes a las previstas dará lugar a la integración en la Base Imponible en el ejercicio en que ocurrieron estas circunstancias de las cantidades que en su día dieron lugar a la reducción de la misma.

        En consecuencia, se ha producido un aumento del gasto por Impuesto sobre Sociedades devengado en los ejercicios 1998 y 1999, que afecta al cálculo de la dotación para la RIC de los ejercicios 1998 y 1999, en virtud del artículo 27.2 de la Ley 19/94.  

7º) Que, en consecuencia, se propone la siguiente liquidación: cuota de 73.214.885 pesetas (440.030,32 €) e intereses de demora de 5.548.141 pesetas (33.345 €). Total deuda tributaria de 78.763.026 pesetas (473.375,32 €).

SEGUNDO: Tras haber evacuado el actuario el preceptivo informe y sin haber  formulado la interesada alegaciones, la Oficina Técnica dictó el 19 de septiembre de 2001 el correspondiente acuerdo de liquidación, que fue confirmatorio de la propuesta contenida en el acta en cuanto a la cuota, corrigiéndose el cálculo de los intereses, que quedaron fijados en 5.571.867 pesetas (33.487,6 €), lo que suponía una deuda tributaria de 78.786.752 pesetas (473.517,92 €). El acuerdo fue notificado el 26 de septiembre de 2001.

TERCERO: Disconforme con el acuerdo anterior, la interesada interpuso reclamación económico-administrativa ante el TEAR de ..., en fecha 15  de octubre de 2001, que fue registrada con el nº ....

CUARTO: Por otra parte, en fecha 27 de marzo de 2001 se notificó al obligado tributario el acuerdo de apertura de expediente sancionador por infracción tributaria grave. Con la misma fecha se notificó la propuesta de resolución del expediente sancionador, formulando el obligado tributario alegaciones el 16 de abril de 2001. En fecha 26 de septiembre de 2001 se notificó a la interesada acuerdo del Inspector Jefe, según el cual los hechos consignados en el acta constituyen infracción tributaria grave en virtud de lo dispuesto en el artículo  79.a) de la Ley General Tributaria, ascendiendo la sanción pecuniaria al 50 por 100 de la deuda tributaria (artículo 87.1) de la Ley General Tributaria, según redacción de la Ley 25/1995: (50% de sanción mínima). Por último, se hace constar que al no haber prestado el contribuyente su conformidad expresa a la propuesta de sanción no procede la reducción de la sanción en un 30% en aplicación del artículo 82.3 de la L.G.T. La sanción quedaba determinada en 36.607.443 pesetas (220.015,16 €). No conforme con la misma, en fecha 15 de octubre de 2001 la interesada presentó Reclamación Económico-Administrativa ante el TEAR de ..., la cual fue registrada con el nº ....  

QUINTO: Las dos reclamaciones presentadas ante el TEAR fueron acumuladas para su resolución conjunta. Puestos de manifiesto los expedientes la interesada alegó lo siguiente:

1º) Que en cuanto a la adquisición del local se ha de destacar la mejora tecnológica que para la entidad ha reportado su adquisición, habiéndose incrementado las ventas y beneficios como consecuencia la maniobrabilidad de las existencias y por el aumento de las compras, reduciéndose los costes unitarios de estructura.

2º) Que respecto de la adquisición de la parcela de terreno destinada a la construcción de una nave industrial para ejercer la actividad, el plazo máximo que establece la Ley supone el límite temporal  para la materialización de las cantidades destinadas a la Reserva, no para la entrada en funcionamiento, siendo ésta última necesaria únicamente a los efectos de justificar la permanencia del activo en la empresa.

3º) Que, en cuanto a la sanción, resulta improcedente por no quedar probada la culpabilidad del sujeto infractor, quedando su conducta amparada en una interpretación razonable de la norma.

