Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/977/2007 de 19 de Diciembre de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 19 de Diciembre de 2007
  • Núm. Resolución: 00/977/2007

Resumen

La sanción administrativa no era firme por haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la misma, pues puso fin a la vía administrativa y no consta la suspensión como medida cautelar adoptada por el Tribunal de Justicia competente, según el artículo 129 y siguientes de la Ley 29/1998. Por lo que se refiere al artículo 62 de la Ley 30/1992, que se dice infringido por la providencia de apremio, hay que aclarar que el procedimiento de apremio está regulado por la LGT (Ley 58/2003) y sólo con carácter supletorio son de aplicación las disposiciones generales del derecho administrativo y los preceptos del derecho común, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 de la misma. En consecuencia, no se da ninguno de los motivos de oposición a la providencia de apremio recogidos en el artículo 167 de la LGT (Ley 58/2003), puesto que la sanción no está suspendida ni anulada y fue debidamente notificada, así como la providencia de apremio, no conteniendo tampoco esta última error u omisión que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 19 de diciembre de 2007, en la reclamación económico-administrativa que pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesta en nombre y representación de ..., S.A. por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos de 22 de diciembre de 2006, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio de 72.121,45 €.

                                                ANTECEDENTES  DE  HECHO

        PRIMERO: El Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictó resolución nº ... de 20 de diciembre de 2005 (procedimiento ...), por la que se impuso a la entidad ..., S.A. una multa por importe de 60.101,21 €, por infracción de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. En la resolución se indica entre otros extremos que pone fin a la vía administrativa (art. 48.2 de la citada Ley Orgánica).

        SEGUNDO: Contra esa resolución sancionadora, notificada el 29 de diciembre de 2005, se interpuso recurso de reposición en el que además se solicitaba la suspensión del acto impugnado, adjuntando aval bancario. En resoluciones de 17 de febrero y de 21 de marzo de 2006 se desestima el recurso de reposición y la solicitud de suspensión, devolviendo el aval. Estas resoluciones fueron notificadas el 24 de febrero y el 5 de abril de 2006, respectivamente. Consta en el expediente que la entidad interesada ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la desestimación del recurso de reposición.

        TERCERO: Con fecha 17 de octubre de 2006 se notificó por parte de la Agencia Tributaria providencia de apremio nº ... por el importe total de principal más recargo de apremio del 20%, de 72.121,45 €. En la notificación de la providencia se indica que el día 6 de febrero de 2006 finalizó el plazo de pago en periodo voluntario. El representante de la entidad interesada interpuso recurso de reposición contra la providencia, solicitando su anulación, y subsidiariamente su suspensión en la parte no pagada, esto es, el recargo de apremio. El recurso y la solicitud de suspensión fueron desestimados por resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de 22 de diciembre de 2006.

        CUARTO: Disconforme con la resolución anterior, el representante de la sociedad interesada interpone la presente reclamación económico-administrativa mediante escrito de 12 de enero de 2007, para lo cual argumenta que contra la deuda originaria había interpuesto recurso contencioso-administrativo, en el que se solicitada asimismo la suspensión del acto impugnado. No obstante, se dictó la providencia de apremio que es radicalmente nula al no haber sido resuelto en la fecha en que fue dictada el citado recurso. Considera infringido al artículo 62 de la Ley 30/1992 y cita en su apoyo diversas sentencias. A la reclamación se adjunta copia acreditativa del pago del principal de la deuda, de fecha 25 de octubre de 2006.

                                                   FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

        PRIMERO
: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la cuestión planteada consiste en determinar si la providencia de apremio es conforme a derecho.

        SEGUNDO: De acuerdo con el artículo 167 de la Ley 58/2003 General Tributaria, contra una providencia de apremio sólo caben como motivos de oposición los enumerados en el mismo, esto es: a) extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago; b) solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en periodo voluntario y otras causas de suspensión; c) falta de notificación de la liquidación; d) anulación de la liquidación; e) error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la duda apremiada.

        TERCERO: El hecho de que la sanción impuesta no fuera firme, porque contra la misma se había interpuesto recurso contencioso-administrativo, no supone que no fuera ejecutiva, de acuerdo con los artículos 94, 111 y 138 de la Ley 30/1992. A este respecto, en la resolución sancionadora de 20 de diciembre de 2005 se indica que la misma pone fin a la vía administrativa. Cabe no obstante la suspensión en el caso de que el Tribunal de Justicia competente la adopte como medida cautelar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 y siguientes de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, lo que no consta en el expediente ni ha sido acreditado por la interesada.

        CUARTO: Por lo que se refiere al artículo 62 de la Ley 30/1992 que se dice infringido por la providencia de apremio, hay que aclarar que el procedimiento de apremio está regulado por Ley 58/2003 General Tributaria, y sólo con carácter supletorio son de aplicación las disposiciones generales del derecho administrativo y los preceptos del derecho común, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 de la misma. En consecuencia, no se da ninguno de los motivos de oposición a la providencia de apremio recogidos en el artículo 167 de la Ley 58/2003, puesto que la sanción no está suspendida ni anulada, fue debidamente notificada, así como la providencia de apremio, no conteniendo tampoco ésta última error o omisión que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.

        Por lo expuesto,

        ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO
-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución de la presente resolución ACUERDA: desestimarla, confirmando la providencia de apremio impugnada.

Providencia de apremio
Protección de datos
Omisión
Sanciones administrativas
Procedimiento de apremio
Realización forzosa
Recargo de apremio
Aval
Aval bancario
Pago en periodo voluntario
Falta de notificación
Jurisdicción contencioso-administrativa

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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