Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa, 32.422 de 02 de Diciembre de 2015

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa
  • Fecha: 02 de Diciembre de 2015

Normativa

ART. 1, 4 y 5 NF16/1989. ART. 101 y 104 NF2/2005. Ordenanzas Fiscales del municipio de Tolosa para el ejercicio 2013.

Resumen

IIVTNU 2013 (Plusvalia). SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE LA CUOTA DEL IMPUESTO. PRESUNCIÓN ‘IURIS TANTUM’. PRUEBA. La valoración tomada en consideración en el SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE LA CUOTA DEL IMPUESTO está basada en una PRESUNCIÓN que admite PRUEBA en contrario. PRUEBA: Analizada la misma, se considera insuficiente para destruir la PRESUNCIÓN legalmente establecida. Se refiere a los valores de la vivienda en el momento de la adquisición y enajenación, pero lo relevante es que se refiera a los específicos valores del terreno en el que se asienta la misma, de los que nada se menciona y tampoco se acredita. Procedimiento y parámetros utilizados en la liquidación practicada acordes a la regulación exigida para ello. DESESTIMAR.

Descripción


GIPUZKOAKO FORU AUZITEGI EKONOMIKO-ADMINISTRATIBOA
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO FORAL DE GIPUZKOA


UDAL ZERGEN ERREKLAMAZIO ARETOA
SALA DE RECLAMACIONES DE TRIBUTOS LOCALES

**********

**********



Reclamación nº:
2014/0115.



RESOLUCIÓN Nº 32422


En Donostia/San Sebastián a 2 de diciembre de 2015.


La Sala de Tributos Locales del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa, integrada por las personas señaladas en el encabezamiento, ha aprobado la siguiente RESOLUCIÓN en la reclamación número 2014/0115, interpuesta contra el siguiente acto administrativo:

Resolución adoptada el 7 de enero de 2014 por la Alcaldía del Ayuntamiento de **********, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación nº ********** practicada por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.


Reclamante:

D.ª ********** (NIF: **********).

Reclamado:

********** (NIF: **********).





ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- Con fecha 7 de febrero de 2014 se interpuso la presente reclamación económico-administrativa contra el acto administrativo de referencia, mediante un escrito en el que la parte reclamante solicita la desestimación del mismo y que, en consecuencia, se marquen los criterios a seguir por los ayuntamientos en esta materia, evitando que en el futuro los administrados sufran situaciones similares al que aquí se plantea.

Expone, en ese sentido, que a consecuencia de la venta de su vivienda sita en la localidad de ********** el consistorio de dicho municipio le ha obligado al pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por dicha operación a pesar de que, tal como demuestran los documentos que acompañan al escrito de interposición de la presente reclamación, por la venta de la citada vivienda a la que se aplica la plusvalía ha obtenido una minusvalía superior a los 29.000 euros.

Añade que, tal como se recogió en el recurso de reposición interpuesto contra dicha actuación municipal, puede comprobarse que el valor del terreno de referencia (computado desde que adquirió dicha vivienda hasta que la vendió) ha disminuido de manera objetiva tal como reflejan los datos publicados por organismos oficiales como Eustat o el Instituto Nacional de Estadística (INE), por lo que no se produce incremento alguno del valor del terreno cuestionado y, por consiguiente, no se produce el hecho imponible del citado impuesto.

Manifiesta que, a pesar de que dicho consistorio considera razonable y lógica la solicitud planteada, se le indica que no existe una doctrina unificada al respecto. Por ello, se dirige ante este Tribunal para que se tengan en cuenta sus alegaciones, al igual que se está haciendo por los tribunales ordinarios en otras Comunidades Autónomas a este respecto.

SEGUNDO.- El 1 de abril de 2014 se concedió el preceptivo trámite de audiencia al Ayuntamiento de **********, quien mediante un escrito de alegaciones de fecha 10 de abril de 2014 solicita que se dicte una resolución desestimatoria de la reclamación presentada, confirmándose el acto impugnado.

Considera, en ese sentido, que a la vista del contenido de la vigente normativa reguladora del impuesto que nos ocupa, el consistorio está obligado a aplicar el sistema de cálculo establecido en la misma. Así, para obtener la cuota del impuesto, señala que debe tener en cuenta el valor fijado para el terreno a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, esto es, el valor catastral asignado al terreno en el momento del devengo (fecha de venta, en este caso), sin incluir el valor de la construcción, el cual es fijado por la Hacienda Foral de Gipuzkoa. Y añade, a este respecto, que la fijación de dicho valor no tiene porqué coincidir con el valor de mercado de la vivienda, y que, de hecho, el valor catastral del inmueble (suelo + construcción) es claramente inferior al valor de venta declarado por la propia interesada. En concreto, indica que en el año 2013 dicho valor catastral supone el 73,46% del valor de venta del citado inmueble.

