Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 960829 de 13 de Noviembre de 2000

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 13 de Noviembre de 2000
  • Núm. Resolución: 960829

Resumen

Solicita el interesado la declaración de prescripción del derecho de la Administración a practicar las liquidaciones o anulación de las liquidaciones practicadas, por haberse interrumpido las actuaciones inspectoras por plazo superior a seis meses. El Órgano estima la pretensión de anular las actuaciones. Señala que aunque no se produce la caducidad, en la forma de ejecución del anterior acuerdo la Inspección no se ajusta a lo establecido en el mismo por lo que procede anular las actuaciones.

Cuestión

1º) Prescripción del derecho de la Administración a practicar liquidaciones.

Contestación

Visto escrito presentado por Don (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en (?) (Navarra), en relación con liquidaciones derivadas de Actas suscritas en disconformidad por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los años 1986, 1987, 1988 y 1989.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Inspección de la Hacienda de Navarra se iniciaron actuaciones tendentes a la comprobación y, en su caso, regularización de la situación tributaria del sujeto pasivo en relación con el Impuesto y años de referencia. Habiéndose dado la oportuna tramitación a dichas actas, derivaron en las correspondientes liquidaciones, que fueron objeto de impugnación ante este Organo, quien emitió Acuerdo en 27 de octubre de 1994, en cuyo fallo vino a ordenarse "la retrotracción del expediente hasta el momento de elaboración de las Actas" en las cuales habrían de tomarse en consideración "los datos proporcionados por el contribuyente en cuanto al número de corderos nacidos vivos consignado en las solicitudes para el cobro de primas relacionadas con la actividad ganadera que desarrolla", pero con confirmación de la declaración de aplicabilidad del régimen de estimación indirecta.

SEGUNDO.- En ejecución de dicho Acuerdo vinieron a suscribirse nuevas Actas (números (?) a (?)) en disconformidad, en las que se contenían las correspondientes propuestas inspectoras. Y tras el correspondiente informe ampliatorio y las alegaciones del interesado, vino a dictarse por la Sección gestora acto administrativo confirmatorio de la propuesta inspectora en (?) de (?) de 1996, girándose a continuación las oportunas liquidaciones. Y contra todos estos actos administrativos viene ahora el interesado a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de 5 de diciembre de 1996, señalando que se habría producido en el caso interrupción de las actuaciones inspectoras por plazo superior a seis meses, con lo que se habría dado la prescripción de los derechos de la Administración en relación con la deuda tributaria del caso; que las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección en ejecución del Acuerdo del Organo de Resolución Tributaria de 27 de octubre de 1994 han hecho caso omiso de lo que en dicho Acuerdo se ordenaba; que, no obstante lo anterior, aporta otra serie de argumentos que estima pueden aprovechar a su pretendido derecho. Solicita, pues, la declaración de prescripción del derecho de la Administración a practicar las liquidaciones o, en su caso, la anulación de las liquidaciones practicadas por las razones más arriba expuestas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento, aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, habiendo sido formulado en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- A propósito de la pretensión de que se declare la prescripción del derecho de la Administración a la práctica de las liquidaciones por haber transcurrido más de seis meses desde el momento en que las Actas de Inspección se extendieron y hasta que se dictó Resolución de la Sección gestora confirmatoria de las propuestas inspectoras contenidas en las dichas Actas, ha de decirse lo siguiente. Ciertamente ha venido a señalar el Tribunal Supremo, en Sentencia que el recurrente cita, de 28 de febrero de 1996 (aunque con un muy atendible voto en contra del magistrado Alfonso Gota Losada), que el artículo 31.4.a) del Reglamento de Inspección de régimen común está contemplado no sólo lo que tradicionalmente han sido las actuaciones inspectoras propiamente dichas sino también la subsiguiente actividad de gestión liquidadora llevada a cabo por el Servicio de Inspección en relación con esas actuaciones. Y, según ello, si, iniciada una actuación inspectora antes (obviamente) de haberse producido la prescripción extintiva (o, por mejor decir, caducidad) del derecho (o, mejor, facultad) de la Hacienda Pública para determinar una deuda tributaria mediante correspondiente liquidación, se suspenden durante más de seis meses las actuaciones (en la ya dicha global consideración de las estrictamente inspectoras y de las subsiguientes de liquidación también encomendadas al Servicio), ocurrirá que, si entretanto se ha completado el plazo de cinco años de prescripción extintiva, desaparecerá aquel carácter, interruptor de ésta, que tuvo la iniciación de las actuaciones inspectoras, de suerte que, si no se han dado otros hechos interruptores, el transcurso de aquel plazo se habrá consumado y habrá llegado a alcanzarse la real y efectiva prescripción extintiva. Obviamente, todo ello resulta ser una consecuencia del empeño en encomendar a la Inspección funciones y competencias (las de practicar liquidaciones tributarias) que hasta entonces le habían sido ajenas; competencias, en fin, que, atribuidas que le fueron de modo no muy regular en un principio (Real Decreto 412/1982, de 12 de febrero, que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo), acabaron siendo definitivamente fijadas por la Ley 10/1985, de modificación parcial de la Ley General Tributaria. Ahora bien: en Navarra no se ha dado una similar atribución de esas funciones liquidadoras al Servicio de Inspección. Es decir, en Navarra se ha optado con absoluta claridad por mantener para la Inspección las estrictas funciones (de investigación y de comprobación) que tradicionalmente ha venido ostentando el Servicio, sin el añadido de funciones liquidadoras; ese designio de la normativa navarra resultaría torcido por vía de una imposible aplicación supletoria (tal como el recurrente pretende) de la específica normativa que en el Estado regula semejante materia. Problemático resultaría, por otra parte, pretender que, ante la falta de señalamiento, en la normativa de Navarra, de un plazo similar al de aquel artículo 31.4.a) del Reglamento de Inspección del Estado, hubiere de traerse al respecto (y también con carácter supletorio) la normativa procedimental general (la de Navarra o, en hipotética segunda supletoriedad, la del Estado) con plazos eventualmente más breves de ultimación de actuaciones, bien entendido que, en todo caso, la pretendida invalidez del acta aquí examinada no tendría apoyo alguno, habida cuenta de que la correspondiente normativa navarra, como se ha dicho, no aglutina en manos de la Inspección las actuaciones inspectoras y las subsiguientes actuaciones liquidadoras. Sí transcurrieron más de seis meses entre la extensión del acta y la adopción, por parte de la Sección gestora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de correspondiente Acuerdo fundamentador de la liquidación a practicar en el caso; pero ello ya no fueron actuaciones inspectoras, que se ultimaron con el acta y el informe adicional, de la misma fecha que aquélla; y, aun en el supuesto de hallarse establecido un plazo para que la Sección gestora realice sus actuaciones, estaría por ver si un tal plazo hubiere de serlo de caducidad. Por ello, no puede atenderse la solicitud del interesado en este concreto punto.

