Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/976/2006 de 25 de Octubre de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 25 de Octubre de 2007
  • Núm. Resolución: 00/976/2006

Resumen

Dictada en su día resolución económico-administrativa que implicaba, no sólo la retroacción de actuaciones, sino la realización de nuevas comprobaciones inspectoras, éstas forman parte del mismo procedimiento inspector y están sometidas a sus exigencias de duración máxima, ya que la ejecución de la resolución se llevó a cabo y se consumó con la retroacción. No obstante, la reclamación en vía económico-administrativa y dicha resolución produjeron su propio efecto interruptivo de la prescripción que no cabe desconocer.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 25 de octubre de 2007 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central interpuesta por ..., S.L. con C.I.F.: ..., y en su nombre y representación por Doña ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., frente al Acuerdo dictado en fecha 9 de febrero de 2006 por la Inspectora Coordinadora de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por el que se practica la liquidación del Impuesto sobre Sociedades, períodos 1996, 1997, 1998 y 1999, resultando una deuda tributaria a ingresar de 1.010.921,149 €.

                                            ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-
En fecha 21 de febrero de 2001 se ordenó la carga en Plan de Inspección de la sociedad ..., S.L. a fin de efectuar actuaciones de comprobación e investigación de carácter general, por el concepto Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1996 a 1999, comunicándose a la interesada el inicio de actuaciones en 2 de marzo de 2001.

En fecha 24 de septiembre de 2001, la Inspección de los Tributos de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en ... incoó a la reclamante acta A02 nº ... por el concepto Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1996, 1997, 1998 y 1999, emitiéndose el preceptivo informe ampliatorio. En el acta se hacía constar, en síntesis, lo siguiente: Que la sociedad debía considerarse como una entidad de mera tenencia de bienes, debiendo tributar en régimen de transparencia fiscal. Que en consecuencia, se modificaba el régimen de tributación a Transparencia Fiscal, derivándose de ello las correspondientes imputaciones a los socios. Que ello suponía la exclusión del derecho al disfrute del beneficio fiscal que suponía la Reserva para Inversiones en Canarias. Que el tipo de gravamen aplicable era el general del 35%. En el acta se proponía liquidación de la que resultaba una deuda tributaria total por importe de 141.061.666 pesetas (847.797,69 €), de las que 128.089.414 pesetas (769.832,88 €) correspondían a cuota y 12.972.252 pesetas (77.964,8 €) a intereses de demora.

Presentadas en 18 de octubre de 2001 alegaciones por la interesada, el Inspector Regional dictó el 25 de febrero de 2002 acuerdo de liquidación confirmando la propuesta contenida en el acta. El acuerdo fue notificado el 4 de marzo de 2002.

SEGUNDO.- Disconforme con el acuerdo anterior, la interesada interpuso en fecha 19 de marzo de 2002 reclamación económico-administrativa nº ... ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, alegando, en síntesis, la procedencia de la aplicación de la Reserva para Inversión en Canarias, la improcedencia de su consideración como sociedad de mera tenencia de bienes y la existencia de una irregularidad en el procedimiento inspector, por cuanto que no se había aplicado el efecto de la corrección monetaria en las ventas de inmovilizado material consistentes en inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo 15.11 de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades.

Y en fecha 17 de marzo de 2005, este Tribunal Central dictó Resolución en la anterior reclamación acordando "ESTIMARLA EN PARTE, anulando la liquidación impugnada, que deberá calcularse de nuevo de acuerdo con lo expuesto en el Fundamento de Derecho Sexto."  

TERCERO.-
En fecha 16 de diciembre de 2005, la Dependencia Regional de Inspección incoó a la reclamante acta de disconformidad A02 nº ... por el impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1996, 97, 98 y 99, emitiéndose asimismo informe ampliatorio. En el acta, además de recogerse nuevamente las regularizaciones practicadas en el acta A02 nº ..., se hacía constar que la fecha de inicio de actuaciones inspectoras era el 7 de julio de 2005, que se habían extendido diligencias en fechas 2 de septiembre, 4 de noviembre y 16 de diciembre de 2005 y que el acta se extendía en ejecución del fallo del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 17 de marzo de 2005, procediéndose a calcular la corrección monetaria, resultando la misma de 2.512.952 ptas (15.103,15 €) a disminuir de la base imponible del ejercicio 1999.

En 28 de diciembre de 2005, la interesada presentó escrito reiterando sus alegaciones relativas a la procedencia de la RIC y la improcedencia del régimen de transparencia fiscal.

