Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 960340 de 15 de Octubre de 1999

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 15 de Octubre de 1999
  • Núm. Resolución: 960340

Resumen

Solicita el recurrente que se le consideren exentos los salarios de tramitación, percibidos por despido improcedente, resultando en el caso que fue readmitido en la empresa, y subsidiariamente solicita que le sean imputados en el período en que debieron haber sido abonados. Se desestima el recurso ya que según reiterada jurisprudencia queda fuera de toda duda el carácter salarial de los mismos, y no indemnizatorio, por lo que se encuentran sometidos a gravamen en cuanto que rendimientos de trabajo. Con respecto a la petición subsidiaria, se desestima igualmente, ya que el sujeto tuvo plazo en el ejercicio que los percibió, para notificar por que período optaba y no ejercitó dicha opción por lo que procede imputarlos cuando se cobraron.

Cuestión

1º) Tratamiento de los salarios de tramitación, supuesto de readmisión del trabajador. 2º) Imputación temporal de los mismos,

Contestación

Examinado recurso interpuesto por Don (?), con D.N.I. nº (?) y domicilio en Pamplona, en relación con tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 1992.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El ahora recurrente presentó su reglamentaria declaración-liquidación (número (?)/92) en (?) de 1993, resultando de la misma una cantidad a su favor de 70.051 pesetas.

