Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/844/2004 de 16 de Marzo de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 16 de Marzo de 2006
  • Núm. Resolución: 00/844/2004

Descripción

En la villa de Madrid, a 16 de marzo de 2006 vista la reclamación económico-administrativa que, en segunda instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por la entidad A, S.A., y en su nombre y representación por Don A, con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 26 de noviembre de 2003, recaída en su reclamación número ... y acumulada ..., relativa al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999, y cuantía, 268.031,95 € (44.596.764 pesetas).

                                                      ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO.-
Con fecha 12 de septiembre de 2001 los servicios de la Dependencia de Inspección de la Delegación de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria incoaron a la hoy reclamante el acta previa de disconformidad (A.02) número ... por el impuesto y ejercicios de referencia. En ella se hace constar que las actuaciones se iniciaron el 15 de junio de 2000, no debiéndose computar, a los efectos del plazo máximo de duración de las actuaciones previsto en el artículo 29 de la Ley 1/1998, un total de 186 días. Asimismo se indica que la entidad practicó reducciones de la base imponible del impuesto en concepto de dotación a la reserva para inversiones en Canarias (RIC), en cuantías superiores a las establecidas como límite máximo. Estos excesos vienen motivados por dos causas: A) Beneficios de la actividad financiera: el volumen de activos financieros que posee la entidad es muy superior al que precisa para desarrollar su actividad, debiendo quedar fuera de la base de cálculo de la RIC aquellos beneficios que procedan de la mera titularidad de activos que no estén relacionados con el desarrollo de las actividades económicas; y estos beneficios son, en el presente caso, los rendimientos derivados de inversiones en FIM, FIAMM y Deuda Pública. Por el contrario, se admite que los intereses bancarios tienen su origen en la colocación temporal de excedentes de tesorería y de los recursos necesarios para afrontar inversiones futuras, por lo que no se excluyen de la base de cálculo de la RIC. B) Disposición de reservas: en los ejercicios 1995 a 1998, ambos inclusive, la entidad disminuyó sus reservas voluntarias en 5.000.000 ptas (30.050,61 €) anuales que se destinaron al reparto de dividendos; en el año 1995 se disminuyeron, además, en 18.429.305 ptas (110.762,35 €) que se destinaron al pago de deudas con la AEAT. Estas disposiciones de las reservas deben reducir el límite máximo de dotación a la RIC de conformidad con lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley 19/1994, de Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Se adjunta al acta el preceptivo informe ampliatorio.

        SEGUNDO.- Presentadas alegaciones por la obligada tributaria, el Inspector Jefe practicó liquidación tributaria el 11 de diciembre de 2001 de la que resulta una deuda de 44.596.764 ptas (268.031,95 €), integrada por una cuota de 33.657.555 ptas (202.285,98 €) e intereses de demora de 10.939.209 ptas (65.745,97 €). Este acuerdo fue notificado a la entidad el 18 de diciembre siguiente, interponiéndose contra el mismo reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... en fecha 4 de enero de 2002, la cual fue tramitada con el número de registro ...

        TERCERO.- En cuanto al expediente sancionador, el 10 de agosto de 2001 el Inspector Jefe dictó acuerdo por el que se autorizaba el inicio de expediente sancionador por infracción tributaria grave. El siguiente día 12 de septiembre se procedió a la apertura del correspondiente expediente, siguiéndose el procedimiento de tramitación abreviada, por lo que se efectuó al mismo tiempo la propuesta de imposición de sanciones. Presentado escrito de alegaciones por la interesada, y a la vista de las mismas, el Inspector Jefe acordó en fecha 14 de diciembre de 2001 la imposición de sanciones por infracción tributaria grave (dejar de ingresar, dentro de los plazos reglamentariamente señalados, la totalidad o parte de la deuda tributaria), considerándose que de los dos motivos que han originado la regularización, sólo es sancionable la disposición de reservas, y no la inclusión de los beneficios financieros en la base para calcular la dotación de la RIC. El porcentaje de sanción mínimo del 50% se incrementa en 25 p.p. en todos los ejercicios sancionados (1995, 1996, 1997 y 1998) por utilización de medios fraudulentos y en 20 p.p., 0 p.p., 10 p.p y 10 p.p. respectivamente, por ocultación de datos a la Administración. La deuda en concepto de sanción asciende a 13.849.537 ptas (83.237,39 €). Este acuerdo fue notificado a la obligada tributaria el 18 de diciembre de 2001. Disconforme con el mismo, la entidad interpuso el 4 de enero de 2002 reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., tramitándose con el número de registro ...