SEXTO: Las Reclamaciones fueron resueltas por el TEAR en fecha 24 de septiembre de 2003 de forma que la nº ... fue estimada parcialmente y la nº ..., correspondiente a la sanción, fue estimada. El TEAR anulaba la liquidación impugnada concluyendo que si bien el obligado tributario no había materializado correctamente las reservas de los ejercicios 1994 y 1995, sin embargo, considera incorrecto el cálculo realizado por la Inspección en cuanto  a la regularización de dichas cantidades no materializadas adecuadamente. Así, la Inspección considera que el beneficio de 1998 y 1999 se ha visto modificado como consecuencia de la regularización dado que en su virtud se procede a determinar  un mayor impuesto sobre beneficios devengado que a su vez disminuye el beneficio del ejercicio. Para la Inspección, el incremento de base imponible por la materialización de la RIC en inversiones diferentes a las previstas normativamente, constituyen "diferencias permanentes" a los efectos del cálculo del límite de la reducción de la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades en los ejercicios 1998 y 1999 por el concepto de Reserva de Inversiones en Canarias. Para el TEAR, sin embargo, la RIC no puede ser considerada como "diferencia permanente" por cuanto que la definición de éstas que efectúa la Norma 16 del Plan General de Contabilidad sólo abarca a los incentivos fiscales que operan mediante deducción en la cuota, lo que no sucede con la RIC.

Por lo que se refiere a la reclamación que afecta a la sanción, el TEAR entiende que la conducta del contribuyente queda amparada en una interpretación razonable de la norma.

La resolución fue notificada a la interesada en fecha 21 de octubre de 2003.

SEPTIMO: En fecha 6 de noviembre de 2003, la interesada presentó, ante este Tribunal Central, escrito por el que promovía uno de los recursos de alzada objeto de la presente resolución, el registrado con el nº 7480/03 contra el fallo del Tribunal Regional,  insistiendo en  las alegaciones vertidas ante el Tribunal de instancia, excepto en lo ya estimado por éste (la sanción).

OCTAVO:
Asimismo, habiendo sido el fallo notificado en fecha 5 de noviembre de 2003 al Director del Departamento de Inspección Financiera y  Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, éste consideró no ajustada a Derecho la resolución dictada, por lo que interpuso en fecha 19 del mismo mes y año Recurso de Alzada ante este Tribunal Central, donde se le dio el número 7032/03 de Registro General. En el escrito de alegaciones, manifestó en síntesis que considera incorrecto el criterio mantenido por el TEAR de considerar la conducta de la entidad como no sancionable. Para el Director, debe tenerse en cuenta que no toda interpretación de la norma jurídica produce el efecto de eliminar la culpabilidad en la conducta del obligado tributario, ya que para generar dicho efecto se requiere, por una parte, que la interpretación realizada sea fundamentada y razonable y por otra que ha de producirse respecto de normas susceptibles de interpretación, lo que, a su entender, no se produce en el presente expediente por ser las normas aplicables suficientemente claras. Especialmente, se hace referencia a las normas que afectan a los requisitos temporales de la inversión (art. 27.4 de la Ley 19/1994). El TEAR considera que la norma guarda silencio sobre el plazo de entrada de funcionamiento de las inversiones, aunque debe entenderse que la entrada en funcionamiento de la inversión debe producirse dentro del plazo máximo legal fijado. Para el Director del Departamento, la norma es clara por cuanto que otra interpretación respecto a dicho requisito la vaciaría de contenido dado que podría dilatarse indefinidamente la entrega y la puesta de funcionamiento de la inversión sin que por ello se entendiera incumplido el requisito temporal establecido por la norma.

El Director del Departamento solicita así que se declare ajustada a Derecho la sanción correspondiente al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1998 y 1999.

NOVENO: Habiéndosele dado traslado a la entidad X, S.A. del recurso de alzada presentado por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, aquélla presentó escrito de alegaciones en fecha 23 de marzo de 2004, insistiendo en que no cabe apreciar voluntariedad ni conducta sancionable por cuanto su actuación tiene su fundamento en la creencia de que actuaba conforme a derecho.

