Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/957/2006 de 19 de Diciembre de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 19 de Diciembre de 2007
  • Núm. Resolución: 00/957/2006

Resumen

No resulta aplicable la reducción del 95% de la base imponible regulada en el artículo 20.6 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Ley 29/1987 redacción Ley 21/2001), ya que el donante no ejercició actividad empresarial de arrendamiento de inmuebles que pudiera ser objeto de transmisión. El arrendamiento de bienes inmuebles no constituye en el caso concreto actividad económica, pues no se ha probado la concurrencia de los requisitos del artículo 25.2 de la Ley del IRPF (Ley 40/1998). Está suficientemente motivada la valoración de los bienes inmuebles objeto de donación, ya que no sólo se ha ponderado el valor base de la zona, el valor base específico, el valor corregido, el valor base de zona para valoraciones anteriores al estudio de mercado, así como la superficie de la finca, sino que también se han tenido en cuenta otras características que pueden tener relevancia al efecto, tales como la localización, uso característico, antigüedad, ubicación (dentro del propio inmueble del que forman parte), estado de conservación (acorde o no con la antigüedad), concurrencia o no de condicionantes técnicos, estéticos o socio económicos ligados al inmueble, existencia o no de contrato de arrendamiento y, en caso positivo, renta neta y tasa de capitalización anuales, etc. Por tanto, los dictámenes emitidos contienen una motivación suficiente de cada uno de los valores atribuidos que explicita la forma en que se ha realizado la valoración, las fuentes utilizadas para determinar los módulos iniciales y los cálculos efectuados.

Descripción

          En la Villa de Madrid, a 19 de diciembre de 2007, en el recurso de alzada que pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central promovido por el DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE ..., por delegación de ..., contra resolución del Tribunal Regional de ... de 5 de septiembre de 2005, recaída en la reclamación número ..., sobre liquidación por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por cuantía equivalente a 884.902,30 euros.

                                                     ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO.- En escritura pública otorgada el 14 de junio de 2000 D. A donó a sus hijos D. B, D.ª C y D.ª D, por terceras e iguales partes indivisas, un conjunto de bienes bajo la genérica denominación de "negocio" integrado por las partidas reseñadas en el balance incorporado a la escritura, es decir, Terrenos y Edificios sitos en la calle ... de ... valorados en 216.806.277 pesetas (1.303.031,97 euros), Prestamos, fianzas, depósitos que importaban 150.000.000 pts. (901.518,16 euros), Otros Deudores por importe de 50.000.000 ptas. (300.506,05 euros) y cantidades en Entidades de Crédito por importe de 600.000.000 ptas. (3.606.072,63 euros) cantidad que, según se hacía constar en la escritura, procedía de la venta del local situado en los bajos del edificio de la calle ... de ... a X, S.A. efectuada el 3 de enero de 2000, expresando asimismo la escritura que por confusión de la persona del acreedor y deudor, quedaban extinguidos los tres préstamos, cada uno por importe de 50.000.000 ptas. (300.506,05 euros), concedidos a los donatarios e incluidos en la segunda de dichas partidas de bienes; con fecha 4 de julio de 2000 y ante ... de la Comunidad de ..., se formalizó autoliquidación por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones sobre una base imponible de 339.349.291 ptas. (2.039.530,32 euros) e ingreso de 2.248.491 ptas. (13.513,7 euros) por haberse aplicado una reducción de 322.381.826 ptas. (1.937.553,8 euros) al amparo del artículo 20.6 de la Ley 29/1987; el 15 de septiembre de 2003 se iniciaron actuaciones inspectoras durante las cuales se comprobó el valor del inmueble de la calle ..., habiendo emitido informe el Servicio de Valoración de la Dirección General de Tributos de la Comunidad de ... con fecha 28 de octubre de 2003, en el que los inmuebles se valoraron en 377.429.913 pts (2.268.399,46 euros) y del que se dio traslado a los donatarios en diligencia de 3 de diciembre siguiente; además, la Inspección entendió improcedente la reducción aplicada al no desarrollar el donante una actividad empresarial, ya que no tenía personal dedicado a la administración del inmueble ni tenía local propio para desarrollar la actividad, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 20.6 de la Ley 29/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que procediera tampoco la reducción en relación con las partidas objeto de donación consignadas en el apartado "Préstamos, fianzas, depósitos", "Deudores", "HP, IVA soportado" y Entidades de Crédito"; en diligencia de 27 de febrero de 2004 se puso de manifiesto a los donatarios lo actuado sin que formularan alegaciones; del valor de los bienes donados, que ascendía a 1.138.671.508 ptas. (6.843.553,59 €), la tercera parte, 379.557.169 ptas. (2.281.184,53 €), correspondía a D.ª D, a quien con fecha 12 de marzo de 2004 se extendió Acta ... con la siguiente propuesta de liquidación: base imponible y liquidable, 379.557.169 ptas. (2.281.184,53 €); cuota íntegra: 117.531.427 ptas. (706.378,10 €); coeficiente, art. 22, 1,05; cuota tributaria: 123.407.998 ptas. (741.697,01 €); ingresado autoliquidación: 2.248.491 ptas. (13513,70 €); diferencia a ingresar: 121.159.507 ptas (728.183,30€); intereses de demora: 26.075.848 ptas (156.719 €), deuda a ingresar: 147.235.355  ptas. (884.902,30 €).

