Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/8/2006 de 26 de Julio de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 26 de Julio de 2006
  • Núm. Resolución: 00/8/2006

Resumen

La reclamación económico-administrativa se ha interpuesto fuera de plazo, ya que no resulta válida a efectos de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 la fecha en que la reclamante, que es una empresa colaboradora del operador del servicio postal, franquea en sobre cerrado por ella misma la reclamación económica-administrativa. Según el artículo 18 de la Ley del Servicio Postal Universal y de Liberación de los Servicios Postales (Ley 24/1998), la recepción de documentos dirigidos a las Administraciones Públicas es una labor encomendada exclusivamente a Correos y Telégrafos si lo pretendido por los interesados es que los escritos y envíos tengan la validez y los efectos señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992. En el caso de suscribir dicha entidad Contratos de Agencia con otras entidades, éstos sólo podrán referirse a actividades accesorias del servicio de correos, no siendo la del artículo 31 del Reglamento (Real Decreto 1829/1999) de carácter accesorio. Y si esta actividad pudiese ejercerse por otra entidad, dicha circunstancia debería aparecer explícitamente en el contrato suscrito entre ambas entidades. Asimismo, de acuerdo con el último párrafo del artículo 31 sólo los envíos aceptados por el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal se considerarán debidamente presentados a los efectos del artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 26 de julio de 2006 en recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por ..., S.L. con NIF: ..., y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución desestimatoria del TEAR de ... de fecha 26 de mayo de 2005 (nº reclamación ...) por la que se resolvió el recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la reclamación económico-administrativa ... de 20 de diciembre de 2004, derivada de acta A02 número ... de la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, siendo la cuantía del recurso 424.551,74 euros.

                                                         ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En fecha 5 de abril de 2001 se inician actuaciones inspectoras de comprobación e investigación acerca del obligado tributario ..., S.L. por la Dependencia de Inspección de la Delegación de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con el objeto de comprobar los ejercicios 1997, 1998 y 1999 del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Las actuaciones concluyen mediante la firma de acta de disconformidad A02 número ... el 24 de septiembre de 2001, notificada el 21 de diciembre del mismo año. En la misma se formula una liquidación comprensiva de cuota (60.747.026 ptas) e intereses de demora (9.892.439 ptas), resultando una deuda a ingresar por importe de 70.639.465 ptas, es decir, 424.551,74 euros.

SEGUNDO: La recurrente interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... (reclamación número ...), remitiendo el escrito mediante correo franqueado por la misma entidad ..., S.L. el 10 de enero de 2002, y constando en el mismo sobre sello del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 25 de enero de 2002.

TERCERO:
El Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... dicta resolución el 20 de diciembre de 2004 declarando inadmisible la reclamación por extemporánea.

Fundamenta dicha declaración, en primer lugar, en el artículo 88.2 del Reglamento de Procedimiento de las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por el Real Decreto 391/1996, según el cual las reclamaciones económico-administrativas deben presentarse en el plazo improrrogable de quince días, contados desde el siguiente a aquél en que se haya notificado el acto impugnado, si bien hay reglas distintas para los procedimientos especiales y para las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva.

Asimismo, aplica el artículo 18.1.D de la Ley 24/1998, de 13 de julio, de Regulación del Servicio Público Postal y de Liberalización de los Servicios Postales, de acuerdo con el cual compete en exclusiva al operador al que se encomienda el servicio público postal universal (la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos) la recepción, como servicio postal, de las solicitudes, los escritos y las comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas, al amparo del artículo 38.4.c) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Según estos preceptos, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... considera como fecha de interposición de la reclamación el 25 de enero de 2002, fecha del sello del Ministerio de Economía y Hacienda que consta en el sobre y así, entre la fecha de notificación del acto impugnado (21 de diciembre de 2001) y la fecha de interposición de la reclamación (25 de enero de 2002) han transcurrido más de quince días hábiles y procede la inadmisión por extemporaneidad.

CUARTO:
Con fecha 14 de abril de 2005 se presenta ante el mismo Tribunal recurso de anulación contra la resolución dictada en la reclamación económico-administrativa ..., recurso que se desestima en virtud del artículo 239.6 de la Ley General Tributaria 58/2003 al considerar que la resolución impugnada no incurre en ninguna de las causas taxativamente enumeradas en el mismo, a saber:

        a) Cuando se haya declarado incorrectamente la inadmisibilidad de la reclamación.

       b) Cuando se hayan declarado inexistentes las alegaciones o pruebas oportunamente presentadas.

        c) Cuando se alegue la existencia de incongruencia completa y manifiesta de la resolución.

También podrá interponerse recurso de anulación contra el acuerdo de archivo de actuaciones.

Considera el Tribunal que en la resolución anterior ya se tuvieron en cuenta las alegaciones de la reclamante y fue declarada la extemporaneidad, por lo que procede la desestimación del recurso de anulación planteado.

QUINTO: Finalmente, el 12 de julio de 2005 se interpone ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., dirigido a este Tribunal Económico-Administrativo Central, recurso de alzada contra la resolución del recurso de anulación.