SEGUNDO.- Habiendo solicitado posteriormente, con fecha (?) de 1995, la modificación de dicha declaración-liquidación y tras alguna vicisitud impugnatoria que dio lugar a su rechazo por la Sección gestora, viene el interesado a interponer el presente recurso ante este Organo, con fecha (?) de 1995, solicitando sean considerados como rentas exentas los salarios de tramitación percibidos por el recurrente, declarándose, en consecuencia, la improcedencia de las retenciones practicadas sobre los mismos. Subsidiariamente, caso de no estimarse el motivo anterior, solicita que los tales salarios de tramitación, devengados en el año 1992, se imputen a este período, ya que al no incluirlos el recurrente en la declaración del año 1994 había de entenderse tácitamente que se procedía a optar por su inclusión entre los ingresos de trabajo obtenidos en aquel año de 1992.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, habiendo sido formulado el recurso dentro de plazo y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- La resolución del presente recurso exige profundizar en la naturaleza de los salarios de tramitación, ya que de ello dependerá la calificación que finalmente merezcan. El artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores prevé las consecuencias de la declaración de despido improcedente, pudiendo optar el empresario por readmitir al trabajador o por abonarle determinadas cantidades que deberán venir fijadas en la sentencia que declare la improcedencia del despido. Tales cantidades son una indemnización -calculada en función del tiempo de permanencia del trabajador en la empresa- y ?una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se notifique la sentencia de la jurisdicción competente o hasta que haya encontrado otro empleo si tal colocación es anterior a dicha sentencia y se prueba por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación?. Como puede verse el propio Estatuto de los Trabajadores distingue nítidamente entre las dos cantidades que deben ser abonadas al trabajador despedido improcedentemente, designando a una con el término ?indemnización? y a la otra con la expresión ?cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir...?, lo que ya nos da una idea de que el legislador no ha querido igualar, al menos terminológicamente, ambos conceptos de abono, evitando para los salarios de tramitación el empleo del término ?indemnización?. Más bien ha de pensarse que los denominados salarios de tramitación constituyen pura y simplemente un sustitutivo de los salarios percibidos por los trabajadores en la ordinaria situación de normal desenvolvimiento de las prestaciones propias de la relación laboral: ello supone una garantía más para el trabajador en el caso de que el empleador adopte la decisión unilateral de extinguir el contrato de trabajo sin que existan razones objetivas para ello. De este modo le queda garantizado al trabajador el percibo del salario devengado durante el tiempo que penda el pleito ante los Tribunales de la jurisdicción competente, si finalmente éstos resuelven que no existían razones que pudieran motivar el despido. A tal conclusión llega también el Tribunal Supremo (Sala de lo Social) en su sentencia de 27 de mayo de 1986, subrayando ?el carácter salarial de los denominados , cuyo carácter ?se desprende de que mientras está vigente la relación contractual laboral, gozan de vigencia los derechos y obligaciones de las partes, que en lo que respecta al trabajador y en lo que afecta a sus derechos, el fundamental es el de percibir su salario, sin que quepa argumentar en contra que en los supuestos de salarios de tramitación no ha existido la correspondiente prestación de trabajo, ya que dicha inexistencia se ha ocasionado por la negativa del empleador a que se realizase en virtud del despido y, por tanto, por causa no imputable a aquél?. Y tal tesis vendría refrendada por la interpretación ?a contrario sensu? del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores que prevé que ?el despido procedente producirá la extinción del contrato (...)?, lo que induce a pensar ?que en el improcedente no se produce dicha extinción, manteniéndose vigentes los efectos de la relación laboral, al menos hasta la notificación de la sentencia en que así se acuerde, si no se procede a la readmisión, lo que evidencia su naturaleza salarial y que, por tanto, ha de cotizarse por ellos en los términos establecidos para el abono de salarios? (sentencia antes citada). En el caso sometido al Tribunal Supremo, el Alto Tribunal concluyó que los salarios de tramitación debían sufrir la oportuna retención y los descuentos por Seguridad Social. Y en cuanto al hecho de que el abono de los salarios de tramitación corresponde al Estado a partir de los dos meses a partir del momento de presentación de la demanda sin haberse dictado sentencia por la jurisdicción competente, cuando el despido finalmente se declara improcedente (artículos 56.5 del Estatuto de los Trabajadores y 116 y siguientes de la Ley del Procedimiento Laboral, además del Real Decreto 924/1982 de 17 de abril) ello en nada viene a alterar la naturaleza de los salarios de tramitación -su carácter salarial-, ya que el papel del Estado es el de una especie de sustituto del empresario en esa obligación de abono de los salarios de tramitación: se evita así que recaiga exclusivamente sobre el empresario la gravosa carga que pudieran suponer los salarios de tramitación, de prolongarse excesivamente el tiempo de sustanciación del procedimiento jurisdiccional. Es más, la obligación de abono de los salarios de tramitación en estos casos no recae directamente sobre el Estado, como en un primer momento podría pensarse, sino que es el empresario quien debe pagarlos, repitiendo después contra el Estado (artículo 116.1 de Ley de Procedimiento Laboral); y con ello queda fuera de duda el carácter salarial de los llamados ?salarios de tramitación? también en estos casos en que la carga económica es finalmente asumida por el Estado.

TERCERO.- Pero en el caso que se somete a nuestra consideración hay todavía una razón más que abona la tesis sostenida por la Sección gestora: finalmente no se produce la extinción de la relación laboral sino que el trabajador es readmitido. Obsérvese nuevamente que artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, al regular las consecuencias del despido improcedente, permite la opción entre ?las readmisión del trabajador o el abono de las siguientes percepciones económicas?. Produciéndose como se produce en el caso la readmisión del trabajador, no cabe duda de que el abono de los salarios de tramitación no persigue sino dar continuidad a la relación laboral, lo que nos induce a afirmar una vez más el carácter salarial de los rendimientos objeto de debate, ya que no consta que además de percibir los tales salarios de tramitación obtuviera cantidad alguna en concepto de ordinario salario, circunstancia que viene a confirmar que los salarios de tramitación constituyen un mero sustituto de los salarios que deberían haberse percibido durante la situación de pendencia del pleito.