        SEGUNDO.- Con fecha 5 de abril de 2004 en nombre de la interesada se formularon alegaciones en el sentido de que la propuesta de liquidación tenía su origen en la eliminación de la reducción aplicada en la autoliquidación que la Inspección consideraba improcedente al entender que el donante no desarrollaba una actividad empresarial de arrendamiento de bienes inmuebles; que lo donado fue la explotación "de un negocio individual de alquiler de viviendas y explotación de local cinematográfico con sede en un edificio de su propiedad sito en la calle ... de ..."; que las viviendas integradas, la totalidad de las existentes en el edificio, constaban en las actuaciones y "por lo que toca al negocio de explotación cinematográfica que giraba con el nombre comercial de ..., se procedió a su cierre y a la venta del local en fecha 3 de enero del año 2000. La razón del cierre no es otra que la crisis que ha acontecido a  todas las explotaciones que contaban con una sola Sala de Exhibición"; que el dinero procedente de la venta se depositó en cuenta corriente, que figuraba en el balance del negocio anexo a la escritura de donación "ya que se considera parte integrante del negocio donado"; que la donación se acogió a la reducción prevista en el artículo 20.6 de la Ley 29/1987, que se transcribía, habiendo entendido la Inspección que no se cumplían los requisitos para su aplicación con base en que el donante no desarrollaba actividad empresarial de arrendamiento de bienes, siendo la interpretación de la interesada del todo contraria porque los requisitos para aplicar la reducción empiezan por la remisión al apartado octavo del artículo 4º de la Ley 19/1991, del Impuesto del Patrimonio sobre exención de los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, siempre que ésta se ejerza de forma habitual personal y directa por el sujeto pasivo y constituya su principal fuente de renta; que el primero de tales requisitos se entendería cumplido, al tratarse de persona física, por la concurrencia de los requerimientos del artículo 25.2 de la Ley 40/1998; que el local se encontraba en la calle ..., de ... "propiedad y domicilio fiscal de la comunidad de bienes formada por los hermanos B, C y D, denominada Y y que está dedicado exclusivamente (a) gestionar la actividad de arrendamiento de inmuebles", sobre el cual la Inspección no había solicitado información adicional ni negado tampoco que cumpliera los requisitos de la norma, aduciendo consultas de la Dirección General de Tributos de 3 de julio de 1992, 22 de junio y 27 de julio de 2001 y 3 de junio de 2002, de las que concluía ser suficiente que se aprovechara parte del local con tal de que fuera susceptible de aprovechamiento separado y no se utilizara para fines particulares; como prueba se adjuntaba escrito de la ... de Urbanismo dirigido a D. A como Administrador de la Comunidad de Bienes Y al domicilio de ésta y se añadía: "Dicho local ya venía siendo utilizado como sede de su actividad por el donante"; en cuanto al segundo requisito, tras extenderse en consideraciones sobre "el concepto teórico de empresa" para sostener que el concepto de ordenación es susceptible "de integrarse con una solución justa no acomodada al caso concreto" y que tal solución justa sólo es posible acomodándose a lo mandado por el legislador, una persona con contrato laboral y jornada completa, concluía ser ilegal cualquier otra interpretación; que, la normativa legal establecía una presunción iuris tantum al exigir una persona empleada con contrato laboral y jornada completa, y cumplido ello, correspondería a la Inspección probar la inexistencia de actividad económica puesto que el legislador exige una ordenación mínima de medios materiales y humanos para considerar que existe un negocio, pero la organización de esa ordenación mínima debía corresponder al dueño del negocio pues en tal sentido se habría pronunciado la Dirección General de Tributos en consultas de 28 de enero y 1 de septiembre de 2003; que el artículo 25 sólo exige una persona empleada, con contrato laboral y a jornada completa, por lo que el portero puede serlo perfectamente ya que "realiza todas las tareas necesarias para mantener en condiciones los inmuebles que se arriendan"; que exigiendo el artículo 4.8 de la Ley 19/1991 que la actividad se ejerciera de forma habitual, personal y directa por el contribuyente, el donante estuvo dado de alta en el régimen de autónomos hasta su baja el 31 de octubre de 2000, habiéndose aportado también a la Inspección los boletines de cotización a la Seguridad Social de los empleados del negocio cinematógrafo, siendo fácil de comprobar la existencia del cine en los bajos del edificio hasta poco antes de la donación y que era el donante quien ejercía la actividad empresarial de forma habitual, personal y directa, "dirigiendo un negocio compuesto por una sala de proyecciones cinematográficas y por unos inmuebles arrendados en el mismo edificio" que los hermanos B, C y D habían continuado gestionando conjuntamente; que ambas actividades, la de arrendamiento de inmuebles y la del cinematógrafo, constituían la fuente principal de renta del donante y la primera lo seguía siendo para los donatarios, teniendo en cuenta que los bienes recibidos de su madre se encontraban también afectos al negocio único de arrendamiento; que los inmuebles estaban arrendados y el efectivo procedente de la venta de la sala de cine permanecía depositado en cuenta bancaria porque la venta se produjo con la finalidad de reinvertir dicho importe en otros activos empresariales, motivo por el que el dinero depositado no se había utilizado con ningún otro fin; finalmente, se decía discrepar de la valoración atribuida a los inmuebles por no expresarse de forma suficiente los datos y motivos que justificaban el aumento del valor, reservándose por ello el derecho a promover la tasación pericial contradictoria.

