Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 950105 de 01 de Septiembre de 1998

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 01 de Septiembre de 1998
  • Núm. Resolución: 950105

Resumen

Solicita el recurrente la devolución de las cuotas ingresadas previamente por el referido impuesto mediante transferencia a la Hacienda Foral de Guipúzcoa por ser ésta la competente para la exacción del impuesto dado que por la actividad de prestación de servicio de transporte que realiza la empresa, es el domicilio fiscal de la misma el punto de conexión a tener en cuenta. Se estima el recurso y se procede a la devolución solicitada ya que las operaciones realizadas deben reputarse como servicios de transporte prestados por la propia agencia y corresponde, según la normativa tributaria, la exacción del Impuesto a la Administración donde radique el domicilio fiscal de la empresa.

Cuestión

Competencia para la exacción del impuesto en caso de prestación de servicio de transporte por empresa con domicilio fiscal fuera de la Comunidad Foral.

Contestación

Visto escrito presentado por Don (?) en representación de la Compañía Mercantil (?), con C.I.F. (?) y domicilio en (?) (?), en relación con tributación por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al período impositivo 1994.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante escrito presentado en el Departamento de Economía y Hacienda en 6 de octubre de 1994 solicitó la interesada que le fuera devuelto el pago a cuenta efectuado por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al año 1994, por estimar que la exacción del Impuesto correspondería a la Hacienda Foral de Guipúzcoa. Dicha solicitud fue desestimada por Resolución de la Sección del Impuesto sobre Sociedades de 20 de enero de 1995, por entender que corresponde la tributación de la entidad a Navarra en la modalidad de ?cifra relativa?.

SEGUNDO.- Y contra dicha Resolución viene ahora la interesada a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de 22 de febrero de 1995, señalando que se dedica al transporte de carga fraccionada con medios propios y/o ajenos, para lo cual subcontrata con otros transportistas; que la agencia de transportes ocupa necesariamente la posición del transportista frente al usuario o cargador y la de la usuario o cargador frente al transportista, contratando siempre en nombre propio (artículo 120.2 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres); que, por tanto, podemos decir que la recurrente realiza una auténtica actividad de prestación del servicio de transporte, y no la de una simple comisión de transportes; que, por tanto, de conformidad con lo establecido en el Convenio, dichas operaciones dan lugar a tributación ante la Administración en cuyo territorio se halle el domicilio fiscal de la entidad. Solicita, pues, sea anulada la Resolución impugnada y atendida la solicitud de transferencia de las cantidades ingresadas a la Hacienda Foral de Guipúzcoa, por ser la competente para la exacción del Impuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, habiendo sido formulado en plazo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- Las agencias de transporte se contemplan en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, dentro del Capítulo Primero del Título Cuarto. Dicho capítulo lleva por rúbrica ?actividades de mediación?, lo que podría llevarnos a pensar que las actividades de las agencias de transporte se enmarcan en el ámbito de la clásica relación de comisión en la que el comisionista ejerce como puro y simple mediador entre transportista y cargador, contratando siempre el transporte por cuenta ajena. Sin embargo, el artículo 120.2 de la dicha Ley, encuadrado en el citado capítulo, viene a desmentir una tal primera impresión, ya que su redacción es bien clara y concluyente: ?Las agencias de transporte (...) deberán contratar en nombre propio tanto con el transportista, como con el usuario o cargador, ocupando por tanto la posición de usuario o cargador frente al transportista, y de transportista frente al usuario o cargador?. La verdad es que un precepto de tales características no es nuevo para el Derecho español, ya que el artículo 49 de la Ley de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carretera, de 27 de diciembre de 1947, dispone que las ?Agencias contratarán forzosamente con los usuarios en nombre propio, asumiendo ante éstos y ante la Administración las responsabilidades de todo orden en que puedan incurrir en relación con sus obligaciones fiscales, faltas en el servicio, incumplimiento del contrato de transporte o cobro de lo indebido, sin perjuicio de su derecho a repetir contra quien corresponda?. Al hilo de este antecedente histórico-legislativo García-Amigo sostiene que evidentemente, con este contenido, el empleo del término ?agencia? no es de lo más adecuado desde el punto de vista jurídico, mientras que la doctrina española y extranjera, así como el Derecho positivo y la Jurisprudencia comparados designan con la palabra ?agencia? un concepto que no corresponde al significado que se atribuye a la misma en el precepto antes transcrito. Agencia, desde el punto de vista técnico-jurídico, no es ni más ni menos que una relación contractual duradera en la cual el Agente tiene una posición cualificada por las notas de independencia en la organización de sus propios medios, estabilidad y permanencia en el desarrollo de su actividad y que le capacita para gestionar -y eventualmente concluir- negocios en nombre y por cuenta de otros. Pues bien: con arreglo a aquella normativa del año 1947 (y contrariamente a la caracterización del contrato de agencia en general como un contrato auxiliar) la relación que se establece entre la Agencia de transportes y el usuario de los servicios de la misma deriva de un contrato principal e independiente, de un contrato de transporte, pues las Agencias deben contratar necesariamente -?forzosamente?, según dice la Ley- en nombre propio, y como tal parte principal de la relación contractual de transporte han de responder no sólo ante los usuarios de sus servicios, sino también ante la Administración. Pues bien: tal caracterización puede predicarse también respecto de la normativa actual, ya que así como el artículo 1 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, del contrato de agencia, define dicho contrato como aquel por el que ?una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones?, ya hemos visto que el artículo 120.2 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres se aparta de dicho concepto.

