Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/922/2003 de 15 de Marzo de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 15 de Marzo de 2007
  • Núm. Resolución: 00/922/2003

Resumen

Cuando los bienes adquiridos mediante un contrato de arrendamiento financiero (leasing) son utilizados en más de un turno de trabajo, la limitación establecida en el artículo 128 de la LIS (Ley 43/1995) debe entenderse en el sentido de que la parte de la cuota que puede ser deducida será como máximo el doble de la amortización que según tablas sería aplicable al activo, y siendo esta amortización la resultante de aplicar los coeficientes determinados de conformidad con el artículo 2.3 del RIS. Sin embargo, ello no resulta aplicable a la deducibilidad de las cuotas de arrendamiento financiero correspondientes al coste de recuperación de los bienes.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 15 de marzo de 2007, en las reclamaciones económico-administrativas interpuestas ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, por la entidad ..., S.A. con NIF ..., y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la liquidación practicada por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de ... de la A.E.A.T. de fecha 12 de febrero de 2003 por el concepto IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, ejercicios 1997 a 2000, y cuantía 3.201.873,32 €, y el acuerdo de imposición de sanción, de fecha 9 de abril de 2003, y cuantía 1.374.172,92 €.

                                                 ANTECEDENTES DE HECHO

          PRIMERO:
Con fecha 22 de noviembre de 2002 los servicios de la Dependencia Regional de la Delegación Especial de ... de la A.E.A.T. incoaron a la hoy reclamante el acta de disconformidad (A.02) número ... por el impuesto y ejercicios de referencia. En el acta citada se hace constar:

1. Que la fecha de inicio de las actuaciones fue el día 20 de mayo de 2002.

2.
Que a los efectos del plazo máximo de duración de las actuaciones previsto en el artículo 29 de la Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, del tiempo total transcurrido hasta la fecha del acta no se deben computar 23 días por dilaciones imputables al contribuyente.

3. Que procede incrementar las Bases Imponibles por los siguientes conceptos:

-Excesos de amortización en "Edificios".

-Excesos en gastos de amortización de primer establecimiento.

-Excesos de amortizaciones sobre derechos de no competencia.

-Royalties que no son gasto.

-Diferencia en Fondo de Comercio.

-Activos contabilizados como gastos.

-Ajuste negativo por leasing improcedente.

4. Que el sujeto pasivo declaró y aplicó en sus autoliquidaciones, las siguientes deducciones en cuotas que no procede admitir: deducción por Activos Fijos Nuevos con origen en 1994, y deducciones por gastos en Investigación y desarrollo.

La deuda ascendió a 3.201.873,32 € (532.746.894 pesetas), de los que 2.748.345,87 € (457.286.276 pesetas) corresponden a cuota y 453.527,45 € (75.460.618 pesetas) a intereses de demora.

SEGUNDO: Se adjunta al acta el preceptivo informe ampliatorio en el que se explica que los incrementos regularizados se dividen en:

         1) Incrementos consecuencia del expediente incoado con fecha 10 de diciembre de 1998, que comprenden:

        a) Exceso de amortización de gastos de primer establecimiento.

        b) Exceso de dotaciones de amortización sobre derechos de no competencia.

        c) Diferencias en los pagos por Royalties que no son gasto fiscal.

        d) Diferencias en Fondo de Comercio.

         2) Incrementos consecuencia exclusivamente de estas actuaciones inspectoras, que comprenden:

         a) Exceso de amortización de Edificios de ...

         b) Activos contabilizados como gastos.

         c) Ajustes negativos improcedentes por contratos de leasing.

         d) Exceso de amortización en ampliación de edificio.

         3) Incrementos en cuota por deducciones no procedentes, que incluyen:

         a) Incrementos por deducciones por I + D que fiscalmente no son deducibles.

         b) Incrementos por deducciones por activos fijos nuevos, que no deben tener tal consideración (lo que tiene origen en el expediente incoado con fecha 10 de diciembre de 1998).