CUARTO.- Abundando en la interpretación anteriormente expuesta, otras Sentencias que se pronuncian en el mismo sentido que la anteriormente citada, tales como la de 4 de julio de 1995 (Sala 3ª, Sección 4ª) en la que viene a decirse que ?subyace, pues, en el caso examinado la problemática referente a la verdadera naturaleza de los llamados , y en este punto hay que estar a lo que resulta precisamente de la última línea jurisprudencial que recoge la reciente Sentencia de la Sala de lo Social de este Tribunal, de fecha 7 de julio de 1994, que interpretando literalmente la normativa vigente llega a la conclusión de la naturaleza salarial de estos devengos. Así resulta del artículo 55.5 (sic) del Estatuto de los Trabajadores que impone al empresario la obligación de abonar los en caso de declaración de despido nulo y del artículo 56.1.b), del mismo texto legal, que expresa que la obligación empresarial se contrae a una cantidad equivalente a los salarios dejados de percibir en caso de despido improcedente, abandonando la expresión que se utilizaba en las disposiciones legales anteriores. Y también el artículo 33.1 afirma el carácter salarial de dichos devengos cuando establece la obligación del fondo de garantía salarial de abonar los salarios pendientes de pagos y, a tal efecto dice que se considera salario ?. Más adelante, dicha Sentencia recalca que ?los salarios de tramitación suponen la reconstrucción de la relación jurídica laboral, rota por el empresario, que debe efectuarse abonando la retribución que el trabajador dejó de percibir por haber sido privado injustamente de realizar su trabajo por lo que estos salarios deben tener el mismo tratamiento que los que hubieran correspondido en caso de haber realizado efectivamente su trabajo?. Nos abstendremos aquí de transcribir la citada Sentencia de 7 de julio de 1994, por ser su tenor literal prácticamente idéntico al de la Sentencia de 4 de julio de 1995. Sólo habría que remarcar que en tal Sentencia de 7 de julio de 1994 se citan como precedentes las de 9 de abril de 1984, 27 de octubre de 1986 y 22 de enero de 1988. En idéntico sentido se pronuncia la Sentencia de 1 de octubre de 1996, al decir, refiriéndose a los ya tantas veces citados salarios de tramitación, que ?no cabe olvidar que la falta de prestación de trabajo en este caso, en el período reclamado, no fue por causa imputable a los trabajadores, sino por una decisión de despido que la propia empresa reconoció improcedente en el acto de conciliación judicial, comportando esta circunstancia tanto la obligación de cotizar como el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, ante lo que disponen los artículos 33.1 y 56 del Estatuto de los Trabajadores?. Por último, la Sentencia de 21 de marzo de 1997 afirma categóricamente que ?es reiterada la jurisprudencia de esta Sala, en el sentido de que procede la cotización a la Seguridad Social por los salarios de tramitación cuando el despido ha sido declarado improcedente, en este sentido, las Sentencias de 11 de julio de 1995, 23 de abril y 29 de noviembre de 1996 y 4 de febrero de 1997. En este sentido, la Sentencia de 24 de febrero de 1995, dictada en revisión, consagró que el pago de los salarios de tramitación es una mera consecuencia de la subsistencia de la relación laboral en tanto se sustancia y decide por los tribunales competentes la controversia surgida entre las partes ya que la relación laboral no queda resuelta por el despido improcedente, sino que termina por el acto de opción del empresario, y ello, porque un despido sólo produce efectos jurídicos cuando es conforme a derecho pues en caso contrario subsiste en sus consecuencias y efectos de lo contrario se concedería virtualidad al mero despido (sic), acto unilateral del empresario para poner fin a la relación laboral, y ello únicamente se produce insistimos cuando el despido es declarado procedente?. Así que, teniendo los salarios de tramitación verdadero carácter de salarios y no indemnizatorio, ello nos conduce a la conclusión de su sometimiento a gravamen como rendimientos de trabajo.