        TERCERO.- La propuesta fue confirmada en todos sus extremos por la ... de la Comunidad de ..., en resolución de 19 de julio de 2004 y, disconforme la interesada, en su nombre se promovió reclamación número ... ante el Tribunal Regional de ... en la que se reprodujeron las alegaciones deducidas ante la ... en el sentido de haber llevado el donante una actividad empresarial de alquiler de inmuebles tal y como se desprendía de los contratos de alquiler aportados, estando acreditado igualmente que su baja como empresario se produjo el 31 de octubre de 2000 y también la existencia de local destinado a la actividad de gestión de los alquileres y de persona empleada con contrato laboral y a jornada completa, exigiendo la Ley el cumplimiento de unos requisitos mínimos pero no la exclusividad de dicho empleado; el Tribunal Regional de ..., en resolución de 5 de septiembre de 2005, estimó la reclamación por haber apreciado, en primer lugar, falta de motivación suficiente de la comprobación de valores argumentando después, respecto de la reducción pretendida y rechazada por la Inspección, que acreditada la tenencia de local destinado exclusivamente a la actividad, para entender que la desarrollada por el causante era de carácter empresarial debía comprobarse si contaba, para su desarrollo, con una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa, sin que fuera exigible en ésta la exclusividad, por lo que daba por acreditado el requisito con independencia, por otra parte, de cómo hubiera sido declarada a efectos del I.R.P.F. la actividad, amparando su parecer a este respecto en Consulta nº 2279/2000, sobre Administrador de una sociedad; y por constar en el expediente la declaración T. A. 1.000 de baja con fecha 31 de octubre de 2000 en el régimen de autónomos de la Seguridad Social y haberse realizado la donación en escritura de 14 de junio de 2000, decía estar claro que el importe de la venta del local destinado a cinematógrafo debía ser incluido en la actividad empresarial del sujeto pasivo y por ello serle de aplicación la bonificación del 95% del artículo 20.6 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; por tales razones se anulaban valoración y liquidaciones, que se decían contrarias a derecho; el fallo consta notificado a la interesada el 29 del mismo mes de septiembre y el 9 de diciembre siguiente a la ... de la Comunidad de ...

