Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/720/2006 de 18 de Abril de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 18 de Abril de 2007
  • Núm. Resolución: 00/720/2006

Resumen

Resulta procedente la providencia de apremio impugnada, ya que no concurre ninguno de los motivos de oposición contemplados en el artículo 167.3 de la LGT (Ley 58/2003). Tratándose de una sanción no tributaria, en este caso impuesta por la Agencia de Protección de Datos, aunque sea recaudada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en base a un Convenio, no es aplicable la suspensión autómatica de las sanciones tributarias por la previa interposición de un recurso. Además, en el caso concreto, el Tribunal Económico-Administrativo Central no tiene competencia para revisar el procedimiento seguido y la denegación posterior de la solicitud de suspensión ante la Agencia Española de Protección de Datos y la instancia judicial correspondiente, pues su competencia se circunscribe a revisar el acto dictado por el órgano de recaudación, esto es, la providencia de apremio y no concurre ninguno de los motivos de oposición al apremio.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 18 de abril de 200, en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Central, interpuesta en nombre y representación de ..., S.A., por D.ª ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de 16 de enero de 2006, por la que se confirma una providencia de apremio por importe total de 72.121,42 €

                                                      ANTECEDENTES  DE  HECHO

        PRIMERO: La Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de ... de la Agencia Tributaria dictó providencia de apremio por el importe indicado que incluye el principal y el recargo de apremio, por el concepto de sanción en el procedimiento ..., impuesta en la resolución de 11 de abril de 2005 ... dictada por la Agencia Española de Protección de Datos, en aplicación del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

        SEGUNDO: Contra la providencia anterior, la entidad interesada interpuso recurso de reposición, que fue desestimado por resolución de 16 de enero de 2006 del Director de la Agencia Española de Protección de Datos, en virtud de la Resolución de 30 de junio de 1995 del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria, por la que se dispone la publicación del Convenio de 29 de junio de 1999, de prestación de servicios entre ambas Agencias. En la resolución desestimatoria se indica que no concurre ninguna de las causas de impugnación previstas en el artículo 167 de la Ley 58/2003 General Tributaria.

        TERCERO: Contra la desestimación del recurso de reposición el representante de la entidad interpone la presente reclamación económico-administrativa mediante escrito de 13 de febrero de 2006, en el que solicita la anulación de la providencia de apremio, para lo cual alega que: 1) En relación con la sanción impuesta por resolución de 11 de abril de 2005, la interesada interpuso recurso de reposición que fue desestimado por resolución de 9 de junio de 2005. La interesada interpuso entonces recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión cautelar ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el ... de 2005. Esta solicitud fue desestimada por auto de ... de 2005, contra el que hay interpuesto un recurso de súplica pendiente de resolución. 2) Con fecha 23 de mayo de 2005 había solicitado la suspensión a la Agencia Española de Protección de Datos, que se la denegó por resolución de 20 de julio de 2005. Interpuesto recurso de reposición contra la denegación, fue desestimado por resolución de 5 de septiembre de 2005. 3) Entiende la interesada que hasta tanto no se resuelva el recurso de súplica no puede ejecutarse el acto objeto de recurso, puesto que los daños y perjuicios que podrían derivarse de ello serían de imposible o difícil reparación. 4) Resulta plenamente aplicable al caso el segundo de los motivos de oposición del artículo 167.3 de la Ley 58/2003 al haberse solicitado en vía administrativa y jurisdiccional la suspensión, citando además diversas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y otra del Tribunal Supremo. 4) Al tratarse de una sanción, la suspensión es automática en virtud del artículo 37 del Real Decreto 1930/1998, y 29 del Real Decreto 2063/2004 que sustituye al anterior. Esta última norma no limita su aplicación a las sanciones de naturaleza tributaria sino que hace referencia a todo tipo de sanciones, pecuniarias y no pecuniarias. 5) En todo momento la interesada ha actuado de buena fe, ofreciendo la posibilidad de aportar garantías. Se produce una situación de inseguridad jurídica porque en anteriores ocasiones, por motivos similares, sí se le ha concedido la suspensión.

                                               FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

        PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en el que la cuestión planteada consiste en determinar si el procedimiento de apremio es ajustado a derecho.
        
        SEGUNDO: Este Tribunal Central no tiene competencia para revisar el procedimiento seguido y denegación posterior de la solicitud de suspensión ante la Agencia Española de Protección de Datos y la instancia judicial correspondiente; cualquier circunstancia referida a tal asunto, como su no concesión o la inseguridad jurídica que se alegan no pueden ser por tanto aceptadas para impugnar la providencia de apremio. La competencia de este Tribunal se circunscribe a revisar el acto dictado por el órgano de recaudación, esto es, la providencia de apremio, para lo cual ha de revisarse si se ha incurrido en alguno de los motivos de oposición recogidos en el artículo 167.3 de la Ley 58/2003.

        TERCERO: Ese artículo dispone que "Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en periodo voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación. c) Falta de notificación de la liquidación. d) Anulación de la liquidación. e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada." Contra lo que alega la interesada, la mera solicitud de suspensión de la deuda principal, o la impugnación de su denegación, no suponen un motivo de oposición a la providencia de apremio. Además en el presente caso tal solicitud ha sido reiteradamente denegada; la interposición de recurso de súplica que dice haber realizado y que no prueba, no obliga a este Tribunal Central en forma alguna, ni determina distinta resolución al caso. Es necesario el pronunciamiento expreso de la correspondiente instancia judicial de si se adoptan o no medidas cautelares, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 y siguientes de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo que no se ha producido en ningún momento. Por otra parte, tampoco se da en el presente caso ninguno de los restantes motivos de oposición a la providencia de apremio recogidos en el citado artículo 167.3.

        CUARTO: En cuanto a la aplicación del artículo 29 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario, hay que oponer que esta norma no es de aplicación al caso, porque se refiere exclusivamente a la imposición de sanciones tributarias, de acuerdo con su artículo 1, que determina el ámbito de aplicación. El hecho de que el artículo 29 se refiera a las sanciones pecuniarias o no pecuniarias no desvirtúa el carácter tributario de ambas; así el artículo 30 de la misma norma, referido a las "Sanciones tributarias no pecuniarias" dispone que "Las sanciones no pecuniarias a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 186 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrán consistir en la pérdida del derecho a aplicar exenciones, reducciones, deducciones, bonificaciones u otros beneficios o incentivos fiscales de carácter rogado en cualquier tributo, a excepción de los siguientes:.......".

        Por lo expuesto,

        ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO
-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución de la presente reclamación ACUERDA: Desestimarla, confirmando los actos impugnados.

Protección de datos
Providencia de apremio
Falta de competencia
Recurso de súplica
Sanciones tributarias
Administración Tributaria del Estado
Recargo de apremio
Datos personales
Prestación de servicios
Daños y perjuicios
Buena fe
Procedimiento de apremio
Realización forzosa
Falta de notificación
Omisión
Jurisdicción contencioso-administrativa
Bonificaciones
Sanciones pecuniarias
Beneficios fiscales

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 2063/2004 de 15 de Oct ( Reglamento general del regimen sancionador tributario) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 28/10/2004 Fecha de entrada en vigor: 29/10/2004 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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