Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, 13515 de 05 de Marzo de 2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia
  • Fecha: 05 de Marzo de 2015

Normativa

Arts. 101 ,114 y disposición adicional primera de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre.

Arts. 4, 5 , 78 y 11 de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre.

Arts. 3 y 11 de la Norma Foral 9/1997, de 14 de octubre.

Resumen

Aportación no dineraria de rama de actividad de una cooperativa de trabajo

Cuestión

La consultante es una cooperativa de trabajo asociado que, actualmente, desarrolla varios negocios en el ámbito de dos sectores de actividad: automoción y energía. En el primero de ellos, se incluyen los negocios de troquelería, sistemas, y tecnologías 'lightweight'. Mientras que, en el segundo, la entidad ofrece soluciones integrales en materia de energías renovables, para lo cual cuenta con maquinaria y medios de producción (máquinas de estampación, robots, equipos de plasma, etc.), utillaje, mobiliario, licencias de software técnico, cuentas de clientes y proveedores, líneas de financiación con instituciones financieras, inversiones financieras en tres filiales íntegramente participadas que se dedican al desarrollo de proyectos en este ámbito, y personal altamente cualificado. La compareciente afirma que el negocio de las renovables  se encuentra individualizado dentro de su estructura organizativa. En este contexto, se está planteando la posibilidad de aportar el negocio relacionado con las energías renovables a una sociedad limitada de nueva creación íntegramente participada por ella. Según afirma, con esta aportación, conseguiría diversificar los riesgos empresariales, separando los relativos al ámbito de la automoción de los correspondientes a las energías renovables, se le facilitaría la búsqueda de recursos externos para los nuevos proyectos que pueda acometer (los cuales no se encontrarían con las limitaciones propias del marco jurídico de las cooperativas), y podría implantar una política de contratación de personal más acorde con las necesidades derivadas de las tareas que desarrolla en este ámbito (de realización de trabajos llave en mano).

Desea saber:

1) Si la operación planteada puede acogerse al régimen especial del Capítulo VII del Título VI de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

2) Y si la misma puede beneficiarse de la no sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido prevista en el artículo 7.1 de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Descripción