        CUARTO.- El Director General de Tributos de la Comunidad de ..., por delegación de ..., interpuso el presente recurso de alzada mediante escrito presentado en el Tribunal de instancia el 4 de enero de 2006 en el que, respecto de la pretendida falta de motivación de las valoraciones, se señalaba haber sido practicada con los medios establecidos en el artículo 52 de la Ley General Tributaria vigente en el momento en que se realizó, sin que se exigiera que la motivación fuera exhaustiva sino sólo suficiente para no generar indefensión a los interesados, y que no se genera indefensión cuando en la comprobación de valor el perito hace constar las distintas características que aprecia en el bien objeto de transmisión, tales como antigüedad, afección de cargas singulares, ubicación... y las evalúa en atención a unos coeficientes correctores que aplica al precio inicial; y que, de adolecer de hipotético defecto la valoración, se trataría de defecto anulable conforme a reiteradísima jurisprudencia, lo que permitiría una nueva comprobación de valor en donde se subsanase el supuesto defecto; en cuanto a la reducción del 95 %, después de reproducir en parte los razonamientos del Tribunal Regional, los rebatía comenzando por señalar que aunque el Tribunal sostuviera haberse probado la existencia del local, ningún documento relativo al mismo se había aportado; respecto de la persona empleada, se precisaba que en ningún momento en las actuaciones había planteado la Inspección la exclusividad en la dedicación como determinante de su decisión aunque ello resultara de la propia norma; que la Consulta de la Dirección General de Tributos invocada lo único que establecía era que el estar en el Consejo de Administración de una sociedad o cotizar a la Seguridad Social en el régimen especial de autónomos es irrelevante, pues lo que se exige a tales efectos es que tenga un contrato laboral y que dedique la jornada completa a los servicios de ordenación de medios productivos, ya como mero empleado ya como administrador único ya como perteneciente al órgano de administración; que la persona empleada como portero no podía ejercer la gestión de una actividad empresarial porque dicho contrato no autoriza ni exige tomar las decisiones necesarias para ordenar medios de producción y de recursos humanos, que conlleva; se invocaba al respecto Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de ... de ... de 2005, que rechaza que el portero de finca tenga por cometido la gestión de la actividad empresarial, y tres resoluciones del propio Tribunal Regional, de ... de 2005, que negaban asimismo que los servicios de vigilancia, cuidado de pisos o el acompañar y enseñar los locales libres a posibles arrendatarios pudieran encuadrarse dentro del concepto de gestión de una actividad empresarial; que los expresados dos requisitos, local y persona empleada, tienen como finalidad probar la existencia de una infraestructura y de una organización de medios empresariales, siquiera mínima, y que incumplido alguno de ellos, la Administración tributaria podía ya considerar que el arrendamiento de un bien inmueble no constituía actividad empresarial a efectos fiscales; que mantener la exención implica mantener la actividad empresarial durante diez años, conforme al artículo 4.8 de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio; que el importe de la venta de ... se encontraba depositado en cuenta bancaria y a efectos fiscales no puede estar afecta a ninguna supuesta actividad empresarial, porque así lo establece el artículo 27 1 b) de la Ley del I.R.P.F., ya que los fondos depositados son fondos cedidos a terceros y por tanto elementos patrimoniales no afectos a una actividad económica, al igual que las restantes partidas del balance distintas de los inmuebles; y en base a todo ello, se solicitaba se estimase el recurso y se declarase no conforme a derecho la resolución impugnada.

        QUINTO.- Dado traslado del recurso a la reclamante en primera instancia, a efecto de alegaciones, dedujo ésta el 27 de febrero de 2006 escrito en el que en primer lugar cuestiona la temporaneidad del recurso dado que a ella le fue notificado el 29 de septiembre de 2005; para desvirtuar la fuerza del argumento de que el local aducido como vinculado al desarrollo de la actividad esté sito en la calle ... de ... mientras los contratos aparecen firmados en la calle ..., aduce que todos ellos son anteriores a 1985 y así se hizo constar en la Diligencia de 8 de octubre de 2003 para sostener ser "extraña manera de vincular el domicilio de una actividad con hechos acaecidos años atrás cuando el negocio era llevado por mi padre", llamando también la atención la interesada sobre el hecho de no haberse tenido en cuenta el documento aportado con las alegaciones ante la ..., sobre el escrito de la ... de Urbanismo cursado al domicilio de Y del que de nuevo se adjunta copia; en cuanto a la persona empleada, se manifiesta que parece "como si la Comunidad de ... hubiese decidido dogmáticamente que todos los negocios de alquiler deben contar necesariamente aparte del portero con otra u otras personas para poder ser considerados negocios a efectos fiscales"; respecto de la baja del donante en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, se dice haber confundido la Inspección al donante con el donatario D. A, fallecido el ... de 2005; y en cuanto al importe de la venta de ..., se aduce Consulta de 29 de marzo de 1996 y se expone el personal parecer de la alegante de que el artículo 27 de la Ley del I.R.P.F. permite considerar afecta a la actividad "la cuenta corriente o el préstamo siempre que, obviamente, sean necesarios para la obtención de los ingresos de la actividad económica".