La única cuestión a resolver en el recurso, según las pretensiones de la recurrente, es si el escrito presentado por ..., S.L. interponiendo reclamación económico-administrativa lo fue o no dentro del plazo de quince días hábiles del artículo 88.2 del Reglamento de Procedimiento de las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por el Real Decreto 391/1996 y, de haberse presentado la reclamación en plazo, revocar las resoluciones recurridas y admitir la reclamación económico-administrativa inicialmente presentada.

                                                     FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Este Tribunal es competente para conocer del recurso que se examina, que ha sido interpuesto en tiempo hábil y por persona legitimada de conformidad con lo prevenido en la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre y en el Reglamento general de desarrollo de la LGT en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, de aplicación a este procedimiento.

SEGUNDO:
En el presente caso hemos de determinar si la reclamación presentada por ..., S.L. ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... en sobre cerrado y franqueado por ella misma se debe considerar presentada en la fecha del franqueo o en la fecha de entrada en el Ministerio de Economía y Hacienda.

El artículo 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común regula los Registros de las Administraciones Públicas, y el apartado cuatro del mismo establece:    

"Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse:  

          a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

         b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. 

          c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.  

        d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

        e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

        Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas se establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los registros".

De acuerdo con este precepto, los documentos dirigidos a cualquier órgano de la Administración Pública, incluidos, por tanto, los Tribunales Económico-Administrativos, podrán presentarse en las oficinas de correos, y se remite a una norma reglamentaria para fijar las formas en que esta presentación podrá realizarse.

En cuanto a la referencia a las "oficinas de Correos" donde los documentos pueden presentarse por los ciudadanos, debemos acudir a la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, en vigor en el momento de presentación de la reclamación dirigida al Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... El artículo 18 de esta Ley recoge los servicios reservados al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal:

"1. Quedarán reservados, con carácter exclusivo, al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, al amparo del artículo 128.2 de la Constitución y en los términos establecidos en el capítulo siguiente, los siguientes servicios incluidos en el ámbito de aquél:

A) El servicio de giro.

B) La recogida, la admisión, la clasificación, la entrega, el tratamiento, el curso, el transporte y la distribución de los envíos interurbanos, certificados o no, de las cartas y de las tarjetas postales, siempre que su peso sea igual o inferior a 350 gramos, para que cualesquiera otros operadores puedan realizar este tipo de actividades, respecto de los objetos que integren envíos interurbanos, el precio que habrán de exigir a los usuarios deberá ser, al menos, cinco veces superior al montante de la tarifa pública correspondiente para los envíos ordinarios de objetos de la primera escala de peso de la categoría normalizada más rápida.

Los envíos nacionales o transfronterizos de publicidad directa, de libros, de catálogos, y de publicaciones periódicas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15.2.B), no formarán parte de los servicios reservados.

C) El servicio postal transfronterizo de entrada y de salida de cartas y tarjetas postales, con los límites de peso y precio establecidos en el apartado B). Se entiende por servicio postal transfronterizo, a los efectos de esta Ley, el procedente de otros Estados o el destinado a estos.

D) La recepción, como servicio postal, de las solicitudes, de los escritos y de las comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas, conforme al artículo 38.4.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La relación de servicios reservados, determinada en el apartado anterior, será revisada por el Gobierno para adaptarla a las exigencias del proceso liberalizador, contenidas en la Directiva 97/67/CE, relativa a las Normas comunes para el desarrollo del Mercado Interior de los Servicios Postales en la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, en los plazos que ésta prevé para la armonización del régimen de reserva".

El operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, Correos y Telégrafos, tiene reservado en exclusiva el servicio de recepción de las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a las Administraciones Públicas.

No obstante, el apartado dos señala la posibilidad de que dicha relación de servicios sea revisada por el Gobierno.

En desarrollo de esta Ley, se aprueba el Real Decreto 1829/1999, por el que se regula la prestación de los servicios postales. La Ley 24/1998, de 13 de julio, establece una regulación básica y unitaria del sector postal en España, recogiendo el régimen al que ha de sujetarse la prestación del servicio postal universal y garantizando el derecho a las comunicaciones postales de todos los ciudadanos. Al mismo tiempo, la Ley reconoce el ámbito del sector que se encuentra liberalizado, fijando las reglas básicas que permiten la libre concurrencia, a fin de aportar seguridad jurídica a quienes actúan en un mercado en libre competencia que, hasta el momento, carecía de una regulación sustantiva.

Respecto del operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal, se recoge la posibilidad de que otras entidades colaboren con el mismo, mediante los oportunos procedimientos, asumiendo de esta manera la realización de distintas operaciones de su proceso postal. En el Capítulo IV del Título II se habla de la Colaboración de otras Entidades con el Operador al que se ha Encomendado la Prestación del Servicio Postal Universal, estableciendo el artículo 51 en sus dos primeros apartados:

"1. El operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal podrá prestar, excepcionalmente y por razón de servicio, alguna o algunas de las operaciones de su actividad, a través de la colaboración de otras entidades habilitadas al efecto, las cuales podrán, en su caso, actuar en nombre y por cuenta del mismo. Dichas operaciones deberán ser de carácter accesorio respecto de la actividad atribuida a dicho operador.