        CUARTO.- El Tribunal Regional, seguidos los trámites oportunos y previa acumulación de ambas reclamaciones, acordó, en sesión celebrada el 26 de noviembre de 2003, desestimar la reclamación ... y estimar parcialmente la reclamación ..., al considerar improcedente la graduación de la sanción por anomalías sustanciales en la contabilidad. Esta resolución fue notificada a la reclamante el 14 de enero de 2004.

        QUINTO.- Disconforme con la misma, el 30 de enero siguiente se interpuso recurso de alzada ante este Tribunal Económico-Administrativo Central alegando, en síntesis, lo siguiente: 1º) Falta de motivación en la determinación de la parte de los resultados financieros que, a juicio de la Inspección, deben excluirse de la base para determinar la dotación máxima a la RIC. 2º) La Inspección no ha considerado la posible afectación de los activos financieros en base a lo previsto en el art. 75.1.b de la Ley 43/1995, pues los mismos fueron adquiridos con cargo al excedente generado en el negocio durante los últimos diez años; además, según ha manifestado el Tribunal Supremo lo necesario no tiene porqué ser imprescindible, que es lo que ocurría con estos activos. 3º) El artículo 27 de la Ley 19/1994 no distingue qué tipo de beneficio debe utilizarse para calcular la base de dotación para la RIC, por lo que ha de entenderse que se refiere a todo el beneficio, cualquiera que sea la fuente de la que proceda. 4º) El acuerdo liquidatorio se fundamenta en un Informe de la Comisión de la Secretaría de Estado de Hacienda de diciembre de 2000 y en una consulta de la Dirección General de Tributos de 25 de abril de 2001, normas que no tienen carácter reglamentario y que realizan una interpretación forzada y restrictiva de la Ley. 5º) En cuanto a la detracción de las reservas se alega que deben imputarse al ejercicio 1994, ejercicio en el que se adoptó un acuerdo mediante el cual, amparándose en el régimen transitorio del Fondo de Previsión para Inversiones de la Ley 20/1991, se decidió repartir cinco millones de pesetas por año, pagaderos desde 1994 a 1998 y exigibles en el último trimestre de cada año; esta circunstancia se acredita mediante el Libro de Actas de la entidad. El único error cometido fue que se obvió la contabilización de la reducción de los fondos propios en el ejercicio del devengo, esto es, cuando se acordó el dividendo, y se fue registrando a medida que se efectuaban los pagos. 6º) Asimismo se considera que, como consecuencia de la duración excesiva del procedimiento inspector, ha prescrito el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria: el contribuyente no fue advertido de las consecuencias de las solicitudes no cumplimentadas y, en todo caso, se discrepa del cómputo de las dilaciones imputadas al administrado, las cuales no exceden de 133 días. 7º) En cuanto a la sanción impuesta se alega la falta de acreditación de la culpabilidad del sujeto infractor y la improcedencia del criterio de ocultación en la graduación de la sanción, desconociéndose porqué en 1995 se aplica un 20%, en los ejercicios 1997 a 1999 un 10%, mientras que en el 1996 no se aplica ningún porcentaje.

        SEXTO.- Con fecha 13 de septiembre de 2004 se notificó a la reclamante el trámite de audiencia al que se refiere la Disposición Transitoria 4ª.1, segundo párrafo, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La reclamante ha presentado un escrito en el que manifiesta que la nueva Ley exige en su artículo 183 la concurrencia del elemento subjetivo de culpabilidad del presunto infractor, lo que no concurre en el este expediente, según se alegó en trámites anteriores.