          En relación con los incrementos comprendidos en el apartado primero, se incorporan los hechos económicos y mercantiles acaecidos en los ejercicios anteriores con repercusión en los periodos ahora inspeccionados, así como los apartados del informe que acompañó al acta de 10 de diciembre de 1998 aplicables en estos ejercicios.

           TERCERO: Presentado escrito de alegaciones por la interesada, el Jefe de la Oficina Técnica de Inspección practicó, en fecha 12 de febrero de 2003, liquidación definitiva, confirmando la liquidación propuesta en el acta. Este acuerdo fue notificado al obligado tributario el 19 de febrero siguiente.

CUARTO: Disconforme con el mismo, la entidad interpuso el 4 de marzo de 2003 reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central. Puesto de manifiesto el expediente, la interesada presentó alegaciones haciendo constar:

1)
En relación con los conceptos que se basan en el expediente de 1998, que la Inspección reproduce los argumentos expuestos en su momento en dicho expediente. Que el Acuerdo de 25 de mayo de 1999 que confirmaba la propuesta de liquidación, fue recurrido ante el Tribunal Económico-Administrativo Central y, en la resolución de 21 de febrero de 2003, se estimó en parte la reclamación, anulando dicho acuerdo. Dado que una parte importante de los conceptos que integran la regularización que ahora se propone están sustentados en los argumentos del expediente de 1998, entiende que procede la anulación de la presente liquidación al estar en parte basada en un Acuerdo anulado por el Tribunal. Que en cuanto a los motivos de oposición se remite a los expuestos en su día.

2)
En cuanto a los activos contabilizados como gastos, objeto de incremento en la Base Imponible de 1998, que corresponde al coste de construcción de un ... que tras las pruebas iniciales resultó inservible y por ello se amortizó en el mismo ejercicio de construcción por tratarse de una depreciación irreversible. Que la Inspección se limita a incrementar la Base Imponible sin considerar que al tratarse como indica de un bien activable, debería por lo menos haber tenido en cuenta en las liquidaciones de 1998, 1999 y 2000, la amortización fiscalmente deducible.

3)
En relación con los ajustes negativos improcedentes por contratos de leasing, que cuando un elemento se utiliza en más de un turno de trabajo, el coeficiente de amortización lineal según tablas de amortización oficialmente aprobadas que corresponde al mismo, no es el nominal que figura en la tabla, sino el que resulta de aplicar lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento.

4)
Respecto de los incrementos en cuota por deducciones por I+D, que la Inspección concluye que no cabe considerar las actividades como generadoras del derecho a la deducción por consistir en la adaptación de la fábrica de ... para llevar a cabo la fabricación de ... Que lo que se hizo fue la aplicación de los resultados de la investigación para la fabricación de la nueva ..., que se localizó en un edificio construido al efecto totalmente diferenciado del de producción.

5)
En cuanto a los incrementos de cuota por deducciones en activos fijos nuevos, que la Inspección propone en 1997 y 1998, son consecuencia del acta de 10 de diciembre de 1998, y manifiesta que la anulación por este Tribunal de la liquidación determina la improcedencia de los mismos.

QUINTO: En cuanto al expediente sancionador, con fecha 21 de noviembre de 2002, la Inspectora Regional Adjunta autorizó a la Unidad Regional de Inspección ... a iniciar los procedimientos sancionadores que procedan. El 27 de febrero de 2003, se acordó el inicio del expediente sancionador por infracción tributaria grave, tramitación abreviada, formulando al tiempo la correspondiente propuesta de resolución, notificada a la entidad el mismo día. Presentadas alegaciones por el contribuyente, con fecha 9 de abril de 2003, el Jefe de la Oficina Técnica dictó resolución confirmando la propuesta de imposición de sanción, acordando la imposición de una sanción del 50% (art. 87.1 Ley 230/1963), en cada ejercicio, por la cuota dejada de ingresar. De todo ello resultó una deuda de 1.374.172,92 € (228.643.135 pesetas).

