Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa, 26.233 de 28 de Julio de 2005

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa
  • Fecha: 28 de Julio de 2005

Normativa

ART. 76 y 86 NF8/1998
ART. 3 DF43/1998
ART. 14.3.e) y 14.1.j) OF324/2003

Resumen

IRPF 2002. DEDUCCIÓN ALQUILER VIVIENDA HABITUAL.
Se considera justificantes suficientes el contrato de arrendamiento de vivienda, prorrogado verbalmente, y los correspondientes pagos mensuales efectuados en el ejercicio analizado.
RETENCIONES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Se considera justificada suficientemente la retención practicada mediante la aportación de la factura en la que se contiene la misma, no pudiendo inadmitirse por aspectos formales de la factura.
ESTIMAR.

Descripción


**********


SESIÓN: 28 de Julio de 2005

FALLO: 26.233

En la ciudad de Donostia-San Sebastián, VISTA por el Tribunal Económico-Administrativo Foral la reclamación número 2004/0253 interpuesta por **********, con DNI **********, contra el Acuerdo de la Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de fecha 16 de marzo de 2004, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación practicada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2002.



ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- Con fecha 25 de mayo de 2004 se interpuso la presente reclamación mediante escrito en el que la parte reclamante muestra su disconformidad con el acto de referencia y solicita que se dicte resolución por la que se declare conforme a Derecho la declaración inicial que presentó en su momento, en la que incluía tanto la deducción por arrendamiento de vivienda como la retención consignada en una factura que había emitido y que el Servicio de Gestión, respecto de ambas cuestiones, ha procedido a excluir.

Así, respecto de la primera cuestión, la parte reclamante alega que aunque firmó con fecha 10 de enero de 2000 un contrato de arrendamiento de la vivienda para un periodo de 11 meses, éste fue prorrogado tácitamente por las partes y que, en el periodo impositivo que nos ocupa, procedió al pago mensual de la correspondiente renta teniendo en cuenta, asimismo, la actualización de los importes de un ejercicio a otro; mientras que, respecto de la segunda cuestión, señala que aportó la correspondiente factura en lugar del 10-T porque este documento no le había sido entregado por el retenedor, por lo que considera que no puede salir perjudicado de dicha situación cuando ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales.

Además de lo expuesto, indica que el Acuerdo impugnado en la presente instancia el órgano competente no resuelve acerca de esta segunda cuestión que había sido planteada en el recurso de reposición en clara vulneración del artículo 42 de la LRJPAC, creándole indefensión, además de entender nula la citada resolución por haber prescindido de los requisitos esenciales para su validez, por no resolver una cuestión sobre la que tenía obligación de resolver.

SEGUNDO.- Una vez obró en poder de este Tribunal el expediente administrativo, le fue puesto de manifiesto a la parte reclamante, quien con fecha 16 de septiembre de 2004 presenta escrito en el que, tras ratificar que se dicte resolución por la que se anule el acto impugnado, expone las mismas alegaciones que en el escrito inicial de interposición de la presente reclamación.

VISTO el presente procedimiento por este Tribunal en única instancia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la legislación vigente.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.- Este Tribunal es competente por razón de la materia para conocer de la presente reclamación, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas de 1 de marzo de 1996, habiendo sido interpuesta por persona legitimada y en plazo hábil con arreglo a lo previsto en los artículos 30 del citado Reglamento y 164.1 de la Norma Foral 1/1985, de 31 de enero, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la presente reclamación se impugna el Acuerdo de la Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de fecha 16 de marzo de 2004, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación practicada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2002.

TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que la parte reclamante presenta, dentro del plazo establecido para ello, la declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2002, en la cual consigna un importe de 1.394,44 euros en la casilla correspondiente a la deducción por alquiler en vivienda habitual y la cantidad de 1.070,42 euros en la casilla referida a pagos a cuenta derivados de la actividad económica, soportados en el ejercicio que nos ocupa por la parte reclamante.

