Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 920405 de 16 de Marzo de 1998

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 16 de Marzo de 1998
  • Núm. Resolución: 920405

Resumen

Solicita la recurrente la improcedencia de la exigencia del recurso permanente de la Cámara de Comercio. Analiza el Órgano la constitucionalidad de dicha figura, estimándose el recurso, al concluirse que ha sido declarada inconstitucional la adscripción obligatoria a las Cámaras de Comercio.

Cuestión

Recurso permanente Cameral.

Contestación

Visto escrito presentado por Don (?) en representación de la Compañía Mercantil ?(?)?, con N.I.F. (?) y domicilio en (?) (Navarra), en relación con liquidación provisional girada por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1986.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La ahora recurrente presentó su reglamentaria declaración-liquidación (número (?)/86) por el Impuesto y año de referencia en (?) de 1987, resultando de la misma una cantidad a pagar de 7.054.371 pesetas, coincidente con la cuota líquida.

SEGUNDO.- Practicada liquidación provisional modificativa de la primitiva declaración-liquidación y tras alguna vicisitud impugnatoria que dio lugar a su rechazo en este concreto punto por la Sección gestora, viene la representación de la interesada a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (?) de 1992, argumentando cuanto estima oportuno de cara a mostrar la improcedencia de la exigencia del recurso permanente de la Cámara de Comercio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento, aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, habiendo sido interpuesto en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- Independientemente de los argumentos que expone la representación de la interesada en su escrito, es de ver que la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 16 de junio de 1994, declaró ?la inconstitucionalidad y nulidad de las Bases Cuarta y Quinta de la Ley de 29 de junio de 1911 y del artículo 1 del Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, en cuanto implican la adscripción forzosa a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación?. Y en su Fundamento Jurídico 11, y por lo que se refiere a la materia propia de nuestro examen, se dice lo siguiente: ?La inconstitucionalidad de la adscripción obligatoria priva de contenido a las dudas de constitucionalidad formuladas en relación con el ?recurso cameral?, puesto que las Salas cuestionantes condicionan estas dudas al hecho mismo de la constitucionalidad de dicha adscripción obligatoria. Y es correcto que así se haga, por cuanto, como ya ha quedado dicho, es precisamente la cualidad de elector de las Cámaras, y no la de industrial, comerciante o nauta, la que genera esta obligación patrimonial, de tal manera que ser elector y elegible implica ?ope legis? un deber de contenido económico que no puede ser artificialmente desconectado de la intervención de estas categorías de ciudadanos en la constitución de una Cámara de Comercio. Negada la constitucionalidad de la adscripción obligatoria a las Cámaras de Comercio desaparece la pertinencia de entrar en el examen de ese segundo problema?. Como consecuencia de ello, el Fundamento Jurídico 12 de esta misma Sentencia determina ?el alcance y los efectos que corresponde atribuir? al fallo y termina por establecer ?que han de considerarse situaciones consolidadas no susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia, no sólo aquellas situaciones que hayan sido definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada (art. 40.1 de la LOTC), sino también, por exigencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.º 3 de la Constitución), todas aquellas otras que no hubieran sido impugnadas en la fecha de publicación de esta Sentencia, es decir, tanto los pagos ya efectuados de cuotas no recurridas, como las devengadas y aún no pagadas, que no estén pendientes de reclamación o recurso administrativo o judicial interpuestos dentro de plazo antes de dicha fecha, a partir de la cual esta Sentencia producirá todos los efectos que le son propios?. Pero todo ello, independientemente de que se hubiera solicitado o no por el recurrente la baja en la Cámara, como indica la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 16 de septiembre de 1996, dictada en recurso de amparo en supuesto de similares características al que se somete a nuestra consideración. Por todo, ello deberá anularse la liquidación, girándose otra en la que no deberá hacerse consideración alguna acerca del dicho recurso permanente de la Cámara de Comercio.

Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar el recurso de alzada interpuesto por la representación de la Compañía Mercantil ?(?)? contra liquidación provisional girada por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1986, debiendo rectificarse en punto a recurso permanente de la Cámara de Comercio, que deberá ser eliminado.

Constitucionalidad
Liquidación provisional del impuesto
Declaraciones-autoliquidaciones
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Impuesto sobre sociedades
Cuota líquida
Acto administrativo impugnado
Comerciantes
Ope legis
Ciudadanos
Seguridad jurídica
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