        SEXTO: Contra este acuerdo se interpuso reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central con fecha 5 de mayo de 2003. Puesto de manifiesto el expediente, la entidad presentó las siguientes alegaciones:

         1) El expediente sancionador se ha iniciado con posterioridad al plazo establecido en el artículo 49.2.j) del Reglamento General de la Inspección de los Tributos (RGIT).

         2) Que una parte importante de la liquidación es consecuencia del expediente de fecha 10 de diciembre de 1998. Dicho expediente no fue objeto de ningún tipo de sanción, por lo que, existiendo una coincidencia de argumentos en todos sus términos, como indica la Inspección, no se fundamentan en la presente propuesta de resolución las razones por las que los mismos hechos que en 1998 no fueron considerados objeto de sanción, lo sean ahora.

         3) Que la mayor parte de los conceptos que integran la regularización derivan de la interpretación que la Inspección realiza de los contratos suscritos por ..., S.A. La propuesta de expediente sancionador no pone de manifiesto ningún tipo de conducta por parte del obligado tributario del que se infiera la existencia de intencionalidad defraudadora, limitándose la imposición de la sanción al mero resultado de los hechos.

          4) Que, por último, está clara la improcedencia de la sanción, si se tiene en cuenta que el Tribunal Económico-Administrativo Central en Resolución de 21 de febrero de 2003 ha anulado el acuerdo de liquidación derivado del expediente de 1998.

SÉPTIMO: Dada audiencia al interesado el 13 de septiembre de 2004, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, respecto a la aplicación, en su caso, de la nueva normativa de infracciones y sanciones regulada en la Ley 58/2003, no consta que se hayan formulado nuevas alegaciones.

        OCTAVO: Con fecha 17 de marzo de 2006 se dictó por la Inspección nuevo acuerdo de liquidación relativo a los ejercicios 1993 a 1995, en cumplimiento del fallo de este Tribunal RG ... Puesto que dicho Acuerdo podía tener incidencia en la liquidación a que se refiere esta reclamación, se abrió nuevo trámite de audiencia notificado con fecha 11 de julio de 2006, alegando la interesada que entiende que el nuevo acuerdo de liquidación girado por la Inspección no se ajusta al fallo de este Tribunal en el RG ...

                                             FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en única instancia de la presentes reclamaciones económico-administrativas, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, que se resuelven de forma conjunta de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, siendo las cuestiones a resolver las siguientes: 1) Procedencia de las regularizaciones consecuencia del Acta de 10/10/1998. 2) Procedencia de la regularización de los gastos correspondientes a activos. 3) Si son correctos los ajustes negativos procedentes del contrato de leasing. 4) Procedencia de las deducciones. 5) Si se ha sobrepasado el plazo del artículo 49.2.j) RGIT. 6) Calificación del expediente.

          SEGUNDO:
En primer lugar, la reclamante hace referencia a los incrementos que son consecuencia del Acta de 10/10/1998, manifestando que la Inspección se limita a reproducir textualmente los argumentos de dicho expediente, sin añadir ningún tipo de valoración, ni considerar las alegaciones en su día formuladas contra los mismos. Que el acuerdo de liquidación de dicho expediente fue anulado por este Tribunal Central. Añade que, en consecuencia, dado que una parte importante de los conceptos que integran la regularización que ahora se propone, están sustentados en los argumentos del expediente de 1998, procede la anulación de esta liquidación por estar basada en parte en un Acuerdo que ha sido anulado por este Tribunal. Que en cuanto los motivos de fondo de oposición, se remite a los expuestos en su día.

          La liquidación correspondiente a los ejercicios 1992 a 1995 fue recurrida ante este Tribunal, que la anuló, (RG ... de ... de 2003), y ordenó reponer actuaciones para tener en cuenta las alegaciones del obligado tributario. Como consecuencia de esta Resolución, el Jefe de la Oficina Técnica dictó, con fecha 9 de junio de 2004, acuerdo por el que se anulaba la liquidación practicada por el Impuesto sobre Sociedades ejercicios 1993 a 1995, y se remitía el expediente a la Dependencia Regional de Inspección para que se realizaran, en su caso, las actuaciones de comprobación o investigación que pudieran requerirse de las alegaciones formuladas y documentos y pruebas aportadas, y se emitiera informe oportuno sobre dicho resultado y su posible influencia en la propuesta de liquidación formulada en su día en el acta.