1) Con respecto a la primera pregunta formulada, resulta de aplicación el artículo 101 de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (NFIS), en el que se indica que: '(...) 3. Tendrá la consideración de aportación no dineraria de ramas de actividad la operación por la cual una entidad aporta, sin ser disuelta, a otra entidad de nueva creación o ya existente la totalidad o una o más ramas de su actividad, recibiendo a cambio valores representativos del capital social de la entidad adquirente. 4. Se entenderá por rama de actividad el conjunto de elementos patrimoniales que sean susceptibles de constituir una unidad económica autónoma determinante de una explotación económica, es decir un conjunto capaz de funcionar por sus propios medios. Podrán ser atribuidas a la sociedad adquirente las deudas contraídas para la organización o el funcionamiento de los elementos que se traspasan. (...)'.
El concepto de rama de actividad hace referencia a un conjunto de elementos patrimoniales que constituye una unidad económica y que permite por sí mismo el desarrollo de una explotación económica en sede de la adquirente. A estos efectos, se requiere que la actividad económica que desarrollará la entidad beneficiaria de la  aportación exista previamente en el ámbito de la aportante, de modo que pueda identificarse el conjunto de los elementos patrimoniales destinados a la misma, al ser ya individualizable dentro de su estructura organizativa. Asimismo, se permite atribuir a la sociedad beneficiaria de la operación las deudas contraídas para la organización o el funcionamiento de los elementos que se traspasen, y la tesorería directamente ligada a los mismos. Sin embargo, no se exige que se transmita la totalidad de los elementos patrimoniales mencionados, siempre y cuando los aportados permitan el desarrollo de la actividad de que se trate en condiciones análogas a como lo venía haciendo la transmitente. En definitiva, se requiere que el conjunto patrimonial que se transmite permita por sí mismo el desarrollo de una explotación económica que sea identificable tanto en sede de la entidad transmitente como de la adquirente.
La entidad consultante manifiesta que, mediante la operación proyectada, traspasará a la sociedad de nueva creación todos los activos y pasivos asociados al negocio relacionado con las energías renovables, incluido el inmovilizado financiero (las participaciones en las filiales que se dedican al desarrollo de proyectos en este ámbito, representativas del 100 por 100 de su capital social), y el personal (parte del cual trabajará para dicha entidad en comisión de servicios, al tratarse de socios trabajadores de la cooperativa).
En concreto, aportará toda la maquinaria y los medios de producción, el utillaje, el mobiliario, el inmovilizado intangible, las cuentas de clientes y proveedores, las líneas de financiación, las inversiones financieras en filiales dedicadas a la misma actividad, y el personal (parte del cual, el correspondiente a la mano de obra directa, pasará a la sociedad de nueva constitución en comisión de servicios), afectos al negocio relacionado con las energías renovables.
Además, según indica la entidad compareciente, este negocio relacionado con las energías renovables se encuentra individualizado dentro de su estructura organizativa.
En consecuencia con lo anterior, de los datos aportados, se desprende que el conjunto de  los activos y pasivos objeto de aportación forman una rama de actividad, en el sentido de lo previsto en el artículo 101.3 y 4 de la NFIS, por lo que su aportación a una entidad de nueva creación podrá acogerse al régimen especial regulado en el Capítulo VII del Título VI de la NFIS, en la medida en que se cumplan los demás requisitos exigibles para ello.
En particular, en la medida en que se cumpla las exigencias establecidas en el artículo 114 de la NFIS, en el que se indica que: '3. La aplicación del régimen establecido en el presente Capítulo requerirá que se opte por el mismo de acuerdo con las siguientes reglas: (...) b) En las aportaciones no dinerarias y en las cesiones globales de activos y pasivos, la opción se ejercerá por la entidad adquirente y deberá constar en el correspondiente acuerdo social o, en su defecto, en la escritura pública en que se documente el oportuno acto o contrato. (...) En cualquier caso, la opción a la que se refiere el presente apartado deberá comunicarse al Departamento de Hacienda y Finanzas en la forma y plazo que reglamentariamente se establezca. (...) 4. No se aplicará el régimen establecido en el presente Capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. A estos efectos, se considerarán como tales las operaciones a las que resulte de aplicación lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal, siempre que la operación se encuentre en alguno de los supuestos a que se refiere el párrafo anterior de este apartado'.