Y en fecha 9 de febrero de 2006, notificado en 13 de febrero de 2006, la Inspectora Coordinadora de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de ... dictó Acuerdo de liquidación confirmando la propuesta contenida en el acta incoada, practicando liquidación definitiva de la que resultaba una deuda a ingresar por importe de 1.010.921,14 euros de los que 764.546,78 euros correspondían a cuota y 246.374,36 euros a intereses de demora.

CUARTO.- Mediante escrito presentado en 10 de marzo de 2006 la interesada ha interpuesto la presente reclamación económico-administrativa frente al anterior acuerdo de liquidación. Puesto de manifiesto el expediente, ha presentado escrito en 20 de julio de 2006 en el que alega, en síntesis, lo siguiente: Que, a la vista de la Resolución del Tribunal Central, lo procedente era una ejecución de fallo, debiendo la inspección, de acuerdo con el  artículo 66 del RD 520/2005, de 13 de mayo, notificar el acto resultante de la ejecución en el plazo de un mes, de forma que, al no haberlo hecho, el efecto, de acuerdo con el artículo 104 de la Ley 58/2003, era la caducidad del procedimiento debiéndose anular el acuerdo de liquidación y archivarse las actuaciones. Que el Tribunal no instó a la inspección a realizar nuevas actuaciones o en su caso a retrotraer las actuaciones, en cuyo caso sería de aplicación el artículo 150.5 de la Ley 58/2003 y la Inspección debería en todo caso haber practicado la nueva liquidación en un plazo máximo de 6 meses, y no de 7 meses y seis días (computados desde 7 de julio de 2005 hasta 13 de febrero de 2006) como hizo.

                                                  FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-
Concurren en la presente reclamación económico-administrativa los requisitos de legitimación, competencia y formulación en plazo que son presupuesto para su admisión a trámite.

SEGUNDO.- La cuestión planteada se centra en determinar si el acto de ejecución ha respetado los plazos establecidos en la normativa y, en su caso, los efectos de su incumplimiento. No procede entrar a conocer nuevamente sobre las cuestiones reiteradas por la interesada sobre la improcedencia del régimen de transparencia fiscal y la procedencia de la aplicación de la Reserva para Inversiones en Canarias, al ser cuestiones ya resueltas y confirmadas por este Tribunal Central en su Resolución de 17 de marzo de 2005, habiendo adquirido en esta vía fuerza de cosa juzgada.

TERCERO.- Alega la interesada en primer lugar la improcedencia de la realización de nuevas actuaciones inspectoras.

Como ha quedado reseñado, este Tribunal Central en su Resolución de fecha 17 de marzo de 2005 recaída en la reclamación económico-administrativa nº 1332-02 R.G. acordó "ESTIMARLA EN PARTE, anulando la liquidación impugnada, que deberá calcularse de nuevo de acuerdo con lo expuesto en el Fundamento de Derecho Sexto".

En dicho Fundamento de Derecho se indicaba lo siguiente: "Finalmente se plantea la cuestión de si procede aplicar la corrección monetaria del artículo 15.11 de la Ley 43/1995 a los inmuebles vendidos por la interesada, en concreto, a los 22 apartamentos propiedad de la misma, pertenecientes al complejo turístico .... El citado artículo establece que: A los efectos de integrar en la base imponible las rentas positivas obtenidas en la transmisión de elementos patrimoniales de inmovilizado material o inmaterial, se deducirán hasta el límite de dichas rentas positivas, el importe de la depreciación monetaria producida desde el día l de enero de 1983 calculada conforme a las siguientes reglas: .... Posteriormente la Ley 40/1998 ha dado una nueva redacción a este artículo limitando su aplicación a los bienes inmuebles. De este artículo se deduce que la corrección monetaria resulta efectivamente aplicable en el caso de los apartamentos indicados, al tratarse de elementos patrimoniales de inmovilizado material, incluidos como tales en el Balance de la entidad, debiendo estimarse las pretensiones de la reclamante relativas a esta cuestión".

El artículo 15.11 de la Ley 43/1995 establecía lo siguiente: "11. A los efectos de integrar en la base imponible las rentas positivas obtenidas en la transmisión de elementos patrimoniales del inmovilizado material que tengan la naturaleza de bienes inmuebles, se deducirá el importe de la depreciación monetaria producida desde el día 1 de enero de 1983, calculada de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Se multiplicará el precio de adquisición o coste de producción de los bienes inmuebles transmitidos y las amortizaciones acumuladas relativas a los mismos por los coeficientes que se establezcan en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

b) La diferencia entre las cantidades determinadas por la aplicación de lo establecido en la letra anterior se minorará en el valor contable del elemento patrimonial transmitido.

c) La cantidad resultante de dicha operación se multiplicará por un coeficiente determinado por:

a') En el numerador: los fondos propios.

b') En el denominador: el pasivo total menos los derechos de crédito y la tesorería.

