Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, 12216 de 07 de Agosto de 2009

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia
  • Fecha: 07 de Agosto de 2009

Normativa

Art. 63 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo.

Arts. 21 y siguientes del Decreto Foral 215/2005, de 27 de diciembre. 

 

Resumen

Solicitud de aplazamiento de pago.

Cuestión

La consultante es una entidad dedicada a la promoción de edificaciones.

Desea conocer los trámites y la documentación que debe presentar para solicitar un aplazamiento de pago del Impuesto sobre el Valor Añadido.

 

Descripción

En relación con la cuestión planteada, el artículo 63 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia (NFGT), determina que: '1. Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos. 2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las deudas tributarias cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados así como las derivadas de los tributos sobre el juego. 3. Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos previstos reglamentariamente. Así mismo se desarrollarán los supuestos y las condiciones en las que podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de las garantías y los casos en los que se podrá solicitar a la Administración tributaria que determine con carácter previo a su aportación la valoración de las mismas. 4. La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo pero no el devengo del interés de demora. Las solicitudes en período ejecutivo podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. La Administración tributaria podrá iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento de apremio durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento. No obstante, deberán suspenderse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento'. 

 

Este precepto se encuentra desarrollado en el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado mediante Decreto Foral 215/2005,  de 27 de diciembre, en cuyo artículo 21 se recoge que: '1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de los distintos tributos y demás ingresos de derecho público, podrá aplazarse o fraccionarse el pago de las deudas, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, previa solicitud de los obligados, cuando su situación económico-financiera, discrecionalmente apreciada por la Administración tributaria, les impida de forma transitoria efectuar el pago. 2. El fraccionamiento de pago, como modalidad del aplazamiento, se regirá por las normas aplicables a éste en lo no regulado específicamente. 3. La solicitud de aplazamiento sólo se tramitará si comprende, además de la deuda solicitada, la totalidad de las deudas que el deudor mantenga en periodo ejecutivo que no se encuentren ni aplazadas ni suspendidas, siempre y cuando se presente antes de que se notifique al deudor el acuerdo de enajenación de los bienes embargados'. 

 

En cuanto a la competencia para resolver las solicitudes de aplazamiento, el artículo 23 del mismo Reglamento de Recaudación prevé que: 'El Diputado de Hacienda y Finanzas determinará mediante Orden Foral el órgano competente en cada caso para resolver las solicitudes de aplazamiento, atendiendo a límites cualitativos y cuantitativos o a la naturaleza de las garantías'. Actualmente, los órganos competentes para tramitar y resolver las solicitudes de aplazamiento se encuentran regulados en la Orden Foral 593/2009, de 23 febrero (BOB de 27 de febrero de 2009).

 

A todos estos efectos, en lo que se refiere a la solicitud de aplazamiento, el artículo 24 del Reglamento de Recaudación señala que: '1. La solicitud de aplazamiento se dirigirá al Servicio de Recaudación y contendrá necesariamente los siguientes datos: a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal, domicilio fiscal del solicitante y, en su caso, de la persona que lo represente. b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento se solicita, indicando su importe, concepto y periodo. Cuando se refiera a una autoliquidación se deberá acompañar el modelo oficial de la deuda que se pretende aplazar, salvo que la solicitud se tramite por vía telemática. c) Causas que motivan la solicitud del aplazamiento, pudiéndose acompañar además los documentos o justificantes que estime oportunos en apoyo de su petición. d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento que se solicita. e) Garantía que se ofrece, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 de este Reglamento respecto de la no exigencia y dispensa de garantías. f) Orden de domiciliación bancaria del cobro de los plazos, indicando el número de código de cuenta cliente y los datos identificativos de la entidad colaboradora en la recaudación que deba efectuar el cargo en cuenta. Dicha cuenta podrá modificarse mediante solicitud remitida con al menos quince días de antelación al vencimiento del plazo correspondiente. El pago podrá domiciliarse en una cuenta que no sea de titularidad del obligado siempre que el titular de la misma autorice la domiciliación. g) Lugar, fecha y firma. h) En su caso, los documentos que establezca la Administración tributaria para acreditar la representación. 2. Cuando se ofrezca aval solidario de entidades de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, se acompañará a la solicitud el correspondiente compromiso expreso e irrevocable de estas entidades de formalizar el aval necesario si se concede el aplazamiento. 3. Cuando se ofrezcan garantías diferentes de las señaladas en el apartado anterior deberá acompañarse además la siguiente documentación: a) Valoración de los bienes ofrecidos en garantía, efectuada por empresas o profesionales especializados e independientes. b) Cuando se trate de bienes inmuebles, fotocopia de la escritura de propiedad junto con el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o bien cédula donde conste el número fijo catastral. Asimismo, se aportará certificado de cargas del Registro de la Propiedad actualizado y certificados de los acreedores del importe actual exigible de las deudas con garantía inscrita. 4. Cuando se solicite dispensa total o parcial de garantía, el peticionario deberá aportar, además, la siguiente documentación: a) Declaración del obligado tributario manifestando carecer de bienes o no poseer otros que los ofrecidos en garantía. Dicha carencia de bienes se entenderá referida, en su caso, a todas las personas físicas y jurídicas vinculadas según se determina en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades. b) Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios e informe de auditoría, si existe. c) Plan de viabilidad, caso de existir, y cualquier otra información con trascendencia económica, financiera y patrimonial que se estime pertinente y que justifique la posibilidad de cumplir el aplazamiento solicitado. d) El solicitante podrá acompañar los demás documentos o justificantes que estime oportunos en apoyo de su petición'. 