Con respecto a este apartado 4 del artículo 114 de la NFIS, la Instrucción 10/2005, de 7 de octubre, de la Dirección General de Hacienda, establece, en su punto primero, que: 'a) El requisito de que la operación de reestructuración empresarial tenga 'motivos económicos válidos' es un caso particular de inaplicación de dicho régimen, dependiente del general, a saber, que el objetivo principal de la operación sea el fraude o la evasión fiscal. En consecuencia, como el requisito de que la operación de reestructuración empresarial tenga motivos económicos válidos no se considera autónomo sino un mero caso particular del supuesto general, ello significará que la inaplicación del régimen fiscal requiere, también en este supuesto, el objetivo del fraude o evasión, y al respecto, la ausencia de motivos económicos válidos únicamente sería indicio de tal fraude o evasión. b) La mención señalada en el apartado 3 del artículo 104 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, como 'la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal' debe entenderse que sólo se produce cuando hay un ánimo o finalidad de fraude o evasión fiscal'.
A estos efectos, debe tenerse en cuenta lo previsto en la disposición adicional primera de la NFIS, según la cual: 'Todas la referencias contenidas en la normativa tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia a la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, y a las demás disposiciones reguladoras del Impuesto sobre Sociedades que se derogan por parte de esta Norma Foral, se entenderán referidas a los preceptos correspondientes de esta última'. De modo que la Instrucción 10/2005, de 7 de octubre, de la Dirección General de Hacienda, mantiene su validez también tras la entrada en vigor de la nueva NFIS (aplicable a los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2014).
Consecuentemente, esta Dirección General considera que la operación proyectada podrá acogerse al régimen especial por el que se pregunta, siempre y cuando, no tengan como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal, en los términos en los que estos conceptos se definen en el artículo 114 de la NFIS y en la Instrucción 10/2005, de 7 de octubre, debiéndose entender que esta condición se cumple en las operaciones en las que no exista simulación y a las que no resulte de aplicación la cláusula antielusión del artículo 14 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
En el escrito de consulta se señala que con la reestructuración propuesta se pretende, resumidamente: a) crear una estructura organizativa más racional, que permita diferenciar los distintos negocios empresariales desarrollados por la empresa y separar sus riesgos asociados, y que, además, posibilite una gestión más independiente, eficiente y profesional de los mismos, atendiendo a sus características financieras y estratégicas propias; b) facilitar la búsqueda de recursos externos para los nuevos proyectos, evitando así las limitaciones propias del marco jurídico de las cooperativas; y c) establecer una política de contratación de personal acorde a las necesidades del negocio relacionado con las energías renovables, las cuales difieren de las propias de la cooperativa (al tratarse, según parece, de un negocio basado, en buena medida, en la realización de proyectos llave en mano).  
En principio, todos estos motivos pueden considerarse válidos a efectos de lo dispuesto en el artículo 114 de la NFIS y en la Instrucción 10/2005, de 7 de octubre, si bien ha de indicarse que la valoración del cumplimiento de este requisito exige un examen global de las circunstancias concurrentes (previas, simultáneas y, especialmente, posteriores) que no es posible realizar en fase de consulta vinculante.
Concretamente, en lo que respecta a la posibilidad de establecer una política de contratación de personal acorde a las necesidades del negocio objeto de aportación, procede tener en cuenta que las cooperativas de trabajo asociado deben mantener una determinada proporción entre el número de horas de trabajo realizadas por sus socios trabajadores, y el número de horas de trabajo llevadas a cabo por trabajadores asalariados. De manera que, si incumplen este ratio, pierden la condición de cooperativas protegidas, o especialmente protegidas. Con la nueva estructura de la que pretende dotarse la cooperativa, los asalariados que contrate la sociedad beneficiaria de la aportación no se tendrán en cuenta a efectos de este cómputo. Consecuentemente, la contratación de dichos asalariados no supondrá que la cooperativa pierda su condición de protegida, o de especialmente protegida, por este motivo. No obstante, debe tenerse en cuenta que estas contrataciones se llevarán a cabo en sede de una compañía que no gozará de los beneficios fiscales reconocidos a las cooperativas protegidas y especialmente protegidas. Motivo por el cual, no se observa la obtención de ningún beneficio fiscal que impida la aplicación del régimen especial pretendido por esta razón (por el hecho de que los asalariados que se contraten en el negocio de las energías renovables dejen de computar a efectos de la proporción que debe guardar la cooperativa entre el número de horas de trabajo realizadas por sus socios trabajadores, y el número de horas de trabajo llevadas a cabo por trabajadores asalariados, ya que los mismos serán contratados en sede de una compañía que no disfrutará de los beneficios que se reconocen a las cooperativas protegidas, y especialmente protegidas).
