Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970728 de 16 de Febrero de 2001

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 16 de Febrero de 2001
  • Núm. Resolución: 970728

Resumen

Solicita el recurrente que no se le imponga sanción, puesto que no cabe apreciar culpabilidad en su conducta, ya que presentó el impuesto dentro del plazo aunque ante Administración incompetente. Analiza el Órgano primeramente cual es la Administración competente de préstamo de fincas sitas fuera de Navarra, estimando el recurso al no apreciar intencionalidad infractora del sujeto, no sólo por la presentación ante otra Hacienda, sino porque no resulta claro que esa circunstancia de incompetencia se hubiera buscado de propósito para eludir la imposición.

Cuestión

1º) Administración competente de préstamo de fincas sitas fuera de Navarra. 2º) Sanción por presentación fuera de plazo.

Contestación

Visto escrito presentado por Don (?) en representación de la Compañía Mercantil ?(...)?, con C.I.F. (...) y domicilio en (...) (Navarra), en relación con liquidación girada por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante escritura otorgada ante el Notario de (...), Don (...) se otorgó por el Banco (...) en favor de la interesada préstamo garantizado mediante hipoteca que recaía respecto de varias fincas, sitas todas ellas en (...).

SEGUNDO.- Con motivo de dicha operación se presentó autoliquidación por el concepto ?actos jurídicos documentados? del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ante la Diputación General de (...).

TERCERO.- Posteriormente, y a requerimiento de la Oficina Liquidadora de (...) fue presentada la escritura a liquidación ante ella, dándose lugar a la número (...)-97, por importe de 2.113.473 pesetas, comprensivo de cuota, multa, intereses de demora y honorarios de liquidación. Y contra dicha liquidación vienen ahora la interesada a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (...) de 1997, señalando que no cabe apreciar culpabilidad en la conducta de la recurrente, al haberse producido simplemente un error interpretativo de las normas a la hora de determinar la Administración competente para la exacción del tributo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento, aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, habiendo sido formulado en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- Queda claro que la Hacienda de Navarra tenía competencia tributaria exclusiva y excluyente con relación a la materia debatida y al caso concreto de que se trata, y que, en aplicación de su normativa reguladora del Impuesto, había de practicar, por tanto, el acto liquidatorio ahora impugnado. En efecto: el artículo 32.C).1º del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra en 31 de julio de 1990 (vigente cuando se produjo en el caso el correspondiente hecho imponible y el devengo del Tributo) señala que corresponde a la Comunidad Foral de Navarra la exacción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en lo que se refiere al concepto ?actos jurídicos documentados? cuando tratándose de escrituras, actas y testimonios notariales, se autoricen, otorguen o expidan en Navarra. Habiéndose otorgado la escritura del caso en (...) (Navarra), no cabe duda de la competencia de la Administración Tributaria de la Comunidad Foral para la exacción del tributo.

