Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 4611 de 09 de Septiembre de 2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 09 de Septiembre de 2015
  • Núm. Resolución: 4611

Normativa

Artículo 66 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.   Artículo 145.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Resumen

Sanción simple por no presentación de declaración por IS de 2011. Procedente. La reclamante alega la existencia de causa de fuerza mayor que impidió esa presentación. Improcedente. Las circunstancias alegadas no pueden considerarse como un supuesto de fuerza mayor. SE DESESTIMA.

Cuestión

Sanción simple por no presentación de declaración por IS de 2011

Descripción

EXPEDIENTE 269/2014

En la ciudad de Pamplona a 9 de septiembre de 2015, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra, adopta la siguiente resolución:

Visto escrito presentado por don (…) en representación de AAA, S.L, con NIF XXX, por el que se interpone reclamación económico-administrativa contra resolución del Director del Servicio de Tributos Directos, San-ciones y Requerimientos, por la que se resuelve, en sentido desestimatorio, recurso de reposición contra sanción por la comisión de infracción tributaria simple.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-En fecha 30 de septiembre de 2013 le fue notificado a la reclamante inicio de procedimiento san-cionador por la comisión de infracción simple consistente en la falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas. En el mencionado escrito se le daba plazo le-gal de quince días para alegaciones

La reclamante presentó escrito de alegaciones en fecha 11 de octubre de 2013.

SEGUNDO.-En fecha 5 marzo de 2014 le fue notificada a la reclamante Resolución del Director del Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos de 21 de febrero de 2014, por la que se desestimaban las alegaciones presentadas y se confirmaba la sanción propuesta en el escrito de inicio del procedimiento.

TERCERO.- Mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2014, se interpuso recurso de reposición contra la precitada Resolución sancionadora

CUARTO.- Mediante Resolución, también del Director del Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Reque-rimientos de fecha 3 de junio de 2014, se desestimó el recurso planteado.

QUINTO.- Y contra dicho acto administrativo viene ahora la interesada a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal, mediante escrito con fecha de entrada en el Registro del Negociado de In-formación Pública y registro del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, solicitando la anulación del mismo y de la sanción que este viene a confirmar, aduciendo para ello las razones que estima procedentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal Económico-Administrativo Foral para el cono-cimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria (LFGT), y artículos 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, apro-bado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulado el recurso dentro de plazo y por persona debidamente legitimada y representada al efecto.

SEGUNDO.- La reclamante impugna la sanción impuesta con base en la presunta existencia de una serie de circunstancias que califica como de fuerza mayor, que le impidieron el cumplimiento de su obligación de pre-sentación de Autoliquidación por el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2011, incluso des-pués de ser requerido para ello por la administración tributaria.

En concreto, la reclamante viene a afirmar que el administrador único designado por el Juez del concurso de acreedores en el que se encontraba incursa, carecía de conocimiento alguno en materia tributaria, lo que le impidió confeccionar y por ende cumplir con su obligación de presentar la Autoliquidación, obligación esta cu-ya inobservancia fue objeto de sanción. Igualmente, afirma que, dada la circunstancia precaria que, desde un punto de vista económico tenía la reclamante, teniendo en cuenta además el contexto concursal en el que se encuentra inmersa, tampoco, según afirma, pudo contratarse un servicio externo de asesoría tributaria que le ayudara a confeccionar el precitado modelo.

Pues bien, conviene comenzar el análisis de la cuestión que nos ocupa, trayendo aquí a colación el artículo 66 de la LFGT, el cual afirma lo siguiente: “1. Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipifi-cadas y sancionadas en las leyes forales. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a títu-lo de simple negligencia.

La actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe.

Corresponde a la Administración tributaria la prueba de que concurren las circunstancias que deter-minan la culpabilidad del infractor en la comisión de infracciones tributarias.

2. En el proceso concursal los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

3. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el artícu-lo 25 de esta Ley Foral que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las le-yes forales y, en particular, las siguientes:

a) Los sujetos pasivos de los tributos, sean contribuyentes, sustitutos, retenedores u obligados a ingresar a cuenta.

b) La sociedad dominante en el régimen de declaración consolidada.

c) Las entidades en régimen de transparencia fiscal.

d) Los obligados a suministrar información o a prestar colaboración a la Administración tributaria, conforme a lo establecido en los artículos 103 y 104 de esta Ley Foral y en las normas reguladoras de cada tributo.

e) El representante legal de los sujetos obligados que carezcan de capacidad de obrar.

4. Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes forales no darán lugar a responsabilidad por in-fracción tributaria en los siguientes supuestos:

a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario.

b) Cuando concurra fuerza mayor.

c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se tomó la misma.

d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributa-rios. En particular se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el contribuyente haya pre-sentado una declaración veraz y completa y haya practicado, en su caso, la correspondiente autoliquidación, amparándose en una interpretación razonable de la norma.

e) Cuando los obligados tributarios adecúen su actuación a los criterios manifestados por la Administración tributaria en las publicaciones, comunicaciones y contestaciones a consultas en los términos establecidos en esta Ley Foral.

5. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, al regularizarse la situación tributaria de los sujetos pasivos o de los restantes obligados tributarios, se exigirá, además de la cuota, importe de la retención o in-greso a cuenta, devolución, beneficio fiscal y recargos que, en su caso, procedan, el correspondiente interés de demora.

6. Si la Administración tributaria estimase que la infracción pudiere ser constitutiva de delito contra la Hacien-da Pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo que quedará suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devo-lución del expediente por el Ministerio Fiscal.

La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción administrativa.

De no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración tributaria iniciará o continuará sus actua-ciones de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados, y se reanudará el cóm-

puto del plazo de prescripción en el punto en el que estaba cuando se suspendió el citado cómputo. Las ac-tuaciones administrativas realizadas durante el período de suspensión se tendrán por inexistentes.

7. Si la Administración tributaria estimase que el obligado tributario, antes de que se le haya notificado el ini-cio de un procedimiento de comprobación o investigación, ha regularizado su situación tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, la regularización practicada le exoneraría de su res-ponsabilidad penal, aunque la infracción en su día cometida pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, y la Administración podrá continuar con el procedimiento administrativo sin pasar el tanto de culpa a la autoridad judicial ni al Ministerio Fiscal.

Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior, resultarán aplicables cuando se sa-tisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación”

Igualmente relevante a efectos de la resolución de esta litis, resulta la invocación del artículo 1105 del Código Civil, el cual describe del siguiente modo los conceptos de caso fortuito y fuerza mayor, este &u

Fuerza mayor
Comisiones
Infracciones tributarias
Acto administrativo impugnado
Capacidad de obrar
Impuesto sobre sociedades
Obligado tributario
Juez del concurso
Administrador único
Concurso de acreedores
Buena fe
Persona física
Entidad dominante
Responsabilidad
Cumplimiento de las obligaciones
Culpa
Intereses de demora
Beneficios fiscales
Sentencia firme
Archivo de actuaciones
Plazo de prescripción
Sanciones administrativas
Sentencia de condena
Delitos contra la Hacienda Pública
Pago de la deuda tributaria
Caso fortuito
Deuda tributaria
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