Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, 12415 de 05 de Octubre de 2010

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia
  • Fecha: 05 de Octubre de 2010

Normativa

Resumen

Incapacidad permanente parcial y exención del Impuesto especial sobre determinados medios de transporte.

Cuestión

El 25 de julio de 2007, el consultante sufrió un accidente de trabajo, por el que estuvo de baja hasta el 29 de febrero de 2008, fecha en la que se reincorporó a su puesto. Mediante resolución de la Dirección Provincial de Vizcaya  del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 24 de julio de 2008, se le declaró afecto de lesiones no invalidantes con derecho a percibir una indemnización de 2.760 euros. De esta indemnización debía hacerse cargo la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con la que la empresa para la que trabaja tiene cubiertas estas contingencias. El consultante recurrió dicha resolución y, tras ser desestimada su pretensión por parte de la citada Dirección Provincial, interpuso demanda ante el Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao, mediante la que solicitó que se le reconociera una incapacidad permanente parcial como consecuencia de las lesiones sufridas. Esta demanda también le fue desestimada, tras lo cual interpuso recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, quien finalmente le reconoció la incapacidad solicitada, y condenó a la mutua antes señalada a abonarle una indemnización equivalente a 24 mensualidades. Con posterioridad a este reconocimiento judicial de su incapacidad, el compareciente ha matriculado a su nombre un vehículo automóvil y ha autoliquidado e ingresado el correspondiente Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Desea saber si tiene derecho a aplicar la exención regulada en el artículo 66.1 d) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y a solicitar, por tanto, la devolución del impuesto satisfecho.

Descripción

En relación con la cuestión planteada en el escrito de consulta, es de aplicación el artículo 66 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (LIIEE), relativo a las exenciones en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, donde se establece que: '1. Estará exenta del impuesto la primera matriculación definitiva de los siguientes medios de transporte: (...) d) Los vehículos automóviles matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1º Que hayan transcurrido al menos cuatro años desde la matriculación de otro vehículo en análogas condiciones. No obstante, este requisito no se exigirá en supuestos de siniestro total de los vehículos, debidamente acreditado. 2º Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos 'inter vivos' durante el plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de su matriculación. (...) 2. La aplicación de las exenciones a que se refieren las letras a), b), c), d), f), i) y k) del apartado anterior estará condicionada a su previo reconocimiento por la Administración tributaria en la forma que se determine reglamentariamente. En particular, cuando se trate de la exención a que se refiere la letra d) será necesaria la previa certificación de la minusvalía o de la invalidez por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o por las entidades gestoras competentes'.

 

Este precepto se encuentra desarrollado en los artículos 135 a 137 del Reglamento de Impuestos Especiales (RIIEE), aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio. Así, en el primero de ellos, en el artículo 135 de este RIIEE, se recoge que: 'La aplicación de los supuestos de no sujeción a que se refieren los párrafos 7º y 8º del apartado 1 a) del artículo 65 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y de los supuestos de exención a que se refieren los párrafos a), b), c), d), f), i) y k) del apartado 1 del artículo 66 de la misma Ley, estará condicionada a su previo reconocimiento por la Administración tributaria conforme a lo dispuesto en el presente Título. La matriculación definitiva del medio de transporte estará condicionada a la acreditación ante el órgano competente en materia de matriculación del referido reconocimiento previo de la Administración tributaria'. 

 

Mientras que el artículo 136 de este mismo RIIEE añade que: 'A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, las personas o entidades a cuyo nombre se pretenda efectuar la primera matriculación definitiva del medio de transporte, presentarán, con anterioridad, ante la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal, un escrito, sujeto al modelo que determine el Ministro de Economía y Hacienda, solicitando la aplicación de tales supuestos. En dicho escrito se hará constar, como mínimo, el nombre, Número de Identificación Fiscal y domicilio fiscal del solicitante, la clase, marca y modelo del medio de transporte que se pretende matricular y el supuesto de no sujeción o de exención cuyo reconocimiento se solicita'.

