Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970931 de 27 de Abril de 2001

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 27 de Abril de 2001
  • Núm. Resolución: 970931

Resumen

Solicita el recurrente la devolución de los gastos ocasionados por la prestación de aval bancario. Una vez comprobado que la lesión del sujeto pasivo es consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público, se estima parcialmente el recurso, ya que debe indemnizarse al recurrente en aquella parte de presunta deuda tributaria que resulte inútilmente garantizada, debiendo indemnizarse en una cantidad inferior a la solicitada, ya que el interesado no tuvo en cuenta los intereses de la deuda existente final.

Cuestión

Devolución de gastos ocasionados por prestación de aval bancario.

Contestación

En examen de recurso interpuesto por Don (?) contra Acuerdo dictado por el Jefe de la Sección de Procedimientos Especiales y Asistencia Jurídica del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, desestimatorio de solicitud de devolución de gastos ocasionados por la prestación de aval bancario.

ANTECEDENTES DE HECHO

Tras haberse efectuado por el interesado autoliquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1988, la Sección gestora del Impuesto practicó liquidación modificativa (con una deuda tributaria resultante de 1.323.029 pesetas), que fue objeto de impugnación por aquél ante la Sección gestora, la cual practicó una nueva liquidación que redujo aquella inicial deuda tributaria a 705.436 pesetas. No obstante ello, el interesado dio en formular ante este Organo correspondiente recurso, que, a su vez, fue estimado en parte, de manera que en su virtud se practicó por la Sección gestora una nueva liquidación provisional que redujo aún más la deuda tributaria, que pasó de 705.436 pesetas a 481.239 pesetas, cifra superior aún a la resultante de la autoliquidación del interesado (428.385 pesetas). Este, por su parte, había efectuado el ingreso de esta última cantidad en dos mitades (una en (...) de 1989 y la otra en (...) de 1990, todo ello según lo establecido por el Decreto Foral 212/1989, de 22 de septiembre). Pero, por otro lado, una vez formalizado en (...) de 1992 aquel recurso ante este Organo, dio en constituir aval bancario por importe de 502.045 pesetas. En fin, como se ha visto, la deuda que (según resultó del Acuerdo del Organo) se hallaba pendiente de pago y debió haber sido ingresada o garantizada no era otra que una diferencia consistente en 52.854 pesetas de principal. Y habiendo solicitado el interesado de la Recaudación Ejecutiva el abono del coste del aval en la medida en que éste se mostró finalmente carente de objeto, el Jefe de la Sección referida en el encabezamiento de este Acuerdo dictó al respecto resolución desestimatoria. Y contra ella da el contribuyente en interponer el presente recurso aduciendo que en aquella resolución de Recaudación Ejecutiva se describen los requisitos que han de concurrir para que se pueda producir la exigencia de responsabilidad patrimonial a la Administración (en este caso por coste de avales constituidos) pero no da ninguna explicación del porqué no es aplicable en el caso esa exigencia, sino que pasa directamente a resolver desestimatoriamente. En fin, viene el recurrente a invocar diversas Sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que entiende convenir al logro de su pretensión

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Ha de declararse por este Organo en primer lugar su competencia, por razón de la materia y de la naturaleza del acto impugnado (artículo 2.1.a. de su Reglamento), para conocer del presente recurso; éste, por otra parte, ha sido formulado por persona dotada de legitimación activa al efecto, al venir directamente afectada por el acto impugnado; y, en fin, ha de tenerse por interpuesto en tiempo hábil.

