Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970767 de 22 de Agosto de 2001

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 22 de Agosto de 2001
  • Núm. Resolución: 970767

Resumen

Solicita la recurrente que se le admita la reducción por reserva Especial para inversiones en los términos declarados. Previamente al examen del fondo del asunto analiza el Órgano el cómputo del plazo de un mes para recurrir que tiene la interesada, acordando inadmitir el recurso por presentación extemporánea del mismo, ya que en la época en que se presentó el recurso, el plazo para recurrir comenzaba el mismo día en que se recibía la notificación.

Cuestión

Determinación del inicio del cómputo del plazo de un mes para recurrir.

Contestación

Examinado escrito presentado por Don (?) en representación de la sociedad ?(?)?, con C.I.F. nº (?) y domicilio en (?) (Navarra), respecto a tributación por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1995.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El ahora recurrente presentó su reglamentaria declaración-liquidación (número (?)/95) por el Impuesto y año referido el día (?) de 1996, resultando de la misma la cantidad a pagar de 11.404.153 pesetas.

SEGUNDO.- Practicada liquidación provisional modificativa de dicha declaración-liquidación y tras alguna vicisitud impugnatoria que dio lugar a su rechazo por la Sección gestora del Impuesto, viene ahora el interesado a interponer recurso de alzada ante este Organo, mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda de (?) de 1997, solicitando se admita la reducción por Reserva Especial para Inversiones en los términos declarados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, habiendo sido formulado por persona debidamente legitimada al efecto.

Pero en lo que hace a su interposición en plazo del correspondiente recurso, ha de indicarse que no se le oculta a este Organo la existencia de una muy abundantísima jurisprudencia en el sentido de interpretar la expresión ?de fecha a fecha? de tal modo que en el vencimiento de los plazos a computar por meses habrá de incluirse el día de idéntico numeral al del mes en que se produjo la notificación. Ahora bien: una tan reiterada jurisprudencia merece, cuando menos, comentario. El problema no se halla tanto en la interpretación de la expresión ?de fecha a fecha? cuanto en el ?dies a quo? que se elija para el inicio del cómputo del plazo y que, como veremos, condiciona sustancialmente cuál haya de ser el día que deba considerarse como final del plazo para la interposición de recurso. En efecto: el artículo 60.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 decía que ?si el plazo se fija en meses, éstos se computarán de fecha a fecha?, iniciándose el cómputo del dicho plazo el ?día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate?. Dentro de este marco normativo tiene perfecto encaje y sentido la reiterada jurisprudencia que interpretando estos preceptos decía que iniciándose el cómputo del plazo el día siguiente a aquel en que se produce la notificación, el plazo de recurso habría de finalizar en día del mes de idéntico numeral al de la notificación. Pero no porque ese sea el contenido de la expresión ?fecha a fecha?, sino porque ello viene dado por haberse elegido como ?dies a quo? para el cómputo del plazo el siguiente al de la notificación del acto impugnado. Veámoslo con un ejemplo: si el acto impugnado se notifica un 12 de enero, el cómputo del plazo de interposición de recurso se inicia el 13 de enero, debiendo finalizar entonces el 12 de febrero, inclusive, y ello porque el 13 de febrero pertenece al mes siguiente al contado a partir de la notificación (y si no véase lo que ocurre cuando el día de la notificación es el último del mes, en que todavía se ve más claro este cómputo, sobre todo en lo que se refiere a los días que componen el mes siguiente al día de la notificación y cuáles pertenecen ya al mes siguiente). De hecho este Organo vino asumiendo sin ningún problema aquella doctrina jurisprudencial bajo la vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, por estimarla correcta.