                                                      FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.-
Concurren los requisitos de competencia y legitimación que son presupuesto para la admisión del presente recurso de alzada, conforme a lo previsto en la Ley 58/2003, General Tributaria, y también el de plazo, que la interesada cuestiona, pues en las actuaciones figura como fecha de entrada en la ... de la Comunidad de ... la de 9 de diciembre de 2005 y el recurso se presentó el 4 de enero de 2006.

        SEGUNDO.- Las cuestiones de fondo a resolver son si estaba o no suficientemente motivada la valoración de los inmuebles y si procede o no la bonificación del 95% aplicada en la autoliquidación.

        TERCERO.- Respecto de la primera cuestión, sostiene el fallo impugnado que la valoración adolece de falta de motivación "por aplicar pautas de valoración estereotipadas y en serie", siendo así que la imposibilidad fáctica de revisar cada inmueble que ha de ser objeto de valoración a efectos fiscales y la necesidad de objetivar unas normas de actuación al respecto que sirvan de cauce a la intervención pericial implica, necesariamente, la elaboración y aprobación de pautas o criterios con los cuales habrán de relacionarse las circunstancias concurrentes en cada bien a valorar, de suerte que la falta de motivación no derivaría de la utilización de tales criterios generales sino, en su caso, de su falta de singularización en relación con el bien objeto de valoración; el fallo impugnado reconoce haberse ponderado "el valor base de la zona, el valor base específico, el valor corregido, el valor base de zona para valoraciones anteriores al Estudio de mercado, así como la superficie de la finca", como si este último fuera el único dato individual ponderado en la valoración de los inmuebles, cuando es lo cierto que también se han tenido en cuenta otras características que pueden tener relevancia al efecto, tales como la localización, uso característico, antigüedad, ubicación (dentro del propio inmueble del que forman parte), estado de conservación (acorde o no con la antigüedad), concurrencia o no de condicionantes técnicos, estéticos o socio económicos ligados al inmueble, existencia o no de contrato de arrendamiento y en caso positivo, renta neta y tasa de capitalización anuales, etc., circunstancias que han determinado la valoración individualizada de cada uno de los bienes individualizados dentro del edificio donado, mediante la aplicación de unos coeficientes que vienen explicitados en los informes de valoración y que son expresión de la medida en que concurre en el bien, o no, cada criterio objetivado con carácter general, los cuales por otra parte aparecen expuestos de manera clara, razonable y bastante, lo que obliga a concluir que los dictámenes emitidos por el Servicio de Valoración (documento número 23, folios 376 a 498 del expediente) contienen una motivación suficiente de cada uno de los valores atribuidos que explicita la forma en que se ha realizado la valoración, las fuentes utilizadas para determinar los módulos iniciales y los cálculos efectuados, de modo que basta un mínimo esfuerzo en su lectura para conocer las razones en que se sustenta cada valoración y contrastar la correcta aplicación tanto de los módulos y coeficientes como de los cálculos aritméticos.