           Con fecha 17 de marzo de 2006, se ha dictado un nuevo acuerdo, en cumplimiento del fallo de este Tribunal. En dicho acuerdo, en relación con los gastos de primer establecimiento, pagos de Royalties no justificados, y la amortización del Fondo de Comercio, se mantiene la propuesta inspectora en su totalidad. En cuanto a derecho de no competencia, el acuerdo ha disminuido la base de amortización y, por tanto, la amortización deducible en cada ejercicio.

          Este acuerdo ha sido nuevamente recurrido por la entidad, para que este Tribunal se pronuncie sobre el fondo (R.G. ...). Este incidente de ejecución se ha resuelto en esta misma fecha, estimándose algunas de las alegaciones planteadas por la reclamante en relación con los puntos anteriores, ordenando la anulación de la liquidación y la realización de otra en su sustitución, por lo que, en consecuencia, procede la modificación de la regularización en lo que afecte a los ejercicios ahora regularizados.

          TERCERO:
La siguiente cuestión se centra en la regularización de activos contabilizados como gastos. Se trata de la cantidad de 17.460.910 ptas. (104.942,18 €) objeto de incremento en la Base Imponible de 1998, correspondientes al coste de construcción de un ... que, según alega la reclamante, tras las pruebas iniciales resultó inservible y por ello se amortizó en el propio ejercicio de construcción por tratarse de una depreciación irreversible. Manifiesta que la Inspección, además, se limita a incrementar la Base Imponible en 17.460.910 ptas. (104.942,18 €), sin considerar que, al tratarse de un bien activable, debería por lo menos haber tenido en cuenta en los ejercicios 1998 a 2000 la amortización fiscalmente deducible.

          En relación con la afirmación de que resultó inservible y por ello se amortizó, no se aportó ninguna prueba, por lo que no se puede estimar. Sin embargo, puesto que se trata de un bien activable, sí debió haberse admitido el gasto correspondiente a la amortización. En consecuencia, procede reponer actuaciones para calcular el importe de las amortizaciones fiscalmente deducibles en cada uno de los ejercicios que corresponden a dicho bien.  

           CUARTO: La siguiente cuestión se refiere a los ajustes negativos derivados del contrato de leasing. La entidad amortizó los activos objeto de leasing aplicando el doble del coeficiente lineal máximo según tablas, puesto que el bien se utilizaba en más de un turno de trabajo. Pero, puesto que se trata de un bien en arrendamiento financiero, realizó, además, un ajuste negativo en la Base Imponible del impuesto, porque entiende que cuando un elemento patrimonial se utiliza en más de un turno de trabajo el coeficiente de amortización lineal según tablas de amortización oficialmente aprobadas que corresponde al citado bien, no es el nominal que figura en la tabla sino el que resulta de aplicar lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 537/1997 del Impuesto sobre Sociedades (RIS). Y ello también a efectos del artículo 128 de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades (LIS).

           El artículo 128 de la LIS dispone, en su apartado 6: "La misma consideración (deducible) tendrá la parte de las cuotas de arrendamiento financiero satisfechas correspondiente a la recuperación del coste del bien, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto terrenos, solares y otros activos no amortizables. En el caso de que tal condición concurra sólo en una parte del bien objeto de la operación, podrá deducirse únicamente la proporción que corresponda a los elementos susceptibles de amortización, que deberá ser expresada diferenciadamente en el respectivo contrato.

           El importe de la cantidad deducible de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior no podrá ser superior al resultado de aplicar al coste del bien el duplo del coeficiente de amortización lineal según tablas de amortización oficialmente aprobadas que corresponda al citado bien. El exceso será deducible en los períodos impositivos sucesivos, respetando igual límite. Para el cálculo del citado límite se tendrá en cuenta el momento de la puesta en condiciones de funcionamiento del bien".

