Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970387 de 20 de Noviembre de 2000

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    ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA

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Resumen

Solicita la compañía recurrente la nulidad de la liquidación por falta de los elementos motivadores de la misma, sin que quepa hablar de perentoriedad y transcurso del plazo del recurso. Se desestima el recurso, ya que la liquidación aparece adecuadamente practicada, sin ser la misma de esa clase de actos que requieran motivación con sucinta referencia de hechos y fundamentos, por lo que se señala la improcedencia de entrar a ver la cuestión de fondo por extemporaneidad del recurso.

Cuestión

Nulidad de liquidación por falta de los elementos motivadores de la misma.

Contestación

En examen de recurso interpuesto por la Compañía "(...)" a propósito de tributación por Impuesto sobre Sociedades del período impositivo cerrado en 31 de diciembre de 1994.

ANTECEDENTES DE HECHO

La Compañía recurrente efectuó autoliquidación de su deuda tributaria por el Impuesto y período impositivo de referencia mediante declaración que formuló en (?) de 1995, dándose lugar a una cuota tributaria de 2.897.598 pesetas. Por la Sección gestora del Impuesto se procedió a revisar dicha autoliquidación mediante la práctica de la correspondiente liquidación provisional, de carácter modificativo de aquélla en punto a cuantía de determinadas partidas diminutivas para fijar la base imponible de la interesada; concretamente en lo que se refiere a gastos de personal y a ajustes por operaciones de arrendamiento financiero. Y frente a ello da la empresa en interponer el presente recurso aduciendo invalidez radical del acto administrativo de liquidación tributaria por cuanto que en él se incrementó la base imponible sin hacer expresión concreta de los hechos y elementos adicionales motivadores de ese aumento; y que, así, dada la nulidad de la liquidación, no cabe hablar de perentoriedad y fatalidad del transcurso de correspondiente plazo de recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Ha de declararse por este Organo en primer lugar su competencia, por razón de la materia y de la naturaleza del acto impugnado (artículo 2.1.a. de su Reglamento), para conocer del presente recurso; éste, por otra parte, ha sido formulado por persona (la Sociedad) dotada de legitimación activa al efecto, al venir directamente afectada por el acto impugnado, y habiendo actuado mediante representación adecuada a tal objeto; y, en fin, ha de tenerse por interpuesto en tiempo hábil.

2.- La necesaria motivación de determinados actos administrativos se establece en el artículo 54 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que señala que "serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a) los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos" precepto que debe ponerse en relación con el artículo 93 de la misma Ley, referente a que la Administración Pública no iniciará ninguna actuación material que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la decisión que le sirva de fundamento jurídico. Del examen conjunto de estos preceptos debe extraerse la consecuencia de que las liquidaciones tributarias no son de la clase de actos limitativos de derechos subjetivos o intereses legítimos a que se refieren los dichos artículos 54 y 93 y que necesitan de una previa decisión que les sirva de fundamento jurídico, sino encajables en aquellos supuestos a que se refiere al artículo 58, que simplemente afectan a derechos o intereses de los sujetos pasivos sin que se produzca una auténtica constricción o limitación, vocablos que han de tomarse en la acepción que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua da, en el sentido de acción o efecto de acortar o ceñir, mientras que la función de la liquidación tributaria es la de concretar, definir cuantitativamente la deuda tributaria establecida por la Ley, siendo más propia de dicha función la expresión "delimitar", es decir, determinar o fijar con precisión los límites de una cosa. Es de ver, por otra parte, que la genérica normativa administrativa tiene su propio reflejo en la normativa específicamente tributaria; así, el artículo 28.5 del Texto Refundido de la normativa del Impuesto sobre Sociedades establece que "las liquidaciones, en todos los casos, serán notificadas al contribuyente con expresión a) De los elementos esenciales de la misma. b) De los medios de impugnación utilizables, con indicación de plazos y órganos ante los que puedan ser promovidos o interpuestos. c) Del lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria", y ello de forma similar a lo dispuesto en el artículo 124.1 de la Ley General Tributaria en su configuración vigente en la época a que se contrae la liquidación del caso. Y, así, ésta aparece adecuadamente practicada, desde un punto de vista formal, al detallar la cuantía de todos los conceptos que integran la base imponible, la de la cuota íntegra y la de todas las deducciones hasta llegar a la cuota líquida. Cabe, así, concluir que la liquidación practicada por la Administración no viene a limitar derecho preexistente alguno del contribuyente sino a definir cuál sea la cuantía de la deuda tributaria por el Impuesto y período de que se trata.

3.- En nada altera lo dicho hasta aquí el hecho de que la liquidación administrativa surja como revisora de previa autoliquidación formulada por el sujeto pasivo. Esa denominada "autoliquidación" o "liquidación a cuenta", como se denominaba en el Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 13 de agosto de 1971, que la estableció, justificando su introducción por la necesidad de agilizar la recaudación de los ingresos tributarios, no puede tener sino el carácter de declaración tributaria necesitada de posterior y auténtico acto administrativo de contraste, facultad exclusiva de la Administración. Con ello, tampoco tal autoliquidación supone el establecimiento de un derecho preexistente que viniese a ser limitado o cercenado por posterior acto administrativo de liquidación.

4.- Extremando el análisis de cuantos preceptos pudieran amparar la tesis de la recurrente, es de ver que el artículo 4.3 de las Normas de desarrollo del procedimiento tributario adoptadas por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra, de 19 de junio de 1981, establece que "el aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al sujeto pasivo con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que la motiven. Dicho acto será recurrible ante el Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria". Tal precepto encuentra su pleno sentido en modificaciones de la base imponible motivadas por la inclusión de hechos imponibles distintos de los declarados. No resulta, así, aplicable a supuestos en que sin adición de hechos imponibles o de componentes de hechos imponibles no incluidos en la declaración tributaria, sino que por simple aplicación de las normas tributarias de calificación liquidatoria se modifique la autoliquidación, mera corrección que no puede tener el tratamiento de específico acto administrativo de producción previa, de carácter autónomo, con sustantividad propia y, en definitiva, impugnable por sí y en sí, que es la figura (muy alejada del presente supuesto) a la cual se refiere aquel señalado artículo 4.3 de las Normas de procedimiento tributario.

5.- Procede, así, concluir que la liquidación tributaria del caso, no siendo de la clase de actos administrativos que necesitan motivación con sucinta referencia de hechos y fundamentos de Derecho para cada una de las partidas o de los puntos o extremos que los integren o configuren, no vino aquejada de vicio de nulidad.

6.- Y, sentado lo anterior, habiéndose efectuado la notificación del acto liquidatorio en (?) de octubre de 1996 y habiéndose efectuado su impugnación en (?) de noviembre de ese año, es claro que se dejó transcurrir inactivamente el plazo de quince días hábiles establecido en el art. 37.1 del Texto refundido de correspondiente normativa para tales impugnaciones en materia del Impuesto sobre Sociedades, con lo que ha de confirmarse el señalamiento de extemporaneidad del recurso de la interesada y de su inadmisión, en definitiva.

Y, en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda señalar la improcedencia de entrar a conocer de la cuestión de fondo planteada por la Compañía "(?)" respecto de liquidación que le fue practicada por Impuesto sobre Sociedades del período impositivo de 1994, y ello por razón de extemporaneidad de la impugnación intentada por la interesada.
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