DECIMO:
En fecha 9 de septiembre de 2.004 se notificó a la entidad Providencia de este Tribunal Central por la que se le daba trámite de audiencia en el expediente de la reclamación económico-administrativa interpuesta contra la sanción, a fin de que durante quince días hábiles pudiera alegar lo que estimara pertinente respecto a la aplicación, en su caso, de la nueva normativa de infracciones y sanciones regulada en la Ley 58/2003, todo ello de conformidad con la disposición transitoria 4ª.1.segundo párrafo de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre General Tributaria. Al respecto, la interesada presentó escrito en fecha 21 de septiembre de 2004 manifestando que la nueva normativa de infracciones y sanciones tributarias no afecta al expediente objeto de impugnación.

                                                FUNDAMENTOS DE  DERECHO

PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de los presentes recursos de alzada.

SEGUNDO: Es necesario diferenciar las dos cuestiones que impugnan las partes recurrentes; por un lado referido a la liquidación en sí relacionado con la Reserva para Inversiones en Canarias. Por otro lado, la sanción impuesta y deducida de los hechos anteriores, teniendo en cuenta que el origen causal de todo ello lo constituye la materialización de la reserva mediante la adquisición por la recurrente de inmuebles usados que tienen, según ella, la condición de activos fijos. Tal planteamiento nos lleva, en primer lugar, a establecer la normativa aplicable y luego el examen de la presente controversia enfocada desde aquélla.

La Reserva para Inversiones en Canarias, es un incentivo fiscal regulado en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en cuyos apartados 1, 2 y 3 y letra a) del 4 se dispone lo siguiente:

"1. Las sociedades y demás entidades jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a la reducción en la base imponible de este impuesto de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

2. La reducción a que se refiere el apartado anterior se aplicará a las dotaciones que en cada período impositivo se hagan a la reserva para inversiones hasta el límite del 90 por 100 de la parte de beneficio obtenido en el mismo período que no sea objeto de distribución, en cuanto proceda de establecimientos situados en Canarias.

En ningún caso la aplicación de la reducción podrá determinar que la base imponible sea negativa.

A estos efectos se considerarán beneficios no distribuidos los destinados a nutrir las reservas, excluida la de carácter legal. Tampoco tendrá la consideración de beneficio no distribuido el que corresponda a los incrementos de patrimonio afectos a la exención por reinversión a que se refiere el artículo 15.8 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Las asignaciones a reservas se considerarán disminuidas en el importe que eventualmente se hubiese detraído del conjunto de las mismas, ya en el ejercicio al que la reducción de la base imponible se refiere, ya en el que se adoptara el acuerdo de realizar las mencionadas asignaciones.

3. La reserva para inversiones deberá figurar en los balances con absoluta separación y título apropiado y será indisponible en tanto que los bienes en que se materializó deban permanecer en la empresa.

4. Las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias deberán materializarse en el plazo máximo de tres años, contados desde la fecha del devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se ha dotado la misma, en la realización de alguna de las siguientes inversiones:

a) La adquisición de activos fijos situados o recibidos en el Archipiélago Canario, utilizados en el mismo y necesarios para el desarrollo de actividades empresariales del sujeto pasivo o que contribuyan a la mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario. A tal efecto se entenderán situados y utilizados en el Archipiélago Canario las aeronaves que tengan su base en Canarias y los buques con pabellón español y matriculados en Canarias, incluidos los inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras.

Tratándose de activos fijos usados éstos no podrán haberse beneficiado anteriormente del régimen previsto en este artículo, y deberán suponer una mejora tecnológica para la empresa".

TERCERO: En el presente caso, la Inspección considera que no constituye  adecuada materialización para la Reserva de Inversiones en Canarias y, por ende, es objeto de regularización sancionada las siguientes inversiones:

- La adquisición de un local, utilizado como almacén, puesto que no se ha acreditado la existencia de mejora tecnológica alguna para la empresa.  