           La reclamante pretende, basándose en la Instrucción Cuarta para la aplicación de la Tabla de Amortización, que cuando en este artículo 128.6, se habla de coeficientes de amortización lineal, hay que tener ya en cuenta los turnos en que se utiliza.

           Dicha Instrucción establece "A los efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 2.º del presente Reglamento, se entenderá que los coeficientes han sido establecidos tomando en consideración que los elementos se utilizan durante un turno de trabajo, excepto que por su naturaleza técnica deban ser utilizados de forma continuada".

           El artículo 2.3 del Reglamento se refiere a la amortización de los elementos que se usen en más de un turno de trabajo, estableciendo que "Cuando un elemento patrimonial se utilice diariamente en más de un turno normal de trabajo, podrá amortizarse en función del coeficiente formado por la suma de: ...".

           El citado artículo 2, se titula "Amortización según tablas de amortización oficialmente aprobadas".

           Por otra parte, el mencionado artículo 128 LIS establece la limitación del importe deducible de la cuota de arrendamiento en el de la amortización que correspondería según tablas, de este modo permite que la deducción suponga como máximo duplicar la que correspondería si se llevara el gasto por amortización de acuerdo con los coeficientes lineales máximos fijados en las tablas.

           En el caso, como este, de que el arrendamiento financiero se realice en relación con un activo utilizado en más de un turno, la limitación establecida en el artículo 128 debe entenderse en el sentido de que la parte de la cuota que puede ser deducida será como máximo el doble de la amortización que según tablas sería aplicable al activo, y siendo esta amortización la resultante de aplicar los coeficientes determinados de conformidad con el artículo 2.3 del RIS.

           En consecuencia, y a juicio de este TEAC, la regularización realizada por la Inspección no resulta conforme a Derecho.

           Sin embargo, esta Instrucción se refiere exclusivamente a la amortización regulada en el mencionado artículo 2.3 del RIS, no siendo aplicable, por lo tanto, a la deducibilidad de las cuotas de arrendamiento financiero correspondientes al coste de recuperación de los bienes. Por esta razón no se estiman las alegaciones de la entidad en este punto.

            QUINTO: A continuación se hace referencia al incremento por deducciones por investigación y desarrollo (I+D) que la sociedad se había aplicado en 1998, 1999, y 2000. La Inspección consideró que no generaban derecho a la deducción, por tratarse de adaptación de la fábrica de ... para llevar a cabo la fabricación de ... La reclamante no está de acuerdo, ya que considera que no se trataba de la adaptación, sino de la realización de las pruebas tendentes a adquirir los conocimientos precisos para implantar la fabricación a nivel industrial del nuevo producto.

        
El artículo 33 de la LIS dispone: "1. Deducción por actividades de investigación y desarrollo.

          La realización de actividades de investigación y desarrollo dará derecho a practicar una deducción de la cuota íntegra, en las condiciones establecidas en este apartado.

        a) Concepto de investigación y desarrollo.

           Se considerará investigación a la indagación original planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico, y desarrollo a la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes.

          Se considerará también actividad de investigación y desarrollo la materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así como la creación de un primer prototipo no comercializable y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto siempre que los mismos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación comercial. Asimismo, se considerará actividad de investigación y desarrollo el diseño y elaboración del muestrario para el lanzamiento de nuevos productos. A estos efectos, se entenderá como lanzamiento de un nuevo producto la introducción del mismo en el mercado y como nuevo producto, aquel cuya novedad sea esencial y no meramente formal o accidental.

        También se considerará actividad de investigación y desarrollo la concepción de software avanzado, siempre que suponga un progreso científico o tecnológico significativo mediante el desarrollo de nuevos teoremas y logaritmos o mediante la creación de sistemas operativos y lenguajes nuevos, o siempre que esté destinado a facilitar a las personas discapacitadas el acceso a los servicios de la sociedad de la información.