 

Con respecto a los efectos de la solicitud de aplazamiento, el artículo 25 del repetido Reglamento de Recaudación preceptúa que: '1. Cuando la solicitud de aplazamiento se presente dentro del periodo voluntario, si al término de dicho periodo no se hubiere resuelto la solicitud, se suspenderá el inicio del periodo ejecutivo, sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares que se estimen pertinentes. 2. Cuando la solicitud de aplazamiento se presente en periodo ejecutivo, no se suspenderá el procedimiento recaudatorio. En caso de presentarse ésta con anterioridad a la finalización del plazo establecido en el apartado 3 del artículo 60 de la Norma Foral General Tributaria no se iniciará la ejecución contra el patrimonio del deudor y el recargo exigible será el ejecutivo'.

 

La cuestión de las garantías se encuentra regulada en los artículos 26 y siguientes del Reglamento de Recaudación. Así, en el artículo 26 de dicho Reglamento se establece que: '1. El peticionario ofrecerá garantía en forma de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución. 2. Cuando no sea posible obtener dicho aval o certificado o si con ello se compromete seriamente la viabilidad de la empresa, se podrá admitir alguna de las siguientes garantías: - Hipoteca inmobiliaria unilateral. - Hipoteca mobiliaria unilateral. - Prenda con o sin desplazamiento unilateral. - Cualquier otra que se estime suficiente. 3. Se considerará garantizada la deuda, cuando estando ésta en periodo ejecutivo se haya realizado con relación a ella anotación preventiva de embargo de bienes en un Registro Público de valor suficiente a juicio del órgano de recaudación competente para su aceptación'.

 

A lo que el artículo 27 del mismo Reglamento añade que: '1. La garantía deberá cubrir el importe de la cuota o sanción pendiente, más el 25 por 100 de dicha cantidad, además de todos los intereses de demora exigibles, incluso los del aplazamiento que se conceda, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes. 2. En el caso de que la garantía consista en aval solidario de entidades de crédito, sociedades de garantía recíproca o certificado de seguro de caución y la deuda se encuentre en periodo voluntario de pago el importe a garantizar se limitará a la cuota o sanción pendiente más el 10 por 100 de dicha cantidad, más los intereses que correspondan según lo dispuesto en el párrafo siguiente. Cuando el aplazamiento tenga una duración superior a dos años, el importe de los intereses de demora del aplazamiento a garantizar se limitará, tanto en periodo voluntario como en ejecutivo, al periodo de dos años. 3. En el caso de garantía distinta de la del apartado anterior y cuando el aplazamiento tenga una duración superior a cinco años, el importe de los intereses de demora del aplazamiento a garantizar se limitará al periodo de cinco años. 4. Tratándose de fraccionamientos, podrán aportarse sendas garantías parciales por cada uno de los plazos. En tal caso, cada garantía cubrirá los importes correspondientes a cada fracción de acuerdo con los apartados anteriores. 5. A los únicos efectos de cuantificar la garantía, se tomará como tipo aplicable para el cálculo de los intereses de demora el vigente a la fecha de concesión del aplazamiento'.

