Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 040270 de 15 de Febrero de 2006

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 15 de Febrero de 2006
  • Núm. Resolución: 040270

Resumen

Ejecución de Resolución de este Tribunal (mediante la práctica de nuevas liquidaciones) que es objeto de impugnación ante la Jurisdicción contencioso-administrativa: ejecución procedente sin necesidad de esperar a que se dicte sentencia. SE DESESTIMA.

Cuestión

Ejecución de Resolución del TEAF, mediante la práctica de nuevas liquidaciones, aunque se impugne ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.

Contestación

Visto escrito presentado por don BBB y doña AAA, con D.N.I. números (...) y (...), respectivamente, y domicilio ambos en Pamplona, en relación con liquidaciones giradas por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los años 1993 a 1996, ambos inclusive.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante Acuerdo de este Tribunal de 30 de abril de 2003 se estimó en parte la reclamación económico-administrativa interpuesta por los interesados contra liquidaciones por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los años 1993 a 1996, ambos inclusive, derivadas de Actas suscritas en disconformidad números (...) a (...), ordenándose en dicho Acuerdo la anulación de las citadas liquidaciones y la retrotracción de las actuaciones hasta el momento del dictado de nuevo informe ampliatorio en el que habrían de contenerse determinados extremos a los que se hacía alusión en el mencionado Acuerdo. Los interesados interpusieron recurso contencioso-administrativo frente al citado Acuerdo.

SEGUNDO.- En ejecución del citado Acuerdo de 30 de abril de 2003, el Servicio de Inspección llevó a cabo las actuaciones oportunas culminando con el dictado de Resolución del Jefe de la Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido de (...) de junio de 2004, emitiéndose simultáneamente las oportunas liquidaciones. Y frente a dichos actos administrativos vienen ahora los interesados a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal mediante escrito con fecha de entrada en los registros de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de (...) de agosto de 2004, señalando que los actos de ejecución del precitado Acuerdo de (...) de abril de 2003 son nulos de pleno Derecho, al haberse dictado prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido para ello, pues el citado Acuerdo fue objeto de recurso contencioso-administrativo, lo que le priva de la firmeza precisa para poder ser ejecutado. Solicitan, pues, sean anulados los actos administrativos impugnados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal Económico-Administrativo Foral para el conocimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y artículos 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulada la reclamación en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- En modo alguno puede afirmarse que en el caso concurra la causa de nulidad de pleno Derecho prevista en el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es decir, la de haberse dictado los actos prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, pues es evidente que la Inspección siguió en la ejecución del Acuerdo de este Tribunal de 30 de abril de 2003 el trámite al efecto establecido. En efecto: como señala la Resolución de la Sección gestora, se dictó el informe ampliatorio exigido en el mencionado Acuerdo, se dio traslado del mismo a fin de que los interesados formulasen las oportunas alegaciones y finalmente se dictó resolución confirmatoria de la propuesta contenida en las actas. Es evidente, pues, que no hubo omisión alguna (ni siquiera parcial) en los trámites a seguir para la ejecución del Acuerdo de este Tribunal de 30 de abril de 2003. En este sentido, obsérvese que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido constante al exigir que para que concurra esta causa de nulidad de pleno Derecho no bastará con haber incurrido en la omisión de un trámite del procedimiento, aunque éste sea esencial, sino que será precisa la omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido para ello (vid., a este respecto, el Acuerdo de este Tribunal de 31 de julio de 2002). A estos efectos tanto da que se haya producido ausencia total del trámite oportuno como que se haya seguido un procedimiento distinto del procedente en el caso correspondiente. En esa misma línea se sitúa la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 9 de diciembre de 1992, al decir que "deberemos traer a colación la consolidada doctrina jurisprudencial en la materia relativa al contenido y alcance de la nulidad y la anulabilidad. Efectivamente, los supuestos de nulidad vienen tasados en el contenido del art. 47 de la LPA, siendo regla excepcional ?la de la nulidad? frente a la general o de anulabilidad. Y en materia de procedimiento, para que se aprecie aquélla, se requiere que se haya faltado total y absolutamente al procedimiento reglado". Y lo cierto es que en este caso, como ya se ha apuntado con anterioridad, no se observa omisión del procedimiento, ni siquiera parcial.

TERCERO.- Examinada la reclamación en su integridad, lo cierto es que no debería enfocarse por la vía del artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pues, como se ha dicho con anterioridad, no se observa en el caso omisión total del procedimiento establecido.

La cuestión se centra más bien en determinar si es posible ejecutar un acto resolutorio de recurso, estimatorio en parte de las pretensiones de los reclamantes, cuando el citado acto resolutorio ha sido impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Y en este sentido ha de concluirse que tal ejecución es perfectamente posible con base en las presunciones de validez y ejecutividad de los actos administrativos, proclamadas en los artículos 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así, el artículo 56 de la citada Ley indica que "los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa", mientras que el 57.1 dispone que "los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa". Distinto sería que se hubiera solicitado y obtenido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, pero a parte de que no consta tal suspensión, dicha solicitud habría resultado probablemente infructuosa, pues de la mera emisión de nuevas liquidaciones en ejecución de un acuerdo resolutorio de un recurso no derivan per se perjuicios de difícil o imposible reparación (que sí podrían derivar, en cambio, de la ejecución de las mencionadas liquidaciones, al tratar de ejercitar la pretensión de cobro, pero esa es cuestión totalmente distinta, que no se plantea en el presente expediente ?Acuerdo de este Tribunal de 22 de septiembre de 2004?). En suma: la Sección gestora obró en forma totalmente acomodada a Derecho al ejecutar el Acuerdo de 30 de abril de 2003, sin que resulte impedimento alguno para tal ejecución el hecho de que las actuaciones inspectoras se reiniciasen antes de que finalizase el plazo de dos meses previsto para impugnar el Acuerdo de este Tribunal ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y ello por las razones apuntadas con anterioridad.

Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por don BBB y doña AAA contra Resolución del Jefe de la Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido de (...) de junio de 2004 y subsiguientes liquidaciones, actos administrativos todos ellos dictados en ejecución de Acuerdo de este Tribunal de 30 de abril de 2003, relativo a tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los años 1993 a 1996, ambos inclusive, confirmándose en todos sus extremos los actos impugnados.

Impuesto sobre el Valor Añadido
Jurisdicción contencioso-administrativa
Omisión
Acto administrativo impugnado
Nulidad de pleno derecho
Liquidación girada
Actos de ejecución
Ejecutividad de los actos administrativos
Suspensión de la ejecución del acto
Tributación por IVA

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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