Posteriormente, mediante Acuerdo adoptado con fecha 4 de noviembre de 2003, el Servicio de Gestión practica una liquidación provisional en la que, además de otras cuestiones, por un lado, excluye la deducción por alquiler en vivienda, al no quedar justificada la realidad del mismo a través del correspondiente contrato de arrendamiento, y, por otro lado, excluye la cantidad de 421,90 euros del total de las retenciones de actividades económicas, al no quedar debidamente acreditada la misma a través del correspondiente impreso 10-T.

Contra dicha liquidación, la parte reclamante interpuso con fecha 30 de diciembre de 2003 un recurso de reposición junto con el que, respecto de la cuestión referida a la deducción por alquiler en vivienda, aporta un contrato de arrendamiento formalizado con fecha 13 de diciembre de 2000, con vigencia a partir del 1 de enero de 2001 y para un periodo de 11 meses, así como un certificado bancario por el que se acreditan diversos pagos mensuales de la renta derivada del citado contrato efectuados a lo largo del año 2002; y para la acreditación de la retención excluida por importe de 421,90 euros, aporta la correspondiente factura por la que se origina la citada retención.

Finalmente, mediante el Acuerdo de la Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de fecha 16 de marzo de 2004, se desestima el citado recurso de reposición, argumentando, por un lado, en lo que respecta a la cuestión referida al alquiler de la vivienda, la falta de justificación de la existencia de un contrato verbal que alegaba la parte reclamante y, por otro lado, respecto de la factura aportada por la parte recurrente, la falta de cumplimiento por ésta de los requisitos establecidos en el artículo 3 del Decreto Foral 43/1998, de 21 de abril, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a empresarios y profesionales, siendo el citado Acuerdo impugnado en la presente instancia.

CUARTO.- A la vista de lo expuesto hasta este momento, dos son las cuestiones controvertidas que proceden ser analizadas y resueltas por este Tribunal. Así, la parte reclamante solicita, por un lado, la inclusión de la deducción por alquiler de vivienda habitual y, por otro lado, la inclusión de la retención de una determinada factura, cuestiones ambas que no le son admitidas por el Servicio de Gestión de Impuestos Directos.

Respecto de la primera de las cuestiones a analizar, esto es, la referida a la procedencia o no de la inclusión de la deducción por alquiler de vivienda habitual, sita en **********, en la calle **********, cabe señalar, por una parte, que el artículo 76 de la Norma Foral 8/1998, de 24 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la redacción vigente para el ejercicio que nos ocupa, recoge la citada deducción por alquiler de vivienda habitual, recogiendo diversos porcentajes de deducción en función de determinadas características del contribuyente y, por otra parte, que el artículo 86 de la mencionada Norma Foral 8/1998 dispone que las deducciones reguladas en este título, estarán condicionadas a la aportación de los documentos que las justifiquen. En ese sentido, el artículo 14 de la Orden Foral 324/2003, de 24 de marzo, que recoge la documentación a adjuntar a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del período 2002, señala que para la deducción por alquiler de vivienda habitual, deberá acompañarse copia del contrato de arrendamiento o subarrendamiento y justificantes de los pagos realizados al arrendador o subarrendador en concepto de alquiler.

Así, a la vista de los documentos que obran en el expediente, se observa que consta un contrato de arrendamiento de vivienda no permanente de fecha 13 de diciembre de 2000, formalizado por la parte reclamante y su cónyuge –como parte arrendataria– y ********** –como parte arrendadora–, cuya vigencia abarca desde el 1 de enero de 2001 hasta el 1 de diciembre de 2001, por un importe de 75.000 pesetas (450,76 euros) mensuales, así como un certificado de la entidad financiera BBVA en el que se constata la realización de una transferencia de la parte arrendataria a la parte arrendadora por importe de 453,64 euros durante el mes de enero de 2002 y de otras 11 transferencias mensuales entre las citadas partes cada una por importe de 465,83 euros en los siguientes meses del citado ejercicio.