 

Mientras que en el artículo 28 del repetido Reglamento se indica que: '1. La garantía deberá formalizarse en el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo de concesión, cuya eficacia estará condicionada a su prestación. Este plazo podrá ampliarse hasta tres meses por el órgano competente para aceptar las garantías, previa solicitud razonada del interesado cuando se justifique la existencia de motivos que impidan su formalización en dicho plazo. 2. Transcurridos estos plazos sin formalizarse la garantía quedará sin efecto el acuerdo de concesión, produciéndose los efectos previstos en el artículo 34 de este Reglamento. 3. Las garantías serán liberadas una vez comprobado el pago total de la deuda. Cada garantía parcial podrá liberarse cuando se haya satisfecho la deuda por ella garantizada. 4. La suficiencia jurídica y económica de las garantías será apreciada por el Servicio de Asesoría Jurídica. 5. La aceptación, sustitución y cancelación de las garantías a que se refiere el apartado 2 del artículo 26 será competencia del titular de la Subdirección de Recaudación'.

 

No obstante lo anterior, en el artículo 29 del Reglamento de Recaudación se dispone, con respecto a la no exigibilidad de garantía, que: '1. Con carácter general no se exigirá al deudor la prestación de garantía para el aplazamiento de deudas cuando el importe total pendiente de las mismas no supere 10.000 euros. Este importe podrá ser modificado por Orden Foral del Diputado de Hacienda y Finanzas. 2. No se exigirá garantía para los aplazamientos de pago de deudas en periodo voluntario, siempre que no existan otras deudas sin garantizar para el mismo contribuyente y se cumplan los siguientes requisitos: - Se trate de plazos máximos improrrogables de seis meses y deudas no superiores a 250.000 euros. - Se trate de plazos máximos improrrogables de doce meses y deudas no superiores a 100.000 euros. La no exigibilidad de garantía podrá condicionarse a la solvencia del deudor para hacer frente al aplazamiento solicitado que será apreciada por la jefatura del Servicio de Recaudación. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a las deudas que correspondan a cantidades retenidas o que hubieran debido retener a terceros. 3. El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas podrá dispensar, total o parcialmente, con las condiciones que en cada caso se establezca, la prestación de garantías cuando de la declaración presentada, de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del apartado 4 del artículo 24 de este Reglamento, se haya comprobado por la Administración tributaria la inexistencia o insuficiencia de bienes o derechos para prestarlas. La concesión del aplazamiento con dispensa de garantías en los términos previstos en el párrafo anterior comportará el seguimiento y control de la inexistencia o insuficiencia de bienes para constituir las garantías. En todo caso, en la medida en que lo permita la evolución futura de dicha situación, el deudor vendrá obligado a la prestación de las garantías en su momento dispensadas. En particular, si durante la vigencia del aplazamiento se repartiesen beneficios o se procediese a la devolución de capital, habrá de constituirse garantía para el pago de las obligaciones pendientes con la Administración tributaria. El beneficiario del aplazamiento de pago con dispensa de garantía quedará obligado, durante el periodo a que aquél se extienda, a comunicar a la Administración tributaria cualquier variación económica o patrimonial que le permita garantizar la deuda. (...)'.

 