Adicionalmente, con la operación propuesta se pretende, también, facilitar la búsqueda de recursos externos para nuevos proyectos, de forma que éstos no se encuentren con las limitaciones propias del marco jurídico de las cooperativas.
A este respecto, si lo que se pretende es sólo facilitar la entrada a nuevos socios en el negocio mediante la realización de ampliaciones de capital de la sociedad receptora del mismo, no cabrá, en principio, poner ningún reproche a la reestructuración proyectada por este motivo.
No obstante, si la finalidad principal de la operación por la que se pregunta fuera facilitar la mera desinversión (total o parcial) en el negocio que, hasta la fecha lleva a cabo la cooperativa consultante de forma directa, con la ventaja fiscal añadida de que la plusvalía generada pueda acogerse a la exención regulada en el artículo 34 de la NFIS, sin que la compareciente reinvierta el importe así obtenido en la financiación, directa o indirecta, de nuevos proyectos empresariales, la reestructuración por la que se pregunta podría verse afectada por lo dispuesto en los artículos 14 ó 15 de la NFGT.
Por último, aun cuando no haya sido objeto de consulta expresa, esta Dirección General considera que, en un supuesto como el planteado, debe traerse a colación lo previsto en la Norma Foral 9/1997, de 14 de octubre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, cuyo artículo 3 declara que: 'Serán consideradas como cooperativas protegidas, a los efectos de esta Norma Foral, aquellas entidades que, sea cual fuere la fecha de su constitución, se ajusten a los principios y disposiciones de la Ley de Cooperativas de Euskadi o, en su caso, de la Ley de Cooperativas aplicable, y no incurran en ninguna de las causas previstas en el capítulo IV del presente título'.
En el citado Capítulo IV de la Norma Foral 9/1997, de 14 de octubre, se regula la pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida. Así, con relación a las causas de pérdida de esta condición, el artículo 11 de la citada Norma Foral 9/1997, de 14 de octubre, establece que: 'Será causa de pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida incurrir en alguna de las circunstancias que se relacionan a continuación: (...) 9. Participar la cooperativa, en cuantía superior al 25 por 100, en el capital social de entidades no cooperativas. No obstante, dicha participación podrá alcanzar el 50 por 100 cuando se trate de entidades que realicen actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia cooperativa. El conjunto de estas participaciones no podrá superar el 50 por 100 de los recursos propios de la cooperativa. El Director General de Hacienda podrá autorizar, mediante resolución escrita y motivada y previa solicitud, participaciones superiores, sin pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida, en aquellos casos en los que se justifique que tal participación coadyuva al mejor cumplimiento de los fines sociales cooperativos y no supone una vulneración de los principios fundamentales de actuación de estas entidades. Transcurridos tres meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la resolución expresamente a la cooperativa, se entenderá otorgada la autorización. (...)'.
De donde se deduce que una cooperativa pierde su condición de fiscalmente protegida cuando ostenta participaciones superiores al 25% en el capital social de entidades no cooperativas. No obstante, este límite se amplía hasta el 50%, para el caso de que las entidades participadas realicen actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia cooperativa.
Sin embargo, el Director General de Hacienda puede autorizar, mediante resolución escrita y motivada, previa solicitud del interesado, participaciones superiores en entidades no cooperativas, sin pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida, en aquellos casos en los que se justifique que tales participaciones coadyuvan al mejor cumplimiento de los fines sociales cooperativos, y no suponen ninguna vulneración de los principios fundamentales de actuación de estas entidades (de las cooperativas). Transcurridos tres meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la resolución expresa a la misma, se considera otorgada.
De modo que, en el supuesto planteado, la cooperativa consultante deberá solicitar esta autorización.
 