        CUARTO.- El artículo 20 apartado 6 de la Ley 29/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establece que "En los casos de transmisión de participaciones «Inter vivos» a favor del cónyuge, descendientes o adoptados, de una empresa individual, un negocio profesional o de participaciones en entidades del donante a los que sea de aplicación la exención regulada en el apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6  de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se aplicará una reducción en la imponible para determinar la liquidable del 95 por 100 del valor de adquisición, siempre que concurran las condiciones siguientes: a) Que el donante tuviese sesenta y cinco o más años o se encontrase en situación de incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez. b) Que, si el donante viniere ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de percibir remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la transmisión. A estos efectos, no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la mera pertenencia al Consejo de Administración de la sociedad. En cuanto al donatario, deberá mantener lo adquirido y tener derecho a la exención en el impuesto sobre el Patrimonio durante los diez años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que falleciera dentro de ese plazo. Asimismo, el donatario no podrá realizar actos de disposición y operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la adquisición... En el caso de no cumplirse los requisitos a que se refiere el presente apartado, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiere dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora."; aparte esta expresa prevención del precepto, habrá de tenerse presente que se está ante una reducción de la base imponible y que tratándose de un beneficio fiscal es necesario extremar las medidas de prudencia en su concesión, de conformidad con el artículo 23.3 de la Ley General Tributaria de 1.963, vigente al tiempo de los hechos, a cuyo tenor "no se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, o el de las exenciones o bonificaciones", lo que conlleva que sean los interesados quienes hayan de acreditar la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos, sin que quepa dar por supuesto extremo alguno, lo que no tuvo en cuenta el Tribunal Regional de ..., basta además, como sostiene el recurrente, constatar el incumplimiento de uno cualquiera de los requisitos exigibles para rechazar la bonificación pretendida.

        QUINTO.- El artículo 25 de la Ley 40/1998, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, consideraba rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal o del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supusieran por parte del contribuyente "la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios", exigencias que se reforzaban respecto de las actividades sobre inmuebles al precisar el apartado 2 del precepto que, "A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el arrendamiento o compraventa de inmuebles se realiza como actividad económica, únicamente cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que en el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la misma. b) Que para la ordenación de aquella se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa"; por ello, frente a lo sostenido por el Tribunal Regional de ... y conforme a reiterado criterio de este Tribunal Central, resulta determinante el hecho acreditado de que el padre de la reclamante no declarara los rendimientos de los alquileres en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como rendimientos de actividades económicas, sino como rendimientos de capital inmobiliario, pues ésta era la consideración que para él tenía la actividad que desarrollaba en relación con los bienes inmuebles que donó después a sus hijos, y el artículo 116 de la Ley General Tributaria de 1963 establecía una presunción de veracidad de las declaraciones tributarias que implicaría, en el caso sometido a examen, probar que el donante consideraba actividad económica la realizada, sin que exista documento alguno en las actuaciones que lo establezca pues la escritura de donación lo único que dice es que se dona "un negocio que gira bajo su nombre" -el del donante- integrado por las diferentes partidas reflejadas en el balance, sin que al término negocio quepa atribuir alcance significativo precisamente por su ambivalencia e indeterminación, y respecto de la "casa de viviendas" donada, se manifiesta que "dicha finca está destinada a alquiler de viviendas, oficinas, despachos y locales comerciales y tiene a su servicio un empleado que lleva a cabo las tareas de portería", lo que reafirma la conclusión anticipada de que el donante no consideraba su actividad de arrendamiento de inmuebles como actividad económica a efectos del I.R.P.F., efectos que se extienden al Impuesto de Donaciones devengado haciendo inviable la aplicación de la bonificación pretendida, por no poder sostenerse que es objeto de donación algo que el donante entendía inexistente.

        SEXTO.- A mayor abundamiento, cabe señalar que no se ha probado tampoco la concurrencia de ninguno de los dos requisitos del apartado 2 del artículo 25 de la Ley del I.R.P.F., pues el local habría de estar destinado exclusivamente a la gestión del arrendamiento de los inmuebles de la casa sita en la calle ... de ... y el pretendidamente destinado en exclusiva a tal gestión se ubicaría en ..., tendiendo las alegaciones y documentación aportada a probar que los donatarios ejercen la actividad de arrendamiento de inmuebles desde dicho local, cuando resulta que es a la actividad que ejerció el donante, como premisa necesaria de la supuesta transmisión de actividad económica, a la que habría de vincularse la existencia de local destinado exclusivamente a gestionarla, lo cual ni siquiera se ha intentado probar; en cuanto a la persona empleada que se dice afecta a la actividad, era portero de la finca donada, tal y como refleja la escritura de donación, o sea un "empleado de finca urbana" que en tal condición figuraba afiliado a la Seguridad Social, sin que entre los conceptos por los que percibía haberes, según el documento aportado por los donatarios, figurara ninguno que rebase o exceda de sus cometidos como tal, por lo que no se trata de cuestionar la exclusividad o no de su dedicación a la actividad de arrendamiento, como sostuvo el Tribunal Regional de ..., sino de negar que estuviera afecto a la misma, pues está también acreditado en las actuaciones que la administración y contabilidad (actividades facturadas por separado) del arrendamiento las realizaba empresa externa -Z-, pudiendo señalarse, por último, que de acuerdo con la contestación de 9 de julio de 2.001 de la Dirección General de Tributos, "aunque no resulte expresamente establecido así en la legislación reguladora de la exención, presumiblemente por ser innecesario advertirlo, el mecanismo favorecedor de la transmisión generacional de actividades económicas y participaciones implica que la reducción de la base imponible de las adquisiciones mortis causa e Inter Vivos se subordina a la previa y necesaria condición de que tales elementos patrimoniales estén exentos en el impuesto patrimonial y en tanto en cuanto dichos elementos gocen de la exención".