2.- Desde muy lejanos tiempos tiene establecido este Organo que en materia tributaria, y por lo que se refiere a, por ejemplo, intereses a favor de los contribuyentes por razón de ingresos indebidamente efectuados por éstos, resulta de plena aplicación lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, precepto que (trasunto del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957), viene a señalar que ?los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos?, agregándose que ?en todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas?. Carácter indemnizatorio, por su función compensadora del desequilibrio financiero sufrido en su momento, lo tienen los dichos intereses a favor de los contribuyentes. Y de ese mismo carácter indemnizatorio ha de participar la compensación que, en su caso, por estimación de correspondiente recurso, resulte exigible a la Administración por los costes en que un contribuyente haya incurrido en razón de haberse visto en la necesidad de (habiendo orillado el ingreso de la deuda tributaria exigida) haber venido a constituir correspondiente aval en garantía de ese pago. Y de la misma manera que ocurriría si hubiese efectuado el ingreso de la deuda tributaria y hubiere venido a estimarse en parte su recurso (en cuyo caso se le abonarían intereses sólo respecto de la porción de deuda tributaria que hubiese resultado haber sido indebidamente exigida e ingresada), también por lo que se refiere a la indemnización por gastos de aval ha de mantenerse el criterio de que esa indemnización ha de quedar proporcionada a la parte de presunta deuda tributaria que, según todo lo expuesto, resulte haber sido inútilmente garantizada por real inexistencia proclamada (en todo o en parte) de la deuda tributaria de que se trate. Y en el presente caso ocurre que ciertamente el contribuyente constituyó un aval (por 502.045 pesetas) netamente superior a lo que hubiese sido propio en aquel preciso momento, pues habiendo efectuado el pago de la deuda autoliquidada (428.385 pesetas), luego, al tiempo de constitución del aval (junio de 1992) sólo quedaba pendiente de pago, en virtud de la segunda de las tres sucesivas liquidaciones provisionales que le giraron, la cantidad de 277.051 pesetas. Sin embargo, no puede obviarse esa indicada situación de una primera liquidación girada por la Sección gestora con una deuda de 1.323.029 pesetas, una segunda (reconsiderando la declaración tributaria del interesado), con una deuda de 705.436 pesetas y una tercera liquidación con una final deuda de 481.239 pesetas, y todo ello (todas esas vacilaciones en relación con el año 1988) dándose a lo largo de seis años. Pues bien: todo ello no puede definirse más que como un supuesto de funcionamiento anormal de los servicios públicos tributarios, cuyas consecuencias no pueden quedar enervadas por el hecho de haberse prestado erróneamente por el interesado una garantía excesiva, pues ha de entenderse que precisamente ese error vino propiciado por aquel anormal funcionamiento del servicio público, anormalidad que se produjo de modo que podría decirse sucesivo y repetitivo. Y ha de entenderse que ese funcionamiento tuvo como consecuencia la lesión producida en el patrimonio del interesado por haber tenido que soportar unos costes de aval superiores a los estrictamente necesarios en aquel momento de su constitución (y aún mucho mayores que los apropiados según la todavía inferior deuda tributaria- 122.142 pesetas- constituida por la que fijó y última liquidación). En fin, obvia fue la efectividad del daño, afectante a la persona de que se trata y perfectamente evaluable el tal. Por otra parte, por lo que se refiere a la aducida necesidad de que la acción indemnizatoria se interponga en el plazo de un año, ha de verse que no transcurrió un año desde el momento en que se produjo la resolución del Organo, que lo fue en (...) de 1996 pero que no aparece notificada en momento alguno, por lo que habría de estarse a la notificación del subsiguiente acto liquidatorio (dictado en (...) de 1996) y a la fecha de presentación ante la Sección de Recaudación Ejecutiva de la solicitud de indemnización por los costes del repetido aval, y cuya fecha fue la de (...) de 1997. Por su parte, el interesado señala que el dicho aval se constituyó con referencia a una presunta deuda tributaria adicional de 424.263 pesetas, de suerte que, por aplicación del coeficiente 1?18333, dio lugar a una cifra de aval de 502.045 pesetas. Pero que, habiendo resultado finalmente de 52.854 pesetas la deuda adicional que realmente se hallaba pendiente de ingreso, eso debió haber dado lugar, por aplicación del mismo coeficiente citado, a un aval de 62.544 pesetas tan sólo. Y añade que, teniendo en cuenta que, según certificación que acompaña, el total de comisiones que por el aval constituido de 502.045 pesetas le fue cobrado por la entidad financiera hasta (...) de 1996 ascendió a 50.200 pesetas, mientras que las comisiones que habrían sido devengadas por el estricto aval de 62.544 pesetas habrían ascendido a 6.254 pesetas, resulta, según el, haber soportado finalmente un indebido importe de costes de aval de 43.946 pesetas, de cuyo coste pretende ser indemnizado. Ahora bien: siendo así que ciertamente y según lo señalado a lo largo de este Acuerdo ha de darse por bueno el criterio del interesado, sin embargo procede corregir su cálculo, pues en definitiva la total deuda tributaria que no fue objeto de ingreso por parte del interesado fue no sólo la cantidad de 52.854 pesetas de cuota tributaria adicional sino también, como señala la Sección, la cantidad de 58.717 pesetas en concepto de intereses de demora, los cuales van devengándose por la falta de ingreso de una cantidad, con independencia de que al respecto se halle constituido o no un aval en garantía del pago, y también igualmente 10.571 pesetas en concepto de recargo de apremio. En total, pues, 122.142 pesetas, de suerte que siguiendo los mismos criterios de cálculo utilizados por el interesado, resulta que el aval correspondiente tendría que haberse cifrado en 144.535 ptas; y, dado que las comisiones, según certificación de la Caja (...), ascendieron al 10 por ciento del importe de los avales, la comisión correspondiente a esa última cifra hubiese sido de 14.454 ptas, de modo que ha de tenerse como coste indebido (y del cual ha de ser indemnizado) la cantidad de 35.746 ptas.

Y, en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar en parte recurso interpuesto por Don (?) contra Acuerdo de la correspondiente Dependencia de Recaudación Ejecutiva por el que se le rechazaba pretensión de indemnización por costes de aval constituido en relación con deuda tributaria por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 1988, de cuyos costes habrá de ser indemnizado en la cuantía señalada en la parte final de la fundamentación del presente Acuerdo.

Deuda tributaria
Aval
Aval bancario
Liquidación provisional del impuesto
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Responsabilidad patrimonial
Legitimación activa
Fuerza mayor
Comisiones
Indemnización por gastos
Liquidación girada
Declaraciones Tributarias
Funcionamiento anormal de servicio público
Entidades financieras
Recargo de apremio
Cuota tributaria
Intereses de demora

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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