- La inversión realizada en un terreno, que no constituye adecuada materialización de la reserva, por cuanto que en la finalización del plazo previsto para llevar a cabo la materialización (31 de diciembre de 1999 para la reserva correspondiente a 1995 y dotada en 1996), el edificio no se encontraba terminado y, en consecuencia, no era en dicha fecha susceptible de afectación como activo a ninguna actividad empresarial.

CUARTO: En cuanto al primer elemento, del que no se discute que se trata  de un activo fijo usado, de acuerdo con el segundo párrafo del art. 27.4.a de la Ley 19/1994, estos deben suponer una mejora tecnológica para la empresa. Pues bien, para definir "mejora tecnológica", este Tribunal Central en otras Resoluciones ha tenido que acudir a la normativa anterior a la Ley 19/1994. Así, precedida del adjetivo "evidente"  ya se encontraba con anterioridad a propósito de la deducción por inversiones en bienes usados en el artículo 94.3  de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias en lo relativo a los incentivos fiscales a la inversión. Y el desarrollo reglamentario que prevé dicho precepto, que está contenido en el Real Decreto 241/1992 de 13 de marzo de 1992, en cuyo artículo 2, apartado Dos dispone: "Para tener derecho a esta deducción, la adquisición del elemento de activo fijo usado ha de suponer una evidente mejora tecnológica para la empresa, debiéndose acreditar esta circunstancia, en caso de comprobación o investigación de la situación tributaria del sujeto pasivo, mediante la justificación de que el elemento objeto de la deducción va a producir o ha producido alguno de los siguientes efectos:

Disminución del coste de producción unitario del bien o servicio.

Mejora de la calidad del bien o servicio".

Dicha concreción del contenido del concepto "mejora tecnológica" sí parece trasladable al ámbito de la Reserva de Inversiones en Canarias, al tratarse en ambos casos de legislación específica de incentivos a la inversión propia del mismo ámbito territorial.

Por otra parte, existen diversas consultas de la Dirección General de Tributos, entre otras, de 16 de diciembre de 1998, 12 de julio de 1996 y 13 de julio de 1999, en las que también se pretende concretar el concepto de "mejora tecnológica". No obstante, en el presente caso concreto, cabe decir que la entidad interesada no ha conseguido justificar en ningún momento que se haya producido alguno de los efectos necesarios para considerar que existe mejora tecnológica, ya que no basta con nuevas instalaciones sino que es además necesario que ello se proyecte sobre una mejora de calidad del bien o servicio, que es lo predominante, ya que se pueden mejorar unas instalaciones pero ello puede no repercutir en la mejora del servicio. Así, este Tribunal coincide con la Inspección y con el TEAR en que dicha circunstancia no queda acreditada. Por último, tener en cuenta que, ante lo expuesto en la resolución del TEAR en torno a la falta de prueba del requisito visto, debió en esta vía jurisdiccional haber propuesto y practicado pruebas tendentes a su debida acreditación, cosa que no efectuó.

QUINTO: En cuanto a la adquisición del terreno, la regularización practicada por la Inspección se fundamenta en que aunque la adquisición del mismo se realizó dentro del plazo de materialización que se ha considerado aplicable, después del término de dicho plazo no se había producido la utilización de dicho inmueble en la actividad empresarial del sujeto pasivo. De ahí concluye en que dicha materialización no es apta por no cumplir en plazo los requisitos de ser utilizada y necesaria para la actividad empresarial del sujeto pasivo.