         No se incluyen las actividades habituales o rutinarias relacionadas con el software.
(...)

          2.
Deducción por actividades de innovación tecnológica.

          La realización de actividades de innovación tecnológica dará derecho a practicar una deducción de la cuota íntegra en las condiciones establecidas en este apartado.

         a) Concepto de innovación tecnológica.

         Se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad.

        Esta actividad incluirá la materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así como la creación de un primer prototipo no comercializable y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que los mismos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación comercial.

         También se incluyen las actividades de diagnóstico tecnológico tendentes a la identificación, la definición y la orientación de soluciones tecnológicas avanzadas realizadas por las entidades a que se refiere el punto 1.º siguiente, con independencia de los resultados en que culminen.
(...)

         La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos del período en actividades de innovación tecnológica que correspondan a los siguientes conceptos:

         1.º Proyectos cuya realización se encargue a universidades, organismos públicos de investigación o centros de innovación y tecnología, reconocidos y registrados como tales según el citado Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre.

         2.º Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción, que incluirán la concepción y la elaboración de los planos, dibujos y soportes destinados a definir los elementos descriptivos, especificaciones técnicas y características de funcionamiento necesarios para la fabricación, prueba, instalación y utilización de un producto.

          3.º Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, "know-how" y diseños. No darán derecho a la deducción las cantidades satisfechas a personas o entidades vinculadas al sujeto pasivo. La base correspondiente a este concepto no podrá superar la cuantía de 500.000 de euros.

          4.º Obtención del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento de la calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares, sin incluir aquellos gastos correspondientes a la implantación de dichas normas.
(...)

          3.
Exclusiones

          No se considerarán actividades de investigación y desarrollo ni de innovación tecnológica las consistentes en:

          a) Las actividades que no impliquen una novedad científica o tecnológica significativa. En particular, los esfuerzos rutinarios para mejorar la calidad de productos o procesos, la adaptación de un producto o proceso de producción ya existente a los requisitos específicos impuestos por un cliente, los cambios periódicos o de temporada, así como las modificaciones estéticas o menores de productos ya existentes para diferenciarlos de otros similares.

          b) Las actividades de producción industrial y provisión de servicios o de distribución de bienes y servicios. En particular, la planificación de la actividad productiva: la preparación y el inicio de la producción, incluyendo el reglaje de herramientas y aquéllas otras actividades distintas de las descritas en la letra b) del apartado anterior; la incorporación o modificación de instalaciones, máquinas, equipos y sistemas para la producción que no estén afectados a actividades calificadas como de investigación y desarrollo o de innovación; la solución de problemas técnicos de procesos productivos interrumpidos; el control de calidad y la normalización de productos y procesos; la prospección en materia de ciencias sociales y los estudios de mercado; el establecimiento de redes o instalaciones para la comercialización; el adiestramiento y la formación del personal relacionada con dichas actividades.

         c) La exploración, sondeo, o prospección de minerales e hidrocarburos....".

        Pues bien, este Tribunal considera que aunque se trate de un nuevo producto diferente de los que se fabricaban con anterioridad en la empresa, la actividad desarrollada consiste en la adaptación de los procesos de producción a dicho producto, y esos gastos no pueden incluirse en la base de la deducción, por cuanto no se refieren a actividades de Investigación y desarrollo, sino de fabricación y producción, aunque se trate de nuevos procesos de producción exigidos por la obtención del nuevo producto.

          Tampoco pueden dar derecho a deducción por innovación tecnológica, ya que la ley especifica los conceptos de los gastos que pueden dar derecho a la deducción, entre los que no se encuentran los realizados por la empresa.

          SEXTO:
Por último, la reclamante se refiere a los incrementos en cuota por deducciones por activos fijos nuevos, que son consecuencia del acta de fecha 10 de diciembre de 1998.