Las magnitudes determinantes del coeficiente serán las habidas durante el tiempo de tenencia del elemento patrimonial transmitido o en los cinco ejercicios anteriores a la fecha de la transmisión, si este último plazo fuere menor, a elección del sujeto pasivo.

Lo previsto en esta letra no se aplicará cuando el coeficiente sea superior a 0,4."

En las tres diligencias extendidas en el curso de las actuaciones inspectoras iniciadas a raíz del fallo de este Tribunal Central se recogía que: 1) al objeto de la ejecución del mismo se solicitaba información relativa al cálculo de la depreciación monetaria aplicable a la enajenación de los reseñados 22 apartamentos, consistente en la fecha e importe de adquisición de los dos apartamentos adquiridos en virtud de Auto de adjudicación en remate en el Procedimiento n° ..., importe de las amortizaciones contabilizadas en los distintos ejercicios de tenencia de los inmuebles enajenados y con relación a los mismos, importe de las siguientes magnitudes durante el tiempo de tenencia de los inmuebles: Fondos propios, Pasivo total, Derechos de crédito y tesorería; y documentación contable que acreditara las cantidades de los apartados anteriores (diligencia de 2 de septiembre de 2005): 2) la aportación de la documentación por la interesada (diligencia de 4 de noviembre de 2005), 3) el cálculo en base a dichos datos de la corrección del artículo 15.11 (diligencia de 16 de diciembre de 2005).

Pues bien, a la vista del artículo 15.11 de la Ley 43/1995, del tenor del mismo resulta que su aplicación exigía que la inspección contara con determinada documentación en poder de la interesada de la que no disponía la inspección, en cuanto en sus actuaciones no modificó el resultado contable de la interesada. Esa documentación, como se ha dicho en poder de la interesada, sólo se podía requerir en el curso de actuaciones inspectoras que, por ello, debían realizarse, y todo como consecuencia del fallo de este Tribunal. Sin embargo, considera este Tribunal que para ello no era necesario el inicio de un nuevo procedimiento de comprobación e investigación. Es decir, la Resolución ordenando la aplicación del artículo 15.11 suponía en este supuesto la retroacción de las actuaciones inspectoras al objeto de que la inspección, en sus facultades de comprobación e investigación ejercidas en el ámbito de las actuaciones inspectoras seguidas contra la entidad iniciadas en su día, obtuviera la documentación necesaria para la correcta aplicación del artículo 15.11 de la Ley 43/1995, como ordenaba este Tribunal; actuaciones a las que, por tanto, al tratarse de una retroacción, no les era de aplicación la nueva normativa contenida en la Ley 58/2003 y, en concreto, el plazo de seis meses del artículo 150.3 de la citada Ley invocado por la interesada, sino la Ley 230/1963 General Tributaria, en la redacción dada a la misma por la Ley 25/1995 y Ley 1/1998. Y esta última normativa se respetó en todo caso ya que si bien la inspección formalmente inició nuevas actuaciones cuando lo procedente era la retroacción de las existentes, en todo caso su actuación fue conforme a la normativa aplicable a dicha retroacción. Así, deben distinguirse en el presente supuesto dos momentos:

El primero, cuando la Inspección notificó a la interesada el inicio de las actuaciones, cumpliendo así (con la matización que se acaba de hacer arriba) lo dispuesto por este Tribunal. En este primer momento nos encontramos aún dentro del ámbito de la revisión en vía económico-administrativa, al que, por lo mismo, no le son aplicables los plazos que contempla el RGIT, tal como lo ha señalado este Tribunal y el propio Tribunal Supremo, que en Sentencia de 6 de junio de 2003 dice así: "No ha lugar a plantear la prescripción sobre la base de la injustificada paralización de las actuaciones de la Inspección de los Tributos, en relación a la adopción de los actos de ejecución de las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativo y órganos jurisdiccionales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 31,4 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, porque la doctrina jurisprudencial reiterada y completamente consolidada, sobre la interpretación de este precepto, se refiere a la injustificada paralización de las actuaciones de la Inspección de los Tributos, a partir del momento de iniciación de su actividad de comprobación e investigación, hasta la notificación del acto resolutorio del expediente incoado, pero no al retraso en que los órganos competentes de la Inspección de Hacienda puedan incurrir en la ejecución de las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos y órganos Jurisdiccionales, ejecución que se regula en el primer caso en el Reglamento de Procedimiento de las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por Real Decreto 1999/1981, de 20 de agosto, vigente en el caso de autos, y en el segundo por la Ley de 27 de diciembre de 1956, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, también vigente en el caso de autos, y porque, además, cuando los órganos competentes de la Inspección de los Tributos ejecutan una resolución de un Tribunal Económico-Administrativo o una sentencia de un Tribunal Contencioso-Administrativo, no están propiamente ejerciendo una actividad inspectora, es decir, no se trata de una actuación de la Inspección a los efectos del artículo 31,4 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril. Este mismo criterio ha sido recogido literalmente en Sentencia del Alto Tribunal, de 30 de junio de 2004, dictada en recurso de casación en interés de Ley".   