        SÉPTIMO.- Por otra parte, a lo largo de las actuaciones se ha tratado de hacer descansar la naturaleza económica de la actividad, en el sentido expresado en el artículo 25 de la Ley 40/1998, en el hecho de haber ostentado el donante la condición de empresario, como si cualquier actividad ejercida por un empresario fuera actividad económica; lo cierto es que la actividad de exhibición de películas fue siempre independiente de la del arrendamiento de inmuebles y, aún suponiendo a efectos dialécticos que no lo fueran, en la primera de dichas actividades cesó el donante en el momento en que cerró el cine, precisamente porque ello hizo inviable la exhibición de películas, con independencia de las vicisitudes del personal afecto a esta actividad, de suerte que la documentación aportada, reflejo de tales vicisitudes, resulta por completo ajena a la cuestión debatida, ya que la única actividad que persistía al tiempo de la donación era la de arrendamiento de inmuebles como, a mayor abundamiento, evidencia la venta de ... a X, S.A. que había tenido lugar el 3 de enero de 2000, con anterioridad por tanto a la donación; en cuanto al producto de tal venta, aparte los tres préstamos de 50.000.000 a cada uno de los donatarios, quedó en depósito en cuenta del Banco de ... teniendo reiteradamente manifestado los donatarios a lo largo de las actuaciones que el efectivo procedente de la venta de la sala de cine permanecía depositado en cuenta bancaria porque la venta se produjo con la finalidad de reinvertir dicho importe en otros activos empresariales, motivo por el que el dinero depositado no se había utilizado, lo que hace ociosas las alegaciones ahora deducidas en torno a la posibilidad de que puedan considerarse afectos a la actividad determinados activos financieros.

        OCTAVO.- Procede, pues, estimar el presente recurso porque el causante no ejerció actividad empresarial de arrendamiento de inmuebles que pudiera ser objeto de transmisión, lo que hace inviable la aplicada reducción del 95% de la base imponible al amparo del artículo 20 apartado 6 de la Ley 29/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y por estar suficientemente motivada la valoración de los bienes inmuebles objeto de donación; y, revocando el fallo impugnado, confirmar la procedencia de la liquidación ... en su día girada, sin perjuicio de su actualización respecto de los intereses devengados.

        En consecuencia,

        ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso de alzada promovido por el DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE ..., por delegación de ... contra resolución del Tribunal Regional de ... de 5 de septiembre de 2005, recaída en la reclamación número ..., sobre liquidación por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por cuantía equivalente a 884.902,30 euros., ACUERDA: estimarlo, revocar la resolución impugnada y confirmar la procedencia de la liquidación ... a que se refiere.

Donante
Actividades empresariales
Donación
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Arrendamiento de bienes inmuebles
Donatario
Jornada completa
Contrato de Trabajo
Actividades económicas
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Entidades de crédito
Bienes inmuebles
Liquidación provisional del impuesto
Persona física
Impuesto sobre el Patrimonio
Comunidad de bienes
Bonificaciones
Contrato de arrendamiento
Escritura pública
Cuentas bancarias
Cotización a la Seguridad Social
Intereses de demora
Indefensión
Cuota tributaria
Impuesto sobre el Valor Añadido
Bienes donados
Valor de los bienes
Cuota íntegra
Régimen especial de trabajadores autónomos
Depósito en cuenta corriente
Nombre comercial
Domicilio fiscal
Consejo de administración
Presunción iuris tantum
Dueño
Documentos de cotización
Alta en el RETA
Tasación pericial contradictoria
Procedimiento de comprobación de valores
Incremento de valor

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 40/1998 de 9 de Dic (IRPF y otras Normas Tributarias) DEROGADO PARCIALMENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 295 Fecha de Publicación: 10/12/1998 Fecha de entrada en vigor: 01/01/1999 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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