La controversia surge porque, como señala el Tribunal Regional, la Ley guarda silencio respecto al plazo máximo de entrada en funcionamiento de la inversión. Es evidente que sobre tal silencio no deben, a juicio de la Sala, mantenerse dos posturas extremas y contradictorias entre si:

a) De un lado no parece que pueda sostenerse que inexcusablemente este plazo ha de ser el mismo que legalmente se fija para realizar la inversión, pues ello llevará a la conclusión de que el plazo legal de 3 años para efectuarla, en tanto en cuanto la inversión fuera mínimamente compleja, resultaría inevitablemente acortado (pudiera ser que incluso drásticamente), puesto que de otra forma no sería posible la referida entrada en funcionamiento antes del final de dicho plazo. Y como no hay nada que autorice al intérprete a reducir un plazo normativo cuyos días son igualmente hábiles para realizar la inversión, desde el primero al último, resulta que esta interpretación no parece fundada.

b) Por otro lado, tampoco parece correcto que, puesto que la letra de la norma no lo exige, pueda concluirse que no existe plazo alguno para la entrada en funcionamiento de la reinversión. Y ello, no sólo porque con este criterio sí sería bien cierto que se produciría el vaciamiento de sentido del plazo legal para invertir -como también expresan el TEAR y el Director del Departamento-, sino porque, realmente, no podría sostenerse que se había realizado la inversión.

En efecto, como resulta de los preceptos transcritos anteriormente, la Ley exige que la inversión se haga, bien directamente en activos fijos empresariales (con las condiciones que expone), bien indirectamente en títulos o participaciones de sociedades que inviertan en los mismos ( art. 27, aptdo. 4, pfos a) y c) de la Ley 19/1994). Ello quiere decir que ha de tratarse, como señala el PGC recogiendo un concepto contable común, de " elementos del patrimonio destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa", mal podría sostenerse que se ha llevado a acabo una reinversión en bienes de activo fijo -inmovilizado- si los mismos no estuvieran sirviendo- al menos como obra en curso- a la actividad de empresa alguna. Eso sería tanto como otorgar la exención fiscal a la mera intención declarada de invertir y no a la inversión.

Parece, pues, que lo adecuado y más ajustado al espíritu de la norma, y este ha sido el criterio del Tribunal Central en otras ocasiones (véase, entre otras, la Res. de 25 de noviembre de 2005, correspondiente al R.G. 1747/03), es exigir que dentro del plazo legal se haya adquirido el bien de que se trate, o bien, si se trata de un proyecto de inversión complejo, haya comenzado a desarrollarse, siempre que, en todos los casos, además se produzca la incorporación al proceso productivo, a la actividad empresarial, bien de manera inmediata a su adquisición, bien dentro de un proceso ininterrumpido de actuaciones tendentes a tal fin (por ejemplo, una construcción inmobiliaria), aunque tal incorporación - mediando tales circunstancias- se haya producido después del plazo legal de los 3 años; como bien ha puntualizado el Tribunal de Instancia en muchas ocasiones  cuando exista "una intención seria, confirmada por elementos objetivos (programa de inversiones, adquisiciones de bienes o servicios correspondientes al mismo...)"; y "en cualquier caso, las sucesivas inversiones deberán efectuarse sin solución de continuidad ni interrupciones anómalas imputables al sujeto pasivo, de tal manera que la duración del proceso inversor no deberá sobrepasar el plazo que por su naturaleza le corresponda".

SEXTO:
En el caso que nos ocupa, si bien resulta que el inmueble construido no se encontraba en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 1999 (final del plazo para invertir), no obstante, de todo lo actuado y aportado sí queda evidenciado que ya en los años 1998 y 1999 se realizaron actuaciones y gestiones tendentes a la construcción del edificio (se realizaron diversas gestiones administrativas y urbanísticas, así el 23 de diciembre de 1998 se liquidó la tasa municipal por solicitud de licencia de construcción; se comenzaron las obras (constan diversas facturas al arquitecto, siendo la primera de ellas de fecha 15 de enero de 1999; se contrató el estudio topográfico de la parcela (factura de 6 de julio de 1999), se presentó el proyecto en el colegio de arquitectos también en julio de 1999, etc. Asimismo, constan en el expediente las sucesivas certificaciones de obra de fechas 9 de marzo, 7 de abril, 29 de mayo y 19 de julio de 2000. Finalmente, en diligencia de fecha 2 de marzo de 2001 fue aportada copia simple de Escritura de fecha 28 de diciembre de 2000 de declaración de obra nueva finalizada.