 

Finalmente, el artículo 137 del repetido RIIEE regula que: '1. Al escrito al que se refiere el artículo anterior se acompañará copia de la ficha de inspección técnica del vehículo, o en el caso de embarcaciones o aeronaves, certificación de sus características técnicas, expedidas por el vendedor y, además, según los casos, la siguiente documentación: (...) c) Cuando se trate de vehículos automóviles que se matriculen a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, el certificado de la minusvalía o de la invalidez emitido por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o por las entidades gestoras competentes. Por la propia Administración tributaria se verificará, como requisito para el reconocimiento de la exención, que han transcurrido al menos cuatro años desde la matriculación de otro vehículo en análogas condiciones a efectos de la aplicación del tipo normal del Impuesto sobre el Valor Añadido o del disfrute de la exención en el Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte. 2. Los órganos gestores podrán requerir la presentación de cualquier otra documentación que deba obrar en poder del solicitante en razón de la no sujeción o exención cuya aplicación solicita, así como efectuar comprobaciones de los vehículos para constatar la adecuación de los mismos a su destino o finalidad'.

 

De otro lado,  el artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, prevé que: '2. A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. En todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100 los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. (...)'.

 

El desarrollo de esta normativa se encuentra en el artículo 1 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, donde se señala que: '2. Se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 %: a) Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez. b) Los pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad'. A lo que el artículo 2 de este Real Decreto 1414/2006, de 1de diciembre, añade que: '1. A los efectos de lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, el grado de minusvalía igual al 33 % se acreditará mediante los siguientes documentos: a) Resolución o certificado expedidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. b) Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. c) Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad'.

 

En este mismo sentido, el artículo 67 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (RIRPF), aprobado mediante Decreto Foral 207/2007, de 20 de noviembre, determina: '1. La condición de discapacitado a que se refieren los artículos 23 y 84 de la Norma Foral del Impuesto podrá acreditarse ante la Administración Tributaria por cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho. No obstante, la referida condición legal de persona con discapacidad se considerará acreditada cuando: a) Sea certificada por el órgano competente de la Diputación Foral, por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales o por el órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas. A este respecto no será preciso que las certificaciones estén expedidas especialmente a este efecto, siendo válido también cualquier documento expedido por los referidos órganos en el que conste, de forma indubitada, el grado de discapacidad y su relación con los baremos a que se hace referencia, respectivamente, en los artículos 23 y 84 de la Norma Foral del Impuesto. b) Se perciba prestación reconocida por la Seguridad Social o por el Régimen Especial de Clases Pasivas, como consecuencia de incapacidad permanente, siempre que para su reconocimiento se exija el grado de minusvalía o de discapacidad a que se refieren los artículos 23 y 84 de la Norma Foral del Impuesto. En particular, se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en el caso de pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. En todo caso, la declaración judicial de incapacidad por las causas establecidas en el Código Civil determinará la aplicabilidad de las disposiciones específicas de este Impuesto previstas a favor de las personas discapacitadas con grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100. (...)'.

 

De acuerdo con todo lo anterior, a los efectos de la exención por la que se pregunta, tienen la consideración de minusválidos las personas a las que se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100. Adicionalmente, para poder acogerse a esta exención, las citadas personas deben presentar un escrito sujeto al modelo establecido al efecto por el Diputado Foral de Hacienda y Finanzas (Modelo 05), al cual han de acompañar copia de la ficha de inspección técnica del vehículo, certificación de sus características técnicas, y certificado acreditativo de su minusvalía expedido por el órgano competente de la Diputación Foral, por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por el órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas, por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o por las entidades gestoras competentes. Atendiendo a lo indicado en el artículo 67 del RIRPF, en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, y en el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, de cara obtener el reconocimiento previo de la exención, la minusvalía igual o superior al 33% puede ser acreditada por los pensionistas de la Seguridad Social mediante la resolución por la cual se les reconozca su condición de pensionistas por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. De modo que, a estos efectos, no basta con acreditar el reconocimiento de la condición de pensionista por incapacidad permanente parcial.