TERCERO.- Como ya se ha indicado en relato fáctico anterior, este Organo adoptó en (?) de (?) de 1994 un Acuerdo en resolución de recurso interpuesto contra liquidaciones derivadas de anteriores Actas que habían sido levantadas en relación con el Impuesto y años de referencia, Acuerdo en el que venían a acogerse parcialmente las pretensiones del interesado, de modo tal que habrían de confeccionarse nuevas Actas en las que habrían de tomarse como base para los cálculos "los datos proporcionados por el contribuyente en cuanto al número de corderos nacidos vivos consignado en las solicitudes para el cobro de primas relacionadas con la actividad ganadera que desarrolla", pero siempre dentro del ámbito del régimen de estimación indirecta, cuya aplicabilidad se confirma. Pues bien: a nuestro juicio, debió la Inspección limitarse a ejecutar el Acuerdo dictado por este Organo en (?) de (?) de 1994, que contenía unas órdenes muy concretas (y que ya se han puesto de manifiesto con anterioridad). No puede concebirse, pues, la retrotracción del expediente que se ordenaba en el meritado Acuerdo como una segunda oportunidad para la Inspección en orden a mostrar determinados aspectos que no vinieron a quedar suficientemente explicitados en las Actas e informe ampliatorio decaídos por efecto del Acuerdo de este Organo de (?) de (?) de 1994, sino que, como hemos dicho, dicha retrotracción contenía unas órdenes muy precisas para la confección de las nuevas Actas, órdenes que no han venido a ser cumplidas (obsérvese que la Inspección ha venido a alcanzar las mismas conclusiones que las que derivaban de las Actas cuyas liquidaciones fueron en su día impugnadas). Por ello, debe atenderse la pretensión del interesado en el sentido de que la Inspección habrá de atenerse a lo marcado en el Acuerdo de este Organo de (?) de (?) de 1994.

Y, en consecuencia, este Organo, en sesión cele-brada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar el recurso de alzada interpuesto por Don (?) contra liquidaciones derivadas de Actas suscritas en disconformidad por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y años 1986 a 1989 (y que se emitieron en ejecución de Acuerdo de este Organo, de (?) de (?) de 1994), de tal modo que deberán anularse cuantas actuaciones se llevaron a cabo en ejecución de dicho Acuerdo de (?) de (?) de 1994 y llevarse a cabo otras que habrán de acomodarse estrictamente a lo marcado en el reiterado Acuerdo.
Caducidad
Prescripción extintiva
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Deuda tributaria
Actividad ganadera
Estimación indirecta
Actos confirmatorios
Acto administrativo impugnado
Acta de inspección
Actividad inspectora
Liquidaciones tributarias
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