No obstante, la situación cambia radicalmente, a nuestro juicio, con la entrada en vigor de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En efecto: manteniéndose el artículo 48.2 de esta última norma en que ?si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán de fecha a fecha? (de forma similar, como se ve, a lo que decía la Ley de 1958), sin embargo, se prevé que los plazos contados por meses ?se contarán a partir de la notificación o publicación del correspondiente acto? (artículo 48.4). Es decir, manteniéndose la expresión ?de fecha a fecha?, ha variado el ?dies a quo? para el cómputo del plazo de interposición del recurso, adelantándose en un día. Ello impide seguir sosteniendo lo que se decía acertadamente por la jurisprudencia con fundamento en la normativa anterior, y ello no porque no se reconozca que la normativa sigue diciendo que los plazos por meses se computarán de fecha a fecha sino porque ello no afecta al hecho de la variación de la fijación del ?dies a quo? para el cómputo del plazo de recurso. Por tanto, de acuerdo con el ejemplo anteriormente expuesto el plazo de recurso finalizará el 11 de febrero, pero por la sencilla razón de que el dicho plazo se inicia el 12 de enero, día de la notificación, sin que se violente con ello la interpretación de la expresión ?fecha a fecha? (a nuestro juicio, con la tendencia jurisprudencial actual, no se produce el cómputo de fecha a fecha sino que se incluye en el cómputo un día de más, correspondiente al mes siguiente al de la notificación). Semejante interpretación no es en absoluto, además, patrimonio de este Organo, sino que coincide con la que reiteradamente viene ofreciendo González Navarro, Magistrado, por cierto, del Tribunal Supremo: ?El cómputo por meses naturales se realiza de fecha a fecha, lo que quiere decir que si, por ejemplo, un mes empieza a contarse el día 10 terminará el día 9; en consecuencia: el día 10 habrá empezado ya otro mes?. Tal afirmación viene acompañada, además, de la correspondiente cita jurisprudencial (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1959) y doctrinal (un artículo publicado por el propio autor en la Revista de Administración Pública en 1967), añadiéndose en la misma nota al pie que frente a un problema (el del cómputo de fecha a fecha) que ya había sido adecuadamente resuelto por el Tribunal Supremo, los autores de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ?con la mejor voluntad pero ignorando que llevaba resuelto hacía treinta años?, pretendieron resolverlo ?para lo cual no se les ocurrió mejor cosa que establecer un dies a quo distinto, según que el plazo viniese establecido en días o, por el contrario, viniese establecido en meses o en años?. Y es el que con la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común vino a orillarse el clásico principio procesal ?dies a quo non computatur in termino?, que había sido criterio tradicional en nuestro Derecho Administrativo, regla que, por cierto ha venido a ser restablecida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tras ella, el artículo 48.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que ?si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate?, con lo que se vuelve a respetar el viejo principio ?dies a quo no computatur in termino?. Pues bien: es éste un último argumento en pro de la tesis sostenida por este Organo, puesto que si el sistema de cómputo de plazos creado por la Ley 30/1992 diera lugar a idénticos resultados que los que derivaban de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, hubiera carecido de sentido la modificación operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Por último, en apoyo de la tesis aquí expuesta, hay que señalar que el mismo criterio ha sido mantenido por la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de fecha 30 de noviembre de 2000, la cual, a su vez, hace referencia a otras anteriores, como la de 17 de diciembre de 1999 o la de 31 de enero de 2000.

Por ello, hemos de mantenernos en que habiéndose notificado a la interesada el acto administrativo impugnado en 3 de septiembre de 1997, tal y como viene a reconocerse en su escrito de recurso, y no habiéndose producido actividad impugnatoria alguna sino hasta el 3 de octubre de 1997, la tal impugnación se produjo fuera del plazo de un mes establecido por la normativa vigente para la interposición de esta clase de recursos.

Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda inadmitir por extemporáneo el recurso de alzada interpuesto por la representación de la sociedad ?(?)? respecto a tributación por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1995, sin que pueda entrar a conocerse del fondo de las cuestiones planteadas.

Dies a quo
Reservas especiales
Inversiones
Declaraciones-autoliquidaciones
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Fondo del asunto
Impuesto sobre sociedades
Presentación extemporánea
Acto administrativo impugnado
Liquidación provisional del impuesto
Plazos de interposición del recurso
Voluntad
Cómputo de plazo
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