 

Por otra parte, el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, establece que: '1. Se considerarán mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social las asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas. 2. A efectos de la presente Ley y de acuerdo con lo establecido en la misma, la colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprenderá las siguientes actividades: a) La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. b) La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la presente Ley. Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se regirán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en sus normas reglamentarias de desarrollo. c) La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. d) Las demás actividades, prestaciones y servicios de seguridad social que les sean atribuidas legalmente (...)'.

 

De donde se desprende que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social son asociaciones empresariales, sin ánimo de lucro, que se configuran como entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social, con competencia en materia de contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, entre otras.

 

En el supuesto planteado, el contribuyente tiene reconocida una incapacidad permanente parcial mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por la que ha percibido una indemnización a tanto alzado de la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con la que la empresa para la que trabaja tiene cubiertas estas contingencias. Sin embargo, no consta que pueda acreditar que padece un grado de minusvalía superior o igual al 33% mediante certificado expedido por el órgano competente de la Diputación Foral, por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, o por el órgano correspondiente de otra Comunidad Autónoma. Por ello, en la medida en que para poder entender acreditado el porcentaje de discapacidad legalmente exigido mediante el reconocimiento de la condición de pensionista de la Seguridad Social, es necesario que se trate de pensiones por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, debe indicarse que la sentencia que se aporta (acreditativa de una incapacidad permanente parcial) no resulta suficiente para considerar probada la condición de minusválido del compareciente a los efectos de lo dispuesto en el artículo 66.1 d) de la LIIEE. Asimismo, procede señalar que, toda vez que, según se manifiesta en el escrito presentado, el vehículo en cuestión ha sido ya adquirido y matriculado, no se ha cumplido respecto al mismo el requisito fijado en el artículo 66.2 de la LIIEE, de obtener el previo reconocimiento de la exención por parte de la Administración tributaria. 

 

Discapacidad
Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte
Impuestos especiales
Incapacidad permanente
Minusvalía
Discapacitados
Grado de minusvalía
Incapacidad
Gran invalidez
Prestación de jubilación
Incapacidad permanente parcial
Mutuas de accidentes
Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional
Domicilio fiscal
Accidente laboral
Incapacidad permanente total
Automóviles de turismo
Reconocimiento judicial
Devolución de impuestos
Medios de transporte
Siniestro total
Número de identificación fiscal
Inspección técnica del vehículo
Aeronaves
Embarcaciones
Impuesto sobre el Valor Añadido
Medios de prueba
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Modelo 05. Impuesto medios de transporte
Responsabilidad mancomunada
Sin ánimo de lucro
Prevención de riesgos laborales
Servicios de prevención
Prestación económica
Incapacidad temporal
Contingencias de accidentes de trabajo
Contingencias comunes
Ánimo de lucro
Entidades colaboradoras
Indemnización a tanto alzado

Real Decreto 1165/1995 de 7 de Jul (Reglamento de los Impuestos Especiales) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 179 Fecha de Publicación: 28/07/1995 Fecha de entrada en vigor: 01/10/1995 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Real Decreto 439/2007 de 30 de Mar (Reglamento del IRPF y modifica el Real Decreto 304/2004 -Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 78 Fecha de Publicación: 31/03/2007 Fecha de entrada en vigor: 01/04/2007 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Real Decreto 1414/2006 de 1 de Dic (Se determina la consideración de persona con discapacidad a efectos de la Ley 51/2003) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 300 Fecha de Publicación: 16/12/2006 Fecha de entrada en vigor: 17/12/2006 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Asuntos Sociales

RDLeg. 1/1994 de 20 de Jun (TR. de la ley general de la seguridad social) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 154 Fecha de Publicación: 29/06/1994 Fecha de entrada en vigor: 01/09/1994 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social

Ley 51/2003 de 2 de Dic (Igualdad de oportunidades, no discriminacion y accesibilidad universal de las personas con discapacidad) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 289 Fecha de Publicación: 03/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 04/12/2003 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Decreto 207/2007 de 20 de Nov Bizkaia (el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial de Bizkaia Número: 235 Fecha de Publicación: 03/12/2007 Fecha de entrada en vigor: 04/12/2007 Órgano Emisor: Departamento De Hacienda Y Finanzas

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