TERCERO.- Lo anterior vendría a suponer que el auténtico y verdadero prestador del servicio de transporte sería la agencia de transporte, ya que no se limitaría a poner en contacto a transportista y cargador, contratando por cuenta ajena, sino que es ella misma la que asume la responsabilidad del transporte contratando por cuenta propia. Pero dicha conclusión no sólo se alcanza con el examen de la normativa sustantiva sino que también la lectura de la normativa tributaria nos conduce a idéntica solución, ya que tanto el artículo 6º.2.15 de la Ley Foral 24/1985, de 11 de diciembre, como el artículo 11.2.15º de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, establecen que se consideran prestaciones de servicios ?las operaciones de mediación y las de agencia o comisión cuando el agente o comisionista actúe en nombre ajeno. Cuando actúe en nombre propio y medie en una prestación de servicios se entenderá que ha recibido y prestado por sí mismo los correspondientes servicios?. Así viene a reconocerlo, además, la Resolución de la Dirección General de Tributos, de 29 de enero de 1987.

CUARTO.- Por tanto, habiendo de reputarse las operaciones examinadas como servicios de transporte, la exacción del Impuesto sobre Sociedades corresponde respecto de las dichas operaciones a la Comunidad Foral de Navarra cuando el domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado en territorio navarro y a la Administración del Estado cuando se halle en territorio común (artículo 19.C.2º del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, de 31 de julio de 1990).

QUINTO.- En el caso sucede que nos hallamos ante una Agencia de transportes, por lo que a la vista de lo dicho anteriormente y al tener la recurrente su domicilio fiscal en Guipúzcoa (de momento, según su propia declaración, que es el único dato con el que contamos), es competente la Hacienda Foral guipuzcoana para la exacción del Impuesto sobre Sociedades en relación con las operaciones examinadas, por lo que no corresponde el ingreso de pago a cuenta por el indicado Impuesto.





Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar el recurso de alzada interpuesto por la representación de la Compañía Mercantil (?) contra Resolución de la Sección del Impuesto sobre Sociedades, de 20 de enero de 1995, relativa a tributación por el dicho Impuesto y año 1994, declarándose la incompetencia de la Hacienda Foral de Navarra para la exacción del Impuesto sobre Sociedades respecto de las operaciones relacionadas con la actividad de agencia de transporte, por lo que habrán de adoptarse por la Sección gestora las medidas oportunas para ajustar la situación tributaria del sujeto pasivo a lo indicado en el presente Acuerdo.

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Domicilio fiscal en Gipuzkoa
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