QUINTO.- Respecto de la materia de rendimientos de trabajo devengados pero no cobrados, el art. 51.5 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, establece que ?cuando por circunstancias justificadas no imputables al sujeto pasivo los rendimientos del trabajo no pudieran percibirse en los periodos impositivos correspondientes, se imputarán al periodo impositivo en que se efectúe el cobro?; pero deja a merced de la voluntad del sujeto pasivo el imputarlos a los periodos impositivos en que dichos rendimientos fueron exigibles ?practicándose, en su caso, declaración-liquidación complementaria? y, claro está, ?sin imposición de sanciones ni recargos ni devengo de intereses de demora?. Ahora bien: el último inciso del dicho artículo 51.5 de la Ley Foral 6/1992 señala que la opción de referencia ?deberá ponerse de manifiesto a la Administración en la declaración correspondiente al ejercicio en que se efectuó el cobro?. Es decir, que en el presente caso tal opción debió haberse llevado a cabo de modo bien manifiesto en la declaración correspondiente al periodo impositivo en que se produjo ese cobro (año de 1994); y tal declaración, a presentar en plazo que finaba el 20 de junio de 1995, fue oportunamente presentada sin contener la formulación de esa opción; y tampoco se presentó en ese plazo la correspondiente declaración complementaria de 1992, lo cual hubiera bastado aun con la carencia del puro formulismo de la opción que hubiere de contenerse en la declaración de 1994. Y no puede darse pábulo a la alegación de la recurrente de que el hecho de no computar en su autoliquidación de 1994 las dichas cuantías de ?atrasos? tuviere el preciso significado de pretender su imputación al año de su exigibilidad (el de 1992), pues, en principio, el conjunto de omisiones de cómputo de esas cantidades (inicialmente, la lógica omisión en la declaración de 1992; y después la omisión en la declaración de 1994) tanto podía deberse a lo que la contribuyente señala como también (sin que ello sea prejuzgar definidamente intenciones) a un propósito de simple, llana y total omisión de tal cómputo. En definitiva, de una u otra manera la regulación de las diversas opciones ejercibles en materia tributaria viene a tener un límite temporal; y eso es justamente lo que ocurre en cuanto a la opción de que aquí se trata (y ello a pesar de que en alguna ocasión este Organo ha venido a sostener diferente postura ante similar caso), respecto de la cual la Ley del Impuesto, de modo bien preciso, establece que la opción habrá de ponerse de manifiesto a la Administración en la declaración correspondiente al ejercicio en que se efectuó el cobro de correspondientes ?atrasos? y que, por otra parte, ejercida esa opción de imputación temporal a los años de exigibilidad de los rendimientos, las correspondientes declaraciones complementarias se presentarán al mismo tiempo que aquella otra declaración en la que deba manifestarse la opción. Y ello, pues, con un sentido de carga de actividad que pesa sobre el contribuyente, de modo tal que su no realización en tiempo hábil ha de suponer justamente la caducidad de ese derecho de ejercicio de la opción.

Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar el recurso interpuesto por Don (?) en relación con tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 1992, declarándose el sometimiento a gravamen de denominados salarios de tramitación en concepto de rendimientos de trabajo así como su imputación temporal al período impositivo en que los tales fueron cobrados.
Salarios de tramitación
Despido improcedente
Pago del salario
Impago de salario
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Declaraciones-autoliquidaciones
Readmisión del trabajador
Rendimientos del trabajo
Imputación temporal
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Acto administrativo impugnado
Contrato de Trabajo
Período impositivo
Notificación de la sentencia
Extinción del contrato
Despido procedente
Relación contractual laboral
Extinción del contrato de trabajo
Despido nulo
Fondo de Garantía Salarial
Relación jurídica
Omisión
Acto de conciliación
Cotización a la Seguridad Social
Devengo de intereses
Intereses de demora
Declaración complementaria
Voluntad
Obligación de cotizar a la Seg. Social
Caducidad

RDLeg. 1/1995 de 24 de Mar (Estatuto de los Trabajadores) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 75 Fecha de Publicación: 29/03/1995 Fecha de entrada en vigor: 01/05/1995 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social

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