La resolución de la solicitud se regula en el artículo 31 del Reglamento de Recaudación, en virtud del cual: '1. Las solicitudes de aplazamiento deberán resolverse en el plazo máximo de dos meses. En aquellos supuestos en que se solicite al interesado la aportación de documentación o información adicional, el plazo de resolución será ampliado por el periodo de tiempo que haya durado dicho trámite. Transcurrido el plazo máximo sin que haya recaído resolución se podrá entender denegada la misma. 2. Las resoluciones de concesión de aplazamientos señalarán los requisitos a los que en cada caso se condicione su eficacia. La resolución contendrá los plazos y la domiciliación de los mismos en la cuenta bancaria que haya señalado el obligado al pago en la solicitud del aplazamiento. El vencimiento del plazo coincidirá con los días 5 ó 25 de cada mes o día hábil posterior. La resolución podrá señalar plazos y condiciones distintos a los solicitados. 3. Si la resolución fuese denegatoria y se hubiese solicitado el aplazamiento en periodo voluntario de pago, la deuda deberá pagarse en los plazos establecidos en la letra b) del apartado 1 del artículo 60 de la Norma Foral General Tributaria. Si el aplazamiento se hubiese solicitado en el periodo a que se refiere el apartado 3 del artículo 60 de la Norma Foral General Tributaria, se le dará un plazo de cinco días, a fin de que pueda realizar el ingreso de la deuda incluido el recargo ejecutivo, sin que en este plazo sea exigible el recargo de apremio. 4. La notificación de la concesión o denegación se efectuará en el domicilio fiscal del solicitante o en el que éste haya indicado a efectos de notificación. No obstante, en el caso de concesión, si ésta se efectúa con los mismos plazos y por cuantías no superiores a las señaladas en la solicitud, podrá iniciarse el cobro de los plazos mediante el cargo en la cuenta de domiciliación, con anterioridad a la fecha de la efectiva notificación del acuerdo. 5. Cuando se produzca la concurrencia de varios obligados solidarios por la misma deuda, la concesión de aplazamiento a uno de ellos únicamente producirá efectos respecto del obligado particularmente afectado por dicha circunstancia. No obstante, previa solicitud del obligado al que se le aplaza la deuda, cuando el pago de la misma quede suficientemente garantizado, la jefatura del Servicio de Recaudación podrá acordar la suspensión del procedimiento recaudatorio respecto de alguno o todos los demás obligados solidarios'.

 

Finalmente, los artículos 30, 32, 33 y 34 del referido Reglamento de Recaudación, abordan cuestiones referidas a la tramitación del procedimiento, a la cancelación anticipada, al cálculo de intereses y a las consecuencias de la falta de pago de las cantidades aplazadas o fraccionadas, respectivamente.

 

De otro lado, aun cuando no se trata de un aplazamiento, el artículo 39 del Reglamento de Recaudación recoge que: '1. Las deudas se podrán extinguir mediante compensación, a través de un sistema de cuenta corriente tributaria, con los requisitos y condiciones que se establezcan por Orden Foral del Diputado de Hacienda y Finanzas. El procedimiento para acogerse al sistema de cuenta corriente tributaria se iniciara mediante solicitud del obligado tributario, que se resolverá discrecionalmente en el plazo de los dos meses siguientes a su presentación, entendiéndose denegada la misma si la Administración tributaria no resuelve expresamente en dicho plazo. 2. La aplicación del sistema de cuenta corriente en materia tributaria determinará que la totalidad de los créditos y débitos tributarios que deban acogerse al mismo se computen para la liquidación de la cuenta, con efectos desde el día en que tenga lugar el vencimiento del plazo de ingreso de la deuda tributaria o en el que se acuerde la correspondiente devolución derivada de la normativa del tributo. 3. Los créditos y débitos que deban ser objeto de anotación no serán exigibles individualizadamente durante la vigencia de la cuenta corriente tributaria, sino únicamente por el saldo resultante de la misma tras la liquidación'. Este sistema de cuenta corriente tributaria se encuentra actualmente desarrollado mediante la Orden Foral 2.186/2009, de 30 de julio.

 

La contestación a la presente consulta únicamente tiene carácter informativo, al no haberse consignado en la pregunta los antecedentes y circunstancias del caso con la suficiente amplitud y claridad, tal y como se exige en el artículo 85 de la ya mencionada NFGT.

 

Embargo de bien
Aval
Obligado tributario
Intereses de demora
Deuda tributaria
Seguro de caución
Entidades de crédito
Sociedad de garantía recíproca
Impuesto sobre el Valor Añadido
Procedimiento de apremio
Vencimiento del plazo
Realización forzosa
Domicilio fiscal
Fraccionamientos de pago
Número de identificación fiscal
Tramitación telemática
Entidades colaboradoras
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Bienes inmuebles
Registro de la Propiedad
Cuentas anuales
Informe de auditoría
Persona física
Impuesto sobre sociedades
Derecho real de prenda
Hipoteca mobiliaria
Hipoteca inmobiliaria
Anotación preventiva de embargo
Prenda
Cuenta corriente tributaria
Solvencia del deudor
Pago de las obligaciones
Días hábiles
Cuentas bancarias
Recargo de apremio
Cancelación anticipada
Consecuencia de falta de pago
Cuenta corriente
Plazo de ingreso de la deuda tributaria
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