                                                 FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.-
Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en segunda instancia de la presente reclamación económico-administrativa, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo las cuestiones a resolver las siguientes: 1º) Si ha prescrito el derecho de la Administración para liquidar alguno de los ejercicios regularizados; 2º) Si se ajusta a derecho la reducción de la base imponible practicada por la entidad en concepto de dotación a la reserva para inversiones en Canarias; y 3º) Calificación del expediente.

SEGUNDO.- Se alega, en primer lugar, la prescripción del derecho a liquidar por haberse superado el plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras previsto en el artículo 29 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, artículo que dispone:

"1. Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos deberán concluir en el plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las mismas. No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen, por otros doce meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias (...).

2. A los efectos del plazo previsto en el apartado anterior, no se computarán las dilaciones imputables al contribuyente, ni los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente.

3. La interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras, producida por causas no imputables al obligado tributario, o el incumplimiento del plazo a que se refiere el apartado 1, determinará que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de tales actuaciones.

4. A los efectos de los apartados anteriores, se entenderá que las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación concluyen en la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de dichas actuaciones."

Según consta en el expediente, las actuaciones de comprobación se iniciaron el 15 de junio de 2000, dictándose el acto administrativo de liquidación el 11 de diciembre de 2001 y, si bien, entre ambas fechas transcurrieron más de doce meses (544 días), la Inspección hizo constar en el acta la existencia de diversas dilaciones imputables al contribuyente, que suman un total de 186 días, por lo que, de ser ello correcto, no se habría superado el plazo máximo de duración de las actuaciones.

El artículo 31 bis del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, introducido por el R.D. 136/2000, de 4 de febrero, señala:

"1. El cómputo del plazo de duración de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, así como las de liquidación, se considerará interrumpido justificadamente cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Petición de datos o informes a otros órganos de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas o Corporaciones locales, a otras Administraciones tributarias de Estados miembros de la Unión Europea o de terceros países, por el tiempo que transcurra entre su petición o solicitud y la recepción de los mismos, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones de datos o informes que pudieran efectuarse, de seis meses. Cuando se trate de solicitudes formuladas a otras Estados, este plazo será de doce meses (...).

2. A su vez, se considerarán dilaciones imputables al propio obligado tributario, el retraso por parte de éste en la cumplimentación de las solicitudes de información, requerimientos o comparecencias formuladas o solicitadas por la Inspección dentro del ámbito de sus competencias, así como el aplazamiento o retraso de las actuaciones solicitado por el propio contribuyente en los casos en que se considere procedente. Las solicitudes que no figuren íntegramente cumplimentadas no se tendrán por recibidas a efectos de este cómputo hasta que no se cumplimenten debidamente, lo que se advertirá al interesado. A efectos de dicho cómputo, el retraso debido a dilaciones imputables al contribuyente se contará por días naturales".

Pues bien, según consta en el acta y se comprueba a la vista de las diligencias que están incorporadas en el expediente, las dilaciones fueron debidas a los aplazamientos solicitados expresamente por el contribuyente, por lo que constituyen dilaciones imputables al mismo, conforme al artículo 31 bis.2 del Reglamento de Inspección. Únicamente la interrupción comprendida entre el 14 de mayo y el 24 de julio de 2001 fue debida a un motivo diferente: la solicitud de informe por parte de la Inspección a la Jefatura Superior de Policía referente al examen caligráfico del Libro de Actas de la entidad A S.A. y a la evolución de la firma de Dña. B; y esta petición de información es una interrupción justificada de las actuaciones, según se desprende del artículo 31.bis.1.a) del Reglamento de la Inspección por lo que tampoco debe computarse el tiempo transcurrido en este trámite a efectos de determinar el plazo de duración de las actuaciones inspectoras. Y dado que esta dilación justificada más las dilaciones imputables al contribuyente suman un total de 186 días, tal y como indica el actuario, se concluye que no se ha superado el plazo máximo de duración de las actuaciones previsto por el artículo 29 de la Ley 1/1998.