TERCERO.- Señalado lo anterior, ha de verse que toda sanción habrá de recaer sobre conductas antijurídicas, habiendo de entenderse aquí lo antijurídico no como resultado de una mera oposición al ordenamiento jurídico sino como esa especial oposición derivada de la tipificación de la infracción, pues no todos los actos antijurídicos resultan sancionables sino sólo aquellos cuya antijuricidad resulte tipificada. Ahora bien, por eso precisamente, porque se trata de conductas, es decir, de comportamientos humanos, de acciones u omisiones, es por lo que lo determinante de la infracción tributaria (aparte el ya indicado carácter de discordancia con lo querido por la correspondiente norma consagradora de un bien jurídico-público o interés colectivo necesitado de protección) es la voluntariedad de la misma. Pero no la mera voluntariedad del acto en sí sólo, pues esta voluntariedad ha de predicarse absolutamente de toda acción u omisión humana que merezca este calificativo, es decir, que haya sido realizada por un agente dotado de inteligencia y voluntad. Por el contrario, cuando en esta materia se utiliza el vocablo voluntario se hace referencia a un acto del cual se aceptan las consecuencias previstas o previsibles o incluso se desea (y a ello va precisamente dirigida la conducta, en su caso) que se produzcan esos resultados o consecuencias. Se ha abandonado, en efecto, aquella antigua configuración de lo sancionador tributario como perteneciente al campo del llamado Derecho penal administrativo o Derecho de policía, en el que, si pudo decirse que no se admitían circunstancias o causas excluyentes de la antijuricidad ni modificativas o excluyentes de la culpabilidad o reprobabilidad del autor en materia de infracciones administrativas y que la contravención era una violación de la norma, cuya gravedad no aumentaba ni disminuía por los distintos grados de intencionalidad, ha de convenirse ahora, por el contrario, en que, cada vez más, se produce un serio acercamiento entre el Derecho penal, con sus especiales garantías, y el puramente sancionador de carácter fiscal. La teoría general del Derecho penal ha ejercido una suerte de fuerza atractiva frente al sancionador tributario, que se ha ido configurando bajo el patrón o modelo de aquél, con la notable excepción de que mientras que los sujetos del ilícito penal son exclusivamente las personas físicas, de la infracción tributaria pueden serlo también las personas jurídicas, bien que valiéndose, naturalmente, de personas físicas que actúan como instrumentos suyos, y habiendo de tener presente asimismo la peculiar característica de que la punición en el campo fiscal administrativo se reduce a lo puramente pecuniario. En definitiva, la infracción ha de significar por parte del sujeto agente una conducta libre, así como la ocurrencia de intencionalidad del resultado injusto, lo cual presupone el conocimiento de su característica de injusticia y la tendencia de la voluntad hacia ese resultado. Si la voluntariedad de que se hace mérito consistiese sólo en la realización del acto, abstracción hecha de su resultado, sería absurdo presumir la voluntariedad, como expresamente se hace tanto en el campo del Derecho penal cuanto en el tributario, puesto que tal tipo de voluntariedad se da, en principio, en todos los casos de actos humanos, salvo en aquellos casos concretos, no fijables en una determinación genérica que haga la norma, en que la voluntad se vea coartada de algún modo; es decir, en aquellos casos en que no se dé un actuar libre. Pues bien: no puede referirse esa presunción al mero hecho de que los actos de que se trata sean voluntarios (con la salvedad expuesta para cada caso concreto), ya que ello sería irrelevante; ni tampoco puede referirse la presunción al carácter de libertad de la actuación, pues malamente cabrá pensar en que toda concreta conducta tipificada en la norma sea por ello presumiblemente libre, y una tal presunción sería absurda y reñida con todas las reglas de la lógica, ya que es en el examen de cada acción concreta, una vez (naturalmente) producida, cuando se verá si el agente ha actuado libremente o ha estado sometido a algún tipo de coacción determinante de merma o anulación de su libertad. Por el contrario, lo que se presume por las normas, no pudiendo ello limitarse a ser la voluntariedad de la acción ni la libertad de su autor, es la intencionalidad, es decir, la dicha voluntariedad del resultado, supuestos ya en cada concreto caso la realización de la conducta descrita en el presupuesto de hecho contemplado por la norma y el libre desarrollo de esa pura conducta. Se presume, pues, la intencionalidad; y el hecho de que se articule toda una presunción en torno a este factor es una corroboración de la convicción profunda de que la tal intencionalidad es un elemento indispensable en la configuración de la infracción tributaria. Y consiguientemente puede elaborarse una definición de ésta que sea, en su fundamento, similar a la del delito penal, y decirse que la infracción tributaria es toda acción en sentido amplio (acción u omisión) que produzca un resultado antijurídico y tipificado en las normas de naturaleza fiscal, merced a una conducta también tipificada y voluntaria y cuyo sujeto agente tenga conciencia de lo antijurídico y típico de aquel resultado. Y como característica consecuente a todo ello, que la dicha infracción tenga aparejada en la norma una sanción, que es el elemento que proporcionará a aquélla la necesaria fuerza de coacción moral. Una vez establecido que lo que se presume en las infracciones tributarias es la intencionalidad, debe señalarse que la tal presunción, aun siendo de las ?iuris tantum? y admitiendo, por consiguiente, prueba en contrario, ofrece en la práctica diversas grados de solidez según cuál sea el tipo de infracción. Así, hay unas en que la intencionalidad, presunta, queda exclusivamente como elemento subjetivo; y otras en que la misma es deducible de la propia configuración de la infracción, y queda simplemente revelada por la configuración de la acción tipificada en la norma, la cual se muestra así como el único medio de conocer, al menos ?prima facie?, la disposición psicológica del autor. Según ello, desvirtuar la consiguiente presunción de intencionalidad es más fácil en una infracción como la que aquí se discute que en otro tipo de infracciones, en que (sirva de ejemplo máximo el supuesto de ofrecimiento de resistencia u obstaculización a la acción comprobadora o investigadora de la Administración) la intencionalidad no entra en juego de forma ordinaria, es decir, como un elemento subjetivo, perteneciente al ánimo del agente, sino como un elemento más de la antijuricidad tipificada y hasta casi objetivizada de la infracción. Pues bien: en el presente caso cabe tener por desvirtuada la dicha presunción de intencionalidad infractora en el hecho de la no presentación oportuna del documento ante la correspondiente Oficina liquidadora de Navarra. Y ello no sólo por el hecho de haberlo presentado en otra Oficina liquidadora o, por mejor decir, en otra Administración hacendística (aun no competente en el caso) sino porque, cuando menos, no resulta nada claro que esa circunstancia de incompetencia hubiese sido buscada de propósito por el sujeto pasivo para eludir la cabal y oportuna imposición. Más bien parece que estemos ante un excusable error (con la fuerte relevancia que al error ha de atribuirse en materia punitiva) y que se dan vestigios e indicios de no haberse albergado un torcido propósito de impedir con sus actos el sujeto pasivo la liquidación correspondiente al acto de que se trata. En definitiva, pues, parece que en el caso no se muestra intencionalidad infractora y, por tanto, procede anular la sanción impuesta.

Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar el recurso de alzada interpuesto por la Compañía Mercantil ?(...)?(expediente de la Sección gestora número (...)/97) contra liquidación número (...)-97 practicada por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Oficina Liquidadora de (...)), de modo tal que habrá de girarse otra en la que se omitirá el concepto de sanción, por las razones expuestas en la fundamentación del presente Acuerdo.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Antijuridicidad
Infracciones tributarias
Actos jurídicos documentados
Voluntad
Liquidación girada
Hipoteca
Intereses de demora
Persona física
Omisión
Acto administrativo impugnado
Infracciones administrativas
Coacciones
Violación
Persona jurídica
Presunción iuris tantum
Prueba en contrario

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