          Un segundo momento o lapso temporal, que se extiende desde dicha notificación hasta que se dicta el acuerdo de liquidación, en que, como consecuencia de la retroacción ("inicio", según la terminología de la Inspección en este caso) de actuaciones inspectoras, nos encontramos ante un procedimiento de inspección, al que le son de aplicación los plazos del RGIT y sus normas en relación con la prescripción y su interrupción, así como -en este caso- los plazos establecidos en los apartados 1 y 3 del art. 29 de la Ley 1/1998. ("artículo 29. 1. Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos deberán concluir en el plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las mismas. No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen, por otros doce meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias (...) 3. La interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras, producida por causas no imputables al obligado tributario, o el incumplimiento del plazo a que se refiere el apartado 1, determinará que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de tales actuaciones.").

          Lo que resulta también de la Sentencia del Alto Tribunal parcialmente transcrita antes, que, refiriéndose en concreto al art. 31.4 RGIT, dice -como hemos visto- que "la doctrina jurisprudencial reiterada y completamente consolidada sobre la interpretación de este precepto, se refiere a la injustificada paralización de las actuaciones de la Inspección de los Tributos, a partir del momento de iniciación de su actividad de comprobación e investigación".

           Ello es del todo lógico, ya que otra cosa supondría que por el hecho de haber intervenido un órgano revisor existiesen unas actuaciones inspectoras no sujetas a las exigencias legales sobre los plazos de su desarrollo, interrupción y finalización. Lo cual, ciertamente, no está avalado por norma alguna.

          En el presente, las actuaciones inspectoras se desarrollaron en dos momentos: desde 2 de marzo de 2001 (comunicación de inicio) hasta 25 de febrero de 2002 (acuerdo de liquidación), y desde 7 de julio de 2005 (se comunica la reanudación de las mismas, "inicio" en términos de la inspección) hasta 9 de febrero de 2006. En total, teniendo en cuenta ambos momentos conjuntamente, resulta que la duración de las actuaciones inspectoras ha excedido del plazo máximo de doce meses que el artículo 29.1 de la Ley 1/1998 prevé por lo que, atendido el apartado 3 del citado artículo, la prescripción no se considera interrumpida como consecuencia de las actuaciones realizadas hasta la finalización del plazo de duración de las mismas, que se produce el 9 de febrero de 2006.

Pero estima este Tribunal que la prescripción no se ha producido, y ello consecuencia de la eficacia interruptora de la vía económico-administrativa iniciada por la interesada. Si bien las actuaciones inspectoras anteriores a 9 de febrero de 2006 no tuvieron eficacia interruptora de la prescripción, como ha quedado fundamentado, el procedimiento de revisión en vía económico-administrativa es un procedimiento diferente al procedimiento de inspección, no pudiéndose negar la eficacia interruptiva que el artículo 66 de la Ley General Tributaria 230/1963, en la redacción dada por la Ley 25/1995, otorga a todo lo actuado en vía económico-administrativa, al establecer que los plazos de prescripción se interrumpen por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase.

Por tanto, interrumpida por última vez en la vía económica-administrativa la prescripción en 31 de marzo de 2005, fecha en que tuvo lugar la notificación de la Resolución de este Tribunal Central a la interesada, no se aprecia prescripción alguna, dado que desde 31 de marzo de 2005 hasta 13 de febrero de 2006 no había transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años del artículo 64 de la Ley General Tributaria.

En virtud de lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL,
EN SALA, en la presente reclamación, ACUERDA: Desestimarla, confirmando el acuerdo impugnado.

Impuesto sobre sociedades
Inspección tributaria
Inmovilizado material
Procedimiento inspector
Sociedad de responsabilidad limitada
Administración Tributaria del Estado
Deuda tributaria
Intereses de demora
Rentas positivas
Reserva para Inversiones en Canarias
Elementos patrimoniales
Bienes inmuebles
Depreciación monetaria
Liquidación Impuesto sobre Sociedades
Beneficios fiscales
Actos de ejecución
Fondos propios
Acta de disconformidad
Ejecución de resolución judicial
Caducidad
Valor contable de los elementos patrimoniales
Presupuestos generales del Estado
Remate
Jurisdicción contencioso-administrativa
Actividad inspectora
Plazo de prescripción
Obligado tributario
Fecha de notificación
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