           En el acuerdo de liquidación se expone que "los incrementos en cuota procedentes de deducciones por activos fijos nuevos aplicadas por la Entidad en los ejercicios objeto de la presente comprobación, son consecuencia de la liquidación practicada con anterioridad por esta Jefatura derivada del Acta incoada en fecha 10/12/1998 en la que ya se incluyeron parte de las deducciones aplicadas por la Entidad en los ejercicios a los que se refiere la presente liquidación, por lo que procede también confirmar la propuesta inspectora en este punto".

          Pues bien, puesto que la liquidación derivada del acta de 10 de diciembre de 1998 debe ser modificada como consecuencia del fallo de este Tribunal (RG ...), procederá la revisión y en su caso modificación, de esta liquidación, en este punto.

           SÉPTIMO: En cuanto a la sanción, la reclamante alega en primer lugar que el expediente sancionador se ha iniciado con posterioridad al plazo establecido en el artículo 49.2.j) del Reglamento General de la Inspección de los Tributos (RGIT). El acta se incoó el 22 de noviembre de 2002 y el inicio de expediente sancionador tiene lugar el 27 de febrero de 2003.

            El artículo 49.2.j) del RGIT dispone: "En su caso, se hará constar la ausencia de motivos para proceder a la apertura de procedimiento sancionador, en el supuesto de que, a juicio del actuario, no esté justificada su iniciación.

          A estos efectos, y si transcurridos los plazos previstos en el apartado 2 del artículo 60 de este Reglamento, en relación con las actas de conformidad, y en el apartado 4 del mismo, respecto de las actas de disconformidad, no se hubiera ordenado la iniciación de procedimiento sancionador, el mismo no podrá iniciarse con posterioridad al transcurso de tales plazos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Tributaria en materia de revisión de actos administrativos".

           Según ha establecido este Tribunal en anteriores resoluciones (RG 5009/01, de 8 de febrero de 2002 y RG 3032/99, de 21 de marzo de 2002), el artículo 49.2 último párrafo debe entenderse aplicable a todos los supuestos en que se ordene, o en su caso autorice, la iniciación del procedimiento sancionador, a pesar de la ambigüedad de su expresión inicial ("a estos efectos"), porque seria carente de lógica que la Administración "viniera sujeta a un plazo perentorio en el caso de que el actuario no viera razones para abrir el procedimiento sancionador, y no tuviera tal sujeción en los casos de silencio del Inspector sobre tal extremo o en aquellos en los que propusiera su iniciación. No se ve cuál podría ser la razón de la pretendida diferencia, pues la seguridad jurídica del obligado, auténtico "leitmotiv" del RD 939/86 y de la Ley 1/1998, padecería igual en uno como en los otros casos".

           La autorización es de 21 de noviembre de 2002 y el acuerdo de inicio de 27 de febrero de 2003. Por tanto, siendo la fecha de las actas el 22 de noviembre de 2002, resulta que no había transcurrido el plazo que establece el artículo 49.2 del RD 939/86, para ordenar su iniciación. En definitiva, el procedimiento sancionador se ha iniciado de forma procedente.

           OCTAVO: La siguiente alegación relativa a la sanción hace referencia al hecho de que una parte de la misma se refiere a incrementos que tienen su origen en el acta de 10 de diciembre de 1998. Esa liquidación no fue objeto de ningún tipo de sanción, por lo que, existiendo coincidencia de argumentos, no se fundamenta en la presente propuesta de expediente sancionador las razones por las que los mismos hechos que en 1998 no fueron considerados objeto de sanción, lo son en la presente regularización.

            Sin embargo, el hecho de que en la liquidación derivada del acta de 1998 no se sancionase, no impide que ahora sí se sancionen los conceptos coincidentes. Por otra parte, los motivos de sanción de cada uno de los conceptos están perfectamente motivados en el acuerdo, por lo que es conforme a Derecho. No obstante, hay que tener en cuenta la incidencia de las Resolución de este Tribunal en el expediente RG ..., puesto que, al estimar varias alegaciones, incidirá en las sanciones que por los mismos conceptos se vayan a imponer ahora.