A efectos del párrafo anterior, se entenderá que estas operaciones tienen carácter accesorio exclusivamente cuando estén relacionadas con la recogida, el tratamiento, la clasificación o el transporte.

2. La relación entre el operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal y sus colaboradores se regulará por la normativa de derecho privado".

De este artículo hay que destacar la posibilidad que tiene CORREOS Y TELÉGRAFOS de prestar sus servicios mediante entidades colaboradoras, si bien dichos servicios deberán tener carácter accesorio.

..., S.L. manifiesta en sus alegaciones que firmó un Contrato de Agencia con CORREOS Y TELÉGRAFOS el 5 de mayo de 2000, cuestión que no se pone en duda en el expediente de la Inspección, si bien dicho contrato no consta en el expediente. Si consideramos a ..., S.L. entidad colaboradora del operador que tiene encomendado la prestación del servicio postal universal, podrá prestar actividades de carácter accesorio: las relacionadas con la recogida, el tratamiento, la clasificación  y el transporte.

El artículo 18.D de la Ley 24/1998 habla de "la recepción de las solicitudes, de los escritos y de las comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas", y el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999 de la "admisión de solicitudes, escritos y comunicaciones". Los términos del artículo 51 del Real Decreto, cuando habla de actividades accesorias, son recogida, tratamiento, clasificación o transporte. Recepción y admisión conllevan una mayor actividad por cuanto implican, no sólo recoger en el sentido de guardar en lugar seguro, sino hacerse cargo de lo que se envía; mientras "recogida" sería únicamente retirar la correspondencia depositada en los buzones para su envío, recepción y admisión implican una labor de aceptación por parte del servicio de correos. No se trata únicamente de recoger los documentos presentados, sino que el empleado del operador que tiene encomendado la prestación del servicio postal universal tiene que realizar una serie de actuaciones.

El artículo 31 del Real Decreto 1829/1999 establece:

"Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los órganos de las Administraciones públicas, a través del operador al que se le ha encomendado la prestación del servicio postal universal, se presentarán en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar, se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión. Estas circunstancias deberán figurar en el resguardo justificativo de su admisión. El remitente también podrá exigir que se hagan constar las circunstancias del envío, previa comparación de su identidad con el original, en la primera página de la copia, fotocopia u otro tipo de reproducción del documento principal que se quiera enviar, que deberá aportarse como forma de recibo que acredite la presentación de aquél ante el órgano administrativo competente.

Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el empleado formalizará y entregará el resguardo de admisión, cuya matriz archivará en la oficina.

Los envíos aceptados por el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, siguiendo las formalidades previstas en este artículo, se considerarán debidamente presentados, a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo".

Así, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 24/1998, la recepción de documentos dirigidos a las Administraciones Públicas es una labor encomendada exclusivamente a CORREOS Y TELÉGRAFOS si lo pretendido por los interesados es que los escritos y envíos tengan la validez y los efectos señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, y en el caso de suscribir esta entidad Contratos de Agencia con otras entidades, éstos sólo podrán referirse a actividades accesorias del servicio de correos, no siendo la del artículo 31 del Reglamento de carácter accesorio. Y si esta actividad pudiese ejercerse por otra entidad, dicha circunstancia debería aparecer explícitamente en el contrato suscrito entre ambas entidades. Asimismo, de acuerdo con el último párrafo del artículo 31 del Real Decreto antes transcrito, sólo los envíos aceptados por el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal se considerarán debidamente presentados a los efectos del artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

TERCERO: Dicho todo lo anterior, queda claro que ..., S.L. no era un Registro a los efectos del artículo 38.4 de la Ley 30/1992, por lo que la fecha de interposición de la reclamación no sería el 10 de enero de 2002 sino el 25 del mismo mes, fecha en la que tiene entrada en el Ministerio de Economía y Hacienda el escrito de interposición.  

En virtud  de lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso de alzada interpuesto por ..., S.L., con NIF: ..., y en su nombre y representación por D. ... contra la resolución desestimatoria del TEAR de ... de fecha 26 de mayo de 2005 (nº reclamación ...), ACUERDA desestimarlo confirmando la resolución impugnada.

Sociedad de responsabilidad limitada
Recurso de anulación
Ciudadanos
Administración Tributaria del Estado
Contrato de agencia
Días hábiles
Actividad accesoria
Obligado tributario
Impuesto sobre el Valor Añadido
Intereses de demora
Acta de disconformidad
Fecha de notificación
Sociedad estatal
Archivo de actuaciones
Revisión en vía administrativa
Administración local
Oficina consular
Convenio de colaboración
Asiento registral
Entidades colaboradoras
Operadores
Seguridad jurídica
Libre competencia

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 520/2005 de 13 de May (Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revision en via administrativa) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 126 Fecha de Publicación: 27/05/2005 Fecha de entrada en vigor: 27/06/2005 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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