Señala, asimismo, que resulta muy difícil, partiendo de lo declarado por la parte reclamante en relación a la transmisión de referencia, conocer una referencia valorativa objetiva debido a la multitud de circunstancias que concurren en la misma, y en ese contexto, teniendo en cuenta que la tasa del impuesto fijado por el consistorio es de un 6,49% (cuando el máximo legalmente permitido llega hasta el 15%), y que la evolución del valor del suelo en relación a la vivienda transmitida en el periodo comprendido entre los ejercicios 2003 y 2013 ha aumentado un 19,4% (inferior a un 2% anual durante dicho periodo), entiende que la cuota del impuesto no es excesiva ni tampoco desproporcionada en relación con la evolución del valor del terreno correspondiente a la vivienda transmitida.

TERCERO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y plazos previstos en la normativa vigente.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.- Este Tribunal es competente por razón de la materia para conocer de la presente reclamación, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, habiendo sido interpuesta por persona legitimada y en plazo hábil, con arreglo a lo previsto en los artículos 238 y 240 de la de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

SEGUNDO.- Del expediente administrativo resulta que el 27 de septiembre de 2013 el Ayuntamiento de ********** practicó a la aquí reclamante una liquidación en concepto del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por un importe de 1.068,66 euros, en relación con la transmisión de la vivienda ubicada en la calle ********** llevada a cabo el 6 de marzo de 2013.

Figura también que, mediante un escrito presentado el 24 de julio de 2013, la parte reclamante presentó diversas alegaciones contra la citada liquidación, las cuales resultaron desestimadas mediante la Resolución adoptada el 16 de septiembre de 2013 por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de **********.

Mediante un escrito presentado el 11 de noviembre de 2013 la parte reclamante interpuso el correspondiente recurso de reposición contra dicha actuación del mencionado consistorio, el cual resultó desestimado mediante la Resolución adoptada el 7 de enero de 2014 por la Alcaldía del Ayuntamiento de **********, siendo este último acto administrativo el objeto de la presente reclamación.

TERCERO.- A la vista de lo expuesto, la parte reclamante cuestiona el sistema de determinación de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana utilizado en la liquidación que por dicho impuesto le ha sido practicado, al considerar que en su configuración no se tienen en cuenta situaciones, como en el caso que nos ocupa, en las que eventualmente pudieran producirse disminuciones del valor del suelo, y que, por tanto, no son susceptibles de ser gravadas por este impuesto.

Señala, concretamente, que por la venta de la vivienda a la que le ha sido aplicada la plusvalía, ha obtenido una minusvalía superior a los 29.000 euros.

A consecuencia de la nueva regulación operada en materia de las Haciendas Locales a través de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre (Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa), se produjeron importantes modificaciones regulatorias en el ámbito tributario local, entre las que se vio afectado el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, alterándose cuestiones tan esenciales del mismo como, entre otros aspectos, el método de la determinación de la base imponible de dicho impuesto, en el que viene a presumirse que, ante cualquier transmisión de un terreno urbano, se produce el hecho imponible del impuesto independientemente de que se haya experimentado o no un incremento de valor de dicho terreno urbano.

Y si bien desde el inicio de la vigencia de este nuevo sistema de determinación de la base imponible de dicho impuesto ya fue objeto de múltiples críticas, puede decirse que las mismas han arreciado en la última década debido a la crisis económica en general, e inmobiliaria en particular, que ha puesto de manifiesto diversas circunstancias que han generado una importante polémica respecto a la procedencia o no, en determinados casos concretos, de la exigencia de tributación por el impuesto que nos ocupa. De entre tales circunstancias, uno de los argumentos más escuchados se refiere a la improcedencia de la exigencia de la tributación por dicho impuesto cuando el importe obtenido del bien inmueble trasmitido es inferior al que se abonó por su adquisición, cuestión de la que precisamente la parte reclamante se hace eco en la presente reclamación.

Planteada la cuestión en estos términos puede observarse, en una primera aproximación, que tanto la jurisprudencia como la doctrina referida a la misma se encuentra dividida en lo referente a cómo debe interpretarse el concepto ‘incremento del valor de los terrenos’ que constituye la base imponible del impuesto. Así, teniendo en cuenta que la determinación de la cuantía de la base imponible del impuesto descansa en un sistema objetivo, en el que se entiende que siempre concurre el hecho imponible del impuesto consistente en que se produce un incremento de valor de los terrenos cada vez que se realiza una transmisión de los mismos, una parte considera que dicho concepto debe interpretarse como una presunción ‘iuris et de iure’, esto es, establecida por ley y que no admite prueba en contrario, mientras que otra parte, a la vista de las cada vez más numerosas sentencias y artículos doctrinales que vienen publicándose recientemente, considera que puede tener cabida una interpretación en el que el alcance de dicha presunción sea de carácter ‘iuris tantum’, esto es, que admite prueba en contrario.