Debe asimismo rechazarse que la Inspección no advirtiera a la obligada tributaria acerca de los efectos de la no cumplimentación íntegra de las solicitudes de información efectuadas por el actuario en el ámbito de sus competencias, pues tal advertencia consta en numerosas diligencias así como en el Anexo Informativo de los derechos y obligaciones del contribuyente que le fue entregado junto a la comunicación de inicio de actuaciones (punto 15º del apartado relativo a Derechos). En todo caso, conviene reiterar que las dilaciones imputables al contribuyente computadas por la Inspección han sido únicamente las debidas a los aplazamientos y retrasos en las actuaciones solicitados expresamente por la interesada, y no las originadas por esta causa.

        TERCERO.-
Entrando ya en la cuestión de fondo, se comprueba que la Inspección ha minorado la base para la dotación de la reserva para inversiones en Canarias y, en consecución la dotación efectuada por la entidad, por dos motivos diferentes: a) Exclusión de determinados resultados financieros; y b) Disposición de reservas voluntarias por parte de la entidad.

En relación con el primero de los motivos son varias las causas por las que se opone la interesada a esta regularización. En primer lugar, se alega que la reserva para inversiones en Canarias es un incentivo fiscal para las empresas que realicen inversiones reactivadoras de la economía de las islas, sin que en ningún momento se prevea su aplicación en función del origen de los beneficios obtenidos, que pueden provenir de cualquier fuente (ordinarios, extraordinarios, financieros...), oponiéndose a la interpretación restrictiva que se efectúa, a su juicio, en el Informe de la Comisión de la Secretaría de Estado de Hacienda de diciembre de 2000 y en una consulta de la Dirección General de Tributos de 25 de abril de 2001. Debe resolverse, en consecuencia, si la totalidad del beneficio obtenido por la entidad puede acogerse a la reserva para inversiones en Canarias o si, por el contrario, procede la exclusión de los resultados financieros que efectúa la Inspección.

El artículo 27.1 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, permitía a las sociedades y demás entidades jurídicas sujetas el Impuesto sobre Sociedades la "reducción en la base imponible de este impuesto de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo", añadiendo en su apartado segundo que: "La reducción a que se refiere el apartado anterior se aplicará a las dotaciones que en cada período impositivo se hagan a la reserva para inversiones hasta el límite del 90 por 100 de la parte de beneficio obtenido en el mismo período que no sea objeto de distribución, en cuanto proceda de establecimientos situados en Canarias...".
        
A la vista de este precepto lo primero que debe destacarse es que, en contra de lo que sostiene la reclamante, la norma no alude a todo beneficio, sino sólo a aquél que proviene de "establecimientos situados en Canarias", es decir, aquél que deriva de un conjunto organizado de elementos patrimoniales y personales dispuestos y efectivamente utilizados para la realización, con cierta autonomía de gestión, de una explotación económica cuya actividad suponga la colocación de un bien o de un servicio en el mercado. Desde esta perspectiva, la norma excluye el beneficio generado por la mera titularidad o tenencia de elementos patrimoniales aislados, no ligados directamente a la actividad de un establecimiento mercantil. A la misma conclusión se llega si se tiene en cuenta que la finalidad de la norma es estimular la realización en Canarias de actividades que fomenten la riqueza y el desarrollo económico de las Islas, por lo que únicamente deben beneficiarse de esta medida las ganancias obtenidas en la realización de actividades empresariales, y no los beneficios que procedan de la simple titularidad de activos no relacionados con el desarrollo de dichas actividades.

En el presente caso, los resultados obtenidos por la entidad tienen la siguiente composición (en ptas):

AÑO                RESULTADO                RESULTADO        TOTAL

                EXPLOTACIÓN                FINANCIERO

1995                60.944.223                        22.465.844                 90.081.820

1996                82.502.489                        40.612.762                128.550.570

1997                94.807.470                        30.465.812                116.848.787

1998               162.707.942                        47.321.719                213.359.512

        A su vez, los ingresos financieros se desglosan en función de su origen en: rendimientos de FIAM y FIAMM, intereses bancarios y rendimientos de deuda pública.

        Según indica la Inspección, el volumen de activos financieros de los que derivan los ingresos de esta naturaleza resulta desproporcionado en relación con las necesidades de inversión futuras propias del sector en el que opera la entidad (...), considerándose que sólo los beneficios generados por los activos financieros relacionados con el desarrollo de la actividad, pueden formar parte de la base para la dotación de la reserva para inversiones en Canarias. Y se estima que los intereses bancarios se han generado por activos relacionados con el desarrollo de la actividad, pudiendo identificarse con los excedentes de tesorería, mientras que el resto procede de la mera titularidad de activos financieros. Frente a ello, la entidad se limita a alegar ante este Tribunal la falta de motivación de tal conclusión. Sin embargo, tales alegaciones no pueden ser aceptadas pues lo cierto es que la entidad no cuestionó ante la Inspección (como se comprueba a la vista de los escritos de alegaciones presentados antes de la firma del acta y antes del acuerdo de liquidación) que los rendimientos generados por los excedentes de tesorería fueran distintos de los admitidos por el actuario, ni ha intentado en momento alguno la prueba de tal circunstancia. Es más, según consta en la diligencia de 25 de junio de 2001, el compareciente manifestó ante la Inspección que la Deuda Pública se había adquirido para dar cumplimiento a las obligaciones de inversión del Fondo de Previsión de Inversiones, motivo por el que consideraba que no debían excluirse los beneficios generados por la misma para dotar la RIC. Sin embargo, es evidente que el hecho de que determinados activos financieros sirvan para cumplir las obligaciones de inversión establecidas por este beneficio fiscal o su antecedente (el fondo de previsión para inversiones) no conlleva, en contra de lo que sostiene la interesada, que los rendimientos generados por los mismos tengan automáticamente la consideración de beneficios de un establecimiento aptos para efectuar una nueva dotación de la reserva para inversiones en Canarias.

Asimismo debe rechazarse la pretensión de la interesada de que se determine la afectación de las inversiones financieras en base a lo previsto en el artículo 75.1.b´) de la Ley 43/1995, pues se trata de una norma específicamente prevista para determinar cuándo procede aplicar a una sociedad el régimen de las sociedades patrimoniales, no siendo de aplicación al presente caso.

Por todo lo expuesto, procede confirmar el primer motivo de regularización de las dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias, debiendo excluirse de la base de cálculo los beneficios financieros que proceden de la mera titularidad de activos no relacionados con el desarrollo de una actividad económica. Este mismo criterio se ha mantenido en resoluciones anteriores, como la de 2 de febrero de 2006 (R.G.: 717/04).

CUARTO.- El segundo motivo por el que la Inspección ha minorado la base para la dotación de la reserva para inversiones en Canarias tiene su origen en la disposición de las reservas voluntarias registrada por la entidad en los ejercicios 1995 a 1998.

El artículo 27 de la Ley 19/1994 permite, como se ha visto en el fundamento de derecho anterior, la dotación del 90% de la parte del beneficio obtenido en el período que no sea objeto de distribución, considerando beneficios no distribuidos los destinados a nutrir reservas. Se trata con ello de que las empresas no repartan dividendos, sino que destinen el beneficio obtenido a efectuar inversiones que dinamicen la economía canaria, y para conseguir este objetivo el mismo artículo dispone la siguiente cautela: "Las asignaciones a reservas se considerarán disminuidas en el importe que eventualmente se hubiese detraído del conjunto de las mismas, ya en el ejercicio al que la reducción de la base imponible se refiere, ya en el que se adoptara el acuerdo de realizar las mencionadas asignaciones".

La Inspección ha comprobado, a partir del examen de los libros diarios de la sociedad que en los años 1995 a 1998 disminuyeron las reservas voluntarias por lo siguientes importes: 1) año 1995: 23.429.305 ptas (140.812,96 €), de los cuales 18.429.305 ptas (110.762,35 €) se destinaron al pago de deudas con la AEAT y 5.000.000 ptas (30.050,61 €) al reparto de dividendos; 2) Año 1996 a 1998, ambos inclusive: 5.000.000 ptas (30.050,61 €) anuales destinados al reparto de dividendos. Conforme a lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley 19/1994 procede, en consecuencia, minorar la base apta para dotar la reserva para inversiones en Canarias, tal y como indica la Inspección en el acuerdo de liquidación impugnado.

Alega la entidad que la disposición de las reservas voluntarias con destino al reparto de dividendos responde a un acuerdo de fecha 10 de octubre de 1994, que consta en el Libro de Actas de la entidad, por el que se decidió repartir dividendos con cargo al Fondo de Previsión para Inversiones. En consecuencia, entiende que los dividendos se devengaron en el ejercicio 1994, ejercicio al que procede imputar la disminución de las reservas, si bien, involuntariamente se omitió esta contabilización, por lo que, en definitiva, se defiende que el problema se reduce a un error de contabilidad.

Sin embargo, tales alegaciones no pueden ser aceptadas por este Tribunal al no haber sido acreditadas de forma suficiente, tal y como puso de manifiesto la Inspección. Así, la entidad no ha aportado ninguna otra prueba que sustente que el acuerdo de reparto de dividendos con cargo a reservas fue adoptado en 1994 (ejercicio prescrito al inicio de las actuaciones y que la Inspección no podía regularizar), siendo lo cierto que existen otros documentos en los que deben hacerse estos acuerdos, como es la Memoria de la entidad.  A ello debe unirse que la Inspección, al objeto de verificar la realidad de las afirmaciones de la interesada, solicitó del Area de Documentoscopia de la Brigada Provincial de la Policía Científica de ... el examen caligráfico del Libro de Actas de la entidad y de la evolución de la firma de Doña B (socio y administrador de la entidad junto a Don A), concluyéndose en este informe que el acta de 10 de octubre de 1994 y otras dos más, fueron incluidas en el Libro con posterioridad.

A la vista de lo expuesto no cabe sino confirmar la regularización de la Inspección a este respecto, al no quedar debidamente acreditadas las alegaciones de la entidad relativas al ejercicio en que se acordó el reparto de dividendos con cargo a las reservas.

        QUINTO.- Por último, en cuanto a la sanción impuesta, alega la entidad la improcedencia de la misma por falta de culpabilidad en su conducta. El artículo 77 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, establecía en su apartado 1: "Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las Leyes. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de mera negligencia". La esencia de este concepto de negligencia, como ha dicho este Tribunal Central en diversas resoluciones, radica en el descuido, en la actuación contraria al deber objetivo de respeto y cuidado del bien jurídico protegido por la norma. En este sentido se ha pronunciado también en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo, en Sentencias, entre otras, de 9 de diciembre de 1997, 18 de julio y 16 de noviembre de 1998 y 17 de mayo de 1999, en las cuales se hace referencia a la Circular de la Dirección General de Inspección Tributaria de 29 de febrero de 1988 que, a su vez, se hacía eco de la tendencia jurisprudencial de "vincular la culpabilidad del sujeto infractor a la circunstancia de que su conducta no se halle amparada en una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables, especialmente cuando la Ley haya establecido la obligación, a cargo de los particulares, de practicar operaciones de liquidación tributaria". Así, la negligencia no exige como elemento determinante para su apreciación un claro ánimo de defraudar, sino un cierto desprecio o menoscabo de la norma, una laxitud en la apreciación de los deberes impuestos por la misma.

        Es, en definitiva, al resultado del incumplimiento del deber general de cuidado en el cumplimiento de las obligaciones tributarias a lo que se atiende, lo que a su vez exige indudablemente una valoración de la conducta respecto de la que se pudiera considerar como razonable, atendiendo a las circunstancias concretas del caso.

Pues bien, en el presente caso no se aprecia que la conducta de la interesada, consistente en no tener en cuenta la disposición de reservas a la hora de dotar la reserva para inversiones en Canarias (único motivo de regularización sancionado por la Inspección), esté amparada en una interpretación razonable de la norma, siendo la misma clara a este respecto, como se ha visto en el fundamento de derecho anterior, por lo que no procede exonerar de responsabilidad a la reclamante.

SEXTO.- En cuanto a las sanciones impuestas, la reclamante se opone a la aplicación del criterio de graduación previsto en la letra d) del artículo 82.1 de la Ley 230/1963, esto es, el relativo a "la ocultación a la Administración tributaria, mediante la falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones incompletas o inexactas, de los datos necesarios para la determinación de la deuda tributaria, derivándose de ello una disminución de ésta". Manifiesta que no se ha motivado ni la procedencia del criterio ni el porcentaje concreto aplicado en cada ejercicio, alegaciones que deben ser aceptadas por este Tribunal, puesto que en el acuerdo sancionador no se justifica suficientemente porqué se aplica este criterio de graduación, limitándose a indicar que concurren en el presente caso las circunstancias previstas en el artículo 82.1.d) de la Ley 230/1963 y en el artículo 20 del R.D. 1930/1998, de 11 de septiembre, conclusión que no es compartida por este Tribunal, ya que si bien es cierto que sin la actuación inspectora no se hubieran descubierto los hechos regularizados, no se aprecia que las declaraciones presentadas estuvieran incompletas o que hubieran omitidos datos necesarios para regularizar. En consecuencia, procede anular la graduación de las sanciones por el criterio de ocultación, las cuales quedarían fijadas, conforme a lo previsto en el artículo 87.1 de la Ley 230/1963, en su redacción dada por la Ley 25/1995, en el 50% de la base de la sanción.

SÉPTIMO.- No obstante lo anterior, ha de tenerse en cuenta que con fecha 1 de julio de 2004 ha entrado en vigor la nueva Ley General Tributaria, Ley 58/2003 de 17 de diciembre, modificándose la normativa que regula el régimen de infracciones y sanciones tributarias. La Disposición Transitoria Cuarta de esta Ley dispone: "1. Esta ley será de aplicación a las infracciones tributarias cometidas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el sujeto infractor y la sanción impuesta no haya adquirido  firmeza. La revisión de las sanciones no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizará por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recursos, previa audiencia al interesado". Por tanto, corresponde a este Tribunal Económico-Administrativo Central la revisión de la sanción impuesta y la aplicación, en su caso, de la nueva normativa. Pues bien, se comprueba que en este caso la Ley 58/2003 no resulta más favorable para la interesada, pues la infracción examinada, dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación, habría de calificarse de leve (art. 191.1 y 2) sancionable con multa del 50%, porcentaje que coincide con el impuesto por aplicación de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre.

POR LO EXPUESTO,

        EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA,
vista la reclamación económico-administrativa que, en segunda instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por la entidad A, S.A., y en su nombre y representación por Don A, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 26 de noviembre de 2003, recaída en su reclamación número ... y acumulada ..., relativa al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999, ACUERDA: Estimar en parte la reclamación interpuesta, anulando el acuerdo sancionador, debiendo dictarse uno nuevo conforme a lo expuesto en el Fundamento de Derecho sexto de la presente resolución.

Inversiones
Dotaciones a la reserva para inversiones
Activos financieros
Dilaciones imputables al obligado tributario
Reservas voluntarias
Reparto de dividendos
Cálculo de la RIC
Reducción de la base imponible
Reserva para Inversiones en Canarias
Expediente sancionador
Deuda tributaria
Infracción tributaria grave
Ocultación
Libro de actas
Deuda pública
Impuesto sobre sociedades
Inspección tributaria
Régimen fiscal de canarias
Actividades económicas
Secretarías de Estado
Obligado tributario
Comisiones
Liquidaciones tributarias
Administración Tributaria del Estado
Intereses de demora
Disminución de la base imponible
Procedimiento inspector
Fondos propios
Elementos patrimoniales
Fecha de notificación
Corporaciones locales
Días naturales
Cuestiones de fondo
Cumplimiento de las obligaciones
Infracciones tributarias
Explotación económica
Establecimientos mercantiles
Período impositivo
Actividades empresariales
Ingresos financieros

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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