La parte reclamante afirma que el contrato de arrendamiento fue prorrogado verbalmente, alegando que en la normativa del Impuesto en ningún momento se exije que éste debe ser por escrito. A este respecto, debemos señalar que, en efecto, el Código Civil prevé en su artículo 1.258 el perfeccionamiento de un contrato por el mero consentimiento, no exigiendo, por tanto, constancia escrita del mismo, y desde ese momento (e independientemente de la forma en que se haya celebrado) obliga al cumplimiento de lo expresamente pactado, así como de todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Por tanto, este Tribunal considera acreditada la existencia del contrato de arrendamiento, objeto de discusión a efectos de este Impuesto, cuyo cumplimiento se demuestra mediante la entrega del correspondiente pago mensual del precio estipulado en el mismo a cambio del uso y disfrute de la vivienda objeto de alquiler, por lo que, en consecuencia, procede incluir la deducción por alquiler de vivienda –tal como solicita la parte reclamante–, al cumplirse los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable para el presente supuesto y que le dan derecho al mismo.

QUINTO.- Por otro lado, en relación con la cuestión referida a la exclusión por parte del Servicio de Gestión de una determinada retención que incluye la parte reclamante en su declaración del Impuesto porque la factura con la que justifica dicha retención no cumple los requisitos exigidos en el artículo 3 del Decreto Foral 43/1998, de 21 de abril, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales, cabe señalar que, a juicio de este Tribunal, el simple hecho de que se aprecie que una factura, desde el punto de vista formal, está incorrectamente confeccionada, porque falta algún elemento en la misma, no invalida por sí misma la presunción o apariencia de realidad que conlleva el propio documento de la factura, incluyendo, como ocurre en el presente supuesto, la retención que en la misma se consigna.

En ese sentido, la Orden Foral 324/2003, de 24 de marzo, por la que se aprueban las modalidades, modelos y formas de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el ejercicio 2002, establece –en su artículo 14.1.j)– como documentación a adjuntar a la declaración del Impuesto, el justificante de las retenciones soportadas por los contribuyentes que ejerzan actividades económicas sujetas a retención o ingreso a cuenta y, a la vista del expediente, se aprecia que consta una factura justificativa de la retención soportada por la parte reclamante sobre la que el Servicio de Gestión del Impuesto no cuestiona la retención en sí misma, sino que se limita a cuestionar los aspectos formales de la factura, no desvirtuándose, en consecuencia, mediante dato, indicio o prueba alguna la realidad de dicha retención y, dado que para la determinación de dicha cuestión resulta irrelevante la correcta o incorrecta confección de la factura de la que trae causa, no cabe, por tanto, sino concluir señalando no ajustado a Derecho, en lo que a esta cuestión se refiere, el motivo aducido por el Servicio de Gestión del Impuesto en el Acuerdo impugnado en la presente instancia.


Por todo ello, procede adoptar la siguiente






RESOLUCIÓN


ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de Tributos Concertados, en su sesión del día de la fecha, acuerda ESTIMAR la reclamación número 2004/0253 interpuesta por **********, con DNI **********, anulando el Acuerdo de la Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de fecha 16 de marzo de 2004, así como la liquidación practicada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2002 y, ordenando practicar una nueva liquidación de conformidad con el contenido de los Fundamentos de Derecho Cuarto y Quinto de la presente Resolución.
Contrato de arrendamiento
Gestión tributaria
Impuestos directos
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Deducción alquiler vivienda habitual
Actividades económicas
Arrendamiento de vivienda
Contrato de arrendamiento de vivienda
Período impositivo
Indefensión
Declaración IRPF
Vivienda habitual
Pagos a cuenta
Arrendador
Liquidación provisional del impuesto
Contrato verbal
Subarriendo
Subarrendador
Arrendatario
Entidades financieras
Perfeccionamiento del contrato
Buena fe

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados

Libros y cursos relacionados