En esta tesitura, este Tribunal se inclina por esta última opción, esto es, por la presunción de que dicho incremento de valor constitutivo de la base imponible del impuesto pueda admitir prueba en contrario, y ello porque la propia normativa tributaria así lo impone. A este respecto hemos de señalar que el artículo 104.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, dispone que "Las presunciones establecidas por las normas tributarias pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto en los casos que expresamente se prohíba por Norma Foral", sin que se constate que en la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, ni en ninguna otra Norma Foral, exista mención expresa alguna acerca de que el incremento del valor de los terrenos transmitidos que se obtenga a través del sistema de determinación de la cuota del impuesto que nos ocupa resulte inatacable y no admita prueba en contrario.

CUARTO.- Llegados a este punto, resta por establecer o determinar qué prueba puede resultar relevante para desvirtuar la presunción establecida por la normativa en lo referente al concepto ‘incremento del valor de los terrenos’ que constituye la base imponible del impuesto.

Recordemos que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, nos encontramos ante un tributo que grava el incremento del valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto, entre otras causas, a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título.

Por tanto, es evidente que, para romper la presunción legalmente establecida en cada caso concreto y específico, la prueba debe acreditar necesariamente la efectiva inexistencia de incremento del valor del terreno afectado que se cuestiona –o, en su caso, que dicho incremento sea inferior al legalmente establecido–, de manera que en cualquiera de estas circunstancias cabría aplicar el valor del incremento efectivamente acreditado en sustitución del importe utilizado por la Administración local en su correspondiente liquidación.

En cuanto a la prueba en sí, entiende este Tribunal que, para que pueda determinarse la existencia o no de incremento del valor del terreno afectado (y, en su caso, de la cuantía del mismo), debe quedar acreditado el valor del citado terreno transmitido tanto en el momento de su adquisición como en el de su transmisión por la parte reclamante, aspectos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la ya citada Norma Foral 2/2005, le corresponde acreditar a través de cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho.

A este respecto, y a la vista de los datos obrantes en el expediente, la parte reclamante adopta una línea argumental en la que, considerando el establecimiento de una relación directa y genérica entre los precios de compra y de venta de la vivienda con los respectivos valores en cada momento del terreno en el que la misma se asienta, concluye indicando que se ha producido una minusvalía (y no un incremento) en el valor del citado terreno a lo largo del periodo temporal que une ambos momentos. Para ello acredita que el precio abonado en la adquisición de la vivienda por el que ahora se le exige la tributación del impuesto aquí cuestionado resultó ser superior al obtenido por su enajenación, y refrenda dicha circunstancia con los datos estadísticos publicados tanto a nivel autonómico como estatal referidos a los precios medios anuales de las viviendas en venta en dicho periodo temporal.

Sin embargo, hemos de señalar que aquí se están mezclando los conceptos de dos cosas distintas (el precio de la vivienda y el valor del terreno en la que la misma se asienta), y que su correlación varía en función de las concretas circunstancias que afecten en cada caso. Así, cabe indicar que en la conformación del precio de la vivienda tienen una relevante influencia cuestiones que poco o nada afectan al valor del terreno en el que se asienta (aspectos de índole personal, laboral o económico de los contratantes, estado de conservación de la propia vivienda o del edificio en el que se asienta, necesidad de realizar obras, etc.), además de que lo verdaderamente relevante en lo que aquí se cuestiona es conocer de la manera más exacta posible los respectivos valores del terreno afectado en los momentos de adquisición y enajenación del mismo, que es precisamente el objeto de tributación por este impuesto, así como la correspondiente explicación del porqué de las citadas valoraciones.

Así, en el caso que aquí se examina, si bien ha quedado acreditado por la parte reclamante que el precio obtenido por la transmisión de la vivienda ha sido inferior al que abonó por su adquisición, y que en dicho periodo se ha producido una disminución en el precio medio de todas las viviendas en venta tanto a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca como a nivel estatal, dicha prueba por sí sola no puede entenderse suficiente para desvirtuar la presunción establecida de la valoración del terreno de referencia que ha sido calculada aplicando la normativa del impuesto que nos ocupa, en tanto en cuanto ninguna mención se hace en dicha prueba a los respectivos valores reales que el terreno cuestionado tenía en los momentos de adquisición y transmisión por la parte reclamante, y con ello, de la preceptiva motivación y acreditación de la realidad de los mismos.

Tales circunstancias llevan a este Tribunal a concluir señalando que, en el caso que nos ocupa, la presunción establecida de la existencia del incremento del valor del terreno cuestionado no ha sido desvirtuada y que, por tanto, la misma debe ser ratificada.