2) Con respecto a la segunda cuestión planteada, el artículo 4 de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (NFIVA), preceptúa que: 'Uno. Estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen. Dos. Se entenderán realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional: a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles, cuando tengan la condición de empresario o profesional. b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que determinan la sujeción al Impuesto. (...)'.
A lo que el artículo 5 de la misma NFIVA añade que: 'Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Norma Foral se reputarán empresarios o profesionales: a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo. (...) b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario. (...) Dos. Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas. (...)'.
Adicionalmente, el artículo 8 de esta misma NFIVA determina que: 'Uno. Se considerará entrega de bienes la transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales, incluso si se efectúa mediante cesión de títulos representativos de dichos bienes. (...) Dos. También se considerarán entregas de bienes: (...) 2. Las aportaciones no dinerarias efectuadas por los sujetos pasivos del Impuesto de elementos de su patrimonio empresarial o profesional a sociedades o comunidades de bienes o a cualquier otro tipo de entidades y las adjudicaciones de esta naturaleza en caso de liquidación o disolución total o parcial de aquéllas, sin perjuicio de la tributación que proceda con arreglo a las normas reguladoras de los conceptos «actos jurídicos documentados» y «operaciones societarias» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (...)'.
Mientras que el artículo 11 de la misma NFIVA prevé que: 'Uno. A los efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, se entenderá por prestación de servicios toda operación sujeta al citado tributo que, de acuerdo con esta Norma Foral, no tenga la consideración de entrega, adquisición intracomunitaria o importación de bienes. (...) Dos. En particular se considerarán prestaciones de servicios: (...) 4. Las cesiones y concesiones de derechos de autor, licencias, patentes, marcas de fábrica y comerciales y demás derechos de propiedad intelectual e industrial. (...)'.
En consecuencia con todo lo anterior, la transmisión de los activos tangibles e intangibles por la que se pregunta, estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, en concepto de entrega de bienes (en lo que respecta a los bienes corporales) y de prestación de servicios (en lo que se refiere a los elementos incorporales).
No obstante, en un supuesto como el planteado, también debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 7 de la repetida NFIVA. Así, el apartado 1 de este artículo 7 de la NFIVA, en su redacción vigente a la fecha de presentación de la consulta, señala que: 'No estarán sujetas al impuesto: 1º La transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios, con independencia del régimen fiscal que a dicha transmisión le resulte de aplicación en el ámbito de otros tributos y del procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado cuatro, de esta Norma Foral.  (...) A los efectos de lo dispuesto en este número, resultará irrelevante que el adquirente desarrolle la misma actividad a la que estaban afectos los elementos adquiridos u otra diferente, siempre que se acredite por el adquirente la intención de mantener dicha afectación al desarrollo de una actividad empresarial o profesional. En caso de que los bienes y derechos transmitidos, o parte de ellos, se desafecten posteriormente de las actividades empresariales o profesionales que determinan la no sujeción prevista en este número, la referida desafectación quedará sujeta al impuesto en la forma establecida para cada caso en esta Norma Foral. Los adquirentes de los bienes y derechos comprendidos en las transmisiones que se beneficien de la no sujeción establecida en este número se subrogarán, respecto de dichos bienes y derechos, en la posición del transmitente en cuanto a la aplicación de las normas contenidas en el artículo 20, apartado uno, número 22.o y en los artículos 92 a 114 de esta Norma Foral. (...)'.
La redacción actual de este artículo 7.1 de la NFIVA supone la adecuación de los supuestos de no sujeción correspondientes a las transmisiones globales del patrimonio empresarial a la jurisprudencia comunitaria. Básicamente, supone su adaptación a lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su Sentencia de 27 de noviembre de 2003 (Asunto C-497/01), en la que señaló que: '40. Habida cuenta de esta finalidad, el concepto de «transmisión, a título oneroso o gratuito o bajo la forma de aportación a una sociedad, de una universalidad total o parcial de bienes»  debe entenderse en el sentido que comprende la transmisión de un establecimiento mercantil o de una parte autónoma de una empresa, con elementos corporales y, en su caso, incorporales que, conjuntamente, constituyen una empresa o una parte de una empresa capaz de desarrollar una actividad económica autónoma, pero que no comprende la mera cesión de bienes, como la venta de existencias'.
Por tanto, lo determinante de cara a la aplicación de la no sujeción objeto de consulta es que los bienes y derechos que se transmiten puedan ser considerados como integrantes de una unidad económica autónoma, o de una parte diferenciada de una empresa, capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios. Se trata, en terminología del TJUE, de la transmisión de elementos corporales y, en su caso, incorporales que constituyen una empresa, o una parte autónoma de una empresa, pero que no comprende la simple entrega de bienes y/o derechos aislados.
De modo que, partiendo de que la entidad beneficiaria de la aportación tiene intención de mantener la afectación del patrimonio recibido al desarrollo de una actividad empresarial, debe entenderse que la operación proyectada no quedará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, en la medida en que los activos, y pasivos en su caso, que se incluyan en ella puedan ser considerados como una unidad económica autónoma, en el sentido descrito.
De acuerdo con la información facilitada, la cooperativa consultante desea transmitir a una sociedad de nueva constitución el conjunto de los activos materiales e inmateriales necesarios para el desarrollo del negocio relacionado con las energías renovables que lleva a cabo (en cuyo ámbito ofrece soluciones integrales en materia de esta clase de energías).
En concreto, según señala, aportará los siguientes elementos relacionados con el negocio en cuestión: 1) la maquinaria, los medios de producción, el utillaje y el mobiliario; 2) las licencias de software técnico; 3)  las líneas de financiación; 4) las cuentas de clientes y proveedores; 5) las participaciones financieras en filiales dedicadas a la misma actividad; y 6) el personal, tanto de estructura como de mano de obra directa e indirecta (parte del cual trabajará en comisión de servicios para la nueva compañía, al tratarse de socios trabajadores de la cooperativa).
De modo que, siendo así las cosas, y a falta de otros elementos de prueba, esta Dirección General entiende que nos encontramos ante una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios, cuya transmisión puede beneficiarse de la no sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido regulada en el artículo 7.1 de la NFIVA.
Sociedad cooperativa
Energía renovable
Impuesto sobre sociedades
Fraude
Elementos patrimoniales
Impuesto sobre el Valor Añadido
Explotación económica
Evasión fiscal
Causas económicas
Contratación laboral
Aportaciones no dinerarias
Proveedores
Inversiones financieras
Socios trabajadores
Empresa de nueva creación
Cooperativa de trabajo asociado
Capital social
Actividades económicas
Prestación de servicios
Reestructuración empresarial
Entrega de bienes
Actividades empresariales
Energía
Riesgo empresarial
Sociedad de responsabilidad limitada
Pasivos asociados
Beneficios fiscales
Inmovilizado intangible
Valores representativos del capital social
Inmovilizado financiero
Trabajador por cuenta ajena
Patrimonio empresarial
Escritura pública
Acuerdos sociales
Actividades empresariales y profesionales
Sociedades mercantiles
A título oneroso
Plusvalías
Entidad participada
Comunidad de bienes

Ley 27/1999 de 16 de Jul (Cooperativas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 170 Fecha de Publicación: 17/07/1999 Fecha de entrada en vigor: 17/07/1999 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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