De modo que sin que se reseñe interrupción alguna ni dilación anómala el inmueble estaba en funcionamiento, ya sin duda alguna, a finales del año 2000.

De acuerdo con lo razonado anteriormente, por tanto, resulta que en este caso ha de entenderse cumplido el requisito de realización de la inversión exigido por la Ley 19/1994, y, por consiguiente, improcedente el incremento de base imponible practicado por la Inspección en el ejercicio 1999 (materialización de la RIC del ejercicio 1995).

SEPTIMO: Teniendo en cuenta lo expuesto, no cabe entrar en el estudio de la cuestión planteada por el Director del Departamento pues éste sólo hacía referencia en sus alegaciones a la conducta de la interesada en relación con la falta de cumplimento del requisito temporal de materialización de la RIC, el cual, como hemos visto, afecta exclusivamente en el presente expediente a la liquidación del ejercicio 1999, que acaba de ser anulada en el Fundamento de Derecho anterior.

En consecuencia,

EL TRIBUNAL CENTRAL, EN SALA,
como resolución de los recursos de alzada interpuestos por el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, así como por X, S.A., contra fallo del Tribunal Económico-administrativo Regional de ..., ACUERDA: 1º) ESTIMAR EN PARTE el recurso planteado por X, S.A., revocando el fallo del TEAR en cuanto a la liquidación correspondiente al ejercicio 1999 y confirmándolo en relación con el ejercicio 1998; y 2º) DESESTIMAR el recurso planteado por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria

Impuesto sobre sociedades
Reserva para Inversiones en Canarias
Inversiones
Inspección tributaria
Activo no corriente
Obligado tributario
Materialización de la RIC
Deuda tributaria
Declaración Impuesto de Sociedades
Dotaciones a la reserva para inversiones
Beneficios fiscales
Actividades empresariales
Administración Tributaria del Estado
Régimen fiscal de canarias
Infracción tributaria grave
Expediente sancionador
Devengo del Impuesto
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Declaraciones-autoliquidaciones
Declaración de obra nueva
Arrendamiento de local para negocio
Herencia
Dueño
Sociedad de responsabilidad limitada
Integración de rentas en la base imponible
Fecha de devengo
Intereses de demora
Beneficios no distribuidos
Sanciones pecuniarias
Deducciones en la cuota
Reducción de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades
Días hábiles
Sanciones tributarias
Período impositivo
Reducción de la base imponible
Buque
Actividad económica del sujeto pasivo
Protección medioambiental
Aeronaves
Exención por reinversión

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 20/1991 de 7 de Jun (Modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias -IGIC-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 137 Fecha de Publicación: 08/06/1991 Fecha de entrada en vigor: 01/01/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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    El ámbito de aplicación de la Reserva para la Inversiones en Canarias (RIC) se encuentra determinado a lo largo del Título I del REAL DECRETO 1758/2007, de 28 de diciembre.Los incentivos fiscales contenidos en el Art. 27 ,Ley 19/1994, de 6 de juli...

  • Importe de la materialización de la reserva para inversiones en Canarias (RIC)

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 13/06/2016

    Las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias deberán materializarse en el plazo máximo de tres años, contados desde la fecha del devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se ha dotado la misma, en la realizaci...

  • Requisitos de la reserva para inversiones en Canarias (RIC)

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 13/06/2016

    Las inversiones para el disfrute de los incentivos fiscales regulados en el Art. 27 ,Ley 19/1994, de 6 de julio, deberán cumplir con una serie de requisitos, los cuales se establecen en el REAL DECRETO 1758/2007, de 28 de diciembre, por el que se ap...

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