QUINTO.- A la vista de lo expuesto, una vez confirmada la presunción de la existencia de dicho incremento del valor del mencionado terreno, queda por verificar si la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana determinada por el municipio de ********** en la liquidación que por dicho impuesto le ha sido practicado a la parte reclamante, se ajusta o no a Derecho.

Los datos relevantes tenidos en cuenta en la citada liquidación son los siguientes:

-Transmisión realizada: Bien inmueble sito en la calle ********** llevada a cabo el 6 de marzo de 2013.
- Valor del suelo: 60.986,02 euros.
- % de transmisión: 100%.
- Fecha de transmisión anterior: 29-07-2003.
- Fecha de transmisión anterior: 06-03-2013.
- Nº de años: 9.
- % anual de incremento: 3,00.
- Base imponible: 16.466,23 euros.
- Tipo impositivo: 6,49%.
- Cuota: 1.068,66 euros.

Cabe recordar que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo que, a tenor de lo establecido en el artículo 1 de la Norma Foral 16/1989 que lo regula, grava el incremento del valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto, entre otras causas, a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título.

Por lo que se refiere al sistema de determinación de la cuota de dicho impuesto, la mencionada disposición normativa dispone en sus artículos 4 y 5 la regulación tanto del procedimiento como de los criterios a tener en cuenta en la configuración del citado sistema de determinación.

Así, en lo que respecta a la determinación de la base imponible del impuesto, el artículo 4 de dicha Norma Foral 16/1989 establece en lo que aquí interesa lo siguiente:

«1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 años.
A efectos de la determinación de la base imponible habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 3.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
(…/..)

3. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en el apartado 2 anterior, se aplicará el porcentaje anual que determine cada Ayuntamiento, sin que el mismo pueda exceder de los límites siguientes:
a) Periodo de uno hasta cinco años: 3,6.
b) Periodo de hasta 10 años: 3,4.
c) Periodo de hasta 15 años: 3,1.
d) Periodo de hasta 20 años: 2,9.
Para determinar el porcentaje se aplicarán las reglas siguientes:
Primera: El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el periodo que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.
Segunda: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.
Tercera: Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla primera y para determinar el número de años por los que se han de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla segunda, sólo se considerarán los años completos que integren el periodo de puesta de manifiesto del incremento del valor, sn que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho periodo.»

Por su parte el artículo 5 de dicha Norma Foral 16/1989 establece en lo que aquí interesa lo siguiente:

«1. El tipo de gravamen del impuesto será fijado por cada Ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 15 por 100.
Dentro del límite señalado en el párrafo anterior, los Ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de gravamen o uno para cada uno de los periodos de generación del incremento de valor indicados en el apartado 3 del artículo anterior.

2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, la bonificación a que se refiere el apartado siguiente.»

Finalmente, las Ordenanzas fiscales del citado municipio para el ejercicio 2013, publicadas el 24 de diciembre de 2012, establecen como tipo de gravamen del impuesto el 6,49%.

A la vista de la regulación que se acaba de exponer puede observarse que los parámetros utilizados por el Ayuntamiento de ********** en la liquidación cuestionada se ajustan a lo establecido en dicha regulación. Cabe añadir, por otra parte, que según los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, el valor del suelo de la vivienda de referencia en el año 2013 es el que figura en la liquidación (60.986,02 euros) y que el procedimiento utilizado para la determinación de la cuota del impuesto se ajusta exactamente a lo regulado en la Norma Foral 16/1989.

Llegados a este punto, este Tribunal, como órgano revisor de las actuaciones administrativas que legalmente le han sido encomendadas, una vez verificado que tanto el sistema de cuantificación como los parámetros utilizados en la liquidación cuestionada son acordes a la regulación anteriormente expuesta, considera procedente confirmar que la misma se ajusta plenamente a Derecho, de manera que, en consecuencia, no puede ser acogida la pretensión de la parte reclamante.

Por todo ello, procede adoptar la siguiente


RESOLUCIÓN


ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de Tributos Locales, en su sesión del día de la fecha y con los asistentes que se relacionan en el encabezamiento, acuerda DESESTIMAR la reclamación número 2014/0115 interpuesta por D.ª **********, con NIF **********, confirmando la Resolución adoptada el 7 de enero de 2014 por la Alcaldía del Ayuntamiento de **********, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación nº ********** practicada por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Incremento de valor
Terrenos de naturaleza urbana
Valor del terreno
Prueba en contrario
Plusvalías
Valor catastral
Minusvalía
Discapacidad
Determinación de la base imponible
Impuestos locales
Suelo urbano
Hecho imponible del impuesto
Incremento de valor de los terrenos
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Pago de impuestos
Bienes inmuebles
Valor de mercado
Transmisión de la propiedad
Administración local
Medios de prueba
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