Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970962 de 20 de Julio de 2001

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 20 de Julio de 2001
  • Núm. Resolución: 970962

Resumen

Señala el interesado que al disolverse la sociedad civil irregular no se distribuyó cantidad o bien a favor de los socios, sino que éstos tuvieron que aportar dinero, al figurar en el balance deudas superiores al importe de los activos. El Órgano estima. Aunque para determinar el devengo de las operaciones societarias se esté al momento de formalización en escritura pública del acto sujeto a gravamen. Sin embargo, en la disolución de sociedades están obligados al pago los socios, por los bienes y derechos recibidos, y la base imponible será el valor real de éstos, sin deducción de gastos y deudas. En este caso, se practicó la liquidación sin indagar los bienes y derechos que fueron entregados a los socios, tomando como base los que figuraban en el balance. Procede anular liquidación y cabrá nueva si se comprueba la entrega a socios de bienes o metálico con motivo de la disolución.

Cuestión

Determinación de la base imponible en el caso de disolución de sociedad.

Contestación

Visto escrito presentado por Don (AAA) en representación de Doña (BBB) y Doña (CCC), con domicilio en Pamplona, en relación con liquidación girada por el concepto ?operaciones societarias? del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante documento privado otorgado en (?) de mayo de 1997 las ahora recurrentes acordaron la disolución de la sociedad civil irregular que entre ellas existía.

SEGUNDO.- Presentado el documento a liquidación dio lugar a la número (?)-97 por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Oficina Liquidadora de Pamplona), por importe de 68.013 pesetas, comprensivo de cuota y honorarios de liquidación. Y contra dicha liquidación vienen ahora las interesadas a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (?) de octubre de 1997, señalando que al liquidar el tributo no se ha tenido en cuenta el hecho de que al disolverse la sociedad no ha llegado a distribuirse cantidad o bien alguno a favor de los socios, sino que, por el contrario, éstos han tenido que aportar dinero, al figurar en el balance unas deudas superiores al importe de los activos que formaban parte de la sociedad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, habiendo sido formulado en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- Entiende la Sección gestora que la liquidación es procedente al amparo de lo que dice el artículo 143 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: ?A efectos de determinar el devengo en las operaciones societarias, se entenderá por formalización del acto sujeto a gravamen el otorgamiento de la escritura pública correspondiente?. De acuerdo con la documentación obrante en el expediente, aun cuando el documento privado en el que se toma el acuerdo de disolución de la sociedad es 26 de mayo de 1997, se pacta que la disolución de ente sin personalidad jurídica produce efectos desde el 31 de mayo de 1996. En orden a la práctica de la liquidación la Sección gestora no disponía sino de un balance cerrado a 31 de diciembre de 1995 y de otro cerrado a 31 de diciembre de 1996, si bien este último refleja únicamente dos partidas: una de capital social (por importe de 1.373.334 pesetas) y otra de pérdidas y ganancias (por importe de -1.373.334 pesetas). Da la impresión de que, a falta de mejor dato, la Sección gestora, en vista de que se otorga a la disolución efectos de 31 de mayo de 1996, utilizó el balance cerrado a 31 de diciembre de 1995, fundándose, además, en que ?en este caso se presentan la disolución y la liquidación simultáneas (no hay fase de liquidación propiamente dicha) razón por la que se ha tomado el valor de los bienes de activo sin deducir las deudas (artículo 91.1 del Reglamento)?.

TERCERO.- Aun siendo correctas las citas reglamentarias que hace la Sección gestora y que han sido transcritas en el Fundamento de Derecho anterior, no debe perderse de vista que el artículo 14 de la Norma reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobada por Acuerdo del Parlamento Foral, de 17 de marzo de 1981, dice que en la disolución de sociedades estarán obligados al pago del impuesto a título de contribuyentes, ?los socios, copropietarios, comuneros o partícipes por los bienes y derechos recibidos? y que el artículo 16 de dicha Norma, al definir la base imponible de este tipo de operaciones dice que ?coincidirá con el valor real de los bienes y derechos entregados a los socios, sin deducción de gastos y deudas?. De la documentación obrante en el expediente, y a la que hemos hecho referencia en el Fundamento de Derecho anterior, no se deduce que la Oficina Liquidadora practicase la liquidación previa indagación de los bienes y derechos que fueron entregados a los socios, sino que tomó como base exclusivamente el valor de los bienes que figuraban en el activo del balance (incluso se reconoce ello en el informe de la Sección gestora que se acompaña al expediente). Ello da lugar a que haya de anularse la liquidación practicada, por entender que no se ajusta a las prescripciones legales en materia de fijación de la base imponible a que hemos aludido. No obstante, podrá la Sección gestora practicar nueva liquidación, si resultare procedente, previa comprobación de los extremos a que se ha hecho alusión en el presente Acuerdo.

Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar el recurso de alzada interpuesto por la representación de Doña (BBB) y Doña (CCC) (expediente (?)/97 de la Sección gestora) contra liquidación número (?)-97 practicada por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Oficina Liquidadora de Pamplona), ordenándose su anulación, pero quedando abierta la posibilidad de que se practique nueva liquidación, si se comprobase que se produjo entrega de bienes o metálico a los socios con motivo de la disolución de la sociedad.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
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