            NOVENO: Por último alega que existe una interpretación razonable de la norma, que excluye la existencia de culpabilidad.

            El artículo 77 de la Ley General Tributaria, según la redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, dispone que: "Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las leyes. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia...", señalando el artículo 79 que constituyen infracciones graves, entre otras, las siguientes conductas: "a) Dejar de ingresar, dentro de los plazos reglamentariamente señalados, la totalidad o parte de la deuda tributaria...". En el caso presente está probado que la obligada tributaria incurrió en el supuesto tipificado por la Ley como infracción tributaria grave; no obstante, y como este Tribunal ha señalado en resoluciones anteriores siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, no toda infracción tributaria es sancionable, sino sólo aquellos casos en que se aprecie culpabilidad en la conducta del obligado tributario. Conforme al artículo 77.4 apartado d) de la Ley General Tributaria, las acciones u omisiones tipificadas en las Leyes no darán lugar a responsabilidad cuando: "...se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios. En particular, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el contribuyente haya presentado una declaración veraz y completa y haya practicado, en su caso, la correspondiente autoliquidación, amparándose en una interpretación razonable de la norma". En este caso en concreto, cabe apreciar, al menos, negligencia, dado que las regularizaciones se basan en parte en gastos no acreditados, en los que no se puede apreciar interpretación razonable que exima de culpabilidad, y en parte en la aplicación incorrecta de normas que no ofrecen, a juicio de este Tribunal, dudas sobre su interpretación.

             DÉCIMO: No obstante, puesto que procede anular la liquidación y dictar una nueva que tenga en cuenta tanto lo dispuesto en los Fundamentos de Derecho Tercero, Cuarto y Sexto, como las modificaciones procedentes de la resolución ... relativa al acuerdo de liquidación de 17 de marzo de 2006, procede, en consecuencia, anular el acuerdo sancionador, y sustituirlo por otro, en el que habrá que determinar si resulta más favorable la aplicación de la Ley 58/2003.

            Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en la reclamación económico-administrativa interpuesta por la entidad ..., S.A. y en su nombre y representación por D. ..., contra la liquidación practicada por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de ... de la A.E.A.T. de fecha 12 de febrero de 200, por el concepto IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, ejercicios 1997 a 2000, y el acuerdo de imposición de sanción de fecha 9 de abril de 2003, ACUERDA: 1). Estimar parcialmente la reclamación 922/03. 2). Anular el acuerdo de liquidación, que deberá sustituirse por otro de acuerdo con lo dispuesto en los Fundamentos de Derecho Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto. 3). Desestimar la reclamación RG 1750/03. 4). anular el acuerdo sancionador, que deberá ser sustituido por otro que tenga en cuenta las modificaciones de la liquidación, y en el que habrá de determinarse si resulta más favorable la Ley 58/2003.

Contrato de arrendamiento financiero
Expediente sancionador
Arrendamiento financiero
Activo no corriente
Impuesto sobre sociedades
Tablas de amortizacion
Fondo de comercio
Obligado tributario
Coeficiente de amortización lineal
Actividades de investigación
Cuotas del leasing
Royalties
Liquidación provisional del impuesto
Innovación tecnológica
Acta de disconformidad
Dilaciones imputables al obligado tributario
Intereses de demora
Amortización de gastos
Inspección tributaria
Infracción tributaria grave
Procedimiento sancionador
Audiencia del interesado
Deducción de la cuota íntegra
Pruebas aportadas
Base de amortización
Deducciones por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica
Base de deducción
Solares
Período impositivo
Infracciones tributarias
Personas o entidades vinculadas
Organismos públicos
Diseño industrial
Know-how
Comercialización
Acta de conformidad
Seguridad jurídica
Revisión de los actos administrativos
Cumplimiento de las obligaciones
Responsabilidad

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 634/2015 de 10 de Jul (Reglamento del Impuesto sobre Sociedades) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 165 Fecha de Publicación: 11/07/2015 Fecha de entrada en vigor: 12/07/